La Ley 10210 ya permite obras en áreas de protección de ríos

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL No 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TER

VARIAS SEÑORAS DIPUTADOS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N° 22.401

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley PROYECTO DE LEY

REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL No 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TER

EXPEDIENTE N° 22.401

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Costa Rica destaca a nivel internacional por la protección de sus recursos naturales. Es bien sabido que cerca del 26,5% de la superficie terrestre del país se encuentra bajo alguna categoría de protección, distribuida en aproximadamente 166 Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Este hito es motivo no solo de orgullo, sino de desarrollo económico y social por el importante encadenamiento de actividades productivas, asociadas principalmente al turismo nacional e internacional.

Sin embargo, el país no ha sido igualmente efectivo al momento de proteger e integrar al modelo de desarrollo urbano, los ecosistemas naturales inmersos o cercanos a las ciudades. Para nadie es un secreto que Costa Rica tiene una deuda enorme con los ríos en zonas urbanas de la Gran Área Metropolitana y este modelo se está repitiendo en otros centros urbanos en crecimiento en todas las regiones del país. Tanto así, que la cueca del Río Grande de Tárcoles es una de las más contaminada de América Central. Estos importantes espacios naturales sufren las consecuencias de la falta de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales, de la crisis climática e insuficiente ordenamiento territorial, pero quizá la principal causa de su lamentable estado actual, es la invisibilización de estos espacios debido a que las ciudades han crecido de espaldas a ellos, sin que exista la infraestructura, educación y cultura para recuperarlos y disfrutarlos, lo que los expone a altísimos niveles de contaminación, inseguridad e invasión de sus áreas de protección.

Al mismo tiempo, existe una serie de obras de infraestructura civil necesarias, no solo para el desarrollo y la producción, sino incluso para la misma protección de las poblaciones y el mejoramiento ambiental de ríos, quebradas y arroyos que, debido a importantes vacíos normativos, se realizan sin los estudios y permisos por simple tolerancia de la administración o deben pasar por un sinfín de tramitología en diversas instituciones, sin que se pueda finalmente resolver conforme a derecho, por lo que, quien sigue las vías institucionales, normalmente ve frustrado su intento de lograr desarrollar el proyecto, y las personas funcionarias públicas se ven amarradas a un marco legal que les impide actuar, aun contando con estudios técnicos que respalden la conveniencia y necesidad de los proyectos.

Esta inseguridad jurídica ha llevado a que, como se indicó, muchas obras de carácter necesario y urgente no se realicen o se realicen al margen de la ley o que se resuelva caso por caso, ante la imposibilidad de reglamentar de manera estandarizada, con plazos definidos y criterios técnicamente correctos, por parte de entes competentes adscritos a MINAE, como la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

En resumen, pese al marco normativo existente, que busca conservar las áreas de protección de ríos, quebradas y arroyos que resguardan estos importantes cuerpos de agua, este ha sido insuficiente para lograr el fin deseado y las restricciones legales impuestas están generando inseguridad jurídica y tienen un efecto adverso al deseado, que es justamente la preservación de bosques ribereños y sus ecosistemas asociados.

Un ejemplo de lo anterior es que, actualmente, el MINAE solo interviene en proyectos que impactan áreas de protección cuando este implica la tala de árboles (conforme al artículo 34 de la Ley Forestal 7575). Sin embargo, cuando se trata de la construcción de infraestructura civil que por su propia naturaleza, necesariamente debe realizarse en un área de protección - puentes vehiculares y peatonales- donde no debe realizarse corta de árboles (cuando no hay en el sitio) las autoridades de ambiente no intervienen, perdiéndose una importante oportunidad para que dicha institución pueda realizar propuestas y recomendaciones en favor del medio ambiente.

