Factoreo: proyecto que quitó permiso del Micitt ya es Ley 10073
La reforma eliminó la autorización previa del Micitt para plataformas privadas de factoreo y ya rige como Ley 10073 desde enero de 2022.
Título oficial REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 9691, LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO DEL 3 DE JUNIO DE 2019
Atención: La reforma quita la autorización previa del Micitt para plataformas privadas de factoreo y ya rige como Ley 10073 desde el 18 de enero de 2022.
La letra pequeña
Encontramos un artículo que no calza con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Entidades privadas de factoreo
El artículo 22 anterior exigía autorización del Micitt antes de abrir plataformas privadas. La reforma quita ese requisito y deja solo el cumplimiento de la Ley 8968 cuando aplique.
Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo.
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Entidades privadas que quieren abrir plataformas electrónicas de factoreo: ya no necesitan autorización previa del Micitt
- Entidades de factoreo: siguen pagando el costo de operación de las plataformas
- Entidades del sector público que actúan como pagadores: deben usar la plataforma del ICE
- Pequeñas y medianas empresas que usan factoreo para obtener crédito
A quién beneficia
- Las entidades privadas de factoreo dejan de depender de un permiso del Micitt para operar plataformas
- El ICE mantiene la operación de la Plataforma Electrónica de Factoreo
- El cobro del ICE se rige por el principio de servicio al costo
Qué cambia
- La Ley 10073 rige desde el 18 de enero de 2022
- El Poder Ejecutivo debe reglamentar lo que considere necesario según el transitorio único
- Las plataformas privadas deben cumplir la Ley 8968 de protección de datos cuando aplique
La explicación completa
El proyecto que reformó el artículo 22 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo ya no está en trámite. Se convirtió en la Ley 10073, publicada el 18 de enero de 2022 1.
Qué propone
El proyecto proponía quitarle al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) la obligación de autorizar a las entidades privadas antes de que abran plataformas electrónicas de factoreo (art. único).
El artículo 22 vigente en ese momento exigía esa autorización previa del Micitt 3. El texto nuevo dejaba solo la regla de que las plataformas privadas deben cumplir, cuando aplique, la Ley 8968 de protección de datos personales (art. único).
El texto también mantenía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo (art. único). Esa plataforma sigue siendo de uso obligatorio para las entidades del sector público cuando actúan como pagadores.
El costo de operar las plataformas seguía a cargo de las entidades de factoreo (art. único). Para la plataforma del ICE, el cobro se rige por el principio de servicio al costo.
La Ley 10073 que resultó tiene dos artículos. El primero reforma el artículo 22 de la Ley 9691 1. El segundo agrega un transitorio único para que el Poder Ejecutivo reglamente lo que considere necesario.
En qué va el trámite
El expediente 22340 ya terminó su trámite y es ley. La ficha registra el último paso en comisión el 19 de agosto de 2021 2.
La Asamblea aprobó la reforma en segundo debate el 23 de septiembre de 2021 00:00:10. La Ley 10073 rige desde su publicación, el 18 de enero de 2022 1.
El plazo cuatrienal del expediente vencía el 2 de diciembre de 2024 2. No aplica porque la ley ya se publicó.
Lo que se dijo en la Asamblea
La comisión permanente de asuntos económicos dictaminó de forma afirmativa el expediente 22340 el 28 de abril de 2021 00:00:09.
En esa sesión se explicó qué es el factoreo. Una empresa o persona cede a la empresa de factoreo sus cuentas por cobrar de terceros deudores, a cambio de un precio acordado 00:00:28.
La grabación también describe el contenido del proyecto. Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo y el costo corre a cargo de las entidades de factoreo 00:00:48.
El 23 de septiembre de 2021, la comisión plena segunda aprobó el expediente 22340 00:00:10. La misma grabación resume el cambio: las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo y el costo de operación corre a cargo de las entidades de factoreo 00:00:21.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre la reforma y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El propio proyecto citaba el artículo 28 de la Constitución para defender la libertad contractual Constitución, art. 28. Ese artículo dice que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.
El proyecto argumentaba que pedir una autorización previa al Micitt podía limitar la libertad de contratación sin una causa de orden público (art. único). Al quitar ese permiso, la reforma va en la dirección que el texto consideraba correcta.
