# Expediente 22411: Archivado el plan que daría correo fijo a cada institución pública - Página: https://elcenso.com/leyes/22411 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO Y AGILIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN - Publicada: 2021-03-10 - La Gaceta: 48 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto murió sin aprobarse: buscaba obligar a toda institución pública a tener un correo electrónico fijo para recibir peticiones de la gente. ## A quién le toca - A cualquier persona que presente una petición ante una institución pública. - A las instituciones que la Ley 9097 señala como destinatarias de peticiones. - A quienes hoy buscan a tientas un correo oficial para pedir información. ## A quién beneficia - Ninguno: el proyecto está archivado y no cambió ninguna ley. - Si se hubiera aprobado, habría dado un correo fijo y visible por institución. ## Qué cambia - La Ley 9097 sigue igual, sin la obligación de un correo único. - El derecho de petición del artículo 27 sigue vigente por otras vías. - El archivo del expediente cierra la puerta a este texto en particular. ## Explicación El proyecto de ley 22.411 está archivado. Venció su plazo de cuatro años el 24 de febrero de 2025 y la Asamblea lo mandó al archivo el 8 de abril de 2025 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Nunca llegó a votarse en el plenario. ### Qué propone El proyecto proponía agregar un artículo 14 y un transitorio a la Ley de Regulación del Derecho de Petición, la Ley 9097 ([art. único](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ese artículo nuevo obligaría a las instituciones que la ley ya señala a mostrar en su sitio web, de forma permanente y fácil de encontrar, una dirección única de correo electrónico ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La idea era que la gente pudiera presentar su petición por esa vía, sin quitar los otros medios que ya existen. El transitorio daba un mes de plazo, contado desde la publicación de la reforma, para que las instituciones cumplieran (art. transitorio único). El texto explica el problema que quería resolver. La diputada Carolina Hidalgo Herrera, que firmó la iniciativa, escribió que la falta de un correo oficial podía servir de "mecanismo de escape para obviar dar cumplimiento" a la ley (art. exposición de motivos). También señaló que para 2019 la Sala Constitucional tramitó 1275 procesos por falta de respuesta a peticiones. ### En qué va el trámite El expediente está cerrado. La ficha registra el vencimiento del plazo cuatrienal del artículo 119 y el archivo del expediente el 8 de abril de 2025 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Antes de eso, el proyecto pasó por la presentación el 24 de febrero de 2021, la publicación en La Gaceta el 10 de marzo de 2021 y la remisión a la comisión de Asuntos Jurídicos en setiembre de 2021. El propio texto anota que el proyecto no tenía comisión asignada cuando se presentó (art. nota). La ficha muestra que sí llegó a la comisión de Jurídicos, donde ingresó al orden del día el 7 de setiembre de 2021 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). No hay registro de dictamen ni de debate en plenario. Para que fuera ley faltaba el dictamen de comisión, el primer debate, el segundo debate y la firma del Poder Ejecutivo. Nada de eso ocurrió. ### Frente a la Constitución El Censo no encontró choque entre lo que proponía el proyecto y la Constitución. El artículo 27 garantiza "la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución" ([Constitución, art. 27](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto buscaba facilitar ese mismo derecho al fijar un correo electrónico ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 30 garantiza "el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público" ([Constitución, art. 30](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). Un correo fijo y visible en el sitio web ayuda a ese acceso. El artículo 24 reconoce que "Toda persona tiene el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones, y tecnologías de la información y comunicaciones en todo el territorio nacional" ([Constitución, art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto usaba justamente una vía electrónica para ejercer la petición ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). ### Qué puede hacer usted El expediente está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Quedan estas vías para casos parecidos. 1. Presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). 2. Usar la iniciativa popular si consigue el respaldo ciudadano. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea da asesoría técnica gratuita para redactar el proyecto ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). 3. Presentar un recurso de amparo si una institución no le responde una petición. El recurso se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). ### Lo que no sabemos - Por qué el proyecto no recibió dictamen de la comisión de Jurídicos entre 2021 y 2025. - Si la diputada Hidalgo Herrera volvió a presentar la iniciativa en otro expediente. ## Frente a la Constitución El proyecto buscaba facilitar el derecho de petición que ya garantiza la Constitución, sin quitar controles ni crear cobros. ## Qué puede hacer usted - Formulario web de propuestas de ley de la Asamblea: Rellene el formulario en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con la propuesta sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular las recopila y las remite a los diputados. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Oficina de Iniciativa Popular: Pida asesoría técnica gratuita para redactar el proyecto y seguir los procedimientos de la iniciativa popular. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Recurso de amparo: Planteelo por memorial, telegrama u otro medio escrito. Exprese el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No requiere autenticación. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 22411: LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO Y AGILIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2021-03-10. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO Y AGILIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN CAROLINA HIDALGO HERRERA DIPUTADA EXPEDIENTE N° 22.411 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO Y AGILIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN Expediente N.° 22.411 ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Defensoría de los Habitantes ha indicado en diversos informes sobre el Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) que “la transparencia no puede existir en tanto las instituciones públicas no brinden a los habitantes la información que éstos solicitan en un momento preciso”, instrumento encargado de medir el estado de situación de la transparencia que, se ofrece en los sitios web de las instituciones públicas costarricenses. Doctrinariamente el derecho de petición, se concibe según Guillermo José Martínez Ceballos “como una garantía individual, el cual se puede considerar como una facultad otorgada a las personas para llamar la atención o poner en actividad a las autoridades en un asunto determinado o una situación particular es función pública, que se instruye en todas las constituciones naciones de índole Iberoamericana. Es pues un derecho fundamental de todas las personas." Según Gregorio Peces Barba, el derecho de petición se encuentra en los derechos humanos de primera generación: los derechos civiles y políticos, específicamente en el derecho a la participación en los asuntos públicos. Se manifiesta que los Derechos Civiles y Políticos, constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado, contra cualquier agresión de algún órgano público y se caracterizan por que imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Necesariamente implican una actitud pasiva del Estado, quien debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que lo protejan. Estos derechos civiles y políticos, pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de sólo algunas garantías. Nuestra Constitución Política consagra tal derecho en el artículo 27 garantizando la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial y garantiza también el derecho a obtener pronta resolución. Lo cual debe relacionarse también, con lo dispuesto en el artículo 30 constitucional que regula el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. La Sala Constitucional ha desarrollado ampliamente en su jurisprudencia dicho derecho indicando: “En punto al derecho de petición y pronta resolución, así como al de acceso a la justicia pronta y cumplida es copiosa la jurisprudencia de esta Sala, de conformidad con la cual se ha determinado que el artículo 27 de la Constitución Política consagra el derecho de petición y pronta resolución, el cual consiste en una facultad que tienen los administrados para realizar peticiones ante las autoridades públicas. Se ha indicado que la petición debe hacerse por escrito, y, por lo tanto, ante una petición formal corresponde una respuesta formal, de donde no es dable estimar que el silencio negativo sea respuesta; además, la misma debe ser en tiempo y debe ser comunicada al peticionario, pues éste lo que requiere, y tiene derecho a exigir, no es que se dé una respuesta, sino que se le dé, a él, una respuesta. La contestación que ofrezca el funcionario o entidad pública requerido de información, no puede limitarse a dar constancia de que se recibió la petición, sino que debe examinar el contenido de la solicitud y resolverla conforme a las atribuciones jurídicas que le competen, lo que no implica que la respuesta deba ser favorable a las pretensiones del administrado, sino que le debe responder lo antes posible.” (Sentencia N° 4229-98 de las 16:30 horas del 17 de junio de 1998). A nivel legal, el artículo 32 de la Ley 7121 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece la posibilidad de interponer un recurso de amparo si no se tiene respuesta en un plazo de diez días, señalando expresamente: "Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y no hubiese plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto." Resulta importante contrastar además que la cantidad de recursos de amparo por violación de derecho de petición es uno de los más altos de toda la jurisdicción constitucional, aspecto que también satura el funcionamiento eficaz de la Sala Constitucional, siendo que como referencia a para el año 2019 la Sala Constitucional tramito por falta de respuesta 1275 procesos de garantía. Con respecto al resto del ordenamiento jurídico, podemos citar las siguientes regulaciones en torno al acceso a la información pública: - El artículo 10 de la Ley 7202 (Ley del Sistema Nacional de Archivos), que garantiza el libre acceso a todos los documentos que produzcan o custodien las instituciones púbicas. - El artículo 5 de la Ley 8220 (Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos) indica que todo funcionario, entidad u órgano público está obligado a proveer información sobre los trámites y requisitos que se realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia sin exigir la presencia física al administrado. - El artículo 7 de la Ley 8422 (Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) señala que es de interés público la información relacionada con el