Proyecto 22.333 ya es ley: reforma trámites y silencio positivo

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS REFORMAS

SILVIA VANESSA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.° 22.333

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 22.333

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

En el año 2002 nació a la vida jurídica del país la Ley N° 8220, “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, confirmándose así la intensión del país de contar con un marco regulatorio que contribuyera al control y eficiencia de los trámites que realizan las personas y las empresas en su relación con el Estado, obligación que es responsabilidad de toda la institucionalidad pública y cuya rectoría corresponde al Ministro (a) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Siempre en la línea de sumar nuevas herramientas para la mejora en los procesos de trámites públicos, en el año 2011 se incorporaron nuevos elementos a la Ley N° 8220, en este caso mediante la Ley N°8990.

A casi 20 de años en la emisión de la Ley N° 8220, se han impulsado y realizado diversos esfuerzos por lograr cambios en el mapa de trámites del país, tomando en cuenta las obligaciones que asigna la normativa en este campo y los efectos perniciosos que la cantidad y variedad de trámites genera en el sector productivo y en el servicio que reciben las personas. En los planes nacionales de desarrollo constan las metas que sucesivos gobiernos propusieron para elevar el desempeño de las entidades públicas a partir de modificaciones a sus trámites, con resultados disímiles en sus efectos e intensidad.

Pese a la importancia inobjetable de la Ley N° 8220, la realidad señala la prevalencia de amplios espacios de mejora en este campo que deben ser atendidos con urgencia, pues los trámites frecuentemente son identificados como un factor crucial que afecta la competitividad del país y el bienestar de las personas en Costa Rica. Y aquí se registran aspectos relacionados con todo tipo de problemáticas: exceso de trámites, duplicidad, tiempos de respuesta exagerados, trámites sin sustento legal, entre otros elementos que atentan contra la eficiencia en la gestión del aparato público.

En un momento de la historia del país donde las consecuencias negativas generadas por la pandemia Covid-19 en la actividad económica y productiva se han agravado, haciendo indispensable encontrar e implementar soluciones que contribuyan a la reactivación económica, la generación de empleo y a la facilidad para realizar negocios, la simplificación/eliminación de trámites y la mejora regulatoria vuelven a estar en el centro de las medidas para contribuir a revertir la situación actual. El Estado, sus instituciones y sus trámites, desde al ámbito nacional hasta el local deben dejar de ser un motivo de angustia, enojo y alto costo económico para los ciudadanos y empresas. Es inaceptable que una y otra vez los trámites continúen apareciendo como un ancla que limita la posibilidad de hacer negocios fácilmente, así como una fuente de crítica recurrente por parte en la ciudadanía.

Desde el Gobierno de la República así se ha comprendido, por lo que se ha venido impulsando el uso de distintas herramientas para lograr cambios sustanciales en este campo, tal es el caso del fortalecimiento de instrumentos de verificación posterior sobre procedimientos cargados de control documental previo que consumen tiempo y recursos en las instituciones, y que en muchos casos las instituciones se resisten a cambiar por una supuesta seguridad institucional que deja de lado la necesidad del usuario, del empresario, de quien hace su esfuerzo por emprender, de quien encuentra que todo trámite en el Estado representa un sufrimiento.

He ahí la apuesta por implantar una nueva forma de gestión gubernamental donde la facilidad, la simpleza y el menor plazo posible de cara al ciudadano sean la regla. El uso de herramientas como la Declaración Jurada pueden contribuir significativamente a ese propósito, en la medida en que simplifica trámites, reduce tiempos y costos, al tiempo que traslada al ciudadano y al empresario, la responsabilidad de cumplir fielmente con las regulaciones que el Estado ha fijado para el desarrollo de determinada actividad.

Es momento de cambiar, de entender que las instituciones no pueden pretender elevar su desempeño y brindar un servicio de calidad, cuando los trámites son percibidos como un problema, cuyas soluciones avanzan lentamente, constituyendo un incentivo a la informalidad, la corrupción, la ineficiencia y al estatus quo. Contra nuestro anhelo de desarrollo económico y social conspira la tragedia, con candidez hay que decirlo, la tragedia que día a día sufren quienes dan cuenta de sus amargas experiencias al relacionarse con su Estado, a veces con llanto y en otras ocasiones con una risa empleada como mampara de lo primero.

