El seguro notarial ya es ley: la póliza reemplazó al fondo
La Ley 10057 hizo obligatoria una póliza de responsabilidad civil para cada notario y ordenó devolver el dinero del antiguo Fondo de Garantía Notarial.
Título oficial REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DEL CODIGO NOTARIAL, LEY NO.7764 DEL 17 DE ABRIL DE1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL RPOFESIONAL DE ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL
Atención: El transitorio III del proyecto trasladaba al presupuesto de la Dirección Nacional de Notariado el dinero del fondo que nadie reclamara en un año.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Notarios y notarias inscritos
El transitorio II ordenaba devolver a cada notario la totalidad del monto del Fondo de Garantía Notarial, previa presentación del comprobante de la póliza.
el Banco de Costa Rica, a instancia de la Dirección Nacional de Notariado, deberá devolver a cada uno de los notarios y notarias la totalidad del monto por el que responde el fondo de garantía notarial, según la contribución de cada uno
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Abogados notarios inscritos en la Dirección Nacional de Notariado
- Personas que usan servicios notariales y necesitan cobrar una indemnización
- Beneficiarios de notarios fallecidos con dinero en el fondo
A quién beneficia
- Los notarios recuperan el dinero que aportaron al Fondo de Garantía Notarial
- Los usuarios tienen una póliza de hasta 55 salarios base como respaldo
- La Dirección Nacional de Notariado deja de administrar el fondo
Qué cambia
- Cada notario debe pagar una póliza anual para poder ejercer
- El notario que no pague queda inhabilitado
- El dinero no reclamado en cuatro años pasa a la Dirección Nacional de Notariado
La explicación completa
El proyecto que usted conoció como expediente 22.313 ya no está en discusión: se convirtió en la Ley 10057, que está vigente 1. El texto propuso cambiar el artículo 9 del Código Notarial para sustituir el Fondo de Garantía Notarial por un seguro de responsabilidad civil profesional (art. único).
Qué propone
El proyecto proponía crear un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional obligatorio para todo abogado notario inscrito en la Dirección Nacional de Notariado (art. único). Ese seguro buscaba garantizar a las partes y a terceros el pago de una indemnización por daños causados en el ejercicio de la función notarial.
La póliza se podría comprar con empresas aseguradoras reconocidas por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (art. único). La responsabilidad de cada notario por sus errores sería individual, no gremial ni solidaria.
El monto mínimo de cobertura por periodo de póliza sería el equivalente a 55 salarios base de un oficinista uno del Poder Judicial (art. único). Ese monto se ajustaría cada febrero según el índice de precios al consumidor del año anterior.
Las aseguradoras tendrían que informar cada mes a la Dirección Nacional de Notariado el estado de pago del notario (art. único). Dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada pago, la aseguradora giraría a la Dirección un 3% de ese pago para cubrir gastos administrativos.
La Dirección inhabilitaría a los notarios que no cumplieran con el seguro, en la forma prevista por el Código Notarial (art. único). También quedaría facultada para normar y dictar los procedimientos necesarios.
El proyecto incluía tres transitorios. El primero ordenaba a la Dirección Nacional de Notariado comunicar a la Operadora BCR Pensiones la rescisión del convenio, con al menos tres meses de antelación (art. único). El segundo obligaba al Banco de Costa Rica a devolver a cada notario la totalidad del monto del fondo, en un plazo de seis meses. El tercero daba un año para que los beneficiarios de notarios fallecidos o no identificados retiraran su dinero.
La ley que resultó, la 10057, reformó los artículos 4 y 9 del Código Notarial 1. Agregó un impedimento para ser notario: no tener vigente la póliza. También adicionó un inciso e) al artículo 13 para inhabilitar temporalmente a quien no esté al día con el pago anual. Y fijó en cuatro años el plazo para retirar el dinero no reclamado.
En qué va el trámite
El expediente 22.313 se archivó y su contenido se convirtió en la Ley 10057, vigente desde su publicación 1. El trámite del proyecto pasó por el Plenario y por las comisiones de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos 2. El plazo cuatrienal vencía el 18 de noviembre de 2024.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La Asamblea Legislativa tiene la atribución de dictar y reformar las leyes Constitución, art. 121. El proyecto usó esa atribución para reformar el artículo 9 del Código Notarial (art. único).
