Proyecto para quitar delitos contra el honor venció sin ser ley

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

DEROGATORIA DEL TÍTULO II “DELITOS CONTRA EL HONOR” DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1973 Y DE LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 11 DE LA LEY DE IMPRENTA, N.º 32 DE 12 DE JULIO DE 1902; ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1045 BIS, 1046 BIS Y 1046 TER AL CÓDIGO CIVIL, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887 Y ADICIÓN DE UN INCISO 15) AL ARTÍCULO 103.1 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LEY N° 9342 DE 3 DE FEBRERO DE 2016. LEY PARA CONVERTIR LOS DELITOS CONTRA EL HONOREN FALTAS CIVILES.

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA DIPUTADO

EXPEDIENTE N° 22.406

EPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley PROYECTO DE LEY

DEROGATORIA DEL TÍTULO II “DELITOS CONTRA EL HONOR” DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1973 Y DE LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 11 DE LA LEY DE IMPRENTA, N.º 32 DE 12 DE JULIO DE 1902; ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1045 BIS, 1046 BIS Y 1046 TER AL CÓDIGO CIVIL, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBREDE 1887 Y ADICIÓN DE UN INCISO 15) AL ARTÍCULO 103.1 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LEY N° 9342 DE 3 DE FEBRERO DE 2016. LEY PARA CONVERTIR LOS DELITOS CONTRA EL HONOR EN FALTAS CIVILES

Expediente N° 22.406

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley retoma la propuesta planteada por varios exdiputados y exdiputadas del periodo 2014-2018 bajo el expediente N° 19.930. Esta iniciativa estuvo muy avanzada en su trámite y pronta a ser dictaminada en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, acogiendo las distintas e importantes observaciones que en su momento aportaron las distintas organizaciones e instituciones a las que se les consultó dicho proyecto. Pero, por vencimiento del plazo cuatrienal, no pudo concluir su discusión en los órganos respectivos de esta Asamblea Legislativa.

La iniciativa sometida a estudio propone eliminar del Código Penal (Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970), el Titulo II “Delitos contra el Honor” (artículos del 145 al 155), del Libro Segundo “De los Delitos” y de la anacrónica Ley de Imprenta (Nº 32 de 12 de julio de 1902) los artículos 7, 8 y 11, a través de su derogación. Al mismo tiempo, plantea incluir las conductas allí tipificadas, como infracciones o faltas causantes de obligaciones civiles, al incorporarlas al Libro IV “De los contratos y cuasicontratos, y de los delitos y cuasidelitos como causa de obligaciones civiles” del Código Civil. Ley Nº 63 del 28 de setiembre de 1887.

En ese sentido, el proyecto de ley busca convertir en faltas u ofensas de carácter civil los delitos contra el honor tipificados actualmente en el Código Penal y la Ley de Imprenta, trasladando el conocimiento de esta materia de los tribunales penales a la jurisdicción civil. De esta forma, el cambio indicado pretende contribuir a desahogar los tribunales penales, trasladando de su competencia el conocimiento de temas que son fundamentalmente de naturaleza civil y evitar que las acusaciones penales por manifestaciones verbales sigan siendo utilizadas como armas para silenciar a la prensa y a la ciudadanía que denuncia actos de corrupción, daños al ambiente u otras situaciones que afectan los derechos e intereses de la colectividad.

Esta propuesta parte de la premisa de que el uso de la jurisdicción penal para resolver conflictos derivados de expresiones verbales de las personas a menudo constituye un uso excesivo del poder punitivo del Estado, que termina lesionando derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos que Costa Rica se ha comprometido a respetar.

La institución de la oportuna rectificación y el derecho de respuesta, existente en nuestra legislación desde 1989, faculta a la persona que se sienta afectada por una manifestación de un tercero que lesione su honor y si la rectificación no fuere suficiente, esa persona podría acudir a la jurisdicción civil para exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

No obstante, en la práctica esta última opción queda sujeta a la tramitación de un proceso penal de acción privada (querella), pues nuestro Código Penal y la Ley de Imprenta tipifican como delito, la realización de expresiones o manifestaciones que ocasionen un daño al honor de las personas.

