Archivado el proyecto que reformaba la ley de seguridad privada

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL A LA LEY DE REGULACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS, LEY N.° 8395

VARIAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.° 22.330

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL A LA LEY DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS, LEY N.° 8395

Expediente N° 22.330

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La cantidad de empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad en el país ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, dicho aumento se puede asociar a diversos factores, entre ellos, como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos, o ante una percepción de los niveles de delincuencia e inseguridad, lo cual se refleja en una demanda de los servicios de seguridad privada, para entornos urbanos e industriales, así como una amplia variedad de clientes bancarios, centros comerciales, instituciones públicas y privadas, condominios residenciales, entre otros.

Si bien nuestro país cuenta con la Ley N° 8395 “Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados”, la cual fue aprobada en el año 2003, dicha normativa no responde a las necesidades de regulación de un sector en crecimiento y en constante evolución, donde nos enfrentamos a mercados ilegales que ofrecen sus servicios sin las autorizaciones requeridas, la ausencia de un enfoque transversal de regulación y supervisión, falta de personal con la formación adecuada en el manejo de armas de fuego, así como la falta de seguridad física de sus instalaciones para el resguardo y custodia de arsenales.

Como consecuencia ante la ausencia de dichos controles, nos enfrentamos a la pérdida y el robo de armas por parte de algunas de las Empresas y/o sus agentes por negligencia o corrupción, que generan desvíos de armas a la ilegalidad; el uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de los oficiales, sea por culpa o dolo contra terceros, planteando una grave amenaza a la seguridad ciudadana y al Estado; aunado a lo anterior, se suma la falta de entrenamiento apropiado en el manejo de armas causando lesiones y muertes; sin dejar de lado que los guardias de seguridad son blancos de actividades delictivas y violentas para robarles su arma de servicio.

Por este motivo se inicia con la construcción de la presente propuesta se realiza con la participación de una serie de actores del sector responsables y preocupados por erradicar las malas prácticas. Estos fueron la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad –ACES-; la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad –CNIS- y al Asociación Nacional de Empresas de Seguridad -ANESEP- quienes, dentro del seno de la Comisión de Seguridad Privada, realizaron sus aportes y observaciones al proyecto con el fin de hacer frente a la situación anteriormente descrita que también les afecta en sus funciones.

Los resultados de este ejercicio de análisis arrojaron que la ley actual contiene una serie de debilidades en cuanto a los procedimientos de inscripción de empresas, los esquemas sancionatorios, controles internos que deben establecer las empresas sobre las armas de fuego, por citar algunos ejemplos. De aquí decanta la importancia de la actualización de la normativa para, de esta manera, poder responder a los retos que plantea el mercado informal, en el que la ilegalidad es el común denominador.

Es importante mencionar que, en nuestro país al 31 de enero del 2020 se registran 726 empresas de seguridad privada dedicadas a varias modalidades de servicio, así como 28.976 agentes de seguridad privados, y 24352 armas inscritas a nombre de éstas; ello sin contemplar las empresas y servicios de seguridad privados que se mantienen en la informalidad y por tal razón constituyen una cifra oculta difícil de manejar.

Según datos suministrados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados existían al año 2018, al menos 895 Empresas de Seguridad Privada, que mantienen inscritas aproximadamente 8706 armas de fuego, cuya inscripción fue autorizada en su momento, no obstante, algunas no fueron renovadas por los interesados, otras pasaron a la informalidad o les fue revocada la autorización por incumplimiento a la legislación que rige la materia, y se ignora el paradero de las armas inscritas a su nombre.

El mes de enero del 2018 a la fecha, funcionarios de la Fuerza Pública, del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, han detectado en operaciones policiales y en manos de delincuentes, una cantidad significativa de armas de fuego inscritas a nombre de Empresas de Seguridad Privada, que al momento de la incautación, se encuentran aún registradas dentro del inventario de las Empresas, sin haberse detectado como pérdidas o sustraídas y por ende sin denuncia penal ni reporte a esa Dirección ni al Departamento de Control de Armas y Explosivos, lo que implica un serio problema para la Seguridad Nacional y una corresponsabilidad del Empresario.