La presente iniciativa de ley busca crear seguridad jurídica al clarificar las competencias tanto de la Dirección del Aguas como del SINAC, para que las obras civiles y los proyectos de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas urbanas altamente impactadas y contaminadas, se realicen siguiendo los requisitos y permisos necesarios, respetando plazos de ley y los que se establezcan vía reglamento, de manera en que esto no implique una dilatación excesiva en los tiempos de ejecución de las obras. A su vez, mantiene la prohibición expresa de la Ley Forestal 7575 de cortar árboles en áreas de protección y promueve su reforestación con especies nativas del bosque ribereño, manteniendo como única excepción el contar con un decreto de conveniencia nacional, en cuyo caso se deberá además presentar las medidas compensatorias necesarias y su debido fundamento técnico.

Antecedentes normativos y de Política Pública sobre las áreas de protección de ríos, quebradas y arroyos.

El establecimiento de retiros y servidumbres de uso público en las márgenes de los ríos se remonta a la Ley de Aguas de 1942 No. 276 que establece en su artículo 70 las regulaciones sobre las obras en cauce. Indica que la Nación tiene la propiedad de las aguas y de los álveos o cauces y que MINAE es la única que puede otorgar y regular su aprovechamiento. Los artículos 73 y 108 establecen regulaciones sobre las servidumbres de acueducto en áreas de protección en las riberas de los ríos no navegables, canales, acueductos o alcantarillas y acequias, indicando que, aun cuando sean de dominio privado, están sujetas en toda su extensión a la servidumbre de uso público.

En la misma línea, el artículo 89 indica que los dueños de propiedades cerca de cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes y un plan de acción en caso de que estas afecten en alguna manera al río, mientras que el artículo 145 establece el deber de las autoridades de procurar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la conservación de árboles, en particular los que se encuentren en las orillas de los ríos y en nacientes. Además, los artículos 148 y 156 indican la obligación de los propietarios de terrenos atravesados por ríos o arroyos, o en los que existan manantiales, de sembrar árboles en las márgenes de estos, y que las Municipalidades deben reforestar los terrenos de su propiedad.

Por su parte, la Ley Forestal de 1969 (derogada por la Ley Forestal de 1996) declaraba zonas protectoras:

2. Una zona mínima de diez metros, a ambos lados, en la ribera de todos los ríos, quebradas o arroyos, permanentes o no, si el terreno fuere plano, y de cincuenta metros horizontales si el terreno fuere quebrado”.

La misma ley indicaba en el artículo 69 que dichas disposiciones regirán, tanto para los terrenos de dominio particular, como para los del Estado y demás organismos de la Administración Pública. En consecuencia, queda prohibido efectuar en ellos labores agropecuarias o eliminar la vegetación, salvo en los casos que, con sujeción a las normas técnicas, que determinara la Dirección General Forestal (hoy SINAC).

Por su parte, la citada Ley Forestal Nº 7575 de 1996, mantiene el régimen de protección, cambiándole el nombre de “zonas protectoras” a “áreas de protección”, y declara en su artículo 33 inciso b) que las áreas de protección de ríos, quebradas o arroyos corresponderán a

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.

El artículo 34 de la misma ley prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional y que los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Además, el artículo 58 tipifica como delito la invasión de las áreas de conservación o protección, estableciendo una pena de prisión de 3 meses a 3 años.

A pesar de la existencia de la citada legislación, esta ha sido insuficiente para mitigar y solucionar los problemas de contaminación que enfrentan los ríos del país, especialmente en zonas urbanas, pero afectando a comunidades rurales y costeras en su travesía al mar. El problema es tal, que la Cuenca del Río Grande de Tárcoles -alimentado por 30 ríos que atraviesan la Gran Área Metropolitana (GAM) es una de las más contaminadas de Centroamérica. Por ello, con el “Voto Garabito” (No. 07-005894), la Sala Constitucional sentenció a las 34 municipalidades del Valle Central, así como a múltiples instituciones en atender integralmente los problemas de contaminación por residuos sólidos y líquidos.

De igual forma, la Contraloría General de la República (CGR) ha señalado a través del Informe de la Auditoría de carácter especial, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana, Nro. DFOE-AE-IF-14-2014, señaló el grave abandono en el que esas áreas se encuentran y la necesidad de tomar medidas para evitar continuar con su deterioro, así como la falta de políticas y mecanismos para el abordaje estratégico de la recuperación y rehabilitación de estas áreas de protección.

