Archivado el plan que iba a obligar a reportar cada cambio de dueño
El expediente 22357, que proponía declaraciones extraordinarias y multas más claras en el registro de beneficiarios finales, venció su plazo cuatrienal el 11 de diciembre de 2024 y quedó archivado.
Título oficial LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Personas jurídicas obligadas a declarar en el RTBF
El proyecto cobraba medio salario base por cada dato incorrecto en la declaración, con tope de diez salarios base. Un error de digitación cuenta como registro incorrecto.
se impondrá una sanción de medio salario base por cada registro incorrecto
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas jurídicas y estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica que deben declarar en el RTBF
- Representantes legales de esas sociedades
- Notarios públicos que emiten documentos sobre esas sociedades
- SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, que tendrían acceso al registro
- Jueces de la República en investigaciones penales
- Banco Central de Costa Rica
A quién beneficia
- El Instituto Costarricense sobre Drogas recibiría el dinero de las multas para sus actividades operativas
- Las superintendencias podrían fiscalizar mejor el cumplimiento de la Ley 8204
- El Banco Central tendría datos para estadísticas macroeconómicas consolidadas
Qué cambia
- Las sociedades tendrían que declarar cada cambio de accionistas, no solo cuando alguien llega al 15%
- La declaración extraordinaria tendría un plazo de quince días naturales
- Las multas por errores se cobrarían por cada registro incorrecto
- El registro dejaría de estar cerrado solo a la Administración Tributaria y al ICD
La explicación completa
El expediente 22357 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 11 de diciembre de 2024 y quedó archivado, según la ficha del Sistema de Información Legislativa 1.
Qué propone
El proyecto proponía tres cambios al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), el registro donde las personas jurídicas declaran quiénes son sus dueños reales. El RTBF lo creó la Ley 9416 en 2016 2.
Primero, obligaba a declarar de forma extraordinaria cada vez que cambie cualquier dato ya declarado. Eso incluye cambios en la determinación del beneficiario final en cualquier proporción, por control directo o indirecto (art. 1). La declaración extraordinaria debía presentarse dentro de los quince días naturales desde que se conoció el cambio.
Hoy la ley solo exige declaración extraordinaria cuando algún accionista iguala o supera el 15% del capital social 3. El proyecto quería cerrar ese hueco. Pone el ejemplo de una sociedad donde un socio baja del 80% al 2% sin que nadie llegue al 15%, y el registro sigue mostrando datos viejos (art. 1).
Segundo, reformaba el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios para fijar multas. La multa sería del 2% de los ingresos brutos del período anterior, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base (art. 2). Si el obligado está omiso en renta o no tiene actividad lucrativa, la multa sería de diez salarios base.
Por información con errores, la multa sería de medio salario base por cada registro incorrecto, con tope de diez salarios base (art. 2). El salario base es el que define el artículo 2 de la Ley 7337 4.
Tercero, abría el registro a cuatro superintendencias: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE (art. 3). También a los Jueces de la República en investigaciones del Ministerio Público por delitos de esa ley y por defraudación a la Hacienda Pública. Y al Banco Central de Costa Rica para producir estadísticas macroeconómicas consolidadas.
El proyecto lo presentó el diputado José María Villalta Flórez-Estrada el 15 de diciembre de 2020 (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra su presentación el 11 de diciembre de 2020 y una serie de movimientos en la Comisión de Sociales (Área II) 1.
La comisión recibió el proyecto el 19 de agosto de 2021, lo debatió y votó el 27 de setiembre de 2022, y emitió dictamen ese mismo día 1. El 4 de octubre de 2022 lo remitió a la Secretaría del Directorio.
La ficha marca el vencimiento cuatrienal el 11 de diciembre de 2024 1. Para que un proyecto sea ley hacen falta dos debates en días distintos, la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, más la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124. Nada de eso ocurrió con este expediente.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre lo que proponía el texto y la Constitución del dossier.
El artículo 124 de la Constitución exige dos debates, aprobación y sanción para convertir un proyecto en ley Constitución, art. 124. El expediente 22357 no llegó a esa etapa y venció su plazo, así que no hay ley que revisar.
El artículo 30 garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, salvo los secretos de Estado Constitución, art. 30. La apertura del registro a más instituciones va en esa dirección.