Esta realidad no es nueva y ha sido puesta en perspectiva en estudios e índices publicados por organismos nacionales e internacionales, incluyendo la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a ese organismo. El propio MEIC ha llamado la atención en múltiples ocasiones de la necesidad de ubicar a la mejora regulatoria como un objetivo prioritario de todas las autoridades. A modo de ejemplo, la puesta en marcha de lo que se denomina como “Índice de Capacidad Regulatoria”, herramienta que evalúa el marco regulatorio de los Gobiernos Locales para la generación de normas claras y trámites ágiles que faciliten el crecimiento y desarrollo económico de cada región socio productiva del país, revela el rezago a nivel local en mejora regulatoria y simplificación de trámites.

Por medio de esta evaluación (2019) se determinó que el 50% de los municipios presentan valores entre un 0,24 y 0,46, es decir, la mitad de los municipios no cumplen ni la mitad de las condiciones para implementar la Política de Mejora Regulatoria, en su mayoría se concentran bajo la media (0,36) y se categorizan en colores rojo, naranja y amarillo.

En el caso del Índice Doing Business 2020 del Banco Mundial, Costa Rica se ubica en la posición 74 del ranking, retrocediendo 7 posiciones respecto al año anterior. Si bien, el país realizó mejoras a su marco regulatorio, no tuvieron lugar a la misma velocidad que el resto de los países, lo cual implicó el retroceso en el ranking.22040852540

Por su parte en el Índice Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, el país pasó de la posición 55 en el 2018 a la posición 62 en el 2019, destacándose que, en cuanto al tiempo para abrir un negocio en días, Costa Rica ocupa la posición 107 de 144 economías analizadas.

En todos estos ejemplos es posible identificar un denominador común: un marco regulatorio y de trámites que afecta negativamente el desempeño global del país, lo que abona a la urgencia de lograr mayores transformaciones en el mapa de trámites nacional, tanto desde el punto de vista de política púbica como de la regulación misma que rige el tema. En este último caso, la Ley N° 8220 constituye un excelente punto partida para avanzar hacia una regulación moderna y flexible, que permita superar las debilidades hasta ahora identificadas, al tiempo que dote al Estado de nuevas herramientas para forzar a las a las instituciones públicas a analizar y variar, según corresponda, sus trámites.

El paso del tiempo, la experiencia registrada por operadores e investigadores en la aplicación de la Ley N° 8220, los índices internacionales, los lentos avances en mejora regulatoria y simplificación de trámites, justifican sobradamente la imperiosa necesidad de realizar una reforma a dicha normativa, capaz de dar un nuevo impulso a la gestión pública, en todos los niveles de la Administración Pública. Este es el objetivo general del presente proyecto de ley. Para ello, se proponen, entre otras, las siguientes modificaciones:

Fortalecer el rol del rectoría, tanto desde el punto vista político como técnico, en simplificación y mejora regulatoria, dotándolo de nuevas facultades y recursos para el efectivo cumplimiento de los objetivos de política pública que el Estado se proponga en este campo, entendiendo que dicha tarea es responsabilidad de todas y cada una de las instituciones que conforman la Administración Pública, toda vez que con sus trámites y regulaciones impactan la actividad productiva y la percepción ciudadana sobre el buen servicio público.

Enfocar la gestión pública en la realización de trámites en el uso de instrumentos de verificación posterior sobre el control exante como mecanismo para acelerar trámites, recurriendo al uso de herramientas como la declaración jurada, en un Estado que ha hecho apología del control previo como mejor fórmula para cumplir con sus obligaciones, sin reparar en el impacto y costos que tiene para el usuario, o en si es posible obtener una mayor eficiencia y alcanzar los mismos objetivos a partir de una fase posterior de verificación.

Fortalecer el uso del Catálogo Nacional de Trámites como instrumento obligatorio y único de rango legal para transparentar y centralizar todos los trámites requeridos por cada institución u órgano de la Administración Pública.

Ampliar el alcance del criterio vinculante del rector sobre las propuestas de regulación que propongan las entidades públicas, más allá del Gobierno Central (tal cual ocurre actualmente), lo que impide mantener la unidad en el logro de los objetivos de mejora regulatoria, al tiempo que genera una disparidad intolerable para obligaciones que son resorte de todo el Estado. Las empresas y los usuarios esperan por mejoras en trámites en todos los estamentos del aparato estatal.

