Proyecto para declarar inversiones en países no cooperantes quedó archivado
El expediente 22.353, que obligaba a altos funcionarios a declarar sus inversiones en países no cooperantes, se archivó y su plazo cuatrienal venció en diciembre de 2024.
Título oficial LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PAISES NO COOPERANTES
A quién le toca
- Los funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes ante la Contraloría, según el artículo 21 de la Ley 8422
- Los diputados, ministros, magistrados, jueces y otros altos cargos que enumera el artículo 21 de la Ley 8422
A quién beneficia
- La ciudadanía tendría más información para revisar las inversiones de altos funcionarios en países no cooperantes
- La Contraloría General de la República recibiría datos adicionales en las declaraciones juradas
Qué cambia
- El expediente 22.353 está archivado y su plazo cuatrienal venció el 8 de diciembre de 2024
- El proyecto nunca llegó a primer debate en el Plenario
- La lista de países no cooperantes vigente es la de la resolución DGT-R-02-2020
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 22.353 quedó archivado y ya no se discute. Proponía agregar un inciso 5) al artículo 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8422 (art. único).
Ese inciso obligaría a los funcionarios que ya presentan declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República a incluir un detalle nuevo. La declaración tendría que decir si tienen bienes muebles o inmuebles en países no cooperantes (art. único). También si tienen cuentas en entidades financieras, inversiones en títulos valores o participaciones en sociedades mercantiles en esos países.
El texto pedía además informar si realizan cualquier tipo de actividad económica allí. Y si son miembros de juntas directivas de sociedades residentes en jurisdicciones no cooperantes (art. único).
Quiénes están obligados a declarar ya lo dice el artículo 21 de la Ley 8422. La lista incluye diputados, presidente y vicepresidentes, ministros y viceministros, magistrados, jueces, el contralor, el defensor de los habitantes y el fiscal general, entre otros 2.
La lista de países no cooperantes sale de la resolución DGT-R-02-2020 del 16 de enero de 2020, publicada en La Gaceta N° 24 del 6 de febrero de 2020. Incluye Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Islas Norkfolk, Kirguistán, North Macedonia, Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, Uzbekistán, Wallis y Futuna (art. único).
El proyecto definía país no cooperante remitiéndose al inciso k) del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092 (art. único).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. El último paso registrado fue el 14 de julio de 2021, cuando la Comisión de Gobierno y Administración (Área VIII) remitió el expediente a la Secretaría del Directorio 1.
Antes de eso, la comisión votó y dictaminó el 23 de junio de 2021 1. El proyecto había ingresado a esa comisión el 27 de enero de 2021.
El trámite empezó el 8 de diciembre de 2020 con la presentación en el Plenario 1. Al día siguiente se asignó a comisión. El 10 de diciembre de 2020 se recibió en archivo y el 14 de diciembre se envió a la Imprenta Nacional para publicación.
El plazo cuatrienal venció el 8 de diciembre de 2024 1. Para que fuera ley faltaban el primer debate, el segundo debate, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre lo que proponía el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 11 dice que los funcionarios públicos "son simples depositarios de la autoridad" y que "La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas" Constitución, art. 11. El proyecto apuntaba en esa dirección al pedir más información en la declaración jurada.
El artículo 124 exige dos debates en días distintos no consecutivos, la aprobación de la Asamblea, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a esa etapa.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir ahora. Estas herramientas sirven si el tema se vuelve a presentar o si quiere vigilar la conducta de los funcionarios obligados a declarar.
Puede poner una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de recursos públicos. Se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.
Puede usar el formulario web de la Asamblea Legislativa para plantear una propuesta de ley. No hace falta presentar el texto completo, basta con explicar la idea guía, p. 27. La Oficina de Iniciativa Popular recoge esas iniciativas y las remite a los diputados, que deciden si las adoptan.
Si en el futuro el proyecto vuelve a comisión, puede pedir entrevistas con los diputados de esa comisión. La guía describe esa vía para proponer y argumentar motivos de fondo sobre un proyecto guía, p. 29.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente se archivó ni quién tomó esa decisión.
El dossier no incluye el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración del 23 de junio de 2021.
El dossier no registra grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró choque entre el texto archivado y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto pedía más información en la declaración jurada, en línea con el artículo 11 sobre rendición de cuentas.
Constitución, art. 11"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella."
Esta ley, art. único"De las inversiones en jurisdicciones consideradas por la Administración Tributaria costarricense como no cooperantes en materia tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988, deberán informar: si poseen bienes muebles y/o inmuebles, cuentas abiertas en entidades financieras, inversiones en títulos valores, participaciones económicas o accionarias en sociedades mercantiles u otras entidades de derecho privado, si realizan cualquier tipo de actividad económica así como si ostentan la condición de miembros de juntas directivas de sociedades residentes en jurisdicciones no cooperantes."
