Proyecto que abrió concesiones en parques ya es la Ley 10133
La Ley 10133 aclara que las Juntas de Educación y la Cruz Roja pueden recibir concesiones en áreas silvestres protegidas, y fija cómo contrata la Administración esos servicios.
Título oficial INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N°7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS
Atención: La ley vigente incluye a la Cruz Roja Costarricense, que no estaba en el proyecto original, y deja a la Administración escoger la modalidad contractual.
La letra pequeña
Encontramos un artículo que no calza con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El permiso está escrito en palabras tan amplias que casi no tiene límite.
A quién le sirve: Administración pública
El artículo 39 bis deja que la Administración use la modalidad contractual que mejor atienda el interés público, sin fijar un criterio cerrado.
la Administración utilizará las modalidades contractuales que mejor satisfagan el interés público siguiendo los procedimientos ordinarios, extraordinarios y especiales establecidos en la ley.
2, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas de Centros Educativos Públicos, que ahora pueden recibir concesiones en áreas silvestres protegidas.
- La Cruz Roja Costarricense, incluida en la ley vigente aunque no estaba en el proyecto original.
- Las comunidades vecinas a las áreas silvestres protegidas, que según el texto buscan recibir los beneficios de la conservación.
- Los concesionarios y permisionarios que ya tenían contratos o permisos de uso antes de la ley (art. transitorio primero).
A quién beneficia
- Las Juntas de Educación pueden administrar servicios no esenciales en áreas silvestres protegidas.
- La Cruz Roja Costarricense queda incluida entre las organizaciones locales que pueden recibir concesiones.
- Los permisos de uso anteriores pueden prorrogarse hasta que la actividad se someta a contratación (art. transitorio segundo).
Qué cambia
- La Administración escoge la modalidad contractual que mejor atienda el interés público, siguiendo los procedimientos de la ley.
- Las concesiones o contratos anteriores que no cumplan la reforma siguen vigentes si el concesionario cumple sus obligaciones (art. transitorio primero).
- El expediente 22423 quedó archivado y su contenido vive ahora en la Ley 10133.
La explicación completa
El expediente 22423 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 10133, que está vigente 1. El proyecto proponía aclarar el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad y agregarle un artículo 39 bis (art. 1).
Qué propone
El proyecto proponía interpretar el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788 (art. 1). Con esa interpretación, las concesiones y contrataciones públicas podrían darse también a las Juntas de Educación y a las Juntas Administrativas de Centros Educativos Públicos. El texto las trataba como organizaciones locales.
El artículo 2 proponía agregar un artículo 39 bis sobre modalidades contractuales (art. 2). Ese artículo dice que la Administración usará las modalidades que mejor atiendan el interés público. Para eso seguiría los procedimientos ordinarios, extraordinarios y especiales de la ley.
El proyecto traía dos transitorios. El primero mantenía vigentes las concesiones o contratos anteriores que no cumplieran la reforma, si el concesionario cumplía sus obligaciones (art. transitorio primero). El segundo mantenía vigentes los permisos de uso anteriores y permitía prorrogarlos hasta que la actividad se sometiera a contratación (art. transitorio segundo).
La Ley 10133 que resultó cambió una cosa del texto original. El artículo 1 de la ley vigente incluye también a la Cruz Roja Costarricense entre quienes pueden recibir esas concesiones 1. El proyecto original no la mencionaba (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente 22423 se archivó y su contenido pasó a ser la Ley 10133, vigente desde su publicación 1. El trámite del proyecto pasó por el Plenario y por la Comisión de Ambiente (Área IV) 2. La comisión votó el 6 de octubre de 2021 y remitió el texto a la Secretaría del Directorio el 18 de octubre de 2021. El Plenario recibió el expediente el 19 de octubre de 2021.