El artículo 73 de la Constitución protege los seguros sociales de los trabajadores y dice que sus fondos no pueden transferirse a otras finalidades Constitución, art. 73. El Fondo de Garantía Notarial no es un seguro social, así que esa protección no parece aplicar. Queda una duda sobre el destino del dinero no reclamado, que el transitorio III del proyecto trasladaba al presupuesto de la Dirección Nacional de Notariado (art. único).
Qué puede hacer usted
Si es notario o notaria, puede pedir el retiro de su aporte al fondo ante la Dirección Nacional de Notariado. Debe presentar el comprobante de pago de la póliza (art. único).
Si es usuario de servicios notariales, puede pedirle a su notario el comprobante de la póliza vigente. La ley la hace obligatoria 1.
Para consultar el estado de un expediente o pedir información sobre leyes aprobadas, puede acudir a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Si cree que una norma viola sus derechos, puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional guía, p. 23.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto cuesta una póliza de responsabilidad civil para un notario.
El dossier no dice cuántos notarios había inscritos cuando se aprobó la ley.
El dossier no dice si todos los notarios ya retiraron su dinero del fondo.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos constitucionales del dossier. La reforma usa la potestad de la Asamblea para dictar leyes.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. único"Refórmese el artículo 9 del Código Notarial, Ley N.º 7764, de 17 de abril de1998, para que en adelante se lea de la siguiente manera:"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de reformar leyes. El proyecto reforma el artículo 9 del Código Notarial usando esa potestad.
Constitución, art. 73"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales."
Esta ley, art. único"Transcurrido este plazo, el dinero que aún continúe dentro del rubro de rezagos se trasladará al presupuesto ordinario de la Dirección Nacional de Notariado."
Hay dudas El Fondo de Garantía Notarial no es un seguro social, así que la protección del artículo 73 no parece aplicar. Queda la duda de si trasladar el dinero no reclamado al presupuesto de la Dirección respeta el destino original de esos aportes.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 10057: Establece el seguro de responsabilidad civil profesional para profesionales en notariado habilitados en la Dirección Nacional de Notariado y liquidación del fondo de garantía notarial (Vigente)
- Expediente 22313: REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DEL CODIGO NOTARIAL, LEY NO.7764 DEL 17 DE ABRIL DE1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL RPOFESIONAL DE ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 7764, DE 17 DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO JORGE LUIS FONSECA FONSECA MARÍA VITA MONGE GRANADOS NIELSEN PÉREZ PÉREZ
EXPEDIENTE N.° 22.313
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 7764, DE 17 DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL
Expediente N.° 22.313
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En una sociedad moderna como la actual, la existencia de un notariado debidamente organizado se hace indispensable, de manera que se debe cubrir no solo a la notaria o notario público y la función notarial que esta realiza, sino también el ordenamiento que comprenda las normas legales que corresponden al fundamento jurídico de la actuación de ese profesional.
Esas funciones que ejercen la notaria o el notario público dentro de la vida social y económica de un Estado deben necesariamente estar respaldadas por una garantía de responsabilidad. Al estar involucrado el Estado en la delegación de la fe pública, así como las personas usuarias que confían en el buen juicio y criterio de un notario o notaria especializada, según igualmente se ha decantado el ordenamiento jurídico, quiere decir que esta materia requiere un mayor control tanto sustantivo como administrativo y una garantía de responsabilidad hacia terceros.
El Código Notarial regula la responsabilidad del notario y de la notaria a partir del artículo 15 e indica expresamente que esa responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal y no son excluyentes entre sí, según así lo establece el artículo 19 de ese cuerpo normativo.
Los notarios y notarias pueden ser sancionadas en distintos campos, en forma independiente, simultánea o sucesiva, a excepción de los casos que deban excluirse en virtud de la fuerza de cosa juzgada de las sentencias judiciales. Pero para efectos del presente proyecto de ley, interesa la responsabilidad civil, la que debe estar respaldada mediante una garantía, que permita al tercero perjudicado ser resarcido en los daños que se le han ocasionado por el ejercicio incorrecto de la función notarial, que da seguridad jurídica, y que es ejercida por una notaria o un notario público quien es un elemento de todo este engranaje denominado sistema de seguridad jurídica preventiva que sigue el Estado costarricense.