Ante el panorama mencionado, se ha venido trabajando en una reforma parcial a la ley actual que coadyuve a mejorar la regulación a las Empresas, los procedimientos de inscripción, dándoles un orden lógico y concatenado a varios procesos; además, de fortalecer esencialmente el esquema sancionatorio.

La presente reforma, adquiere mayor relevancia cuando se trata de combatir el mercado informal, toda vez que el esquema sancionatorio actual y los vacíos que la ley tiene, impiden el combate frontal a esa actividad irregular, que viene dando múltiples problemas, incluso de evasión y elusión fiscal, desatención de normas laborales, de protección y tutela a los derechos humanos y de seguridad social. Ante esos problemas, se remoza el esquema sancionatorio de la Ley actual, con el objeto de perseguir y sancionar mejor el mercado informal, castigar con mayor drasticidad, tanto al que brinda un servicio ilegal, como a quien lo contrate en esas condiciones; se regula la competencia desleal, y se establecen procedimientos administrativos más agiles y sanciones más fuertes para los infractores.

En resumen, las reformas que se plantean a la Ley vigente, representan un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada integralmente conceptualizada, que pretende satisfacer la realidad del mercado y el deber de control y fiscalización estatal en nuestros días. Se podría resaltar como los principales pilares de esta reforma los siguientes:

Creación de un esquema sancionatorio efectivo, para mejorar la potestad fiscalizadora de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Medidas para combatir la competencia desleal. Mejores regulaciones sobre la utilización de armas de fuego en las actividades de seguridad privada. Medidas para garantizar los derechos laborales de los agentes de seguridad privada.

La participación inclusiva e integral de parte de todos los sectores involucrados se propició con el fin de lograr un consenso y proceder a presentar a la Asamblea Legislativa, un proyecto técnicamente estructurado, que sin duda vendrá a mejorar el control y la fiscalización de las Empresas de Seguridad Privada, por parte de los órganos del Estado con competencia en la materia.

Todos estos esfuerzos pretenden fortalecer el sector empresarial responsable y consciente con las obligaciones que asumen para brindar un servicio de calidad, a través del que la ciudadanía se verá beneficiada.

Por lo anterior, se somete a consideración de las y los diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA A LA LEY DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS, LEY N.° 8395

ARTÍCULO PRIMERO- Se reforman los artículos 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 19 bis, 20, 23, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 y se adicionan los artículos 14 bis, 17 bis, 20 bis, 21 bis de la Ley de Servicios de Seguridad Privada N.° 8395, del 1 de diciembre del 2003, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 2- Ámbito de aplicación

Estarán sujetos a la aplicación de esta ley:

[…]

e) Las Escuelas de capacitación o adiestramiento, a las cuales la Academia Nacional de Policía haya extendido la autorización correspondiente, previo cumplimiento de los requisitos legales. La Dirección de Servicios de Seguridad Privados únicamente anotará en el expediente de la empresa, la autorización respectiva.

Artículo 5- Dirección de los Servicios de Seguridad Privados

La Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, será el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la presente ley y su reglamento, así como del registro, supervisión y control de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a prestar los servicios enumerados en el artículo 2º de esta Ley, imponiendo las sanciones administrativas establecidas en el ordenamiento jurídico. Para ello contará con tres Departamentos:

1. Departamentos de Registro y Autorizaciones.
2. Departamento de Inspecciones e Investigaciones.
3. Departamento Legal.

Asimismo, la Dirección de Servicios de Seguridad Privados velará para que se brinde un servicio a la ciudadanía que garantice mínimos de calidad y seguridad. Mediante vía reglamentaria definirá el marco de referencia para que las personas reguladas en esta ley puedan demostrar su capacidad para ofrecer servicios que satisfagan las necesidades del interés público, de los clientes y que sea de conformidad con las normas internacionales aplicables, las leyes nacionales y las exigencias de los derechos humanos.