El artículo 46 de la Constitución prohíbe los actos que restrinjan la libertad de comercio e industria Constitución, art. 46. La reforma elimina un requisito para operar plataformas privadas, así que no parece sumar una restricción nueva.
El artículo 124 de la Constitución pide dos debates en días distintos y la sanción del Poder Ejecutivo para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124. La Ley 10073 se publicó el 18 de enero de 2022, después de la aprobación en segundo debate del 23 de septiembre de 2021 1 00:00:10.
Qué puede hacer usted
La ley ya está publicada, así que las herramientas para cambiar el texto durante el trámite ya no sirven. Quedan las de control y consulta.
Puede pedir información sobre el estado de un proyecto o sobre la legislación aprobada a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la plataforma del ICE guía, p. 68. La Contraloría revisa presupuestos de empresas públicas como el ICE.
Puede presentar una acción de inconstitucionalidad si considera que la ley infringe un principio constitucional guía, p. 24. Para eso necesita un asunto pendiente ante los tribunales o la vía administrativa, salvo que defienda intereses difusos.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuántas plataformas privadas de factoreo operan hoy ni cuántas pidieron autorización al Micitt antes de la reforma.
El dossier no incluye el texto completo de la Ley 10073, solo el fragmento citado por SINALEVI.
El dossier no dice si el Poder Ejecutivo ya emitió el reglamento del transitorio único.
El dossier no permite saber cuánto cobra el ICE por operar la plataforma ni cuántas entidades públicas están conectadas.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
La reforma elimina un requisito de autorización previa y no suma restricciones nuevas. El Censo no encontró un choque claro con los artículos del dossier.
Constitución, art. 28"Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley."
Esta ley, art. único"Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo."
Sin choque aparente El proyecto citaba este artículo para decir que pedir permiso al Micitt limitaba la libertad contractual. Al quitar el permiso, la reforma va en esa dirección.
Constitución, art. 46"Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria."
Esta ley, art. único"Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo."
Sin choque aparente La reforma quita un requisito para operar plataformas privadas. No agrega una restricción al comercio.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:10
"los diputados de la comisión plena segunda aprobaron el expediente 22 mil 340 reforma al artículo 22 de la ley marco del contrato del factor"
- 00:00:21
"la iniciativa establece que las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factores y el costo de la operación de dichas plataformas correrá a cargo de las entidades de factores"
- 00:00:09
"los diputados que conforman la comisión permanente de asuntos económicos dictaminaron de manera afirmativa el expediente 22 mil 340 reforma al artículo 22 de la ley 96 91 ley marcos del contrato de factores"
- 00:00:48
"la iniciativa establece que las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factores el coste la operación de las plataformas correrá a cargo de las entidades de factores"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 10073: Reforma Ley Marco del Contrato de Factoreo (Vigente)
- Expediente 22340: REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 9691, LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO DEL 3 DE JUNIO DE 2019
- Ley 9691: Ley Marco del Contrato de Factoreo (Vigente)
- DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA A LA LEY MARCO DEL FACTOREO
- DIPUTADOS REFORMAN LEY MARCO DE FACTOREO
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
“REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 9691, LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO, DEL 3 DE JUNIO DE 2019”
PABLO HERIBERTO ABARCA MORA Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS
EXPEDIENTE N°22.340
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 9691, LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO, DEL 3 DE JUNIO DE 2019
EXPEDIENTE N° 22.340
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Ley Marco del Contrato de Factoreo, Ley N° 9691, fue publicada en el Alcance N° 192 a La Gaceta N° 162 del 29 de agosto del 2019, vigente a partir del 29 de setiembre de 2019. Dicha Ley vino a establecer un marco normativo para la actividad de Factoreo en Costa Rica, en vista de que el contrato de factoreo, anteriormente no se encontraba regulado de forma específica en la nuestra legislación.
La Ley en su artículo 2 inciso b), define el Contrato de Factoreo como: el “contrato de gestión mercantil mediante el cual una persona física o jurídica que desarrolla una actividad lucrativa, llamada cliente, transmite a la empresa de factoreo, llamado factor, sus derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros de terceros deudores, sea mediante facturas o cualquier otro efecto comercial, a cambio de una remuneración previamente estipulada.”
Dentro de las ventajas que posee la utilización de la esta figura comercial, se puede destacar que su uso contribuye a que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener acceso al crédito de forma más sencilla, económica y rápida, mejorando así su flujo de efectivo. Además, favorece al ahorro de las empresas en gastos administrativos, como los relacionados con la gestión de cobro, y acarrea beneficios contables al simplificar dichas tareas.