La reciente aprobación y puesta en práctica del nuevo Código Procesal Civil, Ley N° 9432, busca agilizar justamente el trámite en la jurisdicción civil que se ha caracterizado por procesos lentos, costosos, engorrosos e interminables lo que, de hecho, ha cerrado esta vía para la inmensa mayoría de la ciudadanía. En concordancia, la presente iniciativa propone una adición de un inciso 15) al artículo 103.1 del artículo 103 del Código Procesal Civil para que el trámite de estas acciones se dirima en la vía de los procesos sumarios del supracitado Código.

Los factores indicados de previo han provocado que en nuestro país impere el uso intensivo de la jurisdicción penal para resolver cualquier conflicto ocasionado por manifestaciones o expresiones que son consideradas ofensivas por una persona, aunque el fondo lo que subyace es la generación de un daño civil y la pretensión de rectificación y reparación de dicho daño.

La tendencia a la penalización de las ofensas al honor es contraproducente, tanto para nuestro sistema de administración de justicia, como para el ejercicio de otros derechos fundamentales de la ciudadanía como las libertades de expresión y de prensa y el derecho de toda persona a participar activamente en los asuntos públicos y denunciar conductas que lesionen bienes jurídicos de la más alta jerarquía.

Asimismo, judicializar las ofensas contra el honor en la vía penal implica saturar una jurisdicción que debería estar reservada para sancionar las infracciones más graves que realmente producen un daño social considerable o lesionan los derechos fundamentales más preciados como la vida y la integridad física de las personas.

Resulta aún más preocupante desde el ámbito del ejercicio del derecho a la libre expresión, constatar que las querellas por delitos contra el honor suelen ser utilizadas para intimidar y silenciar a las y los periodistas, a los medios de comunicación y la ciudadanía crítica. La amenaza constante de sufrir acusaciones penales puede provocar que quienes tienen el deber de informar al pueblo se autocensuren y omitan ventilar toda la verdad sobre asuntos de interés público. También es un hecho público y notorio que la querellas penales por delitos contra el honor muchas veces, son utilizadas por quienes ostentan poder político o económico para perseguir a ciudadanos y ciudadanas que han formulado denuncias por asuntos de interés público. Independientemente del resultado final del proceso penal, la sola amenaza que conlleva el sometimiento a dicho proceso, a menudo termina logrando el objetivo de desgastar, amedrentar, silenciar o desmovilizar a personas luchadoras sociales y dirigentes sociales.

De manera adicional, no sobra señalar que contrario de lo que algunos podrían creer, la legislación sobre delitos contra el honor no afecta primordialmente a los grandes medios de comunicación.

Las grandes empresas cuentan con recursos para contratar abogados y afrontar los procesos penales. Incluso están mejor preparadas para soportar eventuales condenas. Por el contrario, los grandes perjudicados por el sistema vigente en esta materia son los medios independientes, comunitarios o regionales, las pequeñas empresas periodísticas y las personas que ejercen el periodismo de forma independiente. Estos medios más pequeños y vulnerables son quienes sufren de forma más dura las consecuencias perversas de una persecución penal desproporcionada.

Resulta de interés rescatar de la discusión del proyecto N°19.930 que el mismo fue consultado a instituciones y organizaciones, tales como: el Colegio de Periodistas, la Defensa Pública, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia y Paz, y la propia Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio de Justicia y Paz, por ejemplo, consideró que la iniciativa perseguía una intención muy positiva, dado que la despenalización de una conducta que puede ser sancionada con otros mecanismos se orienta en una dirección correcta y en sintonía con principios más básicos del Derecho.

En razón de lo anterior, destaca el llamado a no considerar al derecho penal como el único mecanismo para resolver los conflictos sociales, especialmente considerando, en este caso, que la no sanción penal de los delitos contra el honor, no significa que dicho bien jurídico no merezca una protección, pero que esa protección puede ser de otra naturaleza.