Artículo 7- Competencia registral

Para efectos del artículo 2 de esta ley, la Dirección de Servicios de Seguridad Privados llevará registros de lo siguiente:

[…]

b) El personal de seguridad y administrativo de las entidades mencionadas. Este registro comprenderá los datos personales, una fotografía reciente, las huellas dactilares, los antecedentes y el detalle de la capacitación de que dispone para ejecutar las labores; con este fin, las entidades obligadas deberán mantener actualizada la plataforma informática respectiva y registrar en ella, toda modificación de la nómina, por admisión o exclusión de personal, en un plazo máximo de ocho días hábiles.

c) La ubicación de las instalaciones y el inventario del armamento, las municiones y demás equipo requerido para las labores de seguridad establecidas en el Reglamento de esta Ley. Esta información deberá actualizarse semestralmente en la plataforma informática respectiva, por parte de la entidad obligada.

[…]

e) Los accionistas, o su figura equivalente, en el caso de las personas jurídicas.

Artículo 8- Trámite de Solicitud de Inscripción o renovación

La Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública resolverá la autorización para el funcionamiento de las personas físicas o jurídicas que deseen prestar sus servicios en alguna de las categorías comprendidas en el artículo 2 de esta Ley, dentro de los treinta días hábiles siguientes al recibo de dicha solicitud y de la documentación completada y adecuada a tales propósitos. En este término, la Dirección comprobará que se cumplan todos los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento, así como la veracidad de los documentos presentados, los cuáles se definirán vía reglamentaria.

Una vez otorgada la autorización, en el plazo perentorio de un mes hábil, la Dirección deberá extender la credencial de identificación al personal que realiza las labores de seguridad y vigilancia. Cada trabajador o trabajadora deberá portar dicha identificación en todo momento, mientras cumpla con sus funciones y esté vigente la relación laboral con su patrono. Dicha credencial será renovada cada cuatro años.

Cualquier movimiento de inclusión o exclusión del personal de seguridad y vigilancia, administrativo o de capacitación, deberá acreditarse ante el Departamento de Registro y Licencias de la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados y el movimiento deberá registrarse en la plataforma informática respectiva, dentro de ocho días hábiles a su acontecimiento.

Se autoriza a la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados, para que pueda cobrar a las personas interesadas el costo administrativo de emisión de credenciales. El Ministerio, vía reglamentaria, definirá la tarifa a cumplir, la cual deberá ser calculada al costo del servicio que se presta y lo recaudado sólo podrá ser utilizado para financiar estas actuaciones, sistemas digitales y procesos.

Artículo 11- Plazo de la autorización y renovación eventual

La autorización concedida de acuerdo con los artículos precedentes, para las empresas de seguridad privada, tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser renovada por períodos iguales, salvo que la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados, considere, mediante resolución debidamente fundamentada, que no es procedente dicha renovación. De igual forma la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados podrá conceder una autorización temporal en circunstancias justificables por el plazo de tres meses no prorrogables.

En los procedimientos para otorgar autorizaciones de funcionamiento de personas físicas y jurídicas para prestar servicios de seguridad privados, no operará el silencio positivo.

Artículo 13- Requisitos de la solicitud

Las personas físicas o jurídicas que presten los servicios descritos en el artículo 2º de esta Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a) Presentar solicitud escrita o en línea en la plataforma informática respectiva ante la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados. En el caso de las personas físicas, contendrá: el nombre y los dos apellidos, la edad, la nacionalidad, la profesión o el oficio, el número del documento de identidad, el domicilio y demás calidades que pida la Dirección:

Cuando se trate de personas jurídicas, la solicitud deberá indicar: la razón o denominación social, el número de cédula de persona jurídica y el domicilio, así como el nombre y los dos apellidos, la edad, la nacionalidad, la profesión o el oficio, el número de documento de identidad y el domicilio del representante legal, una certificación notarial de los estatutos de la empresa, debiendo estar constituida con el objeto social únicamente para brindar las actividades de seguridad privada, y la personería jurídica. También deberán presentar una certificación notarial con vista en el libro de registro de accionistas de la empresa, en la cual conste que las acciones son nominativas y las calidades de las personas socias. Anualmente deberá presentarse a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados una lista de los accionistas de la compañía o los asociados de esta, mediante certificación notarial con vista en el libro de registro de accionistas de la empresa o en el registro de asociados, cuando se trate de asociaciones; se indicará la fecha de adquisición de la empresa o asociación o de ingreso a ella.

