# Expediente 22310: Archivado: el proyecto que quitaba la interdicción como castigo al voto - Página: https://elcenso.com/leyes/22310 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: REFORMA DEL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El expediente 22.310, que proponía eliminar la suspensión de la ciudadanía por interdicción judicial, venció su plazo cuatrienal y fue archivado sin llegar a ser ley. ## A quién le toca - Personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial declaradas en interdicción judicial - Familias de personas declaradas en interdicción - Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad ## A quién beneficia - El proyecto buscaba devolver el derecho al voto a personas con discapacidad declaradas en interdicción - Buscaba alinear el artículo 91 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ## Qué cambia - El archivo deja vigente la suspensión de la ciudadanía por interdicción judicial - Retomar el tema exige un nuevo proyecto y cumplir el trámite de reforma constitucional ## Explicación El proyecto de reforma constitucional 22.310 está archivado. Venció su plazo de cuatro años el 17 de noviembre de 2024 y la Asamblea lo mandó al archivo al día siguiente [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). ### Qué propone El proyecto proponía borrar el inciso 1 del artículo 91 de la Constitución. Ese inciso dice hoy que la ciudadanía se suspende "Por interdicción judicialmente declarada" ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La interdicción es una declaración judicial que deja a una persona sin poder manejar sus bienes y, según el texto vigente, también le quita el derecho al voto. El proyecto citaba el artículo 819 del Código Procesal Civil para explicar que la interdicción tiene un sentido patrimonial, es decir, sobre bienes y dinero ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Con la reforma, el artículo 91 quedaría así: "La ciudadanía sólo se suspende por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos" ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El cambio alcanzaba a las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial declaradas en interdicción. Los firmantes argumentaron que esa declaración les impedía votar ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El proyecto se apoyaba en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su artículo 29 obliga a los Estados a garantizar que esas personas puedan votar y ser elegidas en igualdad de condiciones ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También citaba las "Observaciones finales sobre el informe inicial de Costa Rica" del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, del 12 de mayo de 2014. Ese documento pedía revisar y derogar el artículo 91 ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Los diputados y diputadas firmantes sostuvieron que tener una discapacidad no implica no poder tomar decisiones políticas. Así lo escribieron en la exposición de motivos ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### En qué va el trámite El expediente está archivado. La Secretaría del Directorio lo archivó el 17 de noviembre de 2024 por vencimiento del plazo cuatrienal del artículo 119 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El Plenario confirmó el archivo el 18 de noviembre de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto entró al orden del día del Plenario el 19 de noviembre de 2020 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Nunca pasó de ahí. No hay registro en el dossier de dictamen de comisión, de primer debate ni de segundo debate. Para que una reforma constitucional sea ley hacen falta dos votaciones. La primera necesita 38 votos de los 57 diputados. La segunda se hace en la siguiente legislatura ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). El dossier no detalla esos pasos para este expediente. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró choque entre lo que proponía el proyecto y los artículos de la Constitución que están en el dossier. El artículo 33 dice que "Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana" ([Constitución, art. 33](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Quitar la interdicción como causa para suspender la ciudadanía va en esa dirección. El artículo 95 ordena dar "Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho" ([Constitución, art. 95](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto buscaba justamente eso para las personas con discapacidad. El artículo 51 manda proteger de forma especial a "las personas con discapacidad" ([Constitución, art. 51](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La reforma se alineaba con ese mandato. El artículo 1 define a Costa Rica como "una República democrática" ([Constitución, art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto citaba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Costa Rica aprobó ([art. 91](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué puede hacer usted El expediente está archivado, así que las herramientas para influir en su trámite ya no aplican. Quedan vías para retomar el tema. Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina da información sobre la tramitación de los proyectos y las órdenes del día ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea. La Oficina de Iniciativa Popular la recopila y la manda a los diputados, que deciden si la adoptan ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede usar la iniciativa popular. Necesita reunir las firmas de al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral ([guía, p. 30](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30)). El TSE revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Si el proyecto se refiere a una reforma constitucional, sigue el trámite del artículo 195 de la Constitución ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no tuvo dictamen ni llegó a debate. El dossier no registra cuántos diputados apoyaban la reforma al momento del archivo. El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. ## Frente a la Constitución El proyecto buscaba ampliar derechos electorales y no se encontró choque con los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. ## Qué puede hacer usted - Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa: Pida información sobre la tramitación de proyectos y las órdenes del día en esa oficina (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Formulario web de propuestas de ley: Llene el formulario en la página de la Asamblea; la Oficina de Iniciativa Popular recopila las propuestas y las remite a los diputados (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Iniciativa popular: Reúna las firmas de al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral; el TSE verifica y traslada el proyecto a la Asamblea (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22310: REFORMA DEL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2020-11-17. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf 3. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS EXPEDIENTE N° 22.310 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Expediente N.° 22.310 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Nuestro país ha ido asumiendo los compromisos internacionales y legales para garantizar y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así, mediante la promulgación de la Ley de de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley para la promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, la derogatoria del artículo 18 de la Ley de Investigaciones Biomédicas y la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Costa Rica ha ido superando prácticas jurídicas discriminatorias que históricamente han existido con respecto a las personas con discapacidad. En este orden de ideas, se ha entendido la capacidad jurídica de este sector de la población, en el marco de promover su participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, respetando las diferencias y aceptando a las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condiciones humanas. Lo anterior implica reconocer el derecho a participar de la vida política del país, garantizando a la persona el derecho a elegir y ser electa. Así lo ha establecido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 29: “Artículo 29 Participación en la vida política y pública Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar; b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.” Así las cosas, mediante la aprobación de dicha Convención, Costa Rica se ha comprometido a eliminar cualquier restricción de acceso al voto que exista en nuestro ordenamiento jurídico, para las personas con discapacidad, por lo que la Constitución Política, debe escribirse en armonía con el derecho internacional de los Derecho Humanos y el nuevo modelo social de respeto a la igual de las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar del mandato convencional y el gran avance legal en esta materia, la Constitución Política mantiene una limitación importante a las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial, para el ejercicio del voto, al indicar en el artículo 91 ídem, la eliminación de la ciudadanía de las personas declaradas en estado de interdicción. Es por esto que nos corresponde cuestionarnos la “normalidad” bajo la cual se concibió la capacidad para ejercer el derecho al sufragio, de conformidad con las siguientes consideraciones: “1) como consecuencia de prejuicios y estereotipos las personas con discapacidad intelectual y psicosocial tienden a ser percibidas como sujetos que no cumplen con este patrón cuando en ocasiones poseen en un nivel “estándar” la capacidad y la independencia idealmente requeridas 2) los problemas que algunas personas con discapacidad encuentran para cumplir con este estándar ideal no siempre tienen su origen en sus limitaciones personales, sino que en muchos casos están ocasionados y casi siempre se ven agravados por el modo en el que hemos diseñado el sistema electoral y la sociedad en su conjunto 3) este patrón de normalidad, en todo caso, no es más que en un mito, en tanto tampoco las personas sin discapacidades cognitivas ejercen siempre su derecho al voto de un modo racional ni están exentas en este ámbito de influencias externas, si bien estos déficits no justifican en su caso la privación del derecho de sufragio 4) la constatación de que algunas personas con discapacidad encuentran dificultades específicas para ejercer