El plazo cuatrienal del expediente vencía el 8 de marzo de 2025 2. Ese plazo ya no aplica porque el proyecto se convirtió en ley 1.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos revisados de la Constitución. La Constitución da a la Asamblea la potestad de "darles interpretación auténtica" a las leyes Constitución, art. 121. El artículo 1 del proyecto usaba justamente esa figura para aclarar el artículo 39 (art. 1).
El artículo 182 de la Constitución ordena que los contratos de obra pública y las compras con fondos públicos se hagan mediante licitación Constitución, art. 182. El artículo 39 bis del proyecto dejaba que la Administración escogiera la modalidad contractual que mejor atendiera el interés público (art. 2). Esa libertad podría generar dudas sobre cómo se respeta la regla de licitación.
El artículo 50 de la Constitución manda al Estado procurar el mayor bienestar y proteger un ambiente sano Constitución, art. 50. El proyecto buscaba que los beneficios de conservar las áreas protegidas llegaran a las comunidades vecinas (art. 1). En ese punto el texto calza con el artículo 50.
Qué puede hacer usted
La ley ya está vigente, así que las herramientas de trámite legislativo ya no sirven para este expediente 1.
Si usted cree que un contrato o concesión en un área silvestre protegida se maneja mal, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La denuncia se pone por escrito o de forma verbal para que la Contraloría investigue un hecho que se presume irregular con recursos públicos.
Puede ir personalmente al Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club guía, p. 68. También puede llamar al 2501-8000 o al 2501-8025. Otra vía es el portal de Denuncia Electrónica de la Contraloría.
Lo que no sabemos
El dossier no dice en qué fecha exacta se publicó la Ley 10133 en La Gaceta.
El dossier no permite saber qué concesiones o permisos de uso concretos se otorgaron al amparo de la ley.
El dossier no incluye el texto completo del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad tal como quedó tras la Ley 9766.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo no encontró un choque claro. Hay dudas sobre cómo el artículo 39 bis se acomoda a la regla de licitación del artículo 182.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Se interpreta auténticamente el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, del 30 de abril de 1998, en el sentido de que las concesiones y contrataciones públicas autorizadas a las que se refiere, podrán otorgarse también a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de Centros Educativos Públicos, considerando que se trata de organizaciones locales."
Sin choque aparente La Constitución permite a la Asamblea dar interpretación auténtica de las leyes. El artículo 1 usa esa figura, así que calza con el artículo 121.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Esta ley, art. 1"Con lo anterior, se pretende fomentar los encadenamientos comerciales que beneficien a las comunidades vecinas, para buscar que los beneficios asociados a la protección y conservación del territorio se extiendan también a estas comunidades, llevando oportunidades de desarrollo de proyectos vinculados a los servicios no esenciales que prestan las áreas protegidas."
Sin choque aparente El texto busca repartir los beneficios de la conservación a las comunidades vecinas. Eso calza con el mandato del artículo 50.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 10133: Interpretación auténtica del artículo 39 de la ley N° 7788, Ley de Biodiversidad (Vigente)
- Expediente 22423: INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N°7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-08. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 2018 Y SUS REFORMAS
VARIAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS
EXPEDIENTE N.° 22.423
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS
Expediente N.° 22.423
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
La Asamblea Legislativa modificó el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, del 30 de abril de 1998 y sus reformas mediante la Ley N.° 9766 del 29 de octubre de 2019. Esta norma fue planteada para que el otorgamiento de contratos o concesiones para la prestación de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas pudiera realizarse única y exclusivamente a favor de asociaciones comunales, cooperativas, microempresas u otras formas asociativas de la economía social y organizaciones sin fines de lucro, integradas y controladas directamente por habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del área silvestre protegida respectiva.
Con lo anterior, se pretende fomentar los encadenamientos comerciales que beneficien a las comunidades vecinas, para buscar que los beneficios asociados a la protección y conservación del territorio se extiendan también a estas comunidades, llevando oportunidades de desarrollo de proyectos vinculados a los servicios no esenciales que prestan las áreas protegidas.