Actualmente, el Fondo de Garantía Notarial está contemplado en el artículo 9 y fue creado con la promulgación del Código Notarial que comenzó a regir en el año 1998. La Dirección Nacional de Notariado es la administradora de ese Fondo, basado en la Ley N.° 7337, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, reformada por la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador. Con la creación de esta modalidad de garantía, y por la forma en que fue diseñada, se generan muchos inconvenientes para suplir respaldo a las personas usuarias ante la eventualidad de una indemnización por daños y perjuicios a cargo de una notaria o un notario público. El aporte mensual actual resulta muy poco para el monto que, en un plazo de dos décadas (1998-2020) de ejercicio notarial, no llega a constituir un monto suficiente.
Según datos del Banco de Costa Rica, del 15 de mayo de 2015 al 15 de mayo de 2020 se han realizado procesos judiciales a 23 notarios de los cuales se registra un retiro de ₡59 839 862.59 (cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos colones con cincuenta y nueve céntimos). Estos retiros deben ser reintegrados por los notarios, esto según el artículo 9 del Código Notarial, para que estos puedan ejercer de nuevo, lo que limita la práctica notarial. Aparte de estos inconvenientes, la Dirección Nacional de Notariado, que es una oficina técnica rectora de la actividad notarial, no debería asumir el rol de administrar un fondo de garantía a pesar de que se haga mediante la intervención de un ente económico autorizado para manejar fondos de capitalización, bajo la modalidad de fondo de pensiones.
La institución debe avocarse a lo estrictamente sustancial y a los aspectos administrativos para la habilitación de un notario o notaria, así como velar por el correcto ejercicio de la función notarial. La responsabilidad civil en la que pueda incurrir un notario o una notaria y su cobertura debe ser gestionado por un agente asegurador autorizado y, en este sentido, la responsabilidad del notario y de la notaria ante la Dirección Nacional de Notariado se simplificaría a tener que presentar el documento respectivo, de acuerdo con el procedimiento que se instaure, suponiendo a la Dirección Nacional de Notariado tener que desligarse de estar aprobando operadoras, políticas de inversión y cualquier otro aspecto en ese sentido.
Ante este panorama, tanto el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, como la Dirección Nacional de Notariado han optado por impulsar la reforma que se acoge en este proyecto de ley, para dar la viabilidad de adquirir por cada notario y notaria una póliza de responsabilidad civil, a efecto de proteger al tercero que utiliza los servicios de un notario público y volver de esta forma a los orígenes del Código Notarial, cuando se discutía el proyecto, en donde la propuesta era una caución o póliza de fidelidad, ahora llamada póliza de responsabilidad civil profesional.
Esta iniciativa surge de ambas instituciones tomando en consideración la situación económica del país, que el fondo actual no responde a sus fines, la existencia de una siniestralidad muy baja en cuanto al uso de la garantía notarial, que muchos notarios han visto mermado su trabajo notarial por la situación de la pandemia del covid 19 y, además, volver a la propuesta original.
Todos estos son elementos para tomar en cuenta con la finalidad de justificar, no solo la devolución del fondo de garantía en su totalidad a cada notario y notaria, sino también y en forma paralela una reforma al artículo 9 del Código Notarial que se ajuste a los tiempos y a la economía, para que realmente sea representativa para efectos de los usuarios de servicios notariales y pueda hacer frente ante un evento de responsabilidad civil.
Por las razones expuestas, se somete a discusión la presente iniciativa, para que sea aprobada como ley de la República.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 7764, DE 17 DE ABRIL DE 1998, PARA ESTABLECER EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA ABOGADOS NOTARIOS INSCRITOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 9 del Código Notarial, Ley N.º 7764, de 17 de abril de1998, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 9- Seguro de responsabilidad civil profesional para abogados notarios inscritos en la Dirección Nacional de Notariado.
