# Expediente 22433: El préstamo del FMI ya es la Ley 10002 - Página: https://elcenso.com/leyes/22433 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL - Publicada: 2021-03-18 - La Gaceta: 54 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen La Asamblea convirtió en ley un crédito de US$1.778 millones con el FMI: el 90% paga deuda y el 10% va a la CCSS. ## A quién le toca - A todas las personas que pagan impuestos, porque el Gobierno asume el pago de intereses y comisiones del crédito - A los usuarios de la CCSS, porque el 10% del crédito se dirige a la deuda del Estado con esa institución - Al Ministerio de Hacienda, que queda como deudor del crédito ante el FMI ## A quién beneficia - La CCSS recibe el 10% de los recursos como aporte a deudas identificadas y conciliadas con el Estado - El Gobierno cambia deuda interna por deuda externa con tasa estimada de 2,050% - Baja la emisión de títulos valores de deuda interna en la misma cantidad que entra el crédito ## Qué cambia - El 90% del crédito no llega a programas nuevos: se usa para pagar deuda - Los ahorros que genere la ley no se pueden usar en gastos nuevos y deben eliminarse del presupuesto - El país recibe los recursos en seis tractos y cada uno depende de cumplir metas ## Explicación ### Qué propone El proyecto del expediente 22433 ya no está en discusión: se convirtió en la Ley 10002, publicada el 19 de julio de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=94819¶m2=135687¶m3=1). La ley aprueba un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio de una facilidad llamada Servicio Ampliado del Fondo (SAF) (art. 1). El monto es el equivalente en dólares de 1.237.490.000 Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI (art. 1). La tasa de interés es la de los DEG más 2%, estimada en 2,050% anual. El plazo es de hasta diez años, con hasta cuatro años de gracia. El pago de la deuda y de todos los cargos corre por cuenta del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, sin carga financiera para el Banco Central de Costa Rica (BCCR) (art. 1). El uso del dinero está repartido. El noventa por ciento (90%) se usa solo para pagar el servicio de la deuda, sustituyendo la fuente de financiamiento del gasto ya autorizado en el presupuesto y bajando la emisión de títulos valores de deuda interna (art. 2). El diez por ciento (10%) restante lo transfiere el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como aporte a las deudas identificadas y conciliadas con esa institución. Los recursos entran al presupuesto por medio de presupuestos extraordinarios que aprueba la Asamblea Legislativa (art. 3). En cada uno, Hacienda debe reducir de forma equivalente la autorización para emitir títulos valores de deuda interna. Los ahorros que genere la ley no se pueden usar en gastos nuevos y deben eliminarse del presupuesto. La ley también exime de impuestos, timbres, tasas y contribuciones los documentos para formalizar el financiamiento (art. 4). ### En qué va el trámite El trámite terminó: el expediente 22433 se convirtió en la Ley 10002 y está vigente [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=94819¶m2=135687¶m3=1). El recorrido quedó registrado en el Sistema de Información Legislativa. El Poder Ejecutivo presentó el proyecto el 10 de marzo de 2021 y se publicó en La Gaceta el 18 de marzo de 2021, en la gaceta 54, alcance 58 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Pasó a la Comisión de Hacendarios (Área VI), que lo votó el 28 de abril de 2021. El plazo cuatrienal vencía el 10 de marzo de 2025 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). No hizo falta esperar: la ley se publicó el 19 de julio de 2021 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=94819¶m2=135687¶m3=1). ### Lo que se dijo en la Asamblea El video de la sesión del 1 de julio de 2021 informa que el plenario aprobó el expediente 22433 ([video, 00:00:10](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=10s)). Según esa grabación, los recursos permiten al país cambiar deuda cara por deuda barata y ahorrar cerca de 32 millones de dólares en el pago de intereses ([video, 00:00:29](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=29s)). La diputada Anna Lucía Delgado manifestó que el 90% del préstamo va dirigido a cambiar deuda de corto plazo por deuda más barata ([video, 00:01:15](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=75s)). También mencionó el 10% que recibe la CCSS ([video, 00:01:42](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=102s)). El parlamentario Enrique Sánchez señaló que el acuerdo con el FMI pone a Costa Rica en una ruta de saneamiento estructural de las finanzas públicas ([video, 00:01:50](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=110s)). Dijo que el crédito está condicionado a una serie de compromisos del Ejecutivo y que la meta es un superávit de 1% en el año 2023 ([video, 00:02:01](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=121s)). Sobre los