ingreso, presupuesto, custodia, fiscalización, administración, inversión y gasto de los fondos públicos, así como otra información necesaria para asegurar el cumplimiento de esta Ley en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos. Ahora bien, en el año 2012 se emitió la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, siendo que la exposición de motivos del expediente número 17.961 mediante la cual se tramito la iniciativa, señaló: “Para el caso de Costa Rica, es conveniente incorporar un marco legal que desarrolle el derecho de petición en el ámbito administrativo, con el objetivo de que su tratamiento no quede únicamente sujeto al criterio del juez constitucional y en esa única instancia, pese a que creamos que ha sido muy beneficioso su interpretación y protección en el caso costarricense, esto no es suficiente para su implementación y consolidación positiva dentro del ordenamiento jurídico, en especial, si consideramos que se trata de una materia muy casuística. Incluir temas como: los titulares del derecho de petición (sujeto activo), destinatarios (sujeto pasivo), objeto de las peticiones, formalización, presentación de escritos, tramitación de peticiones, subsanaciones, casos de inadmisión de peticiones, declaración de inadmisibilidad, decisiones sobre competencia, tramitación y contestación de peticiones admitidas, protección constitucional, jurisdiccional y administrativa, se constituye en una necesidad, para brindar un marco jurídico real, objetivo y eficiente al ciudadano, sobre este derecho fundamental.” Dicha norma regula el tramite dispuesto para ejercer el derecho de petición, disponen que se ejerce ante las autoridades públicas, que es una petición formal que se presenta de manera escrita, debe ser atendida en un plazo expresamente regulado y debe indicarse por parte del solicitante el medio para recibir la respuesta a su solicitud, establece sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los plazos indicados en dicha norma, todo lo cual es coincidente con los precedentes jurisprudenciales (voto No. 0064-2005 y voto No. 2015-001345). Por lo que si bien, la emisión de dicha norma refleja un avance para garantizar a nivel administrativo, el cumplimiento del derecho a contar con una pronta respuesta a lo peticionado ante cualquier funcionario público o entidad oficial -salvo las excepciones contenidas en la legislación vigente-; se ha identificado la necesidad de establecer en la misma la obligación de los destinatarios de la ley enlistados en el numeral 2 de dicho cuerpo normativo, establezcan de manera formal una dirección de correo electrónico para que las personas puedan canalizar sus peticiones y por ende ejercer su derecho. Resulta importante indicar, que nuestro país a emitido normativa a efectos de propiciar un gobierno abierto y hacia la transparencia en la información pública, lo cual se traduce en el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza y buena gestión del gobierno, tomando como referente los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar ésta a los ciudadanos; justamente coincidente con el derecho fundamental que pretende potenciarse con esta propuesta. Por lo señalado, el objetivo de la reforma, pretende evitar que la ausencia de un correo electrónico oficial previamente establecido por parte de los destinatarios del derecho de petición (artículo 2), resulte en un mecanismo de escape para obviar dar cumplimiento a lo indicado en la Ley de Regulación del Derecho de Petición, en Ley de la Jurisdicción Constitucional y en la Constitución Política en torno al derecho de petición; y a su vez resguardar al particular que en muchas casos debe realizar una serie de gestiones para poder iniciar con él envió de su petición; al tramitarlo por una vía electrónica, resulte perdidoso en caso de un amparo ante la Sala Constitucional por no utilizar el medio oficial dispuesto para tal fin. Siendo que la adición a la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 que plantea esta iniciativa, se establece con la finalidad de garantizar que el acceso del ciudadano sea más ágil, certero y por ende efectivo y segundo establecer, la obligación de los destinatarios de mantener los sitios web actualizados con respecto a la dirección de correo electrónico para recibir tales peticiones, sin perjuicio de los otros medios de notificación ya regulados en el ordenamiento vigente. En virtud de lo indicado, se somete a consideración de las señoras y señores diputados, el siguiente proyecto de ley para su estudio y pronta aprobación. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA FIJAR UN CORREO ELECTRÓNICO Y AGILIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN ### ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 14 y un transitorio único a Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley N°9097 del 26 de octubre de 2012, y sus reformas. Los textos dirán: ### Artículo 14. Fijación de correo electrónico. Las personas destinatarias indicadas en el artículo 2 de esta ley deberán exhibir en las páginas de sus sitios web, de manera permanente y de fácil acceso, una dirección única de correo electrónico para que, además de los otros medios de notificación existentes, las personas puedan ejercer el derecho de petición por esa vía. ### Transitorio Único. Las personas destinatarias tendrán un plazo máximo de un mes, contado a partir de la publicación de la presente reforma, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición. Rige a partir de su publicación. Carolina Hidalgo Herrera Diputada 04 de marzo de 2021 NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22411). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.