Archivado el proyecto que daba exoneraciones fiscales a gestores de residuos

ASAMBLEA LEGISLATIVA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, PUBLICADA EN LA GACETA N.º 135 DE 13 DE JULIO DE 2010; Y MODIFICACIÓN DEL TRANSITORIO XVII DEL CAPÍTULO V DE LA LEY N.  9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PUBLICADA EN EL ALCANCE N.º 202 A LA GACETA N.º 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020

OSCAR MAURICIO CASCANTE CASCANTE DIPUTADO

EXPEDIENTE N.° 22.362

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, PUBLICADA EN LA GACETA N.º 135 DE 13 DE JULIO DE 2010; Y MODIFICACIÓN DEL TRANSITORIO XVII DEL CAPÍTULO V DE LA LEY N.  9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PUBLICADA EN EL ALCANCE N.º 202 A LA GACETA N.º 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020

Expediente N.º 22.362

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Cada vez es más importante y relevante la gestión integral de los residuos, ante un panorama mundial de acelerado y alarmante crecimiento de estos. La generación de desechos, como se ha demostrado a nivel internacional, es un producto natural de los procesos de mayor urbanización de las sociedades, del desarrollo económico de los países y del crecimiento de la población.

En el año 2012 el mundo generó 1.3 billones de TM de desechos municipales sólidos, los cuales aumentaron a 2.1 billones de TM en 2016, mostrando un crecimiento del 54,6%; y se espera que para el año 2050 la generación de esos desechos alcance el volumen insospechado de 3.4 billones de TM, un 70% más que en 2016. El Banco Mundial sostiene que los desechos “…constituyen […] el desafío más amplio que afecta a salud humana y los medios de subsistencia, el medio ambiente y la prosperidad”.

A nivel mundial, se estima que el mundo tiene una tasa de generación de residuos municipales sólidos de 0.74 Kg por persona por día, mientras que los países de Norte América (Canadá y Estados Unidos) presentan la tasa más alta (2.21 Kg por persona por día) y los de Europa, la segunda tasa más alta (1.18 Kg por persona por día). Los países del África, por razones obvias de menor crecimiento y desarrollo, tienen tasa de generación mucho más baja (0.46 Kg por persona por día). América Latina, en general, presenta una tasa intermedia de 0.99 Kg por persona por día.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial de “What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050”.

Para el caso de los países de América Latina, aunque se dispone de una tasa media de 0.99 Kg por persona por día, México presenta una tasa más alta de 1.16 Kg por persona por día y Guatemala ofrece la tasa más baja (0.47 Kg por persona por día). Costa Rica, debido a su grado de desarrollo y relativa urbanización, presenta una tasa intermedia de 0.86 Kg por persona por día, la cual resulta más elevada que el promedio mundial (0.74 Kg por persona por día), pero menor al promedio de América Latina (0.99 Kg por persona por día).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial de “What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050”.

Un tema de mayor gravedad aún es el hecho de que la disposición de esos residuos municipales sólidos es muy deficiente a nivel mundial. En efecto, se estima que el 37% de los desechos se dispone en rellenos sanitarios, el 33% se depositan en simples “vertederos a cielo abierto”, un 19% se reciclan o se aprovechan mediante compostaje, y el 11% se incineran. Para el caso de América Latina y El Caribe se estima que más de dos tercios de los residuos simplemente “…se tiran en algún tipo de relleno sanitario”. El dilema de nuestra sociedad que no queremos para nuestro futuro es tener simplemente que resignarnos a “…convivir con basura…”; y más bien el foco de atención se ha puesto en “…la generación, recolección y tratamiento de los residuos […] como punto de partida para luchar contra la contaminación de residuos sólidos”.

No obstante ello, es claro que la generación de desechos municipales sólidos es apenas una parte pequeña de la generación total de desechos. En efecto, a nivel global se estima que la generación de desechos industriales es 17 veces mayor que la generación de desechos municipales sólidos, y la generación de desechos de la agricultura es 4.5 veces mayor.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial de “What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050”.

Costa Rica no escapa a ese mismo panorama mundial de la producción y disposición de desechos sólidos no solo de carácter municipal, sino industrial y de otros orígenes. En cuanto a la generación de desechos municipales sólidos, por ejemplo, el Ministerio de Salud estimaba ya para 2016 que la tasa de generación de residuos alcanzaba un 1.1 Kg por persona por día para el caso de los cantones definidos como urbanos, lo cual supera el promedio nacional identificado en el trabajo reseñado del Banco Mundial (0.86 Kg por persona por día). Incluso, el ente rector en esta materia señalaba que “…el “manejo inadecuado” de los residuos constituye uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la sociedad costarricense…”.

Justamente, con el propósito de enfrentar la problemática descrita de la generación de residuos sólidos se promulgó la Ley N.º 8839, de 24 de junio de 2010, y sus reformas, “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, publicada en La gaceta N.º 135 de 13 de julio de 2010, que tiene por objeto “regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación”, tal y como se desprende de la lectura del artículo 1 de esta.

No menos importante que ello es que la ley contempla en el artículo 2 diversos objetivos específicos dentro de los que conviene destacar el de “…fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales valorizables y productos reciclados, reciclables y biodegradables, entre otros […] en forma tal que se generen nuevas fuentes de empleo y emprendimientos, se aumente la competitividad y se aprovechen los recursos para incrementar el valor agregado a la producción nacional” (inciso d) del artículo 2, el destacado no es del original).

No obstante ello, a pesar de los objetivos planteados en la legislación, el “INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2019 ha reconocido que el cumplimiento de los fines descritos ha sido muy deficiente. Se destaca que han continuado las malas prácticas de disposición de residuos en sitios inapropiados; se afirma que “…el Ministerio de Salud no ha logrado posicionarse como ente rector del sector de residuos…”; no se observa un desarrollo importante en el mercado de subproductos, materiales valorizables y productos reciclados, reciclables y biodegradables; se indica que no existe un política articulada para desarrollar un plan que influya en las pautas de conducta de los consumidores y los generadores mediante acciones educativas y de sensibilización; y finalmente se señala que no se ha logrado promover la incorporación de los productores e importadores en la búsqueda de soluciones a la problemática de los residuos.