desembolsos, la grabación indica que el país recibe un primer desembolso y que los siguientes dependen de cumplir las metas ([video, 00:00:24](https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I&t=24s)). ### Frente a la Constitución El texto se apoya en el artículo 121 inciso 15 de la Constitución, que reserva a la Asamblea Legislativa la aprobación de los empréstitos (art. 1). La justificación del proyecto cita ese mismo inciso para explicar por qué el endeudamiento necesita autorización legislativa. El artículo 121 de la Constitución dice que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa dictar las leyes y aprobar o improbar los convenios internacionales ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto encaja ahí: la Asamblea aprobó el financiamiento y lo convirtió en ley [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=94819¶m2=135687¶m3=1). El artículo 176 ordena que el presupuesto ordinario comprenda todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados, y que los gastos no superen los ingresos probables ([Constitución, art. 176](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley maneja el crédito por presupuestos extraordinarios y obliga a bajar la emisión de deuda interna en la misma cantidad (art. 3). El Censo no encontró un choque directo con esa regla. El artículo 177 manda al Poder Ejecutivo preparar presupuestos extraordinarios para invertir los ingresos del crédito público ([Constitución, art. 177](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley sigue ese camino al incorporar los recursos por presupuestos extraordinarios (art. 3). Queda una duda sobre el artículo 18, que obliga a los costarricenses a contribuir para los gastos públicos ([Constitución, art. 18](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley traslada al Gobierno el pago de intereses y comisiones del crédito (art. 1). Esos pagos salen de fondos públicos, pero el dossier no permite medir cuánto le cuesta a cada persona. ### Qué puede hacer usted El referéndum no sirve para este caso. La ley 8492 excluye de referéndum los proyectos sobre materia presupuestaria, fiscal, crediticia y aprobación de empréstitos ([guía, p. 30](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=30)). Puede pedir información sobre la ejecución del crédito. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos y la legislación aprobada ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). Puede vigilar el uso de los fondos. La Contraloría General de la República fiscaliza el uso de los fondos públicos y recibe denuncias por escrito o verbalmente ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Las vías son el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025, el portal institucional y el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr. Puede presentar una acción de inconstitucionalidad si considera que la ley viola la Constitución. La guía explica que procede contra leyes que infrinjan alguna norma o principio constitucional ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuánto se ha desembolsado del crédito ni si se cumplieron las metas de cada tracto. El dossier no permite saber cuánto de la deuda con la CCSS se ha pagado con el 10%. El dossier no incluye el texto completo de la carta de intenciones con el FMI. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10002 y los artículos revisados. La aprobación legislativa del empréstito calza con el artículo 121 y el manejo por presupuestos extraordinarios calza con el artículo 177. ## Qué puede hacer usted - Pedir información a la Oficina de Iniciativa Popular: Solicitar información sobre el estado de tramitación y la legislación aprobada en la Asamblea Legislativa (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denunciar ante la Contraloría General de la República: Presentar la denuncia en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o 2501-8025, usar el portal institucional o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) - Acción de inconstitucionalidad: Presentar la acción contra leyes que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24) ## Fuentes 1. Ley 10002: Aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación pospandemia y la consolidación fiscal (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 19/07/2021. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=94819¶m2=135687¶m3=1 2. Expediente 22433: APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2021-03-18. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. DIPUTADOS APRUEBAN PRÉSTAMO DEL FMI POR $1750 MILLONES DE DOLARES. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2021-07-01. https://www.youtube.com/watch?v=VvrUuu_-S5I 4. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 5. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL PODER EJECUTIVO EXPEDIENTE N° 22.433 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL EXPEDIENTE N° 22.433 ASAMBLEA LEGISLATIVA 1. JUSTIFICACIÓN Como resultado de la implementación de la Ley N°9635 se tenía estimado controlar el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública en el mediano plazo. Las proyecciones mostraban un comportamiento favorable del déficit fiscal y la deuda pública en los próximos años. En complemento, los créditos de apoyo presupuestario habrían ayudado a descongestionar el mercado local de títulos valores permitiendo reducir la tasa de interés para el Gobierno y con ello al resto de la economía. Así las cosas, las medidas implementadas por el Estado Costarricense en procura de la sostenibilidad fiscal e impulsar la reactivación económica generaban los resultados esperados. Al II semestre del 2019 e inicios del 2020, la economía mostraba signos de recuperación. Asimismo, los resultados fiscales de este periodo eran favorables y evolucionaban de acuerdo a lo planificado. No obstante, el panorama económico y fiscal se vio afectado como resultado de la crisis sanitaria internacional. A finales de 2019 se detectó en China un nuevo tipo de coronavirus, conocido como COVID-19, una enfermedad infectocontagiosa de rápida propagación, que obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del 2020 a declararla como pandemia. Ante esta situación, las autoridades del país han venido implementando acciones en el marco de la activación de los protocolos de emergencia epidemiológica emitidos por la OMS. Mediante Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio dada la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, lo cual se tradujo en el cierre escuelas, colegios y de sitios públicos, restricciones en la circulación vehicular, en el ingreso y salida del país, tanto para residentes como para no residentes. Hoy Costa Rica enfrenta uno de los retos económicos más importantes de su historia. La pandemia del COVID-19 provocó que la economía costarricense se contrajera un 4,5% durante el año 2020. En materia fiscal, al cierre del 2020, el déficit financiero cerró en 8,3% (8,1% si se utiliza la nueva serie de cuentas nacionales) del PIB, menor a la cifra proyectada de 9,2%. Para el 2020 se registró una caída en los ingresos totales por ¢586.924 millones (1,7% del PIB), lo cual representó un decrecimiento de -10,9% en los ingresos totales respecto al 2019. La caída de los ingresos tributarios durante el 2020 (-11,2%) es la más grande desde la crisis de los años 80, superando significativamente la registrada durante el 2009 (-6,1%). La incertidumbre sobre la severidad y duración de la pandemia afectó las decisiones de inversión de los emprendedores y la capacidad de los agentes económicos para hacer frente a sus obligaciones financieras, la menor inversión privada redujo las expectativas de crecimiento y la generación de empleos, disminuyendo también los ingresos de los hogares, todo lo cual afectó negativamente el bienestar de la sociedad costarricense. A nivel externo, al ser una economía pequeña y abierta, Costa Rica es altamente vulnerable a choques internacionales. Por el lado de las exportaciones, el cierre de fronteras y las medidas de distanciamiento social tuvieron un impacto significativo sobre el turismo extranjero y nacional, lo cual a su vez tuvo, efectos sobre industrias como el transporte, hoteles y restaurantes, los cuales al día de hoy siguen teniendo una grave afectación. La incertidumbre que generó esa nueva realidad económica afectó directamente las expectativas de los empresarios y, por ende, sus decisiones para generar nuevas inversiones. Este comportamiento se vio reflejado en la desaceleración en las colocaciones de crédito al sector privado. Para el cierre del 2020, el crédito al sector privado mostró un crecimiento interanual virtualmente nulo. A 2020 este tipo de crédito tuvo un incremento de apenas 0,1% con respecto a lo observado en 2019, donde los préstamos en moneda nacional mostraron un aumento de 2,1%, mientras que los préstamos en moneda extranjera experimentaron un decrecimiento del 3,7%, para el mismo periodo de referencia. Debido a las medidas anti-covid el empleo sufrió un impacto significativo. Duplicándose la cantidad de personas desempleadas en un lapso de apenas cuatro meses. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), desde finales del año pasado y hasta enero del 2021, se ha venido presentando una recuperación paulatina del empleo. El número de personas ocupadas aumentó en 261.431 entre julio y diciembre del 2020. Los datos presentados por el INEC muestran que julio del 2020 fue el mes con los datos más difíciles para el país, cuando se contabilizó una tasa de desempleo de 24,4%, con 557.126 personas en esta situación, y solo 1.723.012 personas ocupadas. En este último estudio con corte a enero del 2021 la tasa de desempleo disminuyó a 19,1%, las personas en desempleo bajaron a 467.539 y las ocupadas aumentaron a 1.984.443. Como es de esperarse, la dinámica de las finanzas públicas no ha sido ajena a esta nueva realidad. Por un lado, la contracción económica provoca