Créase el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de Abogados Notarios, el cual será un requisito obligatorio para todos los profesionales en derecho que ejerzan la función notarial y estén inscritos en la Dirección Nacional de Notariado. Este seguro tendrá como objetivo garantizar a las partes y terceros, el pago de una eventual indemnización por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de la función notarial, constituyéndose en una garantía por sí mismo de quedar la responsabilidad civil debidamente acreditada.
Este seguro tendrá las siguientes características:
a) La póliza de responsabilidad civil profesional se podrá adquirir con alguna de las empresas aseguradoras reconocidas por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica.
b) La responsabilidad de cada notario por sus errores es individual, no es gremial ni solidaria.
c) El monto mínimo de cobertura por periodo póliza será el equivalente a 55 salarios base de un oficinista uno del Poder Judicial.
d) Se ajustará anualmente en febrero acorde con el índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior inmediato. El ajuste podrá ser mayor, si la Dirección Nacional de Notariado así lo determina, en razón de los costos que demande el seguro, la siniestralidad y su administración.
e) Las entidades aseguradoras deberán informar mensualmente a la Dirección Nacional de Notariado el estado de pago del notario.
f) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada pago realizado por el notario, la empresa aseguradora girará a la Dirección Nacional de Notariado la suma correspondiente al tres por ciento (3%) de este, para atender los gastos administrativos que ocasionen la supervisión y control de las garantías.
g) La Dirección Nacional de Notariado inhabilitará a los notarios omisos en el cumplimiento de ese requisito, en la forma prevista por el Código Notarial.
Queda facultada la Dirección Nacional de Notariado para normar, regular, modificar y dictar los procedimientos operativos, funcionales, administrativos y otros necesarios en relación con todo lo dispuesto en este artículo.
La Dirección Nacional de Notariado, si lo considera conveniente, queda autorizada para contratar una entidad aseguradora reconocida por la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica para suscribir una póliza colectiva (o grupal) en cuanto a su forma de contratación, en el sentido que lo suscribe la Dirección Nacional de Notariado como ente contratante, con una aseguradora, y cada notario es asegurado directo en dicho contrato; cuyo texto es único, universal, de monto uniforme para todos los notarios inscritos y vinculante a la colectividad de notarios. Lo anterior en razón de la imperativa necesidad del interés público y del Estado, en el estricto control, administración operativa y funcional, supervisión, procesos indemnizatorios, atención, servicio a los notarios y usuarios y otros aspectos propios del seguro y su vinculación con la actividad notarial.
TRANSITORIO I- Una vez promulgada la reforma propuesta, la Dirección Nacional de Notariado comunicará a la Operadora BCR Pensiones la rescisión o resolución del convenio suscrito, mediante una comunicación por escrito, con al menos tres meses de antelación a la fecha de resolución.
TRANSITORIO II- A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco de Costa Rica, a instancia de la Dirección Nacional de Notariado, deberá devolver a cada uno de los notarios y notarias la totalidad del monto por el que responde el fondo de garantía notarial, según la contribución de cada uno. Para tal efecto, el banco contará con un plazo de seis meses. El notario o notaria estará obligada a solicitar ante la Dirección Nacional de Notariado el retiro del fondo y este no le será autorizado y devuelto hasta que aporte el comprobante del pago de la póliza de responsabilidad civil profesional.
TRANSITORIO III- La Dirección Nacional de Notariado queda facultada para realizar las publicaciones necesarias y en los medios que establezca, con el fin de instar al retiro del dinero que por concepto de garantía fueron depositados por notarias y notarios que no se identificaron por lo que no es posible acreditar, y de aquellos notarios o notarias fallecidas cuyas personas beneficiarias no lo han retirado por desconocimiento de la existencia del fondo.
Para estos efectos, la Dirección otorgará el plazo de un año para que las personas beneficiarias se apersonen a hacer el retiro del monto que les corresponda y el notario o notaria hagan la identificación de su depósito.
Transcurrido este plazo, el dinero que aún continúe dentro del rubro de rezagos se trasladará al presupuesto ordinario de la Dirección Nacional de Notariado.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Jorge Luis Fonseca Fonseca
María Vita Monge Granados Nielsen Pérez Pérez
Diputados y diputadas
24 de noviembre de 2020
NOTAS Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.