Para lograr ese objetivo, la Ley N.° 9766 plantea una redacción más precisa del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad para corregir una serie de ambigüedades en su redacción que imposibilitaban o al menos dificultaban notablemente el otorgamiento de contratos o concesiones a las organizaciones locales antes mencionadas.
En el marco de dicha reforma ha surgido la duda de si las Juntas de Educación califican dentro de las organizaciones contempladas en la Ley N.° 9766, considerando el caso de la Reserva Bosque Nuboso Santa Elena que se localiza en el área de Monteverde, donde la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, bajo la figura de Permiso de Uso otorgado por el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT), dirige un proyecto comunitario.
Por lo que, mediante la presente iniciativa de ley, se pretende aclarar la voluntad de las personas legisladoras, en el sentido de que las Juntas de Educación también se consideran organizaciones locales con posibilidades de administrar los servicios no esenciales de las áreas silvestres protegidas para el beneficio del área de influencia respectiva.
Por otra parte, una vez que entró en vigor la nueva norma, han existido dudas sobre sus alcances por ejemplo, sobre el otorgamiento de concesiones a las Juntas de Educación, objeto de la Ley N.° 9766; de ahí que surja la necesidad de reformarlo para dar mayor precisión sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro y las figuras contractuales y jurídicas mediante las cuales la Administración puede delegar tales servicios no esenciales.
En este orden, la presente iniciativa pretende mayor claridad del ordenamiento jurídico definiendo los mecanismos contractuales pertinentes que permitan de una forma ágil, dar continuidad a un servicio adecuado que a su vez constituya un motor económico local. Proponiendo así, ampliar el abanico de opciones contractuales conforme a la Ley de Contratación Administrativa que permita a la Administración realizar las contrataciones administrativas de manera ágil y de manera que se atienda mejor el interés público.
Por las razones que han sido expuestas se somete esta propuesta de ley a la valoración de las diputadas y diputados.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS
ARTÍCULO 1- Se interpreta auténticamente el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, del 30 de abril de 1998, en el sentido de que las concesiones y contrataciones públicas autorizadas a las que se refiere, podrán otorgarse también a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de Centros Educativos Públicos, considerando que se trata de organizaciones locales.
ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 39 bis a la Ley de Biodiversidad, Ley N.º 7788, 30 de abril de 1998 y sus reformas, cuyo texto dirá:
“Artículo 39 bis- Modalidades contractuales
Para el otorgamiento de concesiones y contrataciones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas la Administración utilizará las modalidades contractuales que mejor satisfagan el interés público siguiendo los procedimientos ordinarios, extraordinarios y especiales establecidos en la ley.”
Transitorio primero- Las concesiones o contratos que no cumplan con lo establecido en la presente reforma al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, mantendrán su vigencia en respeto a los derechos adquiridos, siempre que los concesionarios o permisionarios cumplan con todas sus obligaciones legales y contractuales.
Transitorio segundo- Los permisos de uso que hayan sido otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley para la gestión de servicios no esenciales en áreas silvestres protegidas mantendrán su vigencia siempre que el permisionario cumpla con las obligaciones legales y administrativas establecidas. Y podrán ser prorrogados para dar continuidad al servicio hasta que la actividad sea sometida a contratación.
Rige a partir de su publicación.
José Maria Villalta Flórez- Estrada Ana Karine Núñez Gutiérrez
Paola Viviana Vega Rodríguez Franggi Nicolás Solano
Mario Castillo Méndez Yorleni León Marchena
Mileidy Alvarado Arias Melvin Ángel Núñez Piña
Paola Alexandra Valladares Rosado Erwen Yanan Masís Castro
Luis Fernando Monge Chacón Óscar Mauricio Cascante Cascante
Carmen Irene Chan Mora
Diputadas y Diputados
15 de marzo de 2021
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.