Al igual que varios de los aportes que constan en el antecedente legislativo, se retoma la idea, en cuanto a que, en el caso de las ofensas contra el honor, finalmente, lo que se pretende es una reparación. Bajo la comprensión de que la reparación de daños puede dificultarse por tratarse de un bien inmaterial, se rescata que la misma tiene que ver con devolver la estima general y personal a su estado originario.

En este sentido, la publicación de una retractación o disculpa en circunstancias y medios equiparables a los utilizados para cometer la ofensa, en la mayoría de los casos permitiría restituir el honor mancillado, sin excluir las indemnizaciones de carácter económico como elemento complementario de dicha reparación. La realidad es que para obtener esto extremos de forma expedita no es necesario acudir a la vía penal.

Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, lo relevante es la resolución rápida del conflicto en la vía jurisdiccional. Con la legislación anterior esto era una quimera en la vía civil. Sin embargo, a partir de la aprobación del nuevo Código Procesal Civil, se abre la opción una justicia civil más expedita a través del proceso sumario regulado en dicho cuerpo normativo. No existe pues razón o motivo válido para continuar criminalizando este tipo de conflictos.

En esa dirección, resulta de interés indicar que en la actualidad la facilidad en cuanto a los medios con que se cuenta y la agilidad con que se difunden a través de los mismos las ofensas, que viajan a una velocidad no vista nunca antes y los alcances de las mismas se expanden en instantes, por lo que la cobertura para su reparación demanda por tanto una vía expedita para su protección. Para estos efectos y en razón de los nuevos procesos y la convicción en la agilización de la vía civil es que se acude a la misma y a sus nuevos procesos.

Finalmente, para tener en cuenta, como un insumo adicional que genera una mayor claridad en cuanto a la propuesta planteada, el criterio técnico vertido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en relación con el expediente N°19930 aporta un análisis jurídico que contempla la relación entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

En esa dirección, sobre el tema del derecho a la libertad de expresión, como derecho fundamental consagrado constitucionalmente y en convenios internacionales, que se desarrolla en normativa derivada en el ámbito legislativo, refiere la Sentencia N.° 8196-2000 del 13 de setiembre de 2000 de la Sala Constitucional que indica que: “…La doctrina caracteriza a la libertad de expresión como una libertad presupuesto del ejercicio de otras libertades, que opera como legitimadora del funcionamiento del sistema democrático y de la eficacia de sus instituciones y que jurídicamente adopta pluralidad de formas. La vinculación más clara se da con la libertad de pensamiento, que es la condición previa e indispensable para la existencia de la libertad de expresión. En ejercicio de ambas libertades, el individuo puede escoger o elaborar las respuestas que pretende dar a todas aquellas cuestiones que le plantea la conducción de su vida en sociedad, de conformar a estas respuestas sus actos y, comunicar a los demás aquello que considera verdadero, sin censura previa….”( el destacado no es del original).

De lo anterior se refuerza la amplitud del ejercicio de este derecho, y a la vez es claro que se establece que las personas son responsables por los abusos en que incurran en el ejercicio de esa libertad de expresión, que de todas formas implica una especie de auto control por parte de las personas.

Señala el Departamento que en esa línea de pensamiento “…el Estado, a través de la Ley, puede establecer las figuras penales e institutos civiles que sirvan de remedios al abuso que dañe la honra de terceros, siempre que sean proporcionales, pero esto no justifica que el Estado pueda limitar la libertad de expresión para prevenir su abuso.”

A partir de este postulado, podemos enlazar con el bien jurídico definido como el del honor de las personas, indicando que se trata de un concepto muy general y ambiguo y que sufre variaciones a través de la historia y por las consideraciones culturales que se realizan en su construcción, dependiendo del momento y de las circunstancias sociales de cada época.

