Inamu ya puede pagar abogados para mujeres víctimas de violencia

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, N.º 7801, Y SUS REFORMAS

ANA LUCÍA DELGADO OROZCO DIPUTADA

EXPEDIENTE N° 22.375

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, N.º 7801, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 22.375

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Primer estado de la justicia del año 2015 señaló que en materia de acceso a la justicia los esfuerzos se habían concentrado en la equidad de género, pero también habían ido más allá, al incluirse a otros grupos vulnerables de la población.

Se logró identificar el acompañamiento letrado como uno de los tres factores que favorecen que los procesos penales lleguen a etapa de juicio. Asimismo, rescata las disparidades de género en el acceso a la justicia y los altos grados de impunidad en delitos asociados a las víctimas de violencia de género. Entre las conclusiones establece:

a. Cuando la persona imputada es una mujer aumentan las probabilidades de que sea sobreseída (p. 64) b. Los expedientes en riesgo de tutela efectiva de derechos representan un tercio de la muestra y que estos, en su gran mayoría (74%), corresponden a desestimaciones, especialmente en casos de delitos sexuales, contra la propiedad y contra la vida. (p.64) c. Las desestimaciones para delitos sexuales se asocian a un riesgo potencial (de no acceso a la justicia) del 80% (p.164) d. En el grupo de casos con mayor riesgo potencial tienen una alta presencia los delitos sexuales, contra la vida y contra la autoridad pública, así como las infracciones a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

Para el Segundo estado de la justicia del año 2017, el proceso de análisis se centró en aspectos particulares del quehacer del Poder Judicial, pero como parte de la motivación de esta iniciativa de ley cabe destacar el señalamiento que se hace sobre el panorama cada vez más complejo que enfrentamos como sociedad, cuando se observa que el Poder Judicial está expuesto a una ciudadanía cada vez más demandante y sensibilizada sobre su derecho de acceso a la justicia y que confía poco en la institución, a saber:

(…) los resultados del “Barómetro de las Américas”, de la Universidad de Vanderbilt, señalan que la confianza en el Poder Judicial es notoriamente menor a la de hace dos décadas, pese a los esfuerzos de modernización y las políticas de apertura y transparencia que se han impulsado. (pág. 36).

El mayor obstáculo para una apertura de nuestro sistema judicial a fin de dar cuenta de la capacidad del sistema y dispensar una justicia pronta, cumplida e igual para todos y todas, sigue centrada en la necesidad de que como sociedad podamos proponer espacios de asesoramiento legal gratuitos para personas en estado de vulnerabilidad social.

Lo anterior se ve reflejado hoy día en la inclusión de normas en nuestro ordenamiento jurídico para dotar de este apoyo letrado a las personas, dentro de los procesos judiciales, como por ejemplo en derecho de familia y en derecho laboral.

El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública, pero no está dentro de sus actividades representar a la víctima.

La única manera de intervenir, al margen de la representación del Ministerio Público, es mediante la interposición de una querella -acusación particular- y para ello es indispensable tener patrocinio letrado y un mandato con poder especial para el caso.

El diseño del proceso penal que se hizo con la reforma que entró en vigor en 1998 prevé la figura de la querella particular en los delitos de acción pública, que constituyen una acusación del o de la ofendida ejercida de forma independiente del Ministerio Público, de modo que la acción penal puede proseguir aun cuando el Ministerio Público solicite un sobreseimiento.

Esa es la única forma procesal para garantizar que la persona ofendida tenga acceso a una defensa efectiva de sus intereses, con independencia de la actividad requirente del Ministerio Público que, debe aclararse, no tiene la función legal de representar a las víctimas, pues de conformidad con los artículos 62 y 63 del Código Procesal Penal ejerce la acción penal y debe actuar de manera objetiva.

Dicho lo anterior, es válido concluir que la representación de las víctimas de las distintas formas de violencia de género, que constituyen delitos, debe ejercerse a través de la interposición de querellas, la cual de conformidad con el artículo 75 requiere patrocinio letrado, es decir, la contratación de un profesional en derecho y que, además, sea el apoderado especial de la víctima.