Aún, sí conviene tener presente que el desarrollo de la mencionada legislación sobre la gestión integral de residuos atiende al concepto de “economía circular” desarrollado al final de los años ochenta por PEARCE y TURNER. Según ese enfoque, el principio básico que orienta las estrategias de economía circular es el cierre de ciclos materiales, utilizando los desechos de un proceso industrial como nueva fuente de recursos, lo cual permite alargar sustancialmente la vida de la materia dentro del sistema económico, reduciendo tanto las entradas como las salidas de este.

Desde este punto de vista con este enfoque, según CERDÁ, se abandona el concepto de “economía lineal” basado en el principio de “producir, usar y tirar”; por el concepto de reutilizar los desechos de los procesos industriales como nueva fuente de recursos productivos para la producción. 96012015240000 Es decir, si se entiende el sistema económico con un sistema lineal como el indicado, la parte de los recursos que no sirven para producir bienes de consumo y los mismos bienes de consumo que finalmente no se consumen, simplemente se desechan como residuos a la naturaleza.

Sin embargo, algunos autores indican que los antecedentes de la economía circular se remontan a BOULDING, que desde 1966 planteo la necesidad de sustituir el sistema económico abierto tradicional por uno de ciclo cerrado, denominando la economía abierta como la “economía del Cowboy”, pues esta figura legendaria “…resulta un tipo representativo de las llanuras ilimitadas y puede asociarse también al comportamiento derrochador, explotador, romántico y violento, que es característico de las sociedades abiertas”. Por otra parte, se veía la economía del futuro como una economía de ciclo cerrado que denominó la “economía del astronauta”, “…en la que la Tierra se ha convertido en una única nave espacial, sin reservas ilimitadas de nada, debido a su extracción y a la contaminación, y en la que, por tanto, el hombre debe hallar su lugar en un sistema ecológico cíclico que sea capaz de una reproducción continua de las formas materiales, aun cuando no pueda evitar la utilización de inputs de energía”. Así, desde esos tempranos inicios se detalla la importancia de rescatar aquella parte del consumo que produce residuos para convertirlos en insumos nuevos para posteriores procesos productivos, destacando la tarea de conservar el stock total de recursos e impulsando el mejor desarrollo tecnológico para esos fines.

Modernamente, el enfoque de la “economía circular” es mucho más relevante en razón de que considera como un costo del mismo proceso de producción la generación de residuos no deseados por la misma producción y que posteriormente se trasladan a la naturaleza. De esta manera, el flujo del proceso de producción bajo el concepto de una “economía circular”, considera el tratamiento ulterior que puedan tener los desechos generados tanto de los procesos de producción propiamente dichos, así como del consumo de bienes finales de parte del consumidor.

De este modo, como puede observarse en el esquema siguiente, una vez generados los desechos (W), ya sea de la producción o del acto de consumo final, una buena parte de ellos pueden ser convertidos nuevamente en recursos para la producción mediante procesos de reciclaje por ejemplo; o mediante procesos más complejos de gestión de residuos que permita transformar el desecho en algún producto reutilizable en un determinado flujo de producción. -901701600200Sobre este particular, VALERO y VALERO al referirse al tema indican que la “Economía Circular, propone minimizar los residuos a través de la reutilización, la reparación, la re-manufactura y el reciclado de los materiales existentes y de los productos…” aunque reconocen que siempre quedarán residuos no procesables. Por ello, no es de extrañar que dentro de los Objetivos de desarrollo sostenible, exista una dimensión ambiental de los efectos del comercio mundial que promueve el concepto de “economía circular”. No obstante, existe claridad que ese acercamiento entre comercio y medio ambiente no se logrará naturalmente por las fuerzas del mercado, sino que requiere el esfuerzo de los países para armonizar medidas de política comercial con el desarrollo sostenible.

En este sentido, conviene indicar que si bien la Ley N.º 8839, de 24 de junio de 2010, y sus reformas, “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, dispone como un objetivo particular de su creación el “…desarrollar y promover los incentivos que se establecen en esta Ley y otras leyes para contribuir a la gestión integral de residuos para todos los sectores” (inciso l), artículo 2, el destacado no es del original), lo cierto es que no se encuentran desarrollados incentivos para el fomento de empresas que participen el concepto de “economía circular”, promoviendo especialmente la creación e instalación de empresas dedicadas a la gestión integral de residuos.

En general, de la experiencia internacional se extrae que algunos países han venido incentivando no solo los procesos de recolección de desechos del consumo reciclables (como latas, vidrio, plástico y otros) por medio de la aplicación del principio de la “Responsabilidad extendida del productor o importador”, sino que también favorece el otorgamiento de algunos tratamientos fiscales para la gestión en el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos, justamente con la idea de retornar productos reciclados al proceso de producción y disminuir la carga de productos que se pueden depositar en el ambiente en determinadas circunstancias. TOBÓN y VASCO destacan algunas políticas públicas particulares sobre la materia. Las primeras tienen como propósito disminuir los costos de la importación de maquinaria, equipo e insumos utilizados en el rescate de productos reciclados mediante la reducción de los aranceles y carga impositiva a la importación. De manera similar, se observan también incentivos mediante ciertos ajustes en el impuesto sobre la renta, de modo que se permite la consideración de tratar como rentas exentas las generadas por las actividades económicas dedicadas al reciclaje o la gestión de residuos con procesos propios. Finalmente, se contempla, en algunos casos, un incentivo asociado con el impuesto al valor agregado (IVA) que consiste en la exención del pago de ese tributo a determinados equipos, maquinarias e insumos que se utilizan en estos procesos de producción de la “economía circular”.