La Ley N° 9691, Ley Marco del Contrato de Factoreo, en su artículo 22, regula el uso de plataformas electrónicas para la implementación de factoreo, y al respecto dispuso:
“ARTÍCULO 22- Plataformas electrónicas
Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo. Para ello, deberán contar previamente con la autorización emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo. Toda plataforma electrónica de factoreo debe cumplir las condiciones de operación requeridas en el presente capítulo III, Uso alternativo de medios electrónicos.
Se autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o una de sus empresas, de conformidad con la Ley N° 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica pueda establecer y operar la Plataforma Electrónica de Factoreo, que será de uso obligatorio para todas las entidades del sector público, cuando actúen como pagadores. El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo, el cual será de conformidad con el principio de servicio al costo. Las personas físicas o jurídicas del sector privado también podrán utilizar esta plataforma.
Las entidades públicas con registros o bases de datos, relacionadas con el objeto de la presente ley, deberán realizar la interconexión necesaria con la plataforma electrónica de factoreo citada en este párrafo.” (el resaltado es intencional)
Del texto anterior se desprende que la ley estableció para el al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la obligación de otorgar una autorización previa para que las entidades privadas puedan implementar plataformas electrónicas de factoreo. Dicha obligación repercute en la actividad del Ministerio por lo que se procede a analizar la naturaleza jurídica y competencia, en relación con la actividad dispuesta por el artículo 22 de la Ley N° 9691, Ley Marco del Contrato de Factoreo.
Respecto a la naturaleza jurídica y objetivos primordiales del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, la Ley de Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Ley N° 7169, en su artículo 7 indicó: “créase el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, dentro del marco de sectorialización del Estado. El Sistema está constituido por el conjunto de las instituciones, las entidades y los órganos del sector público, del sector privado y de las instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades principales se enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología, o que dediquen una porción de su presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas.”
El Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) desarrolla funciones específicas dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Según el artículo 11 de la Ley N° 7169, el Ministro es el rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y al Ministerio le compete, entre otras tareas, coordinar las acciones de desarrollo científico y tecnológico con las políticas sectoriales y con sus resultados, la definición de la política científica y tecnológica mediante los mecanismos y los niveles de coordinación, asesoría y ejecución, para la concertación entre los sectores involucrados en la actividad científica y tecnológica nacional, además, elaborar, poner en ejecución y darle seguimiento al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, así como promover la creación y el mejoramiento de los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para el desarrollo científico y tecnológico del país. Analizando la competencias y objetivos que le otorga la Ley N° 7169, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, no es posible observar alguno que sea concordante con la regulación de plataformas electrónicas de carácter mercantil, ya que del texto del artículo 2 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo citado, se puede concluir que el contrato de factoreo se trata de un contrato evidentemente de naturaleza comercial, y por lo tanto sujeto a los principios y normas de derecho que rigen dicha materia. Además, en caso de ser necesaria dicha regulación, la misma debería de ser competencia de los entes del Estado encargados en materia comercial.
Dentro los principios fundamentales para el derecho de los contratos comerciales, tenemos el “principio de autonomía de la voluntad, o libertad contractual”, el cual consiste en el poder que la ley reconoce a los particulares para reglamentar por sí mismos el contenido y modalidades de las obligaciones que se imponen contractualmente.
La libertad de contratación es uno de los derechos fundamentales por nuestra Constitución Política, y por el resto del ordenamiento jurídico costarricense. La Sala Constitucional ha señalado al respecto:
"XIII- Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la libertad, en general (Art. 28), del derecho a la propiedad privada (Art. 45) y de la libertad de empresa (Art. 46), se inscribe como principio constitucional, conditio sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido esencial la Sala resume en cuatro elementos, a saber:
a) La libertad para elegir al co-contratante;
b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la prestación principal que lo concreta;
c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del contrato que se estipula como contraprestación;
d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato."
Es necesario señalar que, la libertad de contratación no es un derecho absoluto, que no pueda ser limitado o regulado por el Estado de alguna forma, ya que los derechos fundamentales podrían estar sujetos a regulaciones y limitaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la sociedad. No obstante, lo anterior, para que la limitación o regulación de un derecho fundamental se pueda realizar, esta deberá cumplir con la establecido en la Constitución Política, específicamente lo indicado en el artículo 28, que indica lo siguiente:
“ARTÍCULO 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas. (Lo resaltado no es parte del original).