[…]

d) Debe encontrarse al día con las obligaciones patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social y demás entidades del Estado correspondientes.

[…]

g) Adjuntar constancia de antecedentes penales y garantizar acceso a los antecedentes policiales del personal administrativo y de seguridad, miembros de la Junta Directiva, así como de los accionistas o asociados, si se trata de una empresa, asociación o cooperativa.

Artículo 14- Requisitos del Personal de Seguridad

Los agentes de seguridad sujetos a la aplicación de la presente Ley, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de 18 años y costarricense en el ejercicio pleno de sus derechos, o extranjeros con cédula de residencia permanente con libre condición, todo de conformidad con la legislación correspondiente.

[…]

d) Aprobar el curso básico de Seguridad Privada; el de Eventos Masivos o el de Investigador Privado; impartido por la Academia Nacional de Policía o por cualquier entidad previamente autorizada por esta; deberá ser refrendado por dicha academia en cuanto a su contenido y a los instructores responsables. En el caso del curso para Investigador Privado, podrá convalidarse con cursos similares impartidos por instituciones policiales del Estado costarricense.

[…]

Artículo 14 bis- Personas impedidas para ejercer servicios de seguridad privados

No podrán ejercer labores de servicios de seguridad privados, ni pertenecer a empresas de seguridad privadas, las personas físicas que se dirán:

a) Las personas menores de edad. b) Las personas con antecedentes penales o policiales o que estén ejecutando una pena.

Asimismo, las personas con antecedentes penales o con penas vigentes no podrán constituir, integrar como socios, ser representantes ni apoderados de personas jurídicas propietarias de empresas de seguridad privada, directamente o por medio de otras personas físicas o jurídicas en la que tenga participación accionaria.

Artículo16- Deberes, obligaciones y atribuciones de los agentes de seguridad

Las personas físicas que desempeñen funciones de agentes de seguridad, estarán obligadas a lo siguiente:

[…]

g) Utilizar en caso necesario y para la legítima defensa3les, que permitan ejercer el derecho a la autoprotección o a la protección de terceros, contra una agresión ilegítima, inminente y que no pueda ser evitada de otra forma.

Artículo 17- Obligaciones de las Empresas Autorizadas

Las personas físicas o jurídicas autorizadas deberán cumplir, según la categoría del servicio que prestan, las siguientes obligaciones:

[…]

a) Mantener actualizada en la plataforma informática respectiva la nómina del personal de seguridad y administrativo con sus calidades, así como el inventario del armamento, las municiones y los equipos necesarios para las labores de seguridad, así como llevar su registro permanente, incluidos los bienes que sean propiedad individual de sus miembros y se destinen al desempeño de sus funciones. Dichos registros deberán ser actualizados permanentemente en cuanto a nuevas contrataciones, despidos, incapacidades, defunciones, renuncias o cualquier movimiento del personal de seguridad, pérdidas, desechos o adquisiciones de armamento, municiones u otro equipo para las labores de seguridad. Los registros podrán ser inspeccionados en cualquier momento por el personal de la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados.

[…]

d) Mantener actualizados en la plataforma informática respectiva la información concerniente a los registros descritos en el artículo 7 de esta ley, dentro de los plazos indicados o cuando la Dirección de Servicios de Seguridad Privados la requiera. En el caso de presentarse un cambio de accionistas, deberá ser notificado de previo a la Dirección, la cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de ley. De no cumplirse algunos de los requerimientos se realizará la prevención para que subsane el incumplimiento.

[…]

h) Debe encontrarse al día con las obligaciones patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social y demás entidades del Estado correspondientes. […]

k) Pagar el canon respectivo para su inscripción o renovación, según corresponda.

