Archivado el plan que abría las compras públicas a otros proveedores
El expediente 22386 venció el 27 de enero de 2025 sin aprobarse; proponía que las instituciones públicas ya no tuvieran que comprarle solo al CNP.
Título oficial REFORMA DE LA LEY N.º 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN (CNP
A quién le toca
- Instituciones públicas que hoy están obligadas a comprarle al CNP
- Juntas de educación y juntas administrativas de escuelas y colegios
- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)
- Micro, pequeños y medianos productores agropecuarios que venden por medio del CNP
A quién beneficia
- Las instituciones públicas habrían podido comprar a otros proveedores, no solo al CNP
- El CNP quedaba como facilitador del mercado para pequeños y medianos productores
- La CNE habría podido comprar cualquier producto a cualquier proveedor
Qué cambia
- El expediente 22386 está archivado desde el 28 de enero de 2025
- La obligación de comprarle al CNP sigue vigente en el artículo 9 de la ley 2035
- Para revivir la idea haría falta presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El proyecto de ley 22386 está archivado. Venció el 27 de enero de 2025 por el plazo de cuatro años que fija el artículo 119 de la Constitución, según el trámite del expediente 1.
Qué propone
El proyecto proponía cambiar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP) (art. 1). Hoy esa ley obliga a los entes públicos a comprarle al CNP todo tipo de suministros propios del tráfico de la institución 2.
Con el cambio, los entes públicos, las juntas de educación y las juntas administrativas podrían proveerse en el CNP, pero ya no estarían obligados a hacerlo solo ahí (art. 1).
El texto también dejaba al CNP como facilitador del mercado para micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas (art. 1).
Además, permitía a esos entes públicos, incluida la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), comprar cualquier producto a cualquier proveedor. La condición era atender los principios de mejor calidad, precio y servicio (art. 1).
El diputado Erick Rodríguez Steller firmó la propuesta el 4 de febrero de 2021 (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente se archivó el 28 de enero de 2025 por vencimiento del plazo cuatrienal 1. Antes había entrado a la Comisión de Gobierno y Administración (Área VIII) el 29 de setiembre de 2021.
El proyecto se presentó el 27 de enero de 2021 y se publicó en La Gaceta el 9 de febrero de 2021 1.
Para que fuera ley faltaba el dictamen de la comisión, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió antes del vencimiento.
Lo que se dijo en la Asamblea
Las grabaciones del dossier no discuten el expediente 22386. Tratan otros temas del CNP y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).
En una comparecencia de 2025 sobre otro proyecto (el 24397), el presidente ejecutivo del CNP, Gerardo Cbaja, dijo que se oponía a esa iniciativa. Según él, violentaría el artículo 9 de la ley 2035 y el artículo 33 de la Constitución 00:00:59.
Sobre el supuesto sobreprecio del 30%, Cbaja respondió: "No sé, desconocemos de dónde tomaron los datos" 00:03:01.
El diputado Jorge Rojas, del oficialismo, dijo que el CNP cobra un 12% y no un 30% 00:02:44.
En 2013, la diputada Janet Ru Delgado criticó la reestructuración del CNP. Dijo que parecía no haber un objetivo claro y preguntó por qué a los agricultores se les pagaba tan tarde 00:00:26.
En 2016, el diputado Julio Rojas pidió una intervención urgente del gobierno ante lo que llamó falta de planificación y políticas deficitarias en la FANAL 00:02:55.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 22386 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 50 ordena al Estado organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza Constitución, art. 50. El proyecto buscaba abrir el mercado de compras públicas, y eso podría leerse como un estímulo a más productores.
El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea la potestad de dictar y reformar las leyes Constitución, art. 121. La reforma del artículo 9 de la ley 2035 entra en esa potestad.
Hay una duda sobre el artículo 9 vigente. Ese artículo obliga a los entes públicos a comprarse al CNP 2. El proyecto eliminaba esa obligación (art. 1). El cambio no toca derechos fundamentales, pero sí altera una regla de contratación pública que la Contraloría General de la República ha vigilado 1.
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir. Estas herramientas sirven para casos futuros o para pedir información.
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Pedir información sobre el estado de un proyecto. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre la tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No tiene garantía de que se discuta ni se vote guía, p. 27.
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Si un proyecto similar vuelve a la corriente legislativa, hablar con los diputados de la comisión respectiva. La guía llama a esto incidencia ciudadana y recomienda llevar información y argumentos de fondo guía, p. 29.
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Presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025, o por el portal institucional guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no recibió dictamen antes del vencimiento.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 33 de la Constitución, que menciona Cbaja en la grabación 00:01:14.
