Proyecto para asegurar a jornaleros mordidos por serpientes ya es ley

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO AL TÍTULO IV, CAPÍTULO I, DEL CÓDIGO DE TRABAJO, N°2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943. LEY PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR MORDEDURASDE SERPIENTES.

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO

EXPEDIENTE N° 22.334

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO AL TÍTULO IV, CAPÍTULO I, DEL CÓDIGO DE TRABAJO, N°2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943. LEY PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR MORDEDURASDE SERPIENTES.

Expediente N° 22.334

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Mediante la presente iniciativa se pretende garantizar la cobertura universal del seguro de riesgos del trabajo a todas las personas trabajadoras que sufran envenenamientos por mordeduras de serpientes, como parte de la responsabilidad del Estado costarricense de asegurar que no exista contradicción entre el derecho a gozar de una vida saludable y el derecho a un trabajo digno que no menoscabe o degrade la condición de dignidad humana.

Los envenenamientos por mordeduras de serpientes constituyen un grave problema de salud pública, que afecta principalmente a poblaciones rurales en regiones tropicales y subtropicales de América Latina, África sub-Sahariana y Asia. Las poblaciones y personas afectadas son principalmente trabajadores agrícolas de sectores vulnerables en condiciones de pobreza que habitan en zonas rurales. Los envenenamientos perpetúan el ciclo de la pobreza, al obligar a las personas afectadas y sus familias a cubrir los costos del tratamiento y al afectar su integridad física y psicológica, limitando sus posibilidades laborales, con lo que se genera una onda expansiva de sufrimiento social.

En el caso particular de Costa Rica, las mordeduras de serpiente han sido una de las afectaciones a la salud que históricamente más ha aquejado a las personas trabajadoras del campo. De hecho, su desatención fue uno de los principales detonantes de la Gran Huelga Bananera de 1934, tal como nos recuerda la historiadora Marielos Aguilar Hernández:

“La ausencia casi total de asistencia médica en los casos de enfermedad o accidentes de trabajo, era otro de los grandes problemas que afectaba a los bananeros. Las mismas condiciones climáticas de la región aumentaban el riesgo de contraer enfermedades como el paludismo y otras fiebres. A esto se sumaban los numerosos accidentes de trabajo, entre los cuales uno de los más comunes fue la mordedura de serpiente.” (Aguilar, 1991).

Manuel Moral Valverde, Benemérito de la Patria, exdiputado y joven dirigente de aquella lucha social, también evocaba este capítulo de nuestra historia en sus memorias:

“Entonces morían por centenares los trabajadores, que vivían entre pantanos, entre nubes de zancudos, mal pagados y mal alimentados. Se hacinaban como animales y morían por centenares de paludismo o de mordeduras de serpientes. (“La Huelga Bananera de 1934, 1977)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, cada año, ocurren en el mundo entre 1.8 y 2.7 millones de casos de envenenamientos por mordeduras de serpientes, de los cuales resultan entre 81.000 y 138.000 muertes, y 400.000 personas con algún tipo de secuelas permanentes. Pese al enorme impacto de este problema de salud pública, el mismo ha sido muy desatendido por autoridades internacionales de salud, empresas farmacéuticas y grupos de investigación científico-tecnológica.

Por esta razón, la OMS declaró el envenenamiento ofídico como una “enfermedad tropical desatendida” de las más prioritarias, el 25 de mayo de 2018, durante la 71ª Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, mediante una resolución histórica que cosecha esperanza para miles de personas que luchan diariamente por no morir en minutos tras ser alcanzados por la mordedura de una serpiente.

En Costa Rica, ocurren alrededor de 600 casos de mordeduras de serpiente cada año, para una incidencia de 13.8 mordeduras por 100.000 habitantes. Las personas afectadas son principalmente trabajadores agrícolas menores de 35 años (47% del total de casos) en condiciones de pobreza y con mayor probabilidad en las provincias de Puntarenas, Limón, Alajuela y Cartago.

Entre la población más vulnerable se han identificado a las personas trabajadoras agrícolas que no se encuentran aseguradas. En la investigación realizada por Jazmín Arias Rodríguez sobre “La vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas ante la mordedura de serpiente” (2020) se determinó que de una muestra de 15 personas entrevistadas lo siguiente:

“(…) de quienes estaban desarrollando labores agrícolas al momento de la mordedura 5 lo hacía como asalariados, 4 como jornaleros y 2 como trabajadores por cuenta propia (campesinos). Esto responde al patrón del cambio en la estructura productiva rural que ha venido vivenciando el país desde la inserción del capital dentro del agro; el acaparamiento de tierras en pocas manos ha provocado una proletarización del campesinado quienes han debido vender su fuerza de trabajo ya sea de manera formal “Trabajo donde presupone una transacción entre dos sustancias diferentes, por un lado energía física y/o intelectual y, por otro lado, remuneración y prestigio y otras dimensiones materiales o simbólicas que pueden agregar.” (De la Garza, 2003, p.343), en el cual pueden ubicarse los trabajadores agrícolas asalariados permanentes. O de manera informal “Condiciones de trabajo precarias, empleos o trabajos inestables, ingresos relativamente bajos, y la falta de seguridad social y de legalidad de las actividades económicas” (p.527) en el que tienen cabida los trabajadores agrícolas asalariados por jornal.