Artículo 17 bis- Armas permitidas en los servicios de seguridad privados

Las personas físicas y jurídicas dedicadas a prestar los servicios de seguridad privados deberán analizar la pertinencia y conveniencia de utilizar armas para el servicio que briden. De resultar pertinente la utilización de armas de fuego, únicamente podrán utilizar y adquirir las armas permitidas de conformidad con la Ley de Armas y Explosivos, igualmente podrán utilizar armas de letalidad reducida, siempre y cuando no produzcan consecuencias físicas o mentales permanentes en las personas y se logren distinguir claramente de armas de fuego reales mediante su forma o con colores diferenciadores, además de los demás elementos que se puedan definir vía reglamentaria.

En el caso de la utilización de armas de fuego, cada empresa debe realizar un respectivo un estudio de riesgos que justifique la pertinencia y necesidad del uso de armas de fuego en el respectivo puesto de trabajo. Tal estudio debe ser previo a la instalación del puesto, deberá contener como mínimo un análisis que contenga el tipo de negocio a cuidar, sus activos o los servicios que brinda y las posibles amenazas a éstos. Tal estudio podrá ser consultado en cualquier momento por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, quién tendrá la posibilidad de solicitar mejoras, las cuales son vinculantes. Si se determina que se requiere la utilización de armas de fuego, se deberá utilizar un arma corta. Sin embargo, dependiendo del tipo de servicio a brindar, únicamente en casos muy calificados y si así lo determina el estudio de riesgo, se podrán utilizar escopetas con munición no letal, y en fundos agrícolas se podrá utilizar un arma larga que sea acorde con la actividad agraria que se realice. Se exceptúa de la disposición de este párrafo a los encargados de brindar la modalidad de custodia y transporte de valores.

Salvo lo indicado expresamente en el párrafo anterior, queda prohibido el uso de armas de fuego tipo carabinas, fusiles semiautomáticos, así como escopetas u otras armas destinadas comúnmente a la práctica de deportes o cacería, en servicios de seguridad privados.

Bajo ningún motivo o justificación las personas físicas y jurídicas autorizadas para brindar servicios de seguridad privados, podrán intervenir en huelgas o manifestaciones, ni utilizar en eventos masivos, equipo policial destinado para el restablecimiento del orden público, el cual es de uso exclusivo para las fuerzas de policía nacionales.

En todos los casos se deberá interpretar por parte de la Dirección General de Armamento, sus dependencias y por la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados, la aplicación de modo restrictivo del régimen de inscripción y portación de armas de fuego para la seguridad privada, en el entendido de que el servicio de seguridad privado, es una actividad de carácter preventivo.

Artículo 19- Límite del número de agentes

Las empresas de seguridad privada no podrán mantener un número de agentes de seguridad superior al diez por ciento (10%) del total de los miembros de Fuerza Pública calculado según las estimaciones presupuestarias de cada año.

Se podrá superar ese límite de forma excepcional y llegar hasta un máximo de 15% del total de los miembros de Fuerza Pública, pero la empresa se someterá a un proceso de supervisión diferenciado, bajo el cual deberá:

a) Solicitar previamente la autorización a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, para lo cual deberá justificar su razón y probar fehacientemente la necesidad del superar el límite.

b) Deberá actualizar mes a mes a la Dirección, la información vigente de su planilla en la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.

c) Deberá tener toda su información requerida actualizada en tiempo real en la plataforma digital de control que establezca la Dirección.

d) Se establecerán reglas diferenciadas para sus armerías, las cuales deberán contar mayores mecanismos de seguridad y con el uso de tecnología de punta para garantizar el cuido de sus armas, las reglas se definirán reglamentariamente.

e) Deberán construir protocolos rigurosos de control de sus armas de fuego, que garanticen su ubicación, manipulación y trazabilidad absoluta.

f) Deberán presentar oficiosamente a la Dirección los estudios de riesgo que efectúen para justificar la necesidad de cubrir puestos de trabajo con un arma de fuego.