El artículo 24 protege la intimidad y los documentos privados, y permite que los Tribunales de Justicia ordenen su examen en casos definidos por ley Constitución, art. 24. El proyecto daba acceso a los jueces solo en investigaciones penales concretas (art. 3), lo que calza con ese marco. Queda la duda de si el acceso amplio de las superintendencias y del Banco Central necesitaría límites más precisos, pero el texto no llegó a discutirse en plenario.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que las herramientas de incidencia sobre este proyecto ya no aplican. Lo que sí puede hacer es revisar el estado de otros proyectos en la corriente legislativa.
Puede pedir información sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley, las órdenes del día y las actas del Plenario y de las comisiones guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27. La Oficina de Iniciativa Popular la recopila y la remite a los diputados.
Si quiere que su propuesta tenga garantía de discusión, puede usar la iniciativa popular. Necesita reunir al menos el 5% de las firmas del padrón electoral y el TSE traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente se archivó antes del vencimiento cuatrienal.
El dossier no incluye el dictamen de la Comisión de Sociales del 27 de setiembre de 2022.
El dossier no permite saber si el proyecto llegó a tener informe de Servicios Técnicos.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro. El proyecto no llegó a ser ley y venció su plazo.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. 1"Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse anualmente años de forma ordinaria y de forma extraordinaria cada vez que se dé alguna variación de cualquier tipo en la información declarada"
No aplica El proyecto nunca pasó por los dos debates ni recibió sanción. Venció su plazo cuatrienal y quedó archivado, así que no hay ley que revisar.
Constitución, art. 30"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado."
Esta ley, art. 3"Quedan facultados los siguientes órganos de fiscalización para acceder a la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, para cumplir con sus funciones de supervisión y control"
Sin choque aparente Abrir el registro a más instituciones públicas va en la línea del acceso a información de interés público. No se ve choque.
Constitución, art. 24"Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República."
Esta ley, art. 3"Los Jueces de la República en las investigaciones que derive el Ministerio Público, cuando se requiera la información en el marco de una causa penal por los delitos previstos en la presente ley, así como la defraudación a la Hacienda Pública."
Hay dudas El acceso de los jueces queda limitado a causas penales concretas, lo que calza con el artículo 24. Queda la duda de si el acceso de las superintendencias y del Banco Central necesitaría límites más precisos, pero el texto no se discutió en plenario.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 22357: LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES.
- Ley 9416: Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (Vigente)
- Nacionales
- Ley 7337: Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES
JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.357
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES
Expediente N.° 22.357
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La aprobación de la Ley N.º 9416 del 14 de diciembre de 2016, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, fue un significativo paso en la mejora de las herramientas para combatir la evasión fiscal y la legitimación de capitales.
Dentro de los avances más importantes, incorporados por la ley antes citada, se cuenta la creación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), a través de la obligación a todas las personas o estructuras jurídicas de declarar la totalidad de sus accionistas y sus beneficiarios finales con participación sustantiva. El RTBF actualmente permite, tanto a la Administración Tributaria como al Instituto Costarricense sobre Drogas, tener acceso a información vital para identificar prácticas de evasión fiscal, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En una obra de reciente publicación, la Dra. Mariana N. Quevedo, Vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de Argentina, sostiene que:
“Para prevenir y combatir el uso indebido de las sociedades como vehículos para esconder el origen de los fondos y lavarlos, es sustancial conocer quién es la persona humana que se encuentra detrás de la jurídica, quién es el individuo que efectivamente controla el ente o se beneficia económicamente de él. En ciertas ocasiones, determinar quién ejerce el control de una sociedad no es una tarea sencilla, debido a las distintas capas que la cubren y ocultan la persona humana con mayor porcentaje accionario del ente o no es fácil establecer los diversos modos con los que puede detentarse el control, piénsese por ejemplo en ciertos acuerdos entre accionistas o socios, vínculos entre quienes toman decisiones y hasta vínculos familiares que pueden influir en la decisión.
Quienes intentan lavar activos realizan operaciones complejas a fin de ocultar el origen de los fondos involucrados en la operación para darles apariencia de licitud, a tal fin distancian su intervención en el negocio, es decir, no realizan operaciones a nombre propio, sino que recurren a vehículos jurídicos para ocultar su origen. Cuanto más capas tenga ese vehículo más difícil será determinar quién es el BF [beneficiario final]; de este modo, si se cuenta con información sobre el BF, la estrategia de ocultamiento pierde sentido. Identificar al BF permite determinar quién es la persona humana que posee los activos involucrados en una operación y de este modo vincularlo al origen de los mismos, es decir permite seguir la ruta del dinero en aquellas investigaciones relacionadas con operaciones sospechosas efectuadas mediante la utilización de vehículos corporativos. Contar con la información sobre BF permite localizar activos de una persona determinada. El problema es aún mayor cuando dentro de esa estructura societaria compuesta de múltiples capas se involucran distintas jurisdicciones.