El dossier no permite confirmar si el expediente 24397, mencionado en la grabación de 2025, tiene relación con el 22386.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre el texto del 22386 y los artículos constitucionales del dossier. La reforma del artículo 9 de la ley 2035 entra en la potestad de la Asamblea de dictar y reformar leyes.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N.º 2035, de 17 de julio de 1956, y sus reformas"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de reformar leyes. El proyecto ejercía esa potestad sobre la ley 2035.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. 1"dichos entes públicos, incluida la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), podrán adquirir todo producto de los indicados o no en el primer párrafo de este artículo, a cualquier proveedor, atendiendo a los principios de mejor calidad, precio y servicio"
Sin choque aparente Abrir las compras públicas a más proveedores podría leerse como un estímulo a la producción. El texto no contradice el artículo 50.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
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"una eh que iría incumplir el artículo 9 de la ley 2035, que es la ley de creación del Consejo Nacional de Producción del 17 de julio de 1956"
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"No sé, desconocemos de dónde tomaron los datos"
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"de conformidad con la ley que nosotros tenemos es nada más es un 12% para el mantenimiento de lo que es el Consejo Nacional"
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"Bueno aquí la gran crítica es que pareciera que no hay objetivo claro de cómo Y por qué se quiere reestructurar el Consejo Nacional de producción"
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"coinciden en pedir una urgente intervención por parte del gobierno ante lo que llamo falta de planificación y políticas deficitarias"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22386: REFORMA DE LA LEY N.º 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN (CNP
- Ley 2035: Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción (Vigente)
- Oposición afirma que el CNP vende un 30 por ciento más a caro a escuelas y colegios del país
- Presupuesto extraordinario buscará reestructurar el CNP
- INCREPAN A REPRESENTANTES DE LA FANAL POR BAJA EN LAS VENTAS
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LA LEY N.º 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)
ERICK RODRÍGUEZ STELLER DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 22.386
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LA LEY N.º 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)
Expediente N.° 22.386
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El Consejo Nacional de Producción (CNP) cuenta con un Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), en el cual labora desde hace varios años, regido en lo fundamental por las disposiciones del artículo 9 de la Ley Orgánica y la reglamentación correspondiente.
Este programa busca acercar a los productores agropecuarios especialmente, a atender las necesidades alimentarias que tienen las instituciones del sector público costarricense, y con lo cual brindar un espacio enorme a pequeños y medianos productores, y otras organizaciones de producción con capacidad de llevar su oferta hasta las múltiples instituciones consumidoras de enormes cantidades de alimentos.
Esto ha venido operando en el país, sin embargo resulta notorio que la capacidad institucional del ente rector de este proceso, sea del Consejo Nacional de Producción, es insuficiente para atender tanta demanda. Y es la actividad que de por sí es compleja. Son productos que necesitan una atención especial para que se conserven en óptimas condiciones para el consumo humano, que requieren de rápidos traslados desde los centros de producción o de industrialización, y además que se trata de atender numerosas entidades que diariamente requieren sin retrasos de estos suministros de productos agropecuarios y de muchos otros relacionados.
Lo anterior ha generado niveles de insatisfacción en entidades como las juntas de educación de muchos centros educativos, pues estas se encuentran esparcidas por todo el territorio nacional, en los lugares más cercanos a ciudades, pero también en los lugares más alejados de los centros de población, o de sitios de mayor acceso para recibir los productos que necesitan constantemente. Por otro lado la población infantil, juvenil, mayor y de la tercera edad, siempre estará urgida de contar con prontitud, de alimentos de calidad para su crecimiento y su salud.
El informe N.º DFOE-EC-IF-05-2013 de la Contraloría General de la República señala que el CNP sigue presentando un desequilibrio financiero e insuficiencia patrimonial que pone en riesgo su sostenibilidad financiera y, por ende, le impide cumplir eficazmente con los fines y actividades para los que fue creado.
En lo concreto con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), la Contraloría detectó problemas con el uso de los recursos provenientes de los márgenes de intermediación y ausencia de una metodología que permita dar un sustento técnico robusto para la fijación de los bienes transados por el Programa. Asimismo, concluyó que el CNP no puede disponer de los recursos generados por el PAI como fuente de financiamiento para sufragar otros gastos de operación institucional.
Según información suministrada por el CNP, se fijaron márgenes de intermediación, para el PAI, en el periodo analizado, en un rango comprendido entre 5% y 12%. Sin embargo, se evidenció que únicamente el 38,8% de los recursos provenientes del margen se utilizaron para cubrir los costos operativos del PAI, tal y como lo establece la normativa vigente, siendo que el 61,2% se destinó a gastos no directamente relacionados con el Programa. Cabe señalar que los recursos del PAI no deben ser utilizados para financiar gastos que no correspondan a la operación del programa, tal como ha sido señalado -en su oportunidad- por la Procuraduría General de la República y esta Contraloría General.