En atención a lo señalado por la CGR, en el año 2020, el MINAE presenta la Política Nacional de Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes, 2020-2040, la cual señala entre las problemáticas encontradas que “el marco normativo no contempla la adecuada integración de las acciones para la gestión y resguardo de las AP en propiedad privada”. Es por esto que, entre los lineamientos de política pública, dicho instrumento contempla los siguientes:

Lineamiento 2.4 El MINAE definirá los instrumentos que se requieran para completar los vacíos normativos existentes con respecto a la autorización de obras de infraestructura que, por autorización legal o por su propia naturaleza, requieren estrictamente el uso de las AP. Estas deben realizarse procurando el menor impacto ambiental e implementando las acciones de mitigación pertinentes que considere los aspectos científicos, técnicos y del marco normativo.

Lineamiento 3.1 El MINAE, como institución rectora de la Política, a través de sus diferentes dependencias, liderará y dará seguimiento a los procesos para la recuperación, rehabilitación, gestión y resguardo de las AP, para lo cual MINAE, mediante las herramientas que corresponda, procurará que exista la mayor claridad sobre las responsabilidades, competencias y mecanismos de coordinación entre sus diversas entidades adscritas (Dirección de Aguas SINAC, SETENA, TAA, entre otros) con respecto a la delimitación, permisos, trámites, delimitación, control y monitoreo de las AP, así como entre estas y otras instituciones con competencias relacionadas.

Finalmente, también en el año 2020 la Fiscalía General de la República emite la “Política de persecución de delitos ambientales” (Circular 01-PPP-2020) la cual dispone que

“La Ley Forestal no establece permisos para invadir las AP, (como lo hizo para otras actividades, como cambio de uso del bosque o corta de árboles en AP mediante declaratoria de conveniencia nacional, art. 34 LF). Sin embargo, existen algunas autorizaciones que se deben considerar como las que extiende la Dirección de Aguas de MINAE:

1. Permisos de vertidos (con ST) que pasan por AP (RVRAR),

2. Descarga de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería, sin cambio en calidad del agua,

3. Obras de captaciones para las concesiones de agua,

4. Obras en cauce, dique, muro, alcantarilla,

5. La que autoriza el MOPT para los puentes,

6. Otras normas en el ordenamiento como las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas en terrenos público o privados (art. 20 Ley de Aguas)

7. El artículo 36 del Código Minería sobre concesiones de explotación de materiales en cauces de dominio público, aunque no incluye a las AP.

Por tanto, se analizará cada caso basándose en criterios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia, así como la afectación o impacto, estado de necesidad, situaciones de riesgo, etc.

Del análisis de estos antecedentes, concluimos que:

• El marco normativo del régimen de las áreas de protección, es una limitación al derecho de propiedad, conforme con el principio de función social y ambiental de la propiedad, amparadas los artículos 45 y 50 de la Constitución Política. Esta limitación no implica una pérdida total de los derechos y obligaciones de las personas propietarias, sobre dichos terrenos.

• Por tanto, no se trata de un régimen de protección absoluta como si se tratara de la más estricta de las categorías de manejo del Patrimonio Natural del Estado, sino de una regulación que busca que las personas propietarias, públicas o privadas, conserven la cobertura arbórea riparia o ribereña natural y recuperen y reforesten aquellos espacios en que se ha perdido y que las obras de infraestructura que necesariamente deben realizarse en ellas, se hagan respetando criterios de razonabilidad, oportunidad y conveniencia.

• Ya existe en el marco normativo vigente, autorización para establecer servidumbres de acueducto en las riberas de los ríos, sin embargo, esta normativa de 1942 no contempla todo el espectro de infraestructura civil que requiere necesariamente el aprovechamiento de las áreas de protección, lo que es un vacío normativo importante que debe solventarse, de manera que permita su reglamentación y regulación efectiva por parte de las autoridades de ambiente.