que las bases imponibles de los impuestos se hayan reducido considerablemente, afectando los montos de recaudación anual las perspectivas de recaudación para el cierre del año, mientras que, por el lado del gasto, el peso del pago por intereses y las políticas emprendidas para mitigar los efectos de la pandemia, provocan que la reducción del gasto no pueda realizarse a la misma velocidad que la caída en ingresos, debido no solo a la rigidez del gasto, sino además a la importancia de mantener el gasto social necesario para evitar un rompimiento del tejido social, así como a evitar una caída del gasto de capital, necesario para mantener al país en la ruta del desarrollo económico. Esta situación obligó al país a llevar adelante un nuevo ajuste fiscal. Bajo el panorama pasivo; es decir, sin acciones por parte del Estado Costarricense, en el 2024 la deuda pública sería superior al 80% del PIB, un nivel insostenible para un país con el nivel de desarrollo económico como el de Costa Rica. Ante una deuda de esta magnitud, la incertidumbre sobre la capacidad de financiamiento rondaría cada decisión del Estado, lo cual se reflejaría en mayores costos de financiamiento, menos emprendimientos, más desempleo, una mayor desigualdad y en incremento de la pobreza. No atender oportunamente esta problemática, podría atentar contra el contrato social costarricense. Ante un déficit fiscal y una deuda pública creciente, el Gobierno tendrá cada vez menos espacio para atender sus obligaciones, lo cual se vería traducido en una menor calidad de los servicios públicos de salud, educación, seguridad o el desarrollo y mantenimiento de infraestructura pública, vital para el funcionamiento de la economía. Adicionalmente, existiría una mayor presión sobre las tasas de interés, lo que afectaría el costo de financiamiento para emprendimientos y cuotas de préstamos, profundizando aún más la contracción económica. Ante los mayores niveles de incertidumbre, muchos agentes económicos podrían refugiar sus inversiones en dólares, aumentando la demanda de estos, provocando una mayor depreciación del tipo de cambio creando altos niveles de inflación que merman la capacidad de los hogares para hacer frente a su día a día. Finalmente, la válvula de escape tradicional en este contexto es el recorte del gasto de capital, lo que incrementa la brecha de infraestructura, derivando en una menor competitividad, haciendo al país menos atractivo a la inversión extranjera, hipotecando así el futuro económico con menos producción y menor empleo. La defensa del contrato social costarricense dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para reducir la deuda pública. La disminución de la deuda permitirá liberar recursos que ahora son destinados al pago de intereses hacia actividades más sustantivas y con mayor beneficio para el bienestar de la población. Ante ese panorama, resulta esencial contar con una hoja de ruta que le permita a Costa Rica regresar a una senda de sostenibilidad fiscal en el menor tiempo posible. La propuesta deberá disminuir la brecha entre ingresos y gastos, a la vez que deberá atender las necesidades de financiamiento y sentar las bases para propiciar e incentivar un crecimiento sostenido e inclusivo y mantener el estado social solidario que ha caracterizado al país. Esa hoja de ruta para el ajuste fiscal se ha construido en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Realizar el ajuste fiscal y con ello la reducción de la deuda pública, utilizando como apoyo un acuerdo con el FMI mejorará la credibilidad del país ante los mercados financieros nacionales e internacionales sobre la capacidad del Estado Costarricense para mantener un equilibrio macroeconómico, lo que generará mayores inversiones y mejorará las oportunidades de crecimiento para las y los costarricenses, esto generará un círculo virtuoso que le permitirá al país retornar a una senda de crecimiento y desarrollo sostenible e integral. Las proyecciones económicas para el siguiente bienio muestran una recuperación. Según anunció el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en su Programa Macroeconómico 2021 – 2022, la economía costarricense crecería 2,6% en 2021 y 3,6% en 2022. Lo anterior, como resultado de la reactivación económica de los principales socios comerciales, de la recuperación de la economía costarricense ya iniciada en la segunda parte del 2020, de la continuación de condiciones para expandir el crédito a través de una política monetaria más expansiva y de la mejora gradual de la confianza de los consumidores, las empresas y los inversionistas. Las estimaciones del BCCR suponen que, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, continuará el proceso de eliminación de restricciones a la movilidad de personas y bienes, así como una reapertura comercial. También estas proyecciones asumen que la campaña de vacunación permitirá reducir paulatinamente la tasa de contagio y la letalidad por COVID-19 a nivel mundial. Eso, a