Facilitar la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos que tienen los usuarios en su relación con las instituciones al tenor de la regulación propuesta, en temas vinculados con la aplicación del silencio positivo, instrumento que ha sido poco empleado en materia de trámites, pero cuyo uso puede potenciarse al equilibrar las cargas entre el usuario y la Administración. En la misma línea se ubican los ajustes al artículo relativo a sanciones por incumplimiento de la ley, el cual pretende fundamentalmente aclarar quién es la persona que comete la falta, graduando de una mejor manera las sanciones para que estas cumplan con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que se impone en esta materia, pero que cumplan con el criterio de disuadir las conductas sancionadas.

Lograr que la mejora regulatoria y la simplificación de trámites se convierta en una tarea permanente y una práctica de mejora continua en la gestión pública costarricense, a partir de criterios técnicos y considerando en mayor grado el impacto a sus destinarios, tanto de regulaciones que implican nuevos trámites como de aquellos trámites cuya evaluación y actualización cambia lentamente.

Para materializar e implementar estos cambios estratégicos, se requiere de una serie de modificaciones en la legislación actual, a efecto de que los entes y órganos públicos avancen hacia estadios de mayor eficiencia, fortalecer las herramientas de que dispone el ciudadano ante la Administración para ejercitar sus derechos, así como dotar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mediante la Dirección de Mejora Regulatoria, de nuevas atribuciones para hacer cumplir la ley.

Con base en todos los aspectos supra señalados, y convencidos que este proyecto de ley aportará al Estado costarricense una notable mejoría en su quehacer institucional y en el servicio que presta a los ciudadanos y empresas, presentamos a consideración de las Señoras y Señores Diputados el texto que a continuación se indica.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO 1- Se reforman los artículos 4, 7, 10, 11, 12 y 13 de la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 marzo de 2002. Los textos son los siguientes:

Artículo 4- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley

Todo trámite o requisito, con independencia de su fuente normativa o de la materia de que se trate, para que pueda exigirse al administrado deberá:

a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o disposiciones administrativas como resoluciones generales. b) Estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta y en el Catálogo Nacional de Trámites.

Se crea el Catálogo Nacional de Trámites como un instrumento que estará constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban realizar los ciudadanos.

Para el caso de los instructivos, manuales, formularios, anexos y demás documentos correspondientes a un trámite o requisito, deberán estar publicados en el Catálogo Nacional de Trámites y exponerse en un lugar visible dentro del sitio web de la institución, debiendo cumplir de previo con el control regulatorio ordenado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Las oficinas de información al administrado de las entidades u órganos de la Administración Pública serán las encargadas de explicar al administrado los trámites o requisitos. En caso de no contar con esa oficina, la institución deberá designar un departamento ya establecido o un funcionario para este fin.

Artículo 7- Procedimiento para aplicar el silencio positivo

Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, procederá el silencio positivo de pleno derecho y se tendrán por aprobadas tales solicitudes, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legalmente establecidos.

En el caso de aquellos trámites que para el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones que no cuenten con un plazo previamente definido de resolución, se tendrá de hasta un máximo de diez días hábiles para tal efecto.

De igual manera, en el caso de trámites o requisitos que sean necesarios para otro trámite, en aplicación del silencio positivo, el administrado podrá continuar con las gestiones subsiguientes.

Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado presente a la Administración una declaración jurada, firmada por el administrado en presencia del funcionario o bien mediante documento electrónico con firma digital, describiendo uno a uno el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de los permisos, las licencias o las autorizaciones y que la Administración no resolvió dentro del plazo correspondiente, y debiendo en el acto la Administración dejar constancia de la aplicación del silencio positivo mediante un documento físico o electrónico que confirme el recibido de la solicitud en el que conste la declaración aportada y aplicación del silencio positivo.

Estos requisitos serán únicamente los estipulados expresamente en las leyes, los decretos ejecutivos, los reglamentos o disposiciones administrativas como resoluciones generales, y que se encuentren debidamente publicados en el Catálogo Nacional de Trámites, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley.

En el cumplimiento de este procedimiento, la Administración deberá coordinar a lo interno para informar al oficial de simplificación de trámites, de conformidad con el artículo 11 de esta ley.

Ninguna institución podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo. Cuando sea procedente, la Administración aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o iniciará un proceso judicial de lesividad del Código Procesal Contencioso Administrativo para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron cumplidos.