• La falta de políticas y lineamientos, así como la poca claridad en cuanto a competencias institucionales, es una de las causas del estado de abandono y los casos de invasión de áreas de protección. Si bien recientemente se han emitido políticas públicas para solventar esta situación, estas mismas señalan la necesidad de actualizar el marco legal y de clarificar las competencias para hacer una mejor gestión de estas.

• La normativa emitida por la Dirección de Aguas de MINAE se encuentra vía reglamento, sin embargo, por seguridad jurídica tanto para personas usuarias como funcionarias, es importante contar con sustento de rango legal.

• La regulación y clarificación de competencias para la autorización de obras de infraestructura civil y de obras para la recuperación y rehabilitación en áreas de protección no implica regresividad ambiental, por el contrario, este marco normativo se suscribe al principio de objetivación en materia ambiental mejor conocido como principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien también, principio de razonabilidad en materia ambiental. La finalidad de este proyecto de ley es justamente que las acciones que ya se realizan y aquellas que se realicen en el futuro, se ajusten a los criterios técnicos que establezcan las autoridades ambientales del país y, sobre todo, que estén amparadas en función de la necesidad y conveniencia de las mayorías y conforme a los pilares de la sostenibilidad (social, ambiental y económico).

• Los requisitos para la corta de árboles nativos en áreas de protección se mantienen conforme a lo establecido en la Ley Forestal 7575, por tanto, el presente proyecto de ley no implica, de ninguna manera, regresión en fines de la ley vigente, sino que busca brindar un marco normativo moderno y actualizado para la implementación de nuevas estrategias para la recuperación y rehabilitación de los ríos urbanos, acorde a las necesidades del S.XXI.

Sobre el Estado actual de las áreas de protección en espacios urbanos

El estado de abandono de las zonas de protección obedece precisamente a un entorno urbano que ha negado su existencia, dándoles la espalda constructiva e invisibilizando lo que allí sucede -normalmente para mal del ecosistema-. La regulación existente ha sido insuficiente para evitar la afectación y destrucción de las áreas de protección de los ríos, quebradas y arroyos que atraviesan la GAM y otros centros urbanos en crecimiento, debido a que promueve comportamientos que fomentan el abandono y el desinterés en dichas áreas.

El desarrollo de infraestructura básica de bajo impacto es un elemento indispensable para la conservación de espacios naturales, al promover la recreación, el ecoturismo y la educación ambiental. Así se ha desarrollado con éxito en las áreas de protección de áreas silvestres protegidas, como es el caso del Parque Nacional Volcán Tenorio en el sector de Río Celeste, o en el Parque Nacional Tapantí, por poner solo dos ejemplos. Igualmente, para el beneficio de la colectividad Parques Nacionales, Refugios Mixtos de Vida Silvestre y Reservas Forestales y otras categorías de manejo permiten infraestructura mínima para su visitación, contemplación y conservación.

El presente proyecto de ley crea herramientas para permitir e impulsar iniciativas de recuperación del entorno natural urbano como espacio público, la creación de infraestructura para su conservación y regeneración ambiental para lograr un ecosistema equilibrado y así revertir el estado de abandono y degradación en que se encuentran estas áreas de protección.

Asimismo, el desarrollo de infraestructura de bajo impacto y de implementación de soluciones basadas en la naturaleza para gestionar las áreas de protección, es parte de las necesarias medidas de adaptación al cambio climático que debemos realizar en nuestras ciudades, caso contrario, eventos como inundaciones, deslaves y sedimentación, agravarán el ya de por sí lamentable estado de los ríos.

La historia nos ha demostrado que autorizar actividades que permitan la visitación de bajo impacto es un modelo exitoso que permite la reactivación económica a través del encadenamiento productivo y que son compatibles con la conservación del medio ambiente. Tal como se indicó anteriormente, este es el modelo que se aplica en los ríos de nuestros parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas. Los artículos 18 y 18 bis de la Ley Forestal establecen los usos permitidos en Patrimonio Natural del Estado, siendo estos investigación, capacitación, ecoturismo y aprovechamiento de agua para consumo humano, así mismo, por ley especial está autorizada la colocación de infraestructura para telecomunicaciones.