su vez, incidiría en una mayor confianza y optimismo por parte de consumidores e inversionistas. De igual forma, las proyecciones incorporan el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Costa Rica como parte del acuerdo alcanzado con el FMI, en enero del 2021, mediante una Facilidad Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por tres años y con un empréstito por un monto aproximado de US$1.778 millones. Este acuerdo propiciaría la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y el acceso a fuentes de financiamiento en condiciones más favorables. Por el lado del gasto, por primera vez en Costa Rica desde 1988, el gasto total y el gasto total sin intereses decrecieron, pese a los gastos adicionales por ¢294.172 millones que generó la pandemia. El gasto total se redujo en ¢198.157 millones (0,6% del PIB). Por su parte, el gasto total sin intereses disminuyó 5,7% con respecto al 2019 (10,3%), es decir, ¢362.212 millones (1,0% del PIB) menos. En el ámbito de la responsabilidad fiscal, se ha mantenido un apego estricto al cumplimiento de la regla fiscal. La tasa de crecimiento del gasto corriente (1,5%) a diciembre del 2020, incluyendo los gastos por atención a la pandemia, está por debajo del límite de crecimiento de 4,67% establecido por la regla fiscal para el ejercicio económico 2020. Al respecto, resulta necesario destacar que el año pasado fue el primer año en que se aplicó el techo de crecimiento al gasto corriente establecido en el Título IV de la Ley N° 9635. En este contexto, y consecuente con el resultado financiero del Gobierno Central, el saldo de la deuda del Gobierno Central de forma ampliada con los Órganos Desconcentrados (ODs) es de 67,9% con relación al PIB, donde los ODs representan el 0,38% del PIB. El impacto de la crisis activó un plan de financiamiento para mitigar los efectos del COVID-19 sobre la población más vulnerable y que además permitiera cerrar la brecha de ingresos y gastos establecida en el Presupuesto Nacional, para el cual se solicitó la colaboración de organismos multilaterales. Los empréstitos aprobados durante el 2020 con tal propósito fueron: a) Ley N°9833 “Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por un monto de US$500 millones, b) Ley N°9846 “Aprobación de los Contratos de Préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario con base en Reformas de Políticas para Apoyar el Plan de Descarbonización de Costa Rica”, por US$380 millones. c) Ley N°9895 “Aprobación al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19”, por US$521,6 millones (369,4 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales proveen recursos de libre disponibilidad para financiar la estructura de gastos del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2020. Los anteriores financiamientos suman US$1.401,6 millones y corresponden a alrededor del 50% del plan de financiamiento inicial para 2020, equivalente al 2,4% del PIB. Para los años 2021 y 2022, desde el Gobierno se continúa tratando de contar con diferentes alternativas de financiamiento para coadyuvar a solventar las necesidades de financiamiento del Gobierno. Dentro de estas operaciones se encuentran en diferentes estados de operación y estructuración las siguientes: Cuadro N°1 Plan de financiamiento para apoyo presupuestario y mitigación de los efectos por COVID-19 Organismo 2021 (millones de US$) 2022 (millones de US$) Estado actual BCIE – Apoyo Presupuestario para el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización mediante un Programa de Operaciones de Políticas de Desarrollo (OPD) 300 Para aprobación en la Asamblea Legislativa bajo el Proyecto de Ley N°22.214. BIRF – Apoyo Presupuestario para el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización mediante un Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL) 300 Para aprobación en la Asamblea Legislativa bajo el Proyecto de Ley N°22.214. CAF – Línea de Crédito para Apoyo a la Respuesta al COVID-19 50 Contrato de Préstamo suscrito el 23 de diciembre del 2020. Próximo a remitirse a la Asamblea Legislativa. FMI – Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal 1/ 583,3 583,3 Aprobado por parte del Directorio Ejecutivo del FMI. El monto total del financiamiento es aproximadamente US$1.778 millones al tipo de cambio del 01 de Marzo del 2021. CAF II – Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 500 Aprobado por CAF. Total de Crédito US$500 – Capitalización de US$120 millones. AFD - Apoyo Presupuestario II 150 En proceso de estructuración. BID - Programa de Emergencia Macroeconómica 250 En proceso de estructuración. BID – Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal 250 En proceso de estructuración. BIRF - II Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (DPL) 200 En proceso de estructuración. BCIE - II Programa de Apoyo Presupuestario (OPD) 250 En proceso de estructuración. BIRF - III Programa de Apoyo a las Finanzas Públicas (DPL) 200 En proceso de estructuración. 