Artículo 19 bis- Límite de del número de armas

1 Las empresas de seguridad privada solo podrán tener una cantidad de armas inscritas equivalente al 40% de sus agentes inscritos, el Departamento de Armas y Explosivos deberá verificar la cantidad de agentes inscritos por empresa, y establecerá el límite de armas y no podrá inscribir nuevas armas a menos que renueven su arsenal, siempre que se mantengan dentro del límite establecido y, en tal caso, se deberá seguir el protocolo de adquisición y enajenación de forma controlada y fiscalizada por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y la Dirección General de Armamento. Se puede exceptuar de este límite a empresas pequeñas, de forma extraordinaria y muy calificada, por un plazo de tiempo definido improrrogable, por una resolución firmada y fundamentada por ambas Direcciones, según se defina vía reglamentaria. Si por alguna circunstancia referida a su modelo de negocio una empresa llega a superar esa cifra límite debido a una reducción de su personal, no podrán inscribir armas nuevas ni renovar su arsenal.

Artículo 20- Supervisión y control de la Dirección General de los Servicios de Seguridad Privados, la Dirección General de Tributación, la CCSS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Toda persona física o jurídica contemplada en el artículo 2º de esta Ley, estará sujeta a la supervisión y el control de la Dirección General de los Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública, para constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas, así como de la CCSS, la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y cualquier otra institución pública competente, en todo lo atinente a las condiciones de pago de tributos, empleo, capacitación, pago de salarios mínimos, reconocimiento de derechos laborales y seguridad social.

La Dirección General de Tributación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense del Seguro Social, y cualquier otra institución pública competente, colaborarán con la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados, en la definición de las políticas y rutinas de inspección y control a las personas físicas o jurídicas reguladas en esta Ley.

Las instituciones involucradas deberán compartir entre sí la información estrictamente necesaria contenida en sus bases de datos, con la finalidad de supervisar y fiscalizar lo propio de sus competencias.

En lo que respecta, a los requisitos que establece la presente ley, la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, dará un plazo de un mes hábil, para que las personas físicas o jurídicas, que deseen ejercer la función de seguridad privada, presenten aquellos requisitos o requerimientos legales, que por su tramite ante otras instancias, no puedan ser aportados de forma inmediata, junto con su solicitud de autorización o renovación.

Artículo 20 bis- Grupos de interés económicos

Las personas jurídicas, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio de sus funciones. De tal forma, cuando se identifique que hay un grupo de interés económico, éste deberá cumplir con todos los requisitos establecidos y, de lo contrario, se le deberá aplicar las sanciones correspondientes pertinentes. Se exceptúa de esta disposición al cálculo requerido para los efectos del artículo 19 de esta ley.

Artículo 21 bis- Canon de funcionamiento

Las personas jurídicas o físicas deberán cancelar un canon de funcionamiento para poder recibir la autorización de funcionamiento o la renovación de ésta. Deberán cancelarla previo a su inscripción o renovación según corresponda, y se calculará de la siguiente forma:

a) Si tiene inscritos menos de 15 agentes, pagará medio salario base. b) Si tiene inscritos de 16 a 99 agentes, pagará un salario base. c) Si tiene inscritos de 100 a 199 agentes, pagará dos salarios base. d) Si tiene inscritos de 200 a 299 agentes, pagará tres salarios base. e) Si tiene inscritos de 300 a 399 agentes, pagará cuatro salarios base. f) Si tiene inscritos de 400 a 499 agentes, pagará cinco salarios base. g) Si tiene inscritos más de 500 agentes, pagará seis salarios base.

El dinero recolectado de este canon solo podrá utilizarse para fortalecer las capacidades de inspección de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados.

Artículo 23- Clasificación de servicios

Los servicios de seguridad privada se clasificarán en:

[…]

h) Escuelas de capacitación y adiestramiento.

Sección II

Escuelas de capacitación y adiestramiento

Artículo 27- Objeto

Las Escuelas de capacitación y adiestramiento podrán brindar las capacitaciones necesarias para que las personas puedan optar por inscribirse como agente de seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades. Estas escuelas deberán cumplir los mismos requisitos exigidos a las demás modalidades de seguridad privada.

Artículo 28- Acreditación

Para poder inscribirse y funcionar como Escuela de capacitación y adiestramiento, se deberán cumplir todos los requerimientos exigidos por la Academia Nacional de Policía, quién podrá fiscalizar todos los aspectos que considere pertinente para asegurar el adecuado funcionamiento y la calidad mínima exigida.