Adiciona el supracitado informe el tema sobre el reconocimiento del derecho a la honra tutelado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que inspirado de la jurisprudencia europea , la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido “…que existen “umbrales” diferentes de protección al derecho al honor, los cuales se asientan no en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público de las actividades que desarrolla . Así, cuando la función que desempeña la persona atañe a la colectividad, el límite de la crítica admisible será mayor y, consecuentemente, el umbral de protección será menor. En sentido inverso, cuando las actividades que desempeñe la persona sean eminentemente privadas y no estén ligadas a un interés público, el límite de la crítica será menor y la protección al honor podrá ser más intensa.”

Concluye “El honor es un derecho inherente a la condición humana y constituye un límite, tanto al poder del Estado como al uso irrestricto e irresponsable de la libertad de expresión, por parte de los ciudadanos y los medios de difusión. Como derecho de la personalidad, “es evidente que no posee un valor pecuniario en sí, pero el resarcimiento económico posibilitara una cierta forma de reparación en especie de la esfera invadida y lesionada por la intromisión ilegítima”

En razón de ese aporte que hemos querido resaltar en esta propuesta, podemos concluir que la revisión de ambos derechos, la libertad de expresión se encuentra garantizada al más alto nivel de la jerarquía normativa en un Estado Democrático de Derecho pero no es un derecho irrestricto, y por tanto encuentra su límite en el derecho a la honra propia, que como supra se indicó varía en sus contenidos y comprensión según los momentos históricos de la sociedad.

Para la protección del derecho al honor deben aplicarse criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando que dicha protección sea utilizada para anular otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y de prensa y el derecho de toda persona interponer denuncias sobre asuntos de interés público. En ese sentido, reiteramos que el derecho penal, y la aplicación de penas restrictivas de derechos fundamentales de los ciudadanos, deben corresponder a conductas que presenten una lesividad suficiente, que justifique dicha restricción.

Como proponente de esta iniciativa creo que nadie debe ser acusado penalmente por la manifestación de sus opiniones, salvo casos extremos que constituyan delitos contra los derechos humanos como la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio, según el artículo 13 inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Fuera de esos casos excepcionales, donde sí se justifica la aplicación del derecho penal, si la manifestación de opiniones o expresiones verbales provoca un daño a terceras personas, por supuesto que ese daño debe ser reparado. La persona que lo causó debe hacerse responsable y realizar las aclaraciones, rectificaciones y disculpas que sean necesarias para restituir la honra de la persona ofendida. Pero para lograr todo esto, no es necesaria la imposición de castigos penales.

Estoy convencido que las reformas expuestas contribuirán decididamente a incrementar los niveles de cumplimiento de los derechos vinculados a la libertad de expresión en nuestro país. Sin duda alguna, con su aprobación avanzaremos hacia mayores niveles de disfrute efectivo de las libertades fundamentales para nuestro pueblo.

En virtud de las consideraciones anteriores, someto a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, para su aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

DEROGATORIA DEL TÍTULO II “DELITOS CONTRA EL HONOR” DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, DE 4 DE MAYO DE 1973 Y DE LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 11 DE LA LEY DE IMPRENTA, N.º 32 DE 12 DE JULIO DE 1902; ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1045 BIS, 1046 BIS Y 1046 TER AL CÓDIGO CIVIL, LEY N.° 63, DE 28 DE SETIEMBREDE 1887 Y ADICIÓN DE UN INCISO 15) AL ARTÍCULO 103.1 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LEY N° 9342 DE 3 DE FEBRERO DE 2016. LEY PARA CONVERTIR LOS DELITOS CONTRA EL HONOR EN FALTAS CIVILES.

ARTÍCULO 1- Se deroga el título II “Delitos contra el Honor” del Libro II del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas.

ARTÍCULO 2- Se derogan los artículos 7, 8 y 11 de la Ley de Imprenta, Ley N.º 32 de 12 de julio de 1902 y sus reformas.