El acceso a información oportuna y precisa como su transparencia y la cooperación internacional son la piedra angular en el tema y la solución integral para sortear las dificultades. […]”.
Además, el RTBF es una herramienta necesaria para cumplir con estándares internacionales (tanto del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales y como del Grupo de Acción Financiera Internacional), así como para compartir información con otras jurisdicciones.
No obstante, como acontece con toda herramienta, el RTBF no está exento de espacio para incorporar mejoras, orientadas a: i) fortalecer las capacidades institucionales de tener información actualizada y fidedigna para combatir la legitimación de capitales y el fraude fiscal, tanto en lo que respecta a su actualización requerida como a las instancias que deben acceder a la información; y ii) mejorar el marco sancionatorio por incumplimientos en la entrega de la información al RTBF, aclarando sus contenidos y racionalizando las sanciones por errores.
Con el objetivo de incorporar mejoras con esta orientación, la iniciativa que aquí se presenta se fundamenta parcialmente en recomendaciones expresadas por la Dirección General de Tributación a través del oficio DGT-884-2020. Este oficio fue emitido como reacción a otra iniciativa de ley que pretendía debilitar el RTBF extendiendo la periodicidad de la declaración al Registro a cinco años.
A diferencia del proyecto al que se refería el citado oficio de la DGT, la iniciativa que aquí se presentan no pretende, bajo ninguna condición, extender la periodicidad de la declaración ordinaria al RTBF, ni limitar o reducir de forma alguna la necesaria actualización y fidelidad de la información que debe contener el RTBF para cumplir sus fines a cabalidad.
Así, esta iniciativa recoge varias observaciones referentes a espacios de mejora en el RTBF, con la orientación anotada antes. A continuación, se resumen las debilidades o espacios para mejoras que se identifican, así como la propuesta que se realiza mediante este proyecto de ley:
a) Clarificación y dotación de mayor seguridad jurídica en sanciones por omisión o errores en declaración al RTBF.
Se propone mejorar las sanciones por incumplimiento al deber de suministrar información, generando mayor claridad y proporcionalidad.
En primer lugar, se propone hacer más adecuadas las sanciones por incumplimiento en el suministro de información al RTBF, permitiendo aplicar las reducciones en las sanciones que permite el artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta norma permitiría la reducción de la sanción por subsanar de forma espontánea el incumplimiento, o por hacerlo después de la actuación de la Administración Tributaria, pero antes de la resolución sancionadora, o cuando el infractor, dentro del plazo establecido para impugnar la resolución sancionadora, acepte los hechos planteados y subsane el incumplimiento. Todo lo anterior, de conformidad con las reducciones que establece el referido artículo 88 de la Ley 4755.
En segundo lugar, se propone aclarar la independencia entre las dos sanciones dispuestas por incumplimiento al deber de suministrar información al RTBF (la pecuniaria y la no pecuniaria). La sanción no pecuniaria consiste en la no emisión de certificaciones de personería jurídica o inscripción de documentos a favor de quienes incumplan con el suministro de la información, por parte del Registro Nacional, así como la consignación en los documentos que emitan notarios públicos
Para ganar en seguridad jurídica, se propone mantener las sanciones por incumplimiento tal y como están actualmente establecidas, pero aclarando que para el caso de la sanción no pecuniaria se aplica al verificarse en el sistema de consulta puesto a disposición por el BCCR, y que igualmente deja de aplicarse, de forma inmediata, cuando el obligado presente las declaraciones pendientes.
En tercer lugar, se propone aclarar lo que acontece en el caso de sanciones a obligados tributarios omisos en su declaración de impuesto sobre utilidades.
En cuarto lugar, es necesario aclarar que la sanción pecuniaria es aplicable cuando la información se entregue de forma extemporánea, errónea y/o incompleta.
Y, en quinto lugar, se propone determinar la sanción que corresponde por suministro de información errónea.
b) Mejora para asegurar la actualización debida de la información en el RTBF.