1/ El monto del financiamiento es de 1.237,49 millones DEG (aproximadamente US$1.778 millones al tipo de cambio del 01 de Marzo del 2021). Se tiene previsto desembolsar en el período 2021-2023. Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda 2. PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL. La reacción de los organismos financieros internacionales para apoyar a los países en la mitigación de los efectos de la crisis sanitaria ha tenido varias áreas de acción. Una de esas ha sido brindar a sus países miembros o socios, opciones de financiamiento orientadas a minimizar el impacto de los efectos macrofiscales de la pandemia en un contexto de emergencia. El FMI no ha sido la excepción y está apoyando a los países poniendo a disposición instrumentos financieros que permitan, no solo apoyar la atención de esta emergencia de salud, sino también limitar o contrarrestar los impactos que generará en la economía y en la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. El Gobierno de Costa Rica acordó con el FMI utilizar el Instrumento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF, en español; IMF Extended Fund Facility (EFF) en inglés) que es un instrumento para los países miembros del FMI que enfrentan desequilibrios en la balanza de pagos debido a impedimentos estructurales o un crecimiento lento y una posición inherentemente débil de la balanza de pagos. Proporciona apoyo para programas integrales, incluidas las políticas necesarias para corregir los desequilibrios estructurales durante un período prolongado. Lo anterior, es relevante dado que los problemas de sostenibilidad de la deuda pública y déficits recurrentes y excesivos, tienden a disminuir el ahorro nacional y a estrujar la inversión privada, provocando desequilibrios en la cuenta comercial. Lo cual, unido a la necesidad del Gobierno por cubrir vencimientos y compromisos en dólares genera vulnerabilidad en la balanza de pagos y en un futuro cercano, si no se toman acciones, podría derivar en una crisis. Este arreglo ayudará a respaldar el programa económico del Gobierno de Costa Rica en la implementación de reformas fiscales dirigidas a alcanzar la sostenibilidad de la deuda, mantener la estabilidad monetaria y financiera, y procurar reformas estructurales para promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Ante el actual estado de debilitamiento fiscal, las operaciones de apoyo presupuestario son vitales para enfrentar las necesidades de financiamiento. Frente a la vulnerabilidad de las finanzas públicas, agravada por las profundas consecuencias de la emergencia sanitaria, la operación de financiamiento de apoyo presupuestario del FMI, bajo el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), es una fuente importante de recursos para el Gobierno, con el objeto de hacer frente a los gastos contemplados en el Presupuesto Nacional y a la situación fiscal. Asimismo, la ratificación de la aprobación de este crédito le permitirá al país acceder a otras fuentes de financiamiento de otros organismos multilaterales, a la vez que se mejoraría la percepción de riesgo del país, al mostrar una agenda de política fiscal que busca la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. 3. RELACIÓN DEL GOBIERNO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Mediante Ley N° 55 que aprueba los Convenios para la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción Constitución (BIRF Banco Mundial) de fecha 24 de diciembre de 1945, Costa Rica ratificó el Convenio con el FMI. Según el artículo V Sección 1 “Organismos que podrán tratar con el Fondo”, del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, se dispone que los países miembros tratarán con el Fondo sólo por conducto de su Ministerio de Hacienda, Banco Central, fondo de estabilización u otros organismos fiscales semejantes, y el FMI tratará únicamente con dichos organismos o por su conducto. Ahora bien, el artículo 2 de la Ley citada anteriormente, dispone que la aplicación del Convenio del Fondo Monetario Internacional se hará necesariamente por intermedio del Banco Central de Costa Rica, que será el único agente y depositario del Gobierno en sus relaciones con dicha entidad. La intervención de la República de Costa Rica para la introducción, discusión o resolución de cualquier asunto relacionado con dicho Convenio será ejercida por la Junta Directiva del Banco Central. Conforme lo anterior, el BCCR es el único agente y depositario del Gobierno en sus relaciones con el FMI, por lo que para optar por financiamiento a través del SAF, primero los recursos serán desembolsados en las cuentas del BCCR, para posteriormente ser trasladados al Ministerio de Hacienda (MH)). Para lo cual, el BCCR y el MH, suscribieron un Acuerdo de Entendimiento con el objetivo de pactar el debido traslado de responsabilidades entre ambas partes en relación al compromiso de transferencia de los recursos del crédito y las obligaciones financieras del repago. A pesar de