Sin choque aparente La Constitución somete a la Administración a rendición de cuentas. El proyecto pedía más datos en la declaración jurada, lo que va en esa línea.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. único"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El proyecto no completó los dos debates ni la sanción ni la publicación. Por eso no es ley.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22353: LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PAISES NO COOPERANTES
- Ley 8422: Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PAISES NO COOPERANTES
PODER EJECUTIVO
EXPEDIENTE N.° 22.353
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY
LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PAISES NO COOPERANTES
Expediente N.° 22.353
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El presente proyecto de ley forma parte de las propuestas que surgieron con motivo de la realización de las mesas de diálogo intersectorial convocadas el pasado 19 de octubre por los Presidentes del Poder Ejecutivo y Legislativo “…con el objetivo de dialogar de manera sincera y construir colectivamente entre actores sociales, empresariales y políticos, medidas que permitan impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y lograr el equilibrio fiscal como determinantes de la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como lograr paz social, mediante medidas de consenso frente a la afectación causada por la pandemia”.
Concretamente, la medida propuesta se refiere a la inclusión en la Declaración Jurada de Bienes que anualmente se presenta ante la Contraloría General de la República, de la información referida a todas las inversiones que los funcionarios públicos posean en países catalogados como no cooperantes.
La obligatoriedad de la presentación de la declaración indicada se encuentra establecida en los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 8422 denominada “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” del 6 de octubre de 2004, publicada en La Gaceta N° 212 del 29 de octubre de 2004.
El propósito de esta medida es propiciar la transparencia y la rendición de cuentas de las personas que ocupan altos cargos en la función pública, quienes tienen la obligación de demostrar, en todo momento, una conducta apegada a la ética, la honradez y a la rectitud, de cara a la ciudadanía.
La transparencia y la rendición de cuentas constituyen dos componentes esenciales del actuar de los funcionarios públicos. Por medio de la transparencia, se da a conocer de una manera clara si la conducta del servidor público se encuentra apegada a los principios éticos y morales, lo que posibilita el acceso a la información para el escrutinio público como mecanismo de control, mientras que la rendición de cuentas consiste en informar, explicar y justificar sus acciones, con la eventual responsabilidad que recaiga sobre las mismas.
Ahora bien, respecto a la definición de las jurisdicciones no cooperantes, es necesario acudir a la normativa que rige la materia, específicamente al inciso k) del artículo 9 de la Ley N° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta del 21 de abril de 1988.
Por su parte, el inciso 3 del artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo N° 18445-H, Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta del 9 de setiembre de 1988, amplía lo normado por el legislador, al disponer:
“La determinación de si una jurisdicción es considerada como no cooperante deberá basarse en el listado de jurisdicciones no cooperantes que al efecto emita la Administración Tributaria, siguiendo los parámetros dispuestos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para la elaboración de tal listado, se considerarán las siguientes condiciones:
i) Que la tarifa nominal del impuesto equivalente al Impuesto sobre las Utilidades costarricense, regulado en el Título I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sea inferior en un 40% de la tarifa establecida en el inciso a) del artículo 15 de la Ley, o
ii) Que se trate de jurisdicciones con las cuales Costa Rica no tenga vigente un acuerdo internacional para el intercambio de información o un convenio para evitar la doble imposición que contenga una cláusula para el intercambio de información.
Los acuerdos o convenios referidos en este último supuesto pueden ser bilaterales o multilaterales. Dentro del término "acuerdo internacional para el intercambio de información" deberá entenderse contenida la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Ley Nº 9118 del 7 de julio de 2013) y el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica (Ley Nº 8880 del 1 de noviembre de 2010), así como los acuerdos bilaterales para el intercambio de información en materia tributaria, cuyo detalle deberá estar disponible y permanentemente actualizado en el sitio web del Ministerio de Hacienda.
La Administración Tributaria deberá actualizar y publicar el listado de jurisdicciones no cooperantes en el sitio web del Ministerio de Hacienda, al menos una vez al año.”
Conforme a lo anterior y en cumplimiento del deber impuesto, la Dirección General de Tributación emitió la resolución N°DGT-R-02-2020 del 16 de enero de 2020, publicada en La Gaceta N° 24 del 6 de febrero de 2020, mediante la cual se emite el Listado de países no cooperantes, a saber:
Bosnia y Herzegovina Corea del Norte Cuba Irak Islas Norkfolk Kirguistán North Macedonia Maldivas Montenegro Omán Palestina Timor-Leste Uzbekistán Wallis y Futuna
En atención a lo dicho y cumpliendo con el compromiso adquirido en las mesas de diálogo intersectorial, sometemos el proyecto de ley “LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PAISES NO COOPERANTES” ante la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY DE TRANSPARENCIA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PAISES NO COOPERANTES
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese el inciso 5) al artículo 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Nº 8422, de 6 de octubre de 2004, cuyo texto dirá:
- De las inversiones en jurisdicciones consideradas por la Administración Tributaria costarricense como no cooperantes en materia tributaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988, deberán informar: si poseen bienes muebles y/o inmuebles, cuentas abiertas en entidades financieras, inversiones en títulos valores, participaciones económicas o accionarias en sociedades mercantiles u otras entidades de derecho privado, si realizan cualquier tipo de actividad económica así como si ostentan la condición de miembros de juntas directivas de sociedades residentes en jurisdicciones no cooperantes.
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República, San José, al primer día del mes de diciembre del año dos mil veinte.
CARLOS ALVARADO QUESADA
Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda
14 de diciembre de 2020
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.