Quedan exceptuados de la aplicación del silencio positivo, las licencias, permisos y autorizaciones que por resolución judicial o de ley que específicamente así lo establezcan, debiendo señalar expresamente cada institución en el Catálogo Nacional de Trámites en qué casos específicos no resulta aplicable esta figura, so pena de incurrir en una falta administrativa por parte del Oficial de Simplificación de Trámites.

Artículo 10- Responsabilidad de la Administración y el funcionario

El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública como al funcionario público y a su superior jerárquico, por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta ley.

La responsabilidad de la Administración se regirá por lo establecido en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; la responsabilidad civil y administrativa del funcionario público, por sus artículos 199 y siguientes, y 358 y siguientes; la responsabilidad penal del funcionario público, conforme lo ordena la legislación penal.

Se considerarán como faltas leves, graves y muy graves los siguientes incumplimientos específicos de la presente ley:

1- Faltas leves

a) Al Jerarca de una institución, contar con trámites no sujetos a plazo para su resolución. b) Al Jerarca, no presentar el informe de cumplimiento de las herramientas en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites, requeridos por la Rectoría según lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley c) Al funcionario, no responder a un administrado sobre el estado de un trámite.

2- Faltas graves

a) Al Jerarca de la institución, no brindar publicidad a los trámites. b) Al Funcionario, no respetar las competencias de otros entes, órganos o instituciones públicas. c) Al Funcionario o el Jerarca, incumplir el procedimiento de coordinación institucional e interinstitucional. d) Al Funcionario, irrespetar el trámite ante única instancia administrativa, no aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de los establecidos en la ley, los decretos ejecutivos los reglamentos. e) Al Jerarca, no celebrar injustificadamente acuerdos o convenios cuando corresponda entre entidades u órganos de la Administración Pública para compartir información requerida para determinado trámite. f) Al Oficial de Simplificación de Trámites, no publicar o no mantener actualizado en el Catálogo Nacional de Trámites todos los trámites de su institución. g) Al Oficial de Simplificación de Trámites, no presentar el informe sobre cumplimiento de los Planes de Mejora Regulatoria, según lo establecido en reglamento de esta misma ley. h) Al Funcionario responsable, no resolver en el plazo otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, en aquellos casos en los que el silencio positivo no opere, sea por razones de resolución judicial o por disposición legal expresa. i) Al Funcionario o Jerarca que sea sancionado en dos o más ocasiones, por una falta leve, en un periodo de un año.

3- Faltas muy graves

a) Al Funcionario o el Jerarca, incumplir el procedimiento para la aplicación del silencio positivo, según lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley. b) Al Funcionario, no resolver las peticiones, gestiones, solicitudes y demás documentos dentro del plazo establecido para cada uno de esos trámites en la Ley General de la Administración Pública o en ley especial. c) Al Funcionario rechazar los documentos expedidos válidamente por otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia competencia. d) Al Oficial de Simplificación de Trámites no realizar la evaluación costo-beneficio de la regulación. e) Al Funcionario incumplir los criterios técnicos emitidos por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, de conformidad con las obligaciones establecidas en esta ley y los principios de mejora regulatoria. f) Al Funcionario o Jerarca sea sancionado en dos o más ocasiones, por una falta grave en un periodo de un año.

En aplicación del inciso c) de faltas muy graves, cuando un funcionario considere que algún documento expedido por otra institución pueda presentar vicios susceptibles de producir una nulidad, así lo comunicará a la institución que lo emitió, y contará con un plazo perentorio de ocho días hábiles para comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo sin tener respuesta tendrá la obligación de aceptar la validez del documento, siempre y cuando este no sea anulado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, título VI, libro I de la Ley General de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.

En la declaratoria de responsabilidad personal del funcionario público en sede administrativa se impondrán, en su orden, según la gravedad del hecho y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente, las siguientes sanciones:

i) Faltas leves: amonestación escrita. ii) Faltas graves: suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de tres a ocho días. iii) Faltas muy graves: suspensión sin goce de salario o remuneración de cualquier clase o forma de ocho a treinta días. iv) Despido sin responsabilidad patronal, para quien haya sido sancionado en más de dos ocasiones por faltas muy graves, en el plazo de un año.

Para efectos de responsabilidad personal del funcionario público, se aplicará el procedimiento administrativo ordinario dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.