(…)

Dentro del grupo de personas entrevistadas que no estaban desarrollando labores agrícolas al momento de la mordedura, dos de ellos desarrollan actualmente trabajo jornalero y trabajo por cuenta propia (campesino); por lo que en la actualidad tienen un nivel mayor de vulnerabilidad a sufrir mordeduras de serpiente.”

Nuestro ordenamiento jurídico tutela el derecho de toda persona trabajadora a contar con la protección del seguro de riesgos del trabajo frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades que padezcan las personas trabajadoras con ocasión o como consecuencia de su trabajo. Así se desprende de los artículos 21, 56, 73 y 74 de la Constitución Política y del Título IV del Código de Trabajo, reformado integralmente en 1982 por la N°6727. Sin embargo, a pesar de todos estos avances no hemos logrado garantizar plenamente este derecho a las personas trabajadoras del campo que sufren envenenamientos por mordeduras de serpiente, especialmente en relación con los tratamientos posteriores para enfrentar las secuelas, en el caso de personas trabajadoras bajo modalidad de jornaleros, trabajadores independientes o por cuenta propia, que no contaban con un seguro al momento de sufrir la mordedura de serpiente.

Si bien todas las personas afectadas reciben los tratamientos de emergencia para salvar su vida, el problema principal se presenta cuando como consecuencia del envenenamiento por mordedura de serpiente se genera una incapacidad temporal o permanente. A partir del reconocimiento de un determinado accidente o una enfermedad como un riesgo de trabajo, la persona trabajadora tiene derecho a las prestaciones por: i) asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica o de rehabilitación; ii) prótesis y aparatos médicos requeridos para corregir deficiencias funcionales; iii) prestaciones en dinero por indemnizaciones por incapacidad temporal, permanente o muerte; iv) gastos de traslado; v) hospedaje y alimentación, en caso de que deba trasladarse para la atención médico-hospitalaria o la rehabilitación; vi) readaptación, reubicación y rehabilitación laboral en caso de que sea factible.

No obstante, tras el estudio de casos relacionados con envenenamientos por mordedura de serpiente, se han identificado dos debilidades relacionadas con los riesgos de trabajo:

(1) Pacientes en condiciones de pobreza que sufren mordeduras de serpientes y que no están asegurados, al ser tratados en los hospitales y clínicas de la CCSS, deben luego cubrir el costo de ese tratamiento. Además no pueden acceder a procesos de recuperación post internamiento ni a incapacidades que les brinden un soporte económico mensual durante el tiempo en el que no pueden laborar. Esto impacta directamente en su estabilidad económica agudizando, con frecuencia, la espiral de pobreza, con el consiguiente impacto personal, familiar y comunitario.

(2) Un porcentaje de personas que sufren envenenamientos (que se ha estimado en un 10% de las personas envenenadas) sobreviven, pero quedan con secuelas físicas permanentes (pérdida de movilidad en una extremidad, pérdida de masa muscular, dolor crónico, amputación), lo cual impacta de manera drástica en su calidad de vida y causa un enorme desmejoramiento de las condiciones sociales de su familias y comunidades. Muchas de estas personas, por diversos motivos, no pueden acceder a programas de recuperación, fisioterapia, cirugías reconstructivas y terapia psicológica. Tampoco califican para el otorgamiento de pensiones, subsidios e indemnizaciones.

No existe motivo alguno para que permitamos que estos problemas sigan perpetuándose. Costa Rica ha sido una excepción en el contexto mundial y latinoamericano de desatención a los envenenamientos ofídicos, ya que el país ha realizado importantes esfuerzos para enfrentar el problema, tanto a nivel nacional como regional e, incluso, global. Desde inicios del siglo XX, el Dr. Clodomiro Picado Twight (1877-1944) desarrolló una destacada labor científica y salubrista para estudiar este tema y para buscar soluciones al mismo, trabajando en el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios.