Artículo 29- Calidad mínima

La Academia Nacional de Policía, así como la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, deberán procurar que la formación de las Escuelas de capacitación y adiestramiento y las evaluaciones establecidas garanticen un nivel óptimo que asegure que cualquier agente que se vaya a inscribir tiene los conocimientos y habilidades mínimas para brindar una adecuada labor de seguridad privada.

Artículo 45- Prohibiciones

Prohíbase a las personas físicas o jurídicas y a los agentes:

[…]

b) Vender o traspasar de cualquier forma las acciones de las empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privados sin mediar con previa autorización de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados. Asimismo, vender o traspasar de cualquier forma las acciones a personas que hayan sido condenadas por la comisión de hechos delictivos dolosos.

[…]

j) Propiciar, brindar, permitir o continuar prestando el servicio de seguridad privada, sin contar con autorización de funcionamiento, cuando se encuentre en trámite de inscripción; en cualquiera de las modalidades de servicios para las cuales no autorizada o la autorización esté vencida.

Artículo 46- Procedimiento

Con el objetivo de determinar el incumplimiento a lo establecido en la presente ley y su reglamento, y la aplicación de la sanción correspondiente, la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, por medio de su Departamento Legal, aplicará el procedimiento ordinario previsto en el artículo 308 de la ley General de la Administración Pública y sus concordantes.

En aquellos casos en que las empresas o los agentes autorizados para brindar servicios de seguridad privados incurran en violaciones a ésta ley que sean de mera constatación o de extrema gravedad, se aplicará el procedimiento sumario previsto en el artículo 320 de la Ley General de la Administración Pública y sus concordantes.

En ambos casos, se deberán observar y garantizar los principios constitucionales que aseguren el debido proceso y el derecho de defensa.

Artículo 47- Medidas Cautelares

Cuando la persona física o jurídica autorizada incumpla las disposiciones de esta Ley o su Reglamento, con garantía del debido proceso, la Dirección mediante el órgano director, investidura que tendrá el Departamento Legal y por resolución fundada, podrá ordenar la medida cautelar de oficio o a instancia de parte, para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del procedimiento, así como la ejecución de lo resuelto, con el fin de evitar daños graves a las personas, de imposible reparación en las cosas o de peligro para la seguridad del Estado, por todo el tiempo que dure el procedimiento administrativo respectivo.

Según la gravedad del caso, estas medidas provisionales consistirán en:

a) La suspensión temporal de la autorización para prestar el servicio de seguridad privada, en una o todas las modalidades autorizadas.

b) Decomiso temporal de armas de fuego y demás equipo e implementos utilizados para la prestación de los servicios. En el caso de las armas de fuego pasarán a custodia de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública.

c) Cualquier otra medida no gravosa atinente a proteger el objeto del procedimiento.

Las medidas cautelares podrán contener la conservación del estado de cosas, o bien, efectos anticipativos, mediante la regulación o satisfacción provisional de una situación fáctica o jurídica sustancial. Por su medio, el órgano director podrá imponer, provisionalmente a la parte, obligaciones de hacer, de no hacer o de dar.

Artículo 48- Faltas leves

Se consideran faltas leves las siguientes:

a) Cualquier incumplimiento de los deberes de los agentes de seguridad establecidos en el artículo 16 de esta Ley, su Reglamento y demás leyes conexas.

En el caso de cometer una falta leve, se impondrá una multa de medio salario base de oficinista 1 del Poder Judicial. La empresa está autorizada para cobrar esa multa a su agente, cuando considere que es imputable a él el incumplimiento, para lo cual deberá establecer un debido proceso a lo interno de la empresa.