En relación con la reducción de aranceles y cargas a la importación, es importante traer a colación que la Organización Mundial del Comercio (OMC) plantea que “una forma práctica de acercar las políticas comerciales a las ambientales es reducir los obstáculos al comercio de los bienes y servicios que puedan contribuir a lograr que el consumo y la producción sean más ecológicos y más sostenibles”, denominando esos bienes y servicios como “BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES” y citando casos como el de producción de energía limpia y renovable, la gestión integral de residuos sólidos y la supervisión de la calidad del medio ambiente.

En razón de ello, la OMC ha promovido la reducción de los obstáculos al comercio de esos “BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES” con el interés de que tales bienes puedan llegar a los consumidores a precios más competitivos con servicios ambientales de alta calidad, favoreciendo que las empresas paguen menos “…por las mejores tecnologías ecológicas disponibles”. En ese sentido, conviene traer a colación que desde el 8 de julio de 2014 dieciocho participantes de la OMC, que representan 46 miembros, han estado celebrando negociaciones multilaterales para establecer un ACUERDO SOBRE BIENES AMBIENTALES que permita promover el comercio de un mayor número de productos ambientales fundamentales (maquinaria, equipo e insumos) con aranceles reducidos o exentos relacionados con procesos de gestión de desechos o residuos, utilización más eficiente de la energía y de los recursos, tratamientos de aguas residuales, entre otros. Costa Rica ha participado activamente en ese grupo desde su conformación, como uno de los 18 participantes iniciales.

En el caso particular de Colombia, por ejemplo, mediante Ley N.º 1715, de 13 de mayo de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, publicada en el Diario Oficial N.º 49.150 de 13 de mayo de 2014, se dispone en el artículo 13 un incentivo arancelario para la importación de maquinaria, equipo e insumos destinados a inversión en proyectos de fuentes no convencionales de energía, siempre que tales bienes no sean producidos localmente.

En relación con beneficios vinculados con el impuesto sobre la renta, en algunos casos se observan también incentivos mediante ciertos ajustes en el impuesto sobre la renta, de modo que se permite la consideración de tratar como rentas exentas del impuesto las generadas por las actividades económicas dedicadas al reciclaje o la gestión de residuos con procesos propios.

En el caso de Colombia, por ejemplo, el ESTATUTO TRIBUTARIO define en el artículo 235-2, inciso 3), como “rentas exentas a partir del año gravable 2019”, la correspondiente a la “…venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares […] realizada únicamente por empresas generadoras, por un término de quince (15) años, a partir del año 2017…”. Para el mismo caso de Colombia, la Ley N.º 1715 de 13 de mayo de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, publicada en el Diario Oficial N.º 49.150 de 13 de mayo de 2014, dispone en el artículo 11 que los obligados tributarios para declarar renta podrán deducir de su renta, por un período no mayor de 15 años, el 50% de la inversión realizada en fuentes de energía no convencionales. De igual manera, el valor a deducir no podrá ser superior al 50% de la renta líquida del contribuyente determinada antes de restar el valor de la inversión. De manera similar, el artículo 255 del mismo ESTATUTO TRIBUTARIO consagra un descuento del 25% del impuesto sobre la renta por las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del ambiente. Finalmente, para el mismo caso de Colombia merece destacarse que la Ley N.º 1715, ya mencionada, dispone en el artículo 14 el beneficio de la depreciación acelerada para la maquinaria, equipo y obras civiles que realicen operaciones destinadas a generación de energía mediante fuentes no convencionales, para lo cual la tasa de depreciación anual no podrá ser superior al 20%.

Finalmente, en algunos casos, se contempla también un incentivo asociado con el impuesto al valor agregado (IVA) que consiste en la exención del pago de ese tributo a determinados equipos, maquinarias e insumos que se utilizan en estos procesos de producción.

En el caso de Colombia, por ejemplo, el ESTATUTO TRIBUTARIO en el inciso f) del artículo 428 indica claramente que no causan el impuesto sobre las ventas (no está afectada por el impuesto) “…la importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente…”.

Además, en el numeral 16) del artículo 424 se agrega que tampoco causan impuesto sobre las ventas “La compraventa de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero definido en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, que generen y certifiquen reducciones de Gases Efecto Invernadero -GEl, según reglamentación que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Finalmente, para el mismo caso de Colombia, la Ley N.º 1715 de 13 de mayo de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, publicada en el Diario Oficial N.º 49.150 de 13 de mayo de 2014, dispone en el artículo 12 la exoneración del impuesto sobre las ventas para el caso de los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la producción de energía a partir de fuentes no convencionales. Por las razones expuestas, y ante la necesidad de promover la creación y funcionamiento de empresas que se dediquen a la gestión integral de residuos en Costa Rica, presentamos el siguiente proyecto de ley que tiene como objetivo otorgar algunos incentivos fiscales para la operación de empresas bajo el concepto de “economía circular” con procesos propios de valoración de residuos, ya sea de la producción o del acto de consumo final, de modo que una buena parte de ellos pueden ser convertidos nuevamente en recursos para la producción mediante procesos de reciclaje, por ejemplo, o mediante procesos más complejos de gestión de residuos que permita transformar el desecho en algún producto reutilizable en un determinado flujo de producción.

Aunado a lo anterior, es necesario reformar la LEY N.º 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS”, a fin de cambiar la rectoría en cuanto a la gestión de los residuos, pues obviamente quien debe tenerla, en razón de su competencia ambiental, no es otra que el Ministerio de Ambiente, por lo que se aprovecha, en esta iniciativa, de dar la rectoría a dicho Ministerio.