Estos usos de bajo impacto son los que permiten crear la infraestructura necesaria para la generación de conocimiento y el disfrute de espacios naturales por los que nuestro país es altamente reconocido a nivel mundial. Si bien el régimen de protección del Patrimonio Natural del Estado del artículo 18 de la Ley Forestal y el de las áreas de protección del artículo 33 son regímenes de protección distintos, es posible homologar la forma de gestión en los aspectos en que ha resultado eficiente para su conservación.

En el caso de las áreas de protección de ríos, fuera de Patrimonio Natural del Estado, (es decir, de terrenos con bosque o aptitud forestal que pertenecen al Estado, conforme a lo indicado en los artículos 13, 18 y 18 bis de Ley Forestal) se ha interpretado equivocadamente, que ningún tipo de infraestructura que facilite acercar a la población a estos espacios naturales, es permitida, creando los efectos ya conocidos: abandono, contaminación, inseguridad, degradación ambiental. El presente proyecto de ley pretende cambiar esta cultura de desprotección y desvalorización de los ríos urbanos y que estos vuelvan a ser un sitio de disfrute y esparcimiento en la ciudad, que la ciudadanía vuelva el rostro a los ríos y valore los bosques ribereños que aún quedan y los que podemos recuperar, con toda su biodiversidad.

Cabe indicar que la Sala Constitucional en el Voto Nº 21308 del 4 de noviembre de 2020 sobre la ley “Modificación de límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras señaló que permitir usos distintos a los previamente autorizados no implica necesariamente una desprotección ambiental de determinados terrenos, sino que puede significar darle un cambio que igualmente pretende su tutela y al mismo tiempo, procurar de este un aprovechamiento sostenible.

Gestión de riesgos y recuperación económica post COVID-19

El presente proyecto de ley tiene además la finalidad de visibilizar a las áreas de protección de ríos urbanos como aliadas en la gestión y mitigación de riesgos y en las estrategias país para la recuperación post COVID-19.

En los entornos urbanos, en especial en las ciudades de la Gran Área Metropolitana, el abandono de las áreas de protección sumado a la falta de vivienda digna y a los crecientes índices de pobreza y desempleo en el país, provoca que muchas personas en condición de calle o que habitan en asentamientos informales, creen infraestructuras que, además de ilegales, son altamente inseguras. Estas personas, las más vulnerables socioeconómicamente, también son las más vulnerables ante fenómenos hidrometeorológicos que ponen en riesgo su patrimonio y sus vidas. Una gestión activa de las áreas de protección puede ser parte de las estrategias para solidificar el borde entre las viviendas y el río y así prevenir las invasiones y riesgos de deslizamientos en asentamiento humanos.

Aunado a esto, la pandemia dejó en evidencia la necesidad de otras formas de espacio público, más allá de los tradicionales parques urbanos. Las ciudades requieren sitios caminables, cercanos a la naturaleza, seguros, amplios y abiertos que permitan a las personas recrearse y cuidar así su salud física y mental. Esta es también una forma de reactivación económica de pequeños comercios que pueden surgir a partir de la recuperación y rehabilitación de espacios que en este momento se encuentran en abandono.

También aporta a la reactivación económica al dar claridad a procesos de desarrollo de obra pública, que ya no deberá perderse en un mar de instituciones, tramitología y plazos indefinidos. Recordemos que esta iniciativa de ley da cobertura a infraestructura civil esencial y obliga a la institucionalidad, a reglamentarla con criterios técnicos que permitan recuperar y regenerar ambientalmente las áreas de protección, brinda además, seguridad jurídica a la institucionalidad que ya desarrolla proyectos que, por su propia naturaleza, deben hacer uso de las áreas de protección, como es el caso de la construcción de puentes por parte de MOPT-CONAVI, permitiendo que, por ejemplo, además de los tradicionales puentes vehiculares que ahora se realizan, se puedan ejecutar proyectos modernos de movilidad activa, que involucren formas más sostenibles de transporte o que se puedan colocar mallas de recolección de residuos sólidos a la orilla de los ríos, que además de limpiar el río, puedan ser utilizados como materia prima para ecobloques u otros materiales constructivos hechos a partir de material reciclado.