Es evidente que ese requisito procesal ha constituido un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas de delitos relacionados con la violencia de género y esta falencia debe ser subsanada con la creación de oficinas que ofrezcan a las víctimas un efectivo acceso a la tutela judicial, que debe tomar la forma procesal del ejercicio de la querella por delitos de acción pública, de conformidad con las normas citadas (artículos 75 y 76) del Código Procesal Penal.

Nuestro Estado social de derecho debe ofrecer un espacio en el que se les brinde el apoyo letrado a las mujeres víctimas de violencia de género. Por ello, esta iniciativa de ley pretende dar el sustento legal para replicar experiencias exitosas, como es el caso de las defensas sociales especializadas, que bajo el amparo de un convenio suscrito entre el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Poder Judicial de Costa Rica y el Instituto Nacional de la Mujer, se procedió a constituir estos espacios dirigidos a la atención especializada y patrocinio letrado gratuito de mujeres con procesos judiciales relacionados con la Ley de Penalización de la VcM y otros delitos sexuales.

Gracias al convenio citado se crearon seis defensorías sociales especializadas en la atención y representación legal de mujeres con procesos judiciales penales por violencia de género en las siguientes jurisdicciones: Desamparados, II Circuito Judicial de San José, Pérez Zeledón, Turrialba, Alajuela centro y San Carlos, que llevaron a buen término el apoyo a muchas mujeres que por su condición de vulnerabilidad lograron tener un acompañamiento dentro de los procesos judiciales.

Nuestro ordenamiento jurídico debe ofrecer a las mujeres en condición de vulnerabilidad patrocinio legal gratuito, lo contrario conlleva consecuencias jurídicas para ellas, al revictimizarlas dentro de los procesos de violencia intrafamiliar, sexual y de género, en los que no cuentan con el asesoramiento letrado. En este sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 415-16 indicó:

Lo cual tiene como consecuencia que, al igual que cualquier otro servicio público, dicha actividad está impregnada de una serie de principios constitucionales que la Administración debe garantizar para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación al cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

Esta iniciativa de ley tiene su sustento en lo dispuesto por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, “Convención Cedaw”, Ley N.º 6968, de 02 de febrero de 1984, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “Convención Belem do Pará”, Ley 7499, de 02 de mayo de 1995, para dar a las mujeres víctimas una garantía de un acceso real a la justicia de causas asociadas a la Ley de Penalización de la VcM y delitos sexuales y reducción de la impunidad asociada a este tipo de delincuencia, propiamente los artículos 7 y 8, que señalan:

Artículo 7-

(…)

d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

(…) f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

(…).

Artículo 8-

(…)

d. Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

(…).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría sobre derechos de la Mujer, sobre “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de la violencia en las Américas”, de 20 de enero del 2007, manifestó sobre la debida diligencia Estatal:

Frente a estos problemas, la CIDH ha verificado que, en el área específica de la administración de justicia, los Estados carecen de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. La Comisión observa algunas importantes deficiencias que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres: retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, y vacíos e irregularidades en las diligencias per sé que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. A estas dos variables contribuye la falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos. Esta situación es particularmente crítica en las zonas rurales y marginadas.

Estas palabras cobran hoy día sentido, cuando resulta significativo resaltar como parte de la justificación de esta iniciativa de ley el estudio realizado por el Inamu titulado “Investigación sobre nudos críticos para el acceso efectivo y oportuno de las mujeres a la justicia penal en el marco de la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres” del año 2013, en el que se concluyó sobre el poco acceso real, efectivo, que tienen las mujeres de recibir justicia en la aplicación de la Ley de Penalización de la VcM.

Entre los principales hallazgos de ese estudio cabe destacar, en forma resumida, que las víctimas entran, transcurren y salen solas del proceso penal. No se les empodera y acompaña en todas las etapas del proceso, lo cual constituye una causa de abandono del proceso, toda vez que se está enfrentando a un proceso penal amenazante, complejo y revictimizante.

El Informe acerca del cumplimiento del Estado costarricense de la Cedaw había señalado en el año 2017, en lo que interesa lo siguiente:

El acceso a la justicia y a los recursos jurídicos

8. El Comité toma nota de que mecanismos como los recursos de amparo permiten a las mujeres reivindicar la protección de sus derechos y acoge con beneplácito el establecimiento de centros de resolución alterna del conflicto que ofrecen servicios gratuitos. Sin embargo, observa con preocupación:

a) Las barreras económicas que impiden el acceso de la mujer a la justicia y la limitada cobertura de los Consultorios Jurídicos y las Defensorías del Colegio de Abogados y Abogadas;

b) La falta de información accesible y el desconocimiento entre las mujeres de sus derechos y los recursos legales para reivindicarlos;

c) Los estereotipos discriminatorios sobre las mujeres que tratan de obtener justicia y el escaso conocimiento de los derechos de la mujer entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía, en todo el Estado parte;

d) Las barreras al acceso a la justicia para las mujeres indígenas, afrodescendientes, refugiadas y solicitantes de asilo, así como para las mujeres con discapacidad, y la falta de información sobre los recursos.

Pero años después, tenemos un vacío para dar contenido económico y de continuidad en la asesoría, de esta manera evitar dejar a las mujeres desamparadas para continuar ejerciendo el derecho de acceso a la justicia, que aseguran las Convenciones de Derechos Humanos de las Mujeres a cuyo cumplimiento el Estado costarricenses se ha comprometido desde los años ochenta y noventa del siglo pasado. (Pág. 16. El resaltado no es del original).

La responsabilidad de la representación y acompañamiento a las víctimas mujeres de violencia intrafamiliar y ofendidas en procesos de la Ley de Penalización de la VcM, así como de los procesos de familia conexos a estos penales, es una responsabilidad estatal para alcanzar los fines reales de las convenciones internacionales suscritas por el país en materia de los derechos humanos de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia.

Finalmente, es sustancial indicar que el Convenio específico de Cooperación entre el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se rescindió por el señalamiento de la Contraloría de la República de no aprobar la partida para el pago de la planilla y la parte administrativa T-AT-05-AVI-01-1-04-02-S, con la cual el Instituto Nacional de las Mujeres había cumplido con el gasto administrativo y de planilla de los profesionales contratados para asumir los procesos penales y de familia ordenados, para las mujeres que acudieron a estas defensorías sociales, dejando a más de 800 mujeres vulnerables sin patrocinio legal.

El objetivo de la modificación al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres es adicionar un nuevo inciso ñ), para dar el sustento legal dentro del quehacer de esta institución autónoma, de promover y suscribir convenios interinstitucionales que impulsen programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito en procesos judiciales, a mujeres en condición de vulnerabilidad.

El Inamu tiene la capacidad económica para apoyar este fin y es consecuente con su giro, ya que es la institución protectora de los derechos de las mujeres, que eleva la igualdad formal –normas de orden internacional y nacional - a la búsqueda de una concretización de la igualdad real por cuanto es una institución que, de manera activa, puede coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten la política nacional para la igualdad y equidad de género, así como acciones concretas para cumplir con sus competencias.

Para ello, se presenta para consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ADICIÓN DE UN INCISO Ñ) AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, N.º 7801, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un inciso ñ) al artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley 7801, y sus reformas, del 18 de mayo de 1998. El texto es el siguiente:

Artículo 4- Atribuciones

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

(…)

ñ) Promover y suscribir convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales relacionados con la aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (VcM) Ley N.º 8589, otros delitos sexuales cometidos contra mujeres mayores de 15 años y otros procesos judiciales en materia de familia, relacionados con violencia hacia las mujeres.

Rige a partir de su publicación.

Ana Lucía Delgado Orozco Diputada

19 de enero de 2021

NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.