su derecho al voto, no debe conducir a despojarles de este derecho, sino a la adopción de medidas tendentes a superarlas.” Es decir, no existe justificación alguna para que nuestra sociedad excluya del derecho al voto, a las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial, por lo que nos corresponde eliminar las barreras jurídicas que vayan quedando que impiden a estas personas el ejercicio de sus derechos. Así lo confirmó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en el documento “Observaciones finales sobre el informe inicial de Costa Rica”, del 12 de mayo de 2014: “Igual reconocimiento ante la ley (artículo 12) El Comité expresa su preocupación por la persistencia de procedimientos como la “interdicción” y declaratoria de “insanía mental” de las personas con discapacidad, y como resultado se restrinja el ejercicio de otros derechos como el derecho al voto, y el derecho a conformar un hogar y una familia. El Comité urge al Estado parte a aprobar el proyecto de ley N º 17507 de autonomía personal de las personas con discapacidad, revisar y derogar el artículo 91 de la Constitución, y derogar las disposiciones del Código Civil y el Código Procesal Civil que regulan el proceso de declaratoria de “incapacidad” o “insanía” por motivos de discapacidad. Recomienda al Estado parte que establezca mecanismos de salvaguarda necesarios para las personas con discapacidad y desarrolle un modelo de apoyo en el proceso de toma de decisiones que sea respetuoso de la autonomía, voluntad y preferencias de la persona, así como el respeto de su derecho al consentimiento libre e informado para recibir tratamiento médico, acceder a la justicia, votar, contraer matrimonio y elegir un lugar de residencia, entre otros.” (Lo subrayado no pertenece al original). Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa de reforma constitucional, pretende la eliminación del inciso 1) del artículo 91 de la norma fundamental que actualmente se lee: “ARTÍCULO 91.- La ciudadanía sólo se suspende: 1) Por interdicción judicialmente declarada; 2) Por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos.” Sobre este tema, es importante recordar, que la interdicción tiene una connotación patrimonial de conformidad con el artículo 819 de Código Procesal Civil, por lo que la legislación nacional ha avanzado en la creación de la figura de persona garante y la creación de la salvaguardia, con la finalidad de garantizar el ejercicio seguro y efectivo de los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, en un marco de respeto a su voluntad y preferencias, sin que haya conflicto de intereses ni influencia indebida, independientemente de los asuntos patrimoniales. Es decir, se reconoce la existencia de una discapacidad sin que esto implique la negación del ejercicio de sus derechos como ciudadano o ciudadana, lo cual incluye también, sus derechos políticos. Dicho de otro modo, el hecho de poseer una discapacidad intelectual, mental o psicosocial, no implica necesariamente la existencia de una incapacidad para poder atender cuestiones políticas o tomar decisiones conscientes y razonables para ejercer el sufragio, que permita la expresión de voluntad libre y en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Por estas razones, los diputados y diputadas proponentes de la presente iniciativa, consideramos que debe eliminarse el inciso 1) del artículo 91 de la Carta Magna, debido a que constituye una concepción errada y discriminatoria con las personas con discapacidad, ya que les impide ejercer plenamente sus derechos políticos, así como que desconoce que este sector de la población, tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de sus vidas. La presente reforma, debe entenderse como un paso dentro de muchas otras medidas que deberán tomarse para lograr un acceso efectivo al voto por parte de las personas con discapacidad, tales como la accesibilidad universal, proveer de ajustes, apoyos y asistencia en general, formación y sensibilización de todas las personas e instituciones implicadas, entre otras. En virtud de las consideraciones expuestas, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de reforma constitucional para su estudio y aprobación por parte de los señores y señoras diputadas. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** REFORMA DEL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ### ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 91 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, para que en adelante se lea: ### Artículo 91- La ciudadanía sólo se suspende por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos. Rige a partir de su publicación. José María Villalta Flórez-Estrada Sylvia Patricia Villegas Álvarez Catalina Montero Gómez Marulin Raquel Azofeifa Trejos Paola Viviana Vega Rodríguez Xiomara Priscilla Rodríguez Hernandez Shirley Díaz Mejía Aracelly Salas Eduarte Pablo Heriberto Abarca Mora María José Corrales Chacón Yorleny León Marchena Paola Alexandra Valladares Rosado Diputados y diputadas 25 de noviembre de 2020 NOTAS: Este proyecto ingresó al orden del día del Plenario el día diecinueve de noviembre del dos mil veinte. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22310). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.