ARTÍCULO 3- Se adicionan los artículos 1045 bis, 1046 bis y 1046 ter al Código Civil, Ley N.° 63, de 28 de setiembre de 1887 y sus reformas, los cuales se leerán de la siguiente manera:

Artículo 1045 bis.- Toda aquella persona que con dolo ocasione un daño al honor, la reputación y el buen nombre de otra persona deberá repararlo e indemnizar integralmente a la persona afectada por los daños y perjuicios sufridos. Constituyen daños al honor las siguientes conductas:

1.- Injurias. Ofender de palabra o de hecho en su dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una comunicación dirigida a ella. El monto de la indemnización se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) si la ofensa fuere inferida en público.

2.- Difamación. Deshonrar a otra persona o propalar especies idóneas para afectar su reputación, por cualquier medio, incluyendo los informáticos.

3.- Calumnia. Atribuir falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.

4.- Ofensa a la memoria de persona difunta. Ofender la memoria de una persona muerta con expresiones injuriosas, difamatorias o calumniosas. En estos casos, la acción civil podrá ser ejercida por el cónyuge, hijos, hijas, padres, madres, nietos, nietas, hermanos y hermanas de la persona fallecida. 5.- Difamación de persona jurídica. Propalar hechos falsos concernientes a una persona jurídica o a sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan.

Artículo 1046 bis- No constituyen ofensas al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, política, científica o profesional. Tampoco tiene el carácter de ofensa al honor el concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo.

No constituyen ofensas al honor la realización de una afirmación verdadera o en el ejercicio del derecho ciudadano de denuncia sobre asuntos de interés público, cuando estas conductas no han sido hechas por puro deseo de ofender o por espíritu de maledicencia.

La persona demandada por ofensas al honor podrá probar la verdad del hecho que motiva la demanda, salvo en el caso de calumnia o difamación calumniosa cuando se trate de delitos de acción o de instancia privada y que estas no hayan sido promovidas por su titular.

Si los hechos que motivan la demanda son objeto de un proceso pendiente, el juicio por ofensas al honor quedará suspendido hasta que en aquel se dicte sentencia, la cual constituirá cosa juzgada acerca de la existencia o inexistencia del hecho.

Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o discursos hechos por los litigantes, apoderados o defensores ante los tribunales, y concernientes al objeto del juicio, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Artículo 1046 ter- Las pretensiones relacionadas con daños u ofensas al honor se tramitarán siguiendo el proceso sumario establecido en el Código Procesal Civil.

La sentencia condenatoria por ofensas al honor cometidas públicamente deberá ordenar la reparación integral del daño a través de la publicación en el mismo medio y en condiciones iguales o razonablemente equivalentes de las aclaraciones, rectificaciones y disculpas que sean necesarias para restituir la honra y el buen nombre de la persona afectada. Además, si la persona ofendida lo pidiere, dicha reparación incluirá la publicación de la sentencia condenatoria o de un resumen de esta, a criterio del juez de conformidad con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Dichas publicaciones correrán a cargo de la parte vencida. Estas disposiciones son también aplicables en caso de retractación.”

ARTÍCULO 4- Se adiciona un inciso 15) Artículo 103.1 “Ámbito de aplicación y pretensiones”, del Artículo 103 “Disposiciones Generales”. Del Capítulo II, “Proceso Sumario” del Código Procesal Civil, Ley N° 9342 de 3 de febrero de 2016, que se leerá de la siguiente manera:

Artículo 103- Disposiciones generales

103.1- Ámbito de aplicación y pretensiones.

Estas disposiciones generales se aplicarán a todos los procesos sumarios, sin perjuicio de las reglas especiales previstas para determinadas pretensiones. Por el procedimiento sumario se tramitarán las siguientes:

(…)

15. Las pretensiones relacionadas con daños u ofensas al honor y su indemnización y reparación integral.”

TRANSITORIO ÚNICO- Los procesos de delitos contra el honor que se encuentran en trámite en la vía penal a la fecha de publicación de la presente ley, se adecuarán al contenido previsto en esta normativa y serán trasladados a los juzgados o tribunales civiles para la distribución según su competencia territorial.

Rige a partir de su publicación.

José María Villalta Flórez-Estrada Diputado

25 de febrero de 2021 NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.