Finalmente, cabe indicar que los permisos, trámites, requisitos y plazos que se definan vía reglamento a la presente ley, deberán establecerse en conforme a la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220 y su reglamento, debiendo, de manera razonable, equilibrar los fines de protección medioambiental con la necesidad y urgencia del desarrollo de obra pública.

Por todo lo anteriormente señalado, las diputadas y los diputados firmantes presentamos el proyecto de ley Reforma parcial a la Ley Forestal No 7575. Adición de artículos 33 bis y 33 ter.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL No 7575. ADICIÓN DE ARTÍCULOS 33 BIS Y 33 TER

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese dos nuevos artículos 33 bis y 33 ter a la Ley Forestal, Ley No. 7575 del 16 de abril de 1996 y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 33 bis- Infraestructura civil en áreas de protección urbanas y rurales.

Se autoriza la colocación de obras en cauce y áreas de protección tales como diques, muros, alcantarillas, puentes, acueductos, drenajes con mallas para recolección de residuos sólidos, transporte y descarga de aguas pluviales y de aguas servidas para su debido saneamiento, vertidos con sistema de tratamiento y descargas de drenaje agrícola para bajar el nivel freático que puede ser por canal abierto o por tubería, sin deterioro de la calidad del agua.

La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, los cuales establecerán los requisitos y estudios necesarios, así como plazos de la administración para resolver.

Artículo 33 ter- Obras de recuperación y rehabilitación en áreas de protección en zonas urbanas.

En zonas urbanas, se autoriza el uso y gestión de las áreas de protección establecidas en el inciso b del Artículo 33 de esta Ley, exclusivamente para actividades y obras de bajo impacto ambiental, declaradas de interés público, siempre y cuando cumplan con regulaciones técnicas y estén orientadas a la recuperación, rehabilitación y resguardo de los ríos, que coadyuven a conservar el recurso hídrico y sus ecosistemas asociados, que generen espacios de protección, esparcimiento y movilidad sostenible, con el objetivo de evitar la contaminación y mitigar los impactos del cambio climático, siempre que sea para beneficio del ecosistema.

En estas mismas zonas urbanas, no se considerarán invasión de áreas de protección, las construcciones autorizadas conforme a la presente ley y que cumplan con los trámites y requisitos que se establezcan vía reglamento y que obtengan las debidas autorizaciones por parte de las instituciones competentes siempre y cuando promuevan la recuperación, reforestación y regeneración de las áreas de protección. Se considerarán invasiones aquellas obras que no cuenten con los permisos respectivos o las que se hayan otorgado contrario a la presente ley o normativa conexa.

La responsabilidad de autorizar estas obras residirá exclusivamente en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los requisitos técnicos, estudios necesarios y plazos se definirán vía reglamento.

Cualquier obra que requiera la corta de uno o más árboles de especies nativas en áreas de protección, deberá contar con un decreto de conveniencia nacional, conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley, así como presentar los estudios y medidas compensatorias necesarias. Vía reglamento, se definirán los plazos de la administración para resolver sobre los permisos de corta.

TRANSITORIO ÚNICO- El Ministerio de Ambiente y Energía contará con un plazo de 3 meses máximo para reglamentar esta ley. La falta de reglamentación no impedirá la aplicación de esta ley.

Rige a partir de su publicación.

Ana Karine Niño Gutierrez Paola Viviana Vega Rodríguez

Paola Alexandra Valladares Rosado Mileidy Alvarado Arias

José María Villalta Florez-Estrada Mario Castilllo Méndez

Diputadas y diputados

23 de febrero de 2021

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Ambiente

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.