Según lo dicho en el párrafo segundo del artículo supra citado, los derechos fundamentales pueden ser limitados por ley o por norma de rango superior, solamente cuando esa limitación sea necesaria para resguardar los derechos de terceros, el orden público o la moral (principio de reserva de ley en materia de derechos fundamentales).
Al respecto, la Sala Constitucional en la Resolución N° 27-1995 de fecha 03 de enero de 1995, señaló en qué casos se pueden establecer restricciones a la libertad contractual:
“Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la moral social, el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos iguales o superiores de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de ese acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no traspasen aquellos límites...”.
En concordancia con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el Estado no puede restringir o regular, sin causa justificada de orden público el contenido esencial de la libertad contractual. Aunado a lo anterior, no podrá crear normas jurídicas que afecten esta libertad, siempre y cuando el ejercicio del derecho no amenace el orden público, la moral o las buenas costumbres.
En este orden de ideas, el imponer obligaciones o requisitos adicionales a las transacciones y contratos mercantiles, como supone la obligación establecida en el artículo 22 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo, para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones otorgue a las entidades privadas una autorización previa, para que puedan implementar plataformas electrónicas de factoreo, podría atentar contra el principio de libertad contractual antes indicado, así como con los principios de mejora regulatoria y simplificación de trámites establecidos en la de Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, N° 8220 y su Reglamento.
Por otra parte, siendo que el contrato de factoreo es un contrato eminentemente comercial, la obligación atribuida al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para la regulación de las plataformas electrónicas de factoreo, no es atinente a los propósito, fines y competencias de ese Ministerio.
En razón de que los objetivos primordiales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones no concuerdan con la obligación establecida en el artículo 22 de la Ley N° 9691, ese Ministerio no cuenta con el recurso humano, técnico y económico para poder cumplir con lo indicado, por lo que en este momento no se está cumpliendo con dicha obligación.
Aunado a lo anterior, en momentos en que el país se encuentra en medio de una crisis fiscal y económica, no resulta conveniente establecer requisitos adicionales, como lo es la autorización previa que indica el artículo 22 de la Ley N° 9691, a los contratos y transacciones de índole comercial, y más bien sería beneficioso eliminarlos para incentivar su uso, y de paso ayudar con la reactivación económica tan necesaria en este momento histórico.
Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esa honorable Asamblea Legislativa este proyecto de Ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N° 9691, LEY MARCO DEL CONTRATO DE FACTOREO, DEL 3 DE JUNIO DE 2019
ARTÍCULO ÚNICO Refórmese el artículo 22 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo, N° 9691 del 3 de junio de 2019, el cual se leerá así:
Artículo 22.- Plataformas electrónicas
Las entidades privadas podrán implementar plataformas electrónicas de factoreo. Dichas plataformas, en cuando resulte aplicable, deberán cumplir con lo indicado en la Ley N° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, y su Reglamento.
El costo de la operación de las plataformas correrá a cargo de las entidades de factoreo. Toda plataforma electrónica de factoreo debe cumplir las condiciones de operación requeridas en el presente capítulo III, Uso alternativo de medios electrónicos.
Se autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o una de sus empresas, de conformidad con la Ley N° 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica pueda establecer y operar la Plataforma Electrónica de Factoreo, que será de uso obligatorio para todas las entidades del sector público, cuando actúen como pagadores. El costo de la operación correrá a cargo de las entidades de factoreo, el cual será de conformidad con el principio de servicio al costo. Las personas físicas o jurídicas del sector privado también podrán utilizar esta plataforma. Las entidades públicas con registros o bases de datos, relacionadas con el objeto de la presente ley, deberán realizar la interconexión necesaria con la plataforma electrónica de factoreo citada en este párrafo.
Rige a partir de su publicación.
Pablo Heriberto Abarca Mora Ana Karine Niño Gutiérrez
María Inés Solís Quirós Zoila Rosa Volio Pacheco
Paola Viviana Vega Rodríguez Floría María Segreda Sagot
Roberto Hernán Thompson Chacón Daniel Isaac Ulate Valenciano
Pedro Miguel muñoz Fonseca Erick Rodríguez Steller
10 de diciembre 2020.
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Económicos.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.