Artículo 49- Faltas graves

Se consideran faltas graves las siguientes:

a) Cualquier incumplimiento a las disposiciones de las obligaciones a las empresas autorizadas, establecidas en el artículo 17 de esta ley. b) Negarse a una inspección de la Dirección de Servicios de Seguridad Privados o cualquier institución auxiliar.

c) El incumplimiento del límite de agentes de seguridad privados o de armas establecido en esta Ley.

d) Pretender engañar a la Dirección de Servicios de Seguridad Privados con el número de agentes o armas.

e) Cuando se encuentre un arma de fuego en alguna actividad delictiva que está inscrita a nombre de la empresa y ésta no la haya reportado como robada o extraviada ante el Departamento de Armas y Explosivos.

f) Que un agente esté utilizando un arma de fuego que no esté debidamente registrada.

g) La presentación de una oferta de servicios ante un cartel de contratación, sea público o privado, que sea una clara competencia desleal al establecer condiciones en las cuales se pague menos del costo de los servicios que se están requiriendo. La Dirección de Servicios de Seguridad Privados realizara un análisis fundado de los costos para determinar que en la oferta existe un precio ruinoso.

En el caso de cometer una falta grave se impondrá una multa de cuatro salarios base de oficinista 1 del Poder Judicial.

Artículo 50- Faltas muy graves

Se consideran faltas muy graves las siguientes:

a) Realizar alguna de las actuaciones prohibidas establecidas en el artículo 45 de esta ley.

b) El incumplimiento de alguno de los requerimientos establecidos para optar por el régimen diferenciado que supera el límite del 10% de agentes, estipulado en el artículo 19 de esta ley.

c) El incumplimiento de alguna medida cautelar establecida por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados.

d) La reiteración de alguna falta grave.

En el caso de cometer una falta muy grave se impondrá una multa de diez salarios base de oficinista 1 del Poder Judicial.

En el caso de reiterar una falta muy grave se procederá con la cancelación definitiva de la licencia, quedando impedido para seguir ejerciendo la actividad.

Artículo 51- Condiciones de las sanciones

Se considera que se reitera una falta cuando se comete más de una vez dentro de los cinco años de duración de la autorización para brindar servicios. Para que se pueda renovar la autorización, se deberá haber cumplido con el pago de la multa establecida, de lo contrario se deberá rechazar la solicitud.

En el caso de grupos de interés económico, las sanciones deberán aplicarse de forma tal que todas las personas jurídicas o físicas, sean sancionadas y no se permita evadir la aplicación de la sanción.

Artículo 52- Contravención

Se impondrá de treinta días multa a sesenta días multa a la persona que brinde alguno de los servicios de seguridad privada regulados en esta Ley sin contar con autorización respectiva emitida por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados.

Artículo 53- Delito

Será reprimido con prisión de dos meses a dos años, al gerente o al responsable de una empresa que ofrezca servicios de seguridad privados, o brinde alguno de los servicios regulados en esta Ley, sin contar con la autorización respectiva, o que la autorización este suspendida cautelarmente, esta vencida o haya sido cancelada por la Dirección de los Servicios de Seguridad Privados.

Será sancionado con la misma pena del párrafo anterior, a la persona física o al gerente o al responsable que contrate servicios de seguridad privados regulados en esta ley, sin que la empresa contratada cuente con la autorización respectiva, o que la autorización este suspendida cautelarmente, esta vencida, o haya sido cancelada por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados.

ARTÍCULO SEGUNDO- Se reforma el artículo 86 de Ley de Armas y Explosivos N.° 7530, del 10 de julio de 1995, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 86- Armas permitidas en el servicio privado de seguridad

Las personas, físicas y jurídicas, encargadas del servicio de seguridad privado deberán utilizar únicamente las armas permitidas de conformidad con la presente ley.

La portación de armas permitidas, sin inscribir o sin el permiso correspondiente, por parte de oficiales contratados por empresas de servicio de seguridad privada, además de configurar el hecho ilícito descrito por el artículo 88 de la presente ley, acarreará la responsabilidad administrativa a la empresa correspondiente.

TRANSITORIO ÚNICO-

Las personas que tengan credencial de “Vigilantes Independientes” al momento de entrar en vigencia esta ley, tendrán seis meses de tiempo para tramitar su inscripción como Agentes de Seguridad Privados.

Rige tres meses posterior su publicación.

Enrique Sánchez Carballo

Carolina Hidalgo Herrera Ignacio Alberto Alpízar Castro

Floria María Segreda Sagot Roberto Hernán Thompson Chacón

Jorge Luis Fonseca Fonseca Harllan Hoepelman Páez

Diputados y diputadas

7 de diciembre de 2020.

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.