Es importante señalar, además, que la presente iniciativa establece una contribución especial para toda persona física o jurídica que produzca o importe bienes cuyos residuos finales sean declarados de manejo especial y/o peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía, cuya finalidad será atender el principio de responsabilidad extendida del productor para mitigar o compensar su impacto ambiental, así como la creación de un galardón denominado “Sello de Economía Circular” para estimular anualmente a las personas físicas y jurídicas que participen en el modelo de la gestión integral de residuos como economía circular, el cual será otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 8839, DE 24 DE JUNIO DE 2010, Y SUS REFORMAS, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, PUBLICADA EN LA GACETA N.º 135 DE 13 DE JULIO DE 2010; Y MODIFICACIÓN DEL TRANSITORIO XVII DEL CAPÍTULO V DE LA LEY N.  9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2019, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, PUBLICADA EN EL ALCANCE N.º 202 A LA GACETA N.º 225 DE 4 DE DICIEMBRE DE 2020

ARTÍCULO 1- Se agregan a la Ley N.º 8839, de 24 de junio de 2010, y sus reformas, Ley para la Gestión Integral de Residuos, publicada en La gaceta N.º 135 de 13 de julio de 2010, los siguientes artículos 18 bis, 21 bis y 21 ter:

Artículo 18 bis- Sello de calidad de economía circular. Se establece un galardón denominado “Sello de Economía Circular” para estimular anualmente a las personas físicas y jurídicas que participen en el modelo de la gestión integral de residuos como economía circular, el cual será otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía.

El Ministerio de Ambiente y Energía establecerá una Comisión Especial con participación de las organizaciones empresariales representativas de las empresas dedicadas a la gestión integral de residuos que recomendará las personas físicas o jurídicas merecedoras del galardón.

El Ministerio de Ambiente y Energía dispondrá por decreto ejecutivo las normas bajo las cuales se regirá el funcionamiento de la Comisión Especial y el procedimiento para generar la recomendación del galardón.

Artículo 21 bis- Incentivos para gestores integrales de residuos. Las personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que brinden servicios de recolección, transporte y acopio, preparación para la valorización, tratamiento, valorización, exportación o disposición final de residuos reciclables, coprocesables, especiales y/o peligrosos con actividades propias de gestión integral de residuos y que se encuentren debidamente inscritos ante la Administración Tributaria y ante el Ministerio de Ambiente y Energía, podrán disfrutar de los siguientes incentivos, con las salvedades que se indican:

a) Internar a territorio nacional la maquinaria y el equipo, al igual que sus accesorios y repuestos, partes y componentes para el respectivo proceso de gestión integral de residuos, inscrito en el Ministerio de Ambiente y Energía, sin sujeción al pago de todo tributo o derecho consular sobre la importación y/o impuesto interior, incluyendo el impuesto sobre el valor agregado.

b) Exoneración de todo impuesto interior, incluyendo el impuesto sobre el valor agregado, sobre la importación o compra local de materias primas e insumos para la actividad de gestión integral de residuos.

c) Exención de todo tributo a las utilidades, así como cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, hasta por un período de 10 años.

Artículo 21 ter- Las empresas beneficiarias indicadas en el artículo 21 bis de esta ley deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar debidamente inscritas ante el Ministerio de Ambiente y Energía, en el registro de gestores cumpliendo las obligaciones y requisitos establecidos por la legislación.

b) Disponer de un proceso propio para la gestión y valorización integral de residuos. Las empresas transnacionales o extranjeras, en caso de no contar con un proceso de transformación, valorización y disposición final para los residuos en el territorio nacional, deberán acreditar que lo tienen en otro territorio.

ARTÍCULO 2- Se agrega un inciso 36 al artículo 8 del título I, capítulo III, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.º 9635, de 3 de diciembre de 2019, publicada en el Alcance N.º 202 a La Gaceta N.º 225 de 4 de diciembre de 2020, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 8- Exenciones. Están exentos del pago de este impuesto:

[…]

36. Los servicios de recolección, transporte y acopio, preparación para la valorización, tratamiento, valorización, exportación o disposición final de residuos reciclables, coprocesables, especiales y/o peligrosos, y se encuentren debidamente inscritos ante la Administración Tributaria y el Ministerio de Ambiente y Energía, estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado.

ARTÍCULO 3- Refórmense los artículos 7, 9, 10, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 41, 42, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 44, 46, 48,49,53 y 54 de la Ley N.º 8839, de 24 de junio de 2010, y sus reformas, Ley para la Gestión Integral de Residuos, para que en adelante se lean:

Artículo 7- Rectoría

El jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía será el rector en materia de gestión integral de residuos, con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, tiene entre sus funciones las siguientes:

a) Formular y ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, así como evaluarlos y adaptarlos periódicamente en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

b) Dictar los reglamentos, por tipo de residuo, que sean necesarios para la gestión integral de residuos.

c) Verificar la aplicación de esta ley y sus reglamentos.

d) Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios para la gestión integral de residuos.

e) Fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para una gestión integral de los residuos, insertándola en una acción ambiental pública, para optimizar e integrar coherentemente los esfuerzos y los recursos de la Administración Pública central y descentralizada en esa materia.

f) Definir los indicadores de cumplimiento en materia de gestión integral de residuos.

g) Evaluar en forma continua las políticas, los planes, los programas y los reglamentos técnicos asociados a la gestión integral de residuos.

h) Identificar las oportunidades para alcanzar la gestión integral de residuos, fomentando tecnologías, inversiones y la réplica de modelos que demuestren ser eficaces y aplicables según las condiciones y las características de los residuos generados en el país.

i) Administrar el Fondo para la gestión integral de residuos, que se crea en esta ley.

j) Establecer un sistema de información nacional sobre gestión integral de residuos que permita elaborar los inventarios e indicadores relacionados con la gestión integral de residuos que complementen el sistema de indicadores e índices de salud y ambientales nacionales.

k) Promover incentivos para la gestión integral de residuos, dirigidos especialmente al fomento y la capacitación de microempresas, cooperativas y otras organizaciones y/o empresas sociales que trabajan en la recuperación y gestión de residuos.

l) Vigilar para que en el marco de aplicación de esta ley se respete la Ley N.º 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 de marzo de 2002, y sus reformas.

Artículo 9- Construcción participativa

Para la formulación de la política, el plan y los reglamentos técnicos, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá garantizar la participación de los sectores vinculados a la gestión integral de residuos en el ámbito nacional, y quedan facultados para crear las comisiones ad hoc que consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

El reglamento de esta ley desarrollará las disposiciones para la participación de las personas y de las organizaciones legalmente constituidas, para la construcción participativa de los instrumentos descritos en el párrafo anterior, tendientes a proteger y mejorar el ambiente, en cumplimiento de esta ley.

Artículo 10- Política nacional de residuos

El Ministerio de Ambiente y Energía debe formular, en forma participativa, la política nacional para la gestión integral de residuos.

Artículo 12- Planes municipales de residuos

El plan municipal de gestión integral de residuos es el instrumento que orientará las acciones de las municipalidades para la gestión integral de residuos en el cantón. Se elaborará a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y el reglamento de esta ley. Este plan podrá ser formulado en forma mancomunada con otras municipalidades.

La municipalidad convocará a una audiencia pública conforme lo establecerá el reglamento de esta ley, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, a fin de presentar formalmente a la comunidad y a los interesados los alcances del plan municipal de gestión integral de residuos.

Los planes municipales serán presentados ante el Ministerio de Ambiente y Energía para su registro, seguimiento y monitoreo.

Artículo 13- Planes sectoriales de residuos o por la naturaleza del residuo

Los diferentes sectores de la sociedad podrán desarrollar programas para la gestión integral de un determinado sector o residuo de su interés, que considere la cantidad y la composición de los residuos. Estos programas deberán coadyuvar al cumplimiento de la política nacional, el Plan Nacional y los objetivos de esta ley. Estos programas serán presentados ante el Ministerio de Ambiente y Energía para su registro, seguimiento y monitoreo.

Artículo 14- Programas de residuos por parte de los generadores

Todo generador debe contar y mantener actualizado un programa de manejo integral de residuos. En caso de que el programa incluya la entrega de residuos a gestores autorizados, el generador debe vigilar que esté autorizado para el manejo sanitario y ambiental de acuerdo con los principios de esta ley.

Este programa debe ser elaborado e implementado por el generador para el seguimiento y monitoreo por parte de los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía.

El reglamento de esta ley determinará los contenidos del programa de manejo integral de residuos, el cual deberá coadyuvar al cumplimiento de la política nacional, el Plan Nacional, el plan municipal y los objetivos de esta ley. Además, establecerá cuáles generadores, dependiendo de su actividad, estarán exentos de presentar los programas de manejo que indica este artículo. Quedan exentas de la elaboración de dicho programa las viviendas unifamiliares.

Artículo 16- Fiscalización de los programas de residuos de los generadores

Los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía, o en coadyuvancia los funcionarios del Ministerio de Salud, todos debidamente identificados, podrán visitar, sin previo aviso, las instalaciones de los generadores públicos y privados para fiscalizar la existencia y la implementación del respectivo programa de manejo. El ingreso de las personas funcionarias del Ministerio de Ambiente y Energía a las instalaciones de estos generadores será de carácter obligatorio e inmediato. Mediante notificación escrita, el Ministerio de Ambiente y Energía podrá girar recomendaciones técnicas para su mejora o para que se adopten las medidas correctivas que se estimen pertinentes.

Artículo 17- Sistema nacional de información

El Ministerio de Ambiente y Energía será el órgano responsable del funcionamiento del sistema nacional de información sobre gestión integral de residuos, que contendrá la información relativa a la situación nacional. Se autoriza al Instituto Nacional de Estadística y Censos para que brinde apoyo técnico en la elaboración y el mantenimiento de este sistema.

Dicho sistema debe incluir los inventarios de residuos generados y valorizados, la infraestructura y las tecnologías apropiadas para su manejo, el inventario de gestores autorizados y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y los reglamentos que de ella se deriven.

Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas, municipalidades, generadores y gestores estarán en la obligación de suministrar oportunamente la información requerida para alimentar dicho sistema. Asimismo, serán responsables de la veracidad de la información y de asegurar que dicha información sea fácilmente verificable. La periodicidad y la forma de presentar la información serán definidas vía reglamento.

Artículo 18- Acceso a la información

El Ministerio de Ambiente y Energía deberá elaborar y difundir informes periódicos, sobre los aspectos relevantes contenidos en el sistema nacional de información. Además, deberá asegurar y establecer los medios idóneos para que la información pertinente sobre la gestión de residuos sólidos sea de acceso público, según se establece en el principio de derecho a la información.

Artículo 19- Programa nacional de educación

Créase el Programa Nacional de Educación para la gestión integral de residuos y se declara de interés público. Este incluye tanto la educación formal como la no formal.

El Consejo Superior de Educación emitirá las políticas educativas nacionales que orienten el Programa Nacional de Educación sobre la gestión integral de residuos, en todos los niveles de la Educación Preescolar, General Básica y Diversificada, tanto pública como privada. Para ello, se incorporarán como eje transversal del currículo los objetivos, los contenidos, las lecciones y las actividades necesarias para ese fin que propicien el fortalecimiento, la formación y la divulgación de nuevos valores y actitudes en lo relativo a pautas de conducta y que contribuyan a alcanzar los objetivos de esta ley. Para estos efectos, el Ministerio de Educación Pública coordinará estas acciones con el Ministerio de Ambiente y Energía.

Cada año el Ministerio de Educación deberá incorporar estas actividades en la elaboración del plan anual operativo, a fin de asegurar la dotación de los recursos necesarios para su ejecución.

Las instituciones de educación superior y técnica deberán establecer en los programas académicos de las carreras afines a la materia la formación en gestión integral de residuos.

Asimismo, todos los centros educativos públicos y privados del país deberán establecer e implementar planes de manejo integral de residuos que se generen en sus instalaciones, como una forma de enseñar a los educandos en forma práctica sobre la gestión integral de residuos.

Artículo 20- Fomento para la gestión integral de residuos

El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con otras instituciones públicas y los sectores involucrados, promoverá en el reglamento de esta ley las herramientas legales, políticas, económicas, los instrumentos de mercado o de comunicación, así como los incentivos no fiscales u otros, para el fomento de la prevención de la contaminación, la aplicación de la producción más limpia, la reutilización y la valorización de residuos, para promover las tecnologías menos contaminantes en el tratamiento y la disposición final de estos.

En el establecimiento de estas herramientas se fomentará la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, las cooperativas, las organizaciones de mujeres y otras formas de organización social que coadyuven al cumplimiento de la política, el Plan Nacional, el plan municipal respectivo y los objetivos de esta ley.

Artículo 22- Medidas especiales

El Ministerio de Ambiente y Energía podrá adoptar, vía reglamento o decreto ejecutivo, medidas para lo siguiente:

a) Promover la importación, fabricación y comercialización de productos y/o residuos que favorezcan la gestión integral de residuos.

b) Prohibir la importación de materiales cuya valorización o gestión integral sea limitada o inexistente en el país.

c) Restringir o prohibir, en coordinación con los sectores y de acuerdo con las metas que se fijen al efecto, la importación, fabricación y comercialización de productos que dificulten el cumplimiento de las políticas nacionales para la gestión integral de residuos.

d) Crear sistemas de depósito, devolución y retorno para los residuos de difícil valorización que no estén sujetos a un programa de manejo.

e) Promover las estructuras de comercialización de residuos valorizables y de los productos de ellos obtenidos.

f) Solicitar al productor o importador de un determinado producto, ante la duda razonable de que este pueda ocasionar daños a la salud y al ambiente, que utilice el análisis de ciclo de vida u otro instrumento de evaluación del riesgo, de conformidad con los estándares y requisitos que se establezcan vía reglamento. El propósito de esta medida es la observancia del principio precautorio, la autorización o no del ingreso de estos productos, su fabricación o comercialización en el país, así como la definición de los términos, los límites y las condiciones en que estas actividades podrán llevarse a cabo, en caso de ser autorizadas.

g) Promover estructuras socialmente justas y ambientalmente adecuadas de comercialización de residuos valorizables y de los productos de ellos obtenidos, con la finalidad de evitar prácticas monopolísticas.

h) Coordinar con las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y las municipalidades la regulación de la comercialización de materiales valorizables. Se podrá restringir este tipo de actividad cuando esta promueva actos ilícitos contra bienes de dominio público o dedicado a un servicio público. i) Prohibir o limitar temporalmente la exportación de residuos cuando tengan valor estratégico para el país.

El Ministerio de Ambiente y Energía queda autorizado para coordinar con otros ministerios o entes públicos, vía reglamento o decreto ejecutivo, las medidas especiales necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 23- Participación ciudadana

El Ministerio de Ambiente y Energía y las municipalidades, en el marco de sus competencias, promoverán la participación de todas las personas en forma activa, consciente, informada y organizada en la gestión integral de residuos. Para ello deberán:

a) Convocar, fomentar y apoyar la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas correspondientes.

b) Apoyar a los grupos sociales organizados en la realización de programas, proyectos y otras iniciativas sociales para la gestión integral de residuos.

c) Fomentar la aplicación de la presente ley, mediante la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la gestión integral de residuos, con énfasis en la valorización de los materiales contenidos en ellos. Para tal fin, podrán establecer convenios de cooperación con comunidades urbanas y rurales, instituciones académicas, micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras formas de organización social, de la gestión integral de residuos.

d) Fomentar y garantizar la participación ciudadana en el control y la fiscalización del cumplimiento de esta ley, de la política y el Plan Nacional, así como de otros programas y proyectos en la materia.

El reglamento de esta ley desarrollará las disposiciones para la participación de las personas y de las organizaciones legalmente constituidas, en la toma de decisiones y las acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente, en cumplimiento de esta ley.

Artículo 24- Fondo

Créase el Fondo para la gestión integral de residuos para alcanzar los objetivos de esta ley, cuyos recursos se constituirán a partir de lo siguiente:

a) Las transferencias que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

b) La reasignación del superávit de operación del Fondo para la gestión integral de residuos.

c) Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, y los aportes del Estado o de sus instituciones.

d) Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, de acuerdo con los respectivos convenios.

e) Los fondos provenientes de convenios de préstamos internacionales para financiar actividades o proyectos relacionados con la gestión integral de residuos.

f) Los ingresos procedentes de la venta de guías, formularios, publicaciones, venta de servicios, refrendo de documentos, autorizaciones, certificaciones, inscripciones y registro realizados por el Ministerio de Ambiente y Energía para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

g) Los montos provenientes de las infracciones gravísimas y graves establecidas en la presente ley, así como los intereses moratorios generados.

h) Los provenientes de la imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente, así como estimaciones del daño al ambiente fijadas así por el Tribunal Ambiental Administrativo, cuando se den como resultado del manejo inadecuado de residuos.

i) Los recursos provenientes de los acuerdos de conciliación que realiza el Tribunal Ambiental Administrativo, en los casos objeto de esta ley.

j) Los montos fijados por el Tribunal Ambiental Administrativo por el daño ambiental, por los casos objeto de esta ley.

Artículo 25- Manejo del Fondo

Las sumas recaudadas serán remitidas a una cuenta especial en la caja única del Estado que será administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía. Para cumplir las funciones señaladas en esta ley, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá elaborar los presupuestos correspondientes a las obligaciones y las actividades que esta ley les impone, así como a suscribir los contratos de administración que se requieran.

Con respecto a las multas e ingresos correspondientes a los incisos h), i) y j) del artículo 24 de esta Ley, la Tesorería Nacional deberá girarlos a la municipalidad del cantón donde se originó Ia infracción correspondiente, con el fin de que utilicen estos recursos para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Artículo 30- Autorización

Autorízase a las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades para que donen, permuten, vendan y de ser necesario, bajo autorización expresa del Ministerio de Ambiente y Energía, exporten los residuos y los materiales de su propiedad que puedan ser objeto de reutilización o valorización, de conformidad con el procedimiento que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 32- Registro de gestores

Todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen a la gestión total o parcial de residuos para poder operar deben registrarse ante el Ministerio de Ambiente y Energía y cumplir los requisitos que establezca el reglamento respectivo, así como cualquier otra legislación ambiental, de salud y social pertinente.

Los gestores de residuos deberán cancelar el monto que establezca dicho reglamento por concepto de registro para financiar las actividades de monitoreo y control.

Los gestores autorizados deberán indicar expresamente los sitios en donde se recuperarán, procesarán y manipularán los residuos para su posterior valorización, y deberán cumplir todos los requisitos legales de ubicación, construcción y operación pertinentes para los establecimientos.

El reglamento de esta ley definirá las funciones de los gestores.

Artículo 35- Exenciones para la importación de residuos

El Ministerio Ambiente y Energía podrá autorizar la importación de residuos para ser valorizados en el país, siempre y cuando determine, con fundamento en estudios técnicos y aplicando el principio precautorio, que no pone en peligro la salud y el ambiente. Para ello se deben dar las siguientes condiciones:

a) Que por razones de economías de escala dicha importación permita o promueva el establecimiento de una tecnología ambientalmente adecuada, debidamente reconocida y aceptada en el ámbito internacional, para el tratamiento de residuos similares generados en el país que de otra forma no podrían ser gestionados localmente de manera responsable.

b) Que dicha importación se realice de conformidad con el procedimiento y los protocolos que se establecerán para garantizar el adecuado seguimiento y control.

c) Que el destino final de dichos residuos no sea su tratamiento y disposición final, salvo que su importación sea necesaria para alcanzar la capacidad productiva de las operaciones de las empresas gestoras ambientales con el fin el fortalecer, promocionar y asegurar los procesos productivos y de disposición correcta de residuos el territorio nacional.

d) Que se cuente con el criterio técnico previo de la Secretaría Técnica para la Gestión Racional de Sustancias Químicas.

e) Que el residuo sea fuente de materia prima para la elaboración de otros productos.

f) Que se cuente con procedimientos y protocolos establecidos para su adecuado transporte y trasiego en territorio nacional.

g) Cualquier otra condición que establezca el reglamento de esta ley.

La autorización para el caso concreto establecerá la cantidad, las características, el tipo de residuos autorizados y el destino de estos.

Artículo 41- Residuos de manejo especial

El Ministerio de Ambiente y Energía deberá declarar, vía decreto ejecutivo, los residuos de manejo especial que serán separados de la corriente normal de los residuos para ser sujetos de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y el ambiente.

El Ministerio de Ambiente y Energía y las municipalidades deberán promover y facilitar la existencia de la infraestructura necesaria para la valorización, el tratamiento y la disposición final de los residuos de manejo especial.

Artículo 42- Responsabilidad extendida del productor de residuos de manejo especial

El productor o importador de bienes cuyos residuos finales sean declarados por el Ambiente y Energía como de manejo especial deberá ejecutar al menos alguna de las siguientes medidas para mitigar o compensar su impacto ambiental:

a) Establecer un programa efectivo de recuperación, reuso, reciclaje, aprovechamiento energético u otro medio de valorización para los residuos derivados del uso o consumo de sus productos en todo el territorio nacional.

b) Participar en un programa sectorial de residuos o por la naturaleza del residuo para su gestión integral, organizado ya sea por sector o por producto.

c) Adoptar un sistema de depósito, devolución y retorno en el cual el consumidor, al adquirir el producto, dejará en depósito una cantidad monetaria que será recuperada con la devolución del envase o el producto.

d) Elaborar productos o utilizar envases o embalajes que, por sus características de diseño, fabricación o utilización, minimicen la generación de residuos y faciliten su valorización, o permitan su eliminación en la forma menos perjudicial para la salud y el ambiente.

e) Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades para mejorar los sistemas de recolección y gestión integral de residuos.

Artículo 42 ter- Contribución especial. Se establece una contribución especial para toda persona física o jurídica que produzca o importe bienes cuyos residuos finales sean declarados de manejo especial y/o peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía que atenderá el principio de responsabilidad extendida del productor para mitigar o compensar su impacto ambiental.

Tal contribución especial no podrá superar el equivalente a tres dólares, moneda de los Estados Unidos de América, como máximo, por cada unidad producida o importada del bien cuyo residuo final sea declarado especial y/o peligroso por el Ministerio de Ambiente y Energía

La contribución especial será fijada por decreto ejecutivo para los residuos declarados de manejo especial que el Ministerio de Ambiente y Energía determine, para lo cual puede tener en consideración las particularidades del tipo de residuo, los casos de excepción que se considere pertinente definir y determinando en cada caso el tipo de unidad ya sea unidad física, litro o kilo, sobre la cual recaerá la contribución especial.

Artículo 42 quater- Fondo para el Manejo de Residuos (Fomare). Los recursos provenientes de la Contribución Especial, constituirán el Fondo para el Manejo de Residuos (Fomare), los cuales serán administrados por el Ministerio del Ambiente y Energía en una cuenta especial.

Los recursos del Fondo para el Manejo de Residuos podrán utilizarse como máximo en un 7,5% para sufragar los gastos y cargos de manejo administrativo, control contable y supervisión de los recursos; y en otro 7,5% para sufragar los costos del Sello Calidad de Economía Circular. El restante 85% será utilizado íntegramente para promover el manejo y disposición final de esos residuos por parte de diversos agentes que participen en el proceso de manejo, disposición final, reciclaje y transformación de los residuos especiales y/o peligrosos.

Anualmente, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá elaborar un presupuesto con la distribución del Fondo para el Manejo de Residuos, de modo que se consignen los recursos específicos para cada uno de los fines dispuestos anteriormente de acuerdo con los porcentajes máximos indicados.

Artículo 42 quinquies- Tarifas para procesamiento de residuos. El Ministerio de Ambiente y Energía determinará mediante reglamento las tarifas que se pagarán por el manejo, disposición final, reciclaje y transformación de los residuos especiales y/o peligrosos, las cuales se pagarán del Fondo para el Manejo de Residuos a las personas físicas o jurídicas acreditadas como gestores de residuos que participen en el procesamiento y transformación de los residuos especiales y/o peligrosos definidos. Las tarifas se definirán por unidad ya sea unidad física, litro o kilo, para cada caso de tipo de residuo especial y/o peligroso.

El Ministerio de Ambiente y Energía dispondrá mediante reglamento las disposiciones necesarias para el pago de las tarifas por el procesamiento de residuos a las personas físicas o jurídicas acreditadas.

Artículo 44.- Obligaciones

Los generadores de residuos peligrosos deberán cumplir las obligaciones que reglamentariamente se determinarán, entre ellas las siguientes:

a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente las mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.

b) Envasar y etiquetar de acuerdo con la regulación nacional e internacional vigente, los recipientes que contengan residuos peligrosos; como mínimo se incluirá la clasificación de riesgo, las precauciones ambientales y sanitarias, así como de manejo y almacenamiento.

c) Llevar un registro de los residuos peligrosos generados que incluyan tipo, composición, cantidad y destino de estos para garantizar completa rastreabilidad del flujo de los residuos en todo momento.

d) Suministrar a los gestores autorizados para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuada manipulación, trasiego, transporte, tratamiento y disposición final.

e) Presentar informes semestrales al Ministerio de Ambiente y Energía donde se especifique, como mínimo, la cantidad de residuos peligrosos producidos, la naturaleza de estos y el destino final.

f) Informar inmediatamente al Ministerio de Ambiente y Energía en caso de desaparición, pérdida o derrame de residuos peligrosos.

g) Contratar únicamente gestores autorizados para gestionar residuos peligrosos.

h) Contar con áreas de almacenamiento temporales, cuya ubicación, diseño, construcción y operación cumplan la reglamentación vigente en la materia.

Artículo 46- Remediación

En caso de detectarse suelos contaminados, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá emitir la declaración de suelo contaminado y ejercer las acciones necesarias porque quien resulte responsable de la contaminación deberá proceder a su limpieza y recuperación, de acuerdo con los lineamientos generales que se establecerán vía reglamento y con un plan de remediación, previamente aprobado por dicho Ministerio.

En caso de que no sea posible identificar al responsable de la contaminación de un sitio por el manejo inadecuado de residuos, el Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con la municipalidad respectiva y cualquier otra autoridad que consideren conveniente, llevarán a cabo las acciones necesarias para su remediación cuando existan riesgos inminentes para la salud y el ambiente.

Artículo 48- Infracciones gravísimas y sus sanciones

Se considerarán infracciones gravísimas, sin perjuicio de que constituya delito, las siguientes:

a) Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer residuos peligrosos o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Ambiente y Energía en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones correspondientes.

b) Realizar el depósito o confinamiento de residuos fuera de los sitios destinados para dicho fin.

c) Mezclar residuos ordinarios con residuos peligrosos, contraviniendo lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos que de ellas deriven.

d) Depositar residuos peligrosos y/o de manejo especial en sitios no autorizados para este tipo de residuos.

e) Comprar, vender y almacenar material valorizable robado o sustraído ilícitamente.

f) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos peligrosos, en sitios no autorizados.

g) Transportar residuos peligrosos, sin la autorización correspondiente.

Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las infracciones gravísimas se sancionarán con una multa de cien a doscientos salarios base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental.

Artículo 49.- Infracciones graves y sus sanciones

Se considerarán infracciones graves, sin perjuicio de que constituya delito, las siguientes:

a) Quemar, incinerar, enterrar, almacenar o abandonar residuos ordinarios, en sitios no autorizados.

b) Gestionar, almacenar, valorizar, tratar y disponer de residuos ordinarios en lugares no autorizados o aprobados por las autoridades competentes o en condiciones contrarias a las establecidas en las disposiciones legales correspondientes.

c) Transportar en forma habitual residuos ordinarios o residuos de manejo especial declarados por el Ministerio de Ambiente y Energía, sin la autorización correspondiente.

Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las infracciones graves se sancionarán con una multa de veinte a cien salarios base, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental.

Artículo 53- Inspecciones

Los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía o en coadyuvancia funcionarios del Ministerio de Salud, debidamente identificados, podrán realizar las inspecciones de verificación, seguimiento o cumplimiento de la normativa relativa a la gestión integral de residuos, en cualquier inmueble y en el momento que lo requieran, para lo cual tendrán carácter de autoridad de policía, con fe pública. Dicha inspección se realizará sin previo aviso y deberá cumplir el procedimiento estandarizado que vía reglamento se establecerá.

Durante la inspección, los funcionarios indicados en el párrafo anterior tendrán libre acceso a las instalaciones o los sitios de inspección y podrán hacerse acompañar de las personas expertas que consideren necesarias, así como de la Fuerza Pública, quienes están en la obligación de facilitar toda la colaboración que estos requieran para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

Los inspectores municipales podrán coadyuvar con el Ministerio de Ambiente y Energía en la supervisión de los generadores públicos y privados, en los mismos términos en que lo hacen los funcionarios precitados.

En caso de encontrarse indicios de incumplimiento de esta ley o su reglamento, se le notificará al responsable el inicio del procedimiento respectivo.

Artículo 54- Cancelación de permisos y licencias

El Ministerio de Ambiente y Energía podrá suspender, revocar o cancelar las licencias, los permisos y los registros necesarios para la realización de las actividades que hayan dado lugar a la comisión de la infracción.

TRANSITORIO I-

El Ministerio de Salud deberá traspasar al Ministerio de Ambiente y Energía, en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la publicación de esta ley, la administración del Fondo que se crea en esta ley.

TRANSITORIO II-

El Ministerio de Ambiente y Energía deberá abrir, en el plazo máximo de tres meses, contado a partir de la publicación de esta ley, una cuenta especial para el Fondo para la gestión integral de residuos dentro de la caja única del Estado.

Rige a partir de su publicación.

Oscar Mauricio Cascante Cascante Diputado

04 de febrero de 2021

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.