A pesar de que para asegurar su total utilidad se requiere que la información contenida en el RTBF se encuentre actualizada, la norma vigente tiene una debilidad, puesto que el párrafo final del artículo 5 de la Ley 9416 indica que la obligación de suministro de información al RTBF es anual “[…] o bien, cuando algún accionista iguale o supere el límite definido reglamentariamente, según lo dispuesto en este artículo”. Esto provoca que las personas jurídicas o estructuras jurídicas solo tengan la obligación de declarar de forma extraordinaria cuando alguno de los socios iguale o supere el parámetro del 15% sobre el capital social, pero no cuando la variación no supere ese parámetro ni cuando se presentan reducciones en el capital social representado por las acciones de un socio, aquí sin importar el tamaño de la reducción.
Esta es una debilidad grave que atenta contra el objetivo del RTBF de poseer información actualizada ya que, por ejemplo, se podría presentar una situación como la siguiente:
i) En la declaración ordinaria anual, una persona jurídica declara que el 80% de las acciones es propiedad de la Persona Física A y el 20% es propiedad de la Persona Física B.
ii) Tres meses después cambia la composición accionaria de la persona jurídica, pasando ahora a que la Persona Física A tiene el 60% de las acciones, la Persona Física B pasa mantiene el 20% de las acciones, mientras que se suman dos nuevos accionistas Persona Física C y Persona Física D, cada uno con 10% de las acciones. Dado que, aunque ha cambiado la composición de los accionistas, incluyendo una reducción de 20 p.p. en la proporción de acciones en propiedad de la Persona Física A, como ningún socio pasa a superar el parámetro del 15%, no se debe realizar declaración extraordinaria, lo que implica que la información en el RTBF está desactualizada.
iii) Un mes después cambia de nuevo cambia la composición accionaria de la persona jurídica, pasando ahora a que la Persona Física A sea propietaria de solo 2% de las acciones, y el 98% restante se distribuye en siete personas físicas, cada una con acciones que representan un 14% del capital social. De nuevo, aunque ha cambiado de forma muy significativa la composición accionaria de la persona jurídica, dado que ningún accionista, dados estos cambios, pasa a tener 15% o más de las acciones, no hay obligación alguna para reportar esos cambios al RTBF.
iv) Esto tiene por consecuencia que si al quinto mes el ICD o la Administración Tributaria solicitan información al RTBF, o si se realiza un requerimiento de información por solicitud de otra jurisdicción, la información que se obtendrá del RTBF no será fidedigna, dado que se encuentra totalmente desactualizada. A la Administración Tributaria o al ICD se les informará que el 80% de las acciones de la persona jurídica son de la Persona Física A, y el 20% son propiedad de la Persona Física B. Pero, en realidad, al momento de realizar la solicitud, solo el 2% de las acciones son de la Persona Física A y otras siete Personas Físicas son propietarias cada una de un 14% de las acciones.
Dada esta debilidad, este proyecto propone que se reforme el artículo 5 de la Ley 9416, para que se deban realizar declaraciones extraordinarias cuando se dé cualquier variación en la información declarada ordinariamente, incluyendo aquella información que implique cualquier modificación en la determinación del beneficiario final en cualquier proporción porcentual participación, ya sea por control directo o indirecto, u otros medios. Esto manteniendo la declaración anual ordinaria, dado que no cabe dentro de la intención de esta iniciativa de ley ampliar la periodicidad de esa declaración ordinaria.
c) Ampliación de la utilidad del RTBF.
El RTBF es una herramienta para asegurar transparencia respecto a la propiedad real de diversas personas o estructuras jurídicas. Esa herramienta es de utilidad también para instituciones a las que se les han asignado labores de supervisión y fiscalización, dadas las competencias que se les han definido en materia financiera y prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante lo dispuesto en la Ley 8204.
En el caso de SUGEF, SUPEN, SUGEVAL y SUGESE, este acceso es necesario para poder fiscalizar de manera efectiva el cumplimiento de la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204, emitida por Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 12 del acta de la sesión 893-2010, celebrada el 3 de diciembre del 2010, y que ha sido posteriormente reformada. Además, se propone adicionar expresamente la autorización a los Jueces de la República para acceder solicitar información del RTBF, así como para el Banco Central de Costa Rica (en el caso de este, para de producir estadísticas macroeconómicas consolidadas).
Por las razones expuestas, con el objetivo de sumar iniciativas que fortalezcan la lucha contra el fraude fiscal y la legitimación de capitales, el Diputado que suscribe somete a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES
ARTÍCULO 1- Se reforma el último párrafo del artículo 5 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N.° 9416, de 14 de diciembre de 2016, que se leerá como sigue:
Artículo 5- Suministro de información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
[…]
Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse anualmente años de forma ordinaria y de forma extraordinaria cada vez que se dé alguna variación de cualquier tipo en la información declarada, incluyendo la que modifique la determinación del beneficiario final en cualquier proporción porcentual participación, ya sea por control directo o indirecto, u otros medios, la cual debe efectuarse dentro de los quince días naturales contados desde la fecha en que se conoció el cambio que se debe declarar. Para facilitar el suministro de la información, el Banco Central de Costa Rica desarrollará una funcionalidad que facilitará la precarga automática de la última declaración.
ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 84 bis de la Ley N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971, que se leerá como sigue:
Artículo 84 bis- Incumplimiento al deber de suministrar información sobre transparencia y beneficiarios finales
- Sanciones pecuniarias:
a) El obligado tributario que incumpla total o parcialmente con el deber de suministro de información establecido los artículos 5, 6 y 7 de la Ley N.° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, se hará acreedor de una multa pecuniaria del dos por ciento (2%) de la cifra de sus ingresos brutos reportados a efectos del período del impuesto a las utilidades anterior al período en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.
En caso de que el obligado tributario incurra en la infracción aquí tipificada y se encuentre omiso en la presentación de la declaración del impuesto sobre las utilidades del período arriba indicado o no desarrolle una actividad lucrativa afecta a este impuesto, se impondrá una sanción de diez salarios base.
La sanción descrita en este apartado será aplicable en caso de suministro extemporáneo de la información requerida por parte del obligado tributario, así como cuando se constate que la información proporcionada está incompleta.
De previo a aplicar esta sanción, la Administración Tributaria deberá apercibir a los obligados a cumplir su deber de suministrar o actualizar la información, según corresponda, para lo cual se le concederá un plazo de tres días hábiles, prorrogable por un plazo igual, a solicitud debidamente motivada de la parte, previa aprobación de la Administración Tributaria.
b) Las mismas sanciones aplicarán, en las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, para el obligado tributario que incumpla con el deber de actualizar la información, dentro del plazo establecido.
c) De constatarse que el obligado tributario suministró con errores la información a que se hace referencia en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley N.° 9416, denominada Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, se impondrá una sanción de medio salario base por cada registro incorrecto. El término “registro” empleado en este apartado se entiende como cada uno de los datos que se incorporan en los distintos campos de la declaración para el suministro de la información en cuestión, sea que se trate de errores de digitación, aritméticos o de datos desactualizados. La sanción impuesta no podrá exceder los diez salarios base.
Para los efectos de este artículo, se entiende por salario base el contenido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993.
Sobre el monto de las sanciones contenidas en este artículo aplicarán las reducciones establecidas en el artículo 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La Administración Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la presente sanción, cuando se esté en presencia de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.
El monto recaudado por concepto de estas multas se depositará en una cuenta en la caja única del Estado a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y será destinado exclusivamente al financiamiento de las actividades operativas de este organismo.
- Sanciones no pecuniarias: Vencido el plazo para el suministro de la información referida sobre transparencia y beneficiarios finales y mientras se mantenga dicha omisión por parte de los obligados en el sistema del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales:
a) El Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá documentos de tales sujetos.
b) Los notarios públicos deberán consignar en los documentos que emitan que el sujeto obligado al suministro de información incumple con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
Para lo anterior, deberá verificarse si el obligado está al día con la presentación de declaraciones en el sistema de consulta que pongan a disposición el Banco Central de Costa Rica. Las sanciones dispuestas en este inciso b) se dejarán de aplicar en cuanto el obligado tributario presente las declaraciones que tenga pendientes en el sistema del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
ARTÍCULO 3- Se adicionan los nuevos inciso c), d) y e) al artículo 9 de la Ley N.° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, del 14 de diciembre del 2016, que se leerá como sigue:
Artículo 9- Causas legítimas para el uso de la información
[...]
c) Quedan facultados los siguientes órganos de fiscalización para acceder a la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, para cumplir con sus funciones de supervisión y control:
i. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
ii. La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
iii. La Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
iv. La Superintendencia General de Seguros (SUGESE).
d) Los Jueces de la República en las investigaciones que derive el Ministerio Público, cuando se requiera la información en el marco de una causa penal por los delitos previstos en la presente ley, así como la defraudación a la Hacienda Pública.
e) El Banco Central de Costa Rica, en cumplimiento de sus competencias legales en materia económica de producir estadísticas macroeconómicas consolidadas, cifras de producción, estadísticas de inversión extranjera, datos de la balanza de pagos.
[…].
Rige a partir de su publicación.
José María Villalta Flórez-Estrada Diputado
15 de diciembre de 2020
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.