Además, este órgano contralor en distintos informes ha señalado que los precios no pueden ser especulativos ni superiores a los que establece el mercado y deben ser fijados mediante una metodología formalmente establecida. Sin embargo, se determinó que a la fecha el CNP no ha establecido una metodología que permita dar un sustento técnico robusto para la fijación de precios de los bienes transados por el PAI, situación que no ha sido subsanada con las acciones realizadas en el proceso de reorganización que lleva a cabo dicha institución.
Consecuentemente, el CNP no puede disponer de los recursos generados por el PAI como fuente de financiamiento para sufragar otros gastos de operación institucional que no estén relacionados directamente con dicho programa, como ha sido propuesto en las proyecciones que tiene esa institución para los años comprendidos entre el 2013 y el 2015.
Analizado el artículo 9 de la Ley N.º 2035, y sus reformas, especial la contemplada con la Ley N.º 8700, encontramos que para una mayor satisfacción del interés público que a todos nos vincula, respecto del suministro de alimentos, no es conveniente mantener la obligatoriedad ahí establecida de que todas las instituciones o entidades públicas deban proveerse de sus productos venidos de la actividad productiva, de industrialización, pesquera y acuícola, exclusivamente con el Consejo Nacional de Producción. Esta exclusividad, quizás, se justificó años atrás con menores demandantes y con una visión restringida para el manejo de los mercados. E incluso, en un momento en que se estimaba -como también lo es ahora- que los pequeños y medianos productores agropecuarios debían ser las únicas prioridades para abastecer dicho mercado del sector púbico.
En la actualidad nos encontramos con una demanda enorme, distribuida en todo el país, y en lugares muy alejados, y muchos otros que requieren respuestas muy rápidas de productos de calidad con los cuales satisfacer las necesidades de niños, jóvenes, adultos y ancianos, como lo adelantábamos con anterioridad. Es en un mercado más abierto, en donde las personas con sus plenas capacidades, puedan recurrir o concurrir a las diferentes ofertas, en donde con eficacia y eficiencia podrán encontrar satisfacción a sus necesidades de encontrar productos de calidad, en condiciones favorables. No se trata solo de ello, es que además las necesidades alimenticias y de otros productos imprescindibles para su buen desarrollo requieren tiempos de respuesta adecuados, de condiciones económicas más favorables, de variabilidad en las calidades y presentaciones de los productos. En fin, se trata de una multiplicidad de opciones, de las cuales estamos privando a los consumidores o entes públicos demandantes de estos.
En esta línea de pensamiento, y sustentados en el sentido práctico y en las necesidades de la población evidenciadas desde hace tiempo, es que estimo necesario abrir las posibilidades de las entidades públicas, para que además de abastecerse con el Consejo Nacional de Producción, también lo puedan hacer con otros oferentes que el mercado pueda presentar. Con ello no afectamos o excluimos a las mipymes y otras organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios, u otros productores individuales y microempresarios, que tendrán las mismas posibilidades ya desarrolladas a través del CNP. Así, consideramos imprescindible abrir las puertas para que otros actores del mercado, ofrezcan también sus productos y las entidades públicas no se encuentren amarradas a un solo mecanismo para proveerse, cual es a través del CNP. Las entidades públicas, en general, incluidas juntas de educación y de administración, la Comisión Nacional de Emergencias, y muchos otros entes públicos puedan compartir en beneficio de sus miembros a quienes debe alimentar, a los proveedores y puedan recurrir a otras ofertas que, en iguales o mejores condiciones, satisfagan mejor el interés alimentario de sus poblaciones.
Congruentes con los principios y garantías constitucionales a la libertad de comercio, de producción, de propiedad y de satisfacción del interés público de los usuarios y consumidores de los diferentes entes públicos, presento esta reforma de ley a la consideración de los señores y señoras diputadas.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE LA LEY N.º 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN (CNP)
ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N.º 2035, de 17 de julio de 1956, y sus reformas, para que diga la siguiente:
Artículo 9- Los entes públicos, las juntas de educación y administrativas podrán proveerse en el Consejo Nacional de Producción (CNP) de todo tipo de productos provenientes de las actividades de producción e industrialización agropecuaria, pesquera y acuícola, a los precios establecidos para estos. En tal sentido, dichos entes quedan facultados para contratar esos suministros directamente con el CNP.
Para el cumplimiento de lo anterior, el CNP deberá fungir como facilitador en el acceso a este mercado, comprando a las micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas, y facilitando el intercambio y la comercialización respectiva.
El CNP también podrá contratar con otro tipo de proveedor, cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de satisfacer oportunamente las necesidades de los entes públicos mencionados.
No obstante lo anterior, dichos entes públicos, incluida la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), podrán adquirir todo producto de los indicados o no en el primer párrafo de este artículo, a cualquier proveedor, atendiendo a los principios de mejor calidad, precio y servicio.
Rige a partir de su publicación.
Erick Rodríguez Steller Diputado
04 de febrero de 2021
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.