Mención aparte merecen los avances que se han gestado desde el Instituto Clodomiro Picado (ICP) de la Universidad de Costa Rica, el cual, desarrolló, desde sus inicios, una filosofía integral y holística en el manejo del problema del ofidismo en el país, combinando la producción de antivenenos con la investigación científico-tecnológica en el tema, el desarrollo de programas de extensión dirigidos a la prevención y el adecuado manejo de los envenenamientos, y la docencia universitaria de grado y posgrado. Desde un inicio, se dio una relación muy estrecha entre el ICP y otras instituciones del sector salud del país, particularmente la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud, desde una perspectiva de integración y cooperación inter-institucional. Gracias a esta estrategia holística y de largo aliento, el país ha enfrentado con éxito el flagelo de los envenenamientos ofídicos, al contar con volúmenes suficientes de antivenenos distribuidos en los hospitales, clínicas y algunos EBAIS a lo largo y ancho del territorio nacional. Además Costa Rica cuenta con profesionales de la salud capacitados para el diagnóstico y tratamiento de los envenenamientos, así como con programas divulgativos a nivel comunitario que garantizan que las personas que sufren una mordedura sepan qué hacer y dónde acudir a recibir el tratamiento. Se ha dado particular importancia al trabajo en comunidades rurales de regiones donde este problema tiene mayor impacto, así como con grupos vulnerables, tales como las comunidades indígenas. También nuestro país ha desarrollado una sólida base científico-tecnológica en el tema, que ha sido reconocida a nivel internacional y le permite a Costa Rica participar en redes académicas globales.

La experiencia acumulada en el combate de esta enfermedad tropical en Costa Rica ha servido para que el país se proyecte a niveles regional y global, estableciendo alianzas de investigación con grupos de muchos países y aportando en el desarrollo y distribución de antivenenos para diversas regiones del mundo. Actualmente Costa Rica, a través del ICP, distribuye antivenenos a todos los países de Centroamérica, así como a Ecuador. Más aún, se produce en Costa Rica un antiveneno para el tratamiento de envenenamientos en el África sub-Sahariana, el cual se distribuye a Nigeria, Burkina Faso, Mali, Benín Costa de Marfil y la República Centroafricana.

Precisamente fue el esfuerzo conjunto entre el ICP de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Misión Permanente de Costa Rica ante los organismos de las Naciones Unidas en Ginebra lo que permitió estructurar una iniciativa internacional con países de todos los continentes, para la adopción, por parte de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2018, de la resolución antes mencionada para hacer visible y enfrentar a nivel global este flagelo de la salud pública. Esta acción se ha continuado con la elaboración, por parte de la OMS, de una hoja de ruta para reducir el impacto de este problema.

En este contexto, Costa Rica puede nuevamente marcar la diferencia, sentando las bases para que ninguna persona trabajadora que sufra envenenamientos por mordedura de serpiente en el territorio nacional quede desamparada y que nunca más las secuelas de esta terrible enfermedad sean desatendidas. Por ello se propone adicionar un artículo al Código de Trabajo, con la finalidad de extender la cobertura del seguro de riesgos del trabajo a todas las personas trabajadoras independientes no aseguradas previamente que sufran envenenamientos por mordeduras de serpiente.

De esta manera y de conformidad con la filosofía de los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política, se busca brindar una protección especial a personas trabajadoras altamente vulnerables, que, en la inmensa mayoría de los casos, se encuentran con condición de pobreza y que al no contar con un empleo estable, pueden perder su única fuente de sustento y la de sus familias, si el envenenamiento deviene en una incapacidad.

Por último, con el objetivo de dar viabilidad económica a esta medida de protección se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a cubrir su costo con recursos de la reserva de reparto del seguro de riesgos del trabajo. En este sentido, cabe recordar que esta reserva precisamente está destinada a incorporar mejoras al régimen en beneficio de las personas trabajadoras, según lo dispuesto en el artículo 205 del Código de Trabajo. Además de los excedentes que produzca la operación de este seguro, dicha reserva se financia con el diez por ciento (10%) de las utilidades de la operación de seguros comerciales del INS, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Protección al Trabajador (N° 7983 de 16 de febrero de 2000). De hecho, cuando esta reforma se realizó con la finalidad fortalecer el régimen de riesgos de trabajo, un objetivo prioritario era justamente la extensión gradual y progresiva de este seguro social a personas trabajadoras independientes en condición de vulnerabilidad, que no cuentan con protección en caso de accidentes o enfermedades laborales. Ha llegado el momento de empezar a saldar esta deuda.

En virtud de las consideraciones expuestas, someto presente iniciativa de ley a la consideración de las señoras y los señores diputados, para su estudio y pronta aprobación.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO AL TÍTULO IV, CAPÍTULO I, DEL CÓDIGO DE TRABAJO, N°2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943. LEY PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR MORDEDURASDE SERPIENTES.

ARTÍCULO ÚNICO- Para que se adicione un nuevo artículo 200 ter al Título IV, Capítulo I, del Código de Trabajo, N°2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 200 ter- Tendrán derecho a la protección del seguro dispuesto en este título, las personas trabajadoras agrícolas independientes que no se encuentren aseguradas, cuando en el ejercicio de las labores agrícolas sufran de envenenamiento por mordedura de serpiente.

Se autoriza al INS a cubrir los costos de atención de las personas trabajadoras descritas en el párrafo anterior, con recursos de la reserva de reparto, que se financia con los excedentes del seguro de riesgos del trabajo y que se destinan a la mejora del régimen, según lo establecido en el artículo 205 del Código de Trabajo.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada Diputado

07 de diciembre de 2020

NOTAS: Este Proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.