Las instituciones del Estado en las que el régimen disciplinario está regulado por ley o normativa especial, se ajustarán a dicha regulación específica para el trámite del procedimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Artículo 11- Rectoría

El Ministro (a) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria será el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria y, como tal, deberá velar y supervisar el cumplimiento de esta Ley.

Los órganos y entidades contemplados en el artículo 1 de esta Ley serán también responsables de velar por su cumplimiento y por el seguimiento de los planes de mejora regulatoria que se establezcan por medio del Oficial de Simplificación de Trámites designado por el jerarca respectivo. Estos oficiales junto con el jerarca serán los responsables de dar seguimiento a las disposiciones de esta Ley.

Para ello se creará una red de Oficiales de Simplificación de Trámites, la cual sesionará al menos una vez cada 3 meses para dar seguimiento y coordinar las acciones institucionales que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley, bajo la coordinación del Oficial de Simplificación de Trámites del MEIC. Reglamentariamente se definirá su esquema de funcionamiento.

Cada ente autónomo, semiautónomo o con autonomía universitaria establecerá sus planes de mejora regulatoria y designará a sus oficiales de simplificación de trámites, y tendrá como referente los criterios que en esta materia emita el órgano rector.

El Ministro (a), como parte de su rectoría política, entre otras atribuciones, podrá:

a) Dictar las políticas y estrategias que establezcan los objetivos en Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites para la Administración Pública en su conjunto. Las directrices que se emitan serán vinculantes para las instituciones autónomas y descentralizadas, en cuyo caso se emitirán conjuntamente con la persona que ostente el cargo de Presidente de la República.

b) Definir áreas de atención prioritaria para la Mejora Regulatoria y la Simplificación de Trámites, a ser consideradas en los Planes de Mejora Regulatoria y en cualquier otro instrumento de alcance general sobre la materia.

c) Solicitar a los jerarcas de las instituciones públicas contempladas en el artículo 1 de esta Ley con trámites que impacten a los ciudadanos y al sector productivo, a incorporarlos en sus Planes de Mejora Regulatoria. d) Solicitar a los Oficiales de Simplificación de Trámites resultados de sus procesos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, y las acciones correctivas a tomar, según corresponda.

e) Ordenar la eliminación en la base de datos del Catálogo Nacional de Trámites, de los trámites que incumplan con los requisitos de calidad de información definidos por la Dirección de Mejora Regulatoria.

f) Ejercer la dirección política de las medidas que la Administración Pública realiza en Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, a fin de lograr una acción unívoca e integrada.

g) Impulsar de oficio o a instancia de parte acciones de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en aquellas áreas de la actividad estatal donde sea necesario.

h) Solicitar la realización de análisis de impacto regulatorio expost de regulaciones o trámites que se estimen necesarios para coadyuvar al cumplimiento de objetivos en Mejora Regulatoria.

i) Solicitar a los destinatarios de trámites o regulaciones criterio sobre su impacto, de manera que pueden ser considerados en los instrumentos de mejora regulatoria y simplificación de trámites a implementar por las instituciones públicas.

j) Solicitar la elaboración de estudios específicos del estado de trámites y regulaciones por sector de actividad o a nivel institucional.

k) Requerir información para elaborar informes o instrumentos de política pública en mejora regulatoria y simplificación de trámites, debiendo las entidades y órganos de la Administración facilitar el acceso a la información solicitada.

Los jerarcas de las entidades y órganos contemplados en el artículo 1 de esta Ley deberán rendir cuentas sobre el desempeño institucional en el cumplimiento de las herramientas de Mejora Regulatoria, a solicitud del Rector, para ser visibilizados en espacios estratégicos de decisión política, incluyendo lo relacionado con el estado de sus trámites en el Catálogo Nacional de Trámites.

Artículo 12- Evaluación costo-beneficio

Las instituciones señaladas en el artículo 1 de la presente ley están obligadas a realizar una evaluación costo-beneficio antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el administrado ante la Administración y, en todo momento, velarán por que tales regulaciones cumplan, en todos sus alcances, con la presente ley y los principios de la mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta ley. Aquellas regulaciones que cuenten con dictamen técnico afirmativo de la Dirección de Mejora Regulatoria para continuar con su proceso de publicación final dispondrán de hasta 1 año para ese fin, de lo contrario, deberán realizar nuevamente todo el trámite en el Sistema de Control Previo.

Los encargados de velar por el cumplimiento de esta obligación serán el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, podrá establecer lineamientos generales que permitan la implementación paulatina de un análisis de impacto regulatorio más allá de que contengan trámites, requisitos o procedimientos, mismos que deberán aplicar las instituciones y órganos que conforman la Administración Pública, según se disponga reglamentariamente.

De igual manera, las entidades y órganos de la Administración realizarán un análisis de su inventario normativo existente, en los términos de calidad regulatoria, según se defina reglamentariamente, debiendo procederse a su inclusión en los planes de mejora regulatoria en los casos en que se determine su necesidad de ajuste, proceso dentro del cual deberán considerar el criterio de sus destinatarios.

Artículo 13- Criterio del órgano rector

El criterio técnico que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites existentes cubiertos por esta ley, así como sobre la emisión de nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para todas las instituciones dispuestas en el artículo primero de la presente ley.

En el caso de las instituciones autónomas y descentralizadas, dicho criterio será emitido conjuntamente con quien ocupe el cargo de Ministro o Ministra de Economía, Industria y Comercio.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 15 a la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 marzo de 2002, El texto es el siguiente:

Artículo 15- Del uso de Instrumentos de Simplificación de Trámites

En los trámites que realicen los administrados, la Administración Pública deberá hacer uso de la declaración jurada o cualquier otro mecanismo de simplificación, así como de instrumentos de verificación posterior para asegurar el cumplimiento de lo declarado bajo juramento, a fin de agilizar y reducir trámites, por encima de instrumentos de control documental previo, salvo en aquellos casos donde se justifique con razones de eficiencia, riesgo o de legalidad la imposibilidad de su uso.

Lo anterior será tutelado en el marco de la aplicación a lo dispuesto en artículo 12 de la presente ley, según se defina reglamentariamente.

La Administración Pública, centralizada y descentralizada, deberá formular un listado de las licencias, permisos, autorizaciones, requisitos o cualquier otro trámite propio de su competencia, que podrán ser obtenidos mediante declaración jurada; e indicarlo de esa manera en la ficha de cada uno de los trámites contenidos en el Catálogo Nacional de Trámites. De igual manera, cada institución de la Administración Pública deberá disponer de una guía pública a incluir en la ficha señalada sobre los contenidos a verificar según el trámite.

Para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otro trámite requerido por el administrado, incluyendo la materia de salud, ambiente y autorizaciones municipales, la Administración podrá conceder aprobaciones temporales sujetas al cumplimiento de requisitos posteriores en un plazo de hasta seis meses, en los casos que cada una lo defina, debiendo el administrado cumplir con lo pendiente.

En caso de incumplimiento del interesado a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá la Administración proceder a la revocatoria de lo otorgado sin más trámite, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que procedan.

TRANSITORIO I- En el plazo de 1 año, el Ministerio de Hacienda adoptará las medidas pertinentes a fin de dotar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de los recursos económicos para asumir las funciones aquí encomendadas. Para ello, el MEIC justificará técnicamente los recursos financieros, humanos, los servicios tecnológicos y equipos requeridos.

TRANSITORIO II- En un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los trámites al usuario deberán registrarse en el Catálogo Nacional de Trámites. Al vencimiento de este plazo, la solicitud de requisitos que no se encuentren publicados en dicho Catálogo se sancionará conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley no. 8220 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, según corresponda.

TRANSITORIO III- En un plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, las instituciones y órganos de la Administración Pública deberán cumplir con la publicación señalada en el artículo 7 párrafo final la Ley no. 8220 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Silvia Vanessa Hernández Sánchez

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Yorleni León Marchena Paola Alexandra Valladares Rosado Aida María Montiel Héctor

Sylvia Patricia Villegas Álvarez Melvin Ángel Núñez Piña

Erwen Yanan Masís Castro Mileidy Alvarado Arias

Gustavo Alonso Viales Villegas Luis Antonio Aiza Campos

Floria María Segreda Sagot Otto Roberto Vargas Víquez

Zoila Rosa Volio Pacheco Wálter Muñoz Céspedes

Jorge Luis Fonseca Fonseca Ana Karine Niño Gutiérrez

David Hubert Gourzong Cerdas

Diputadas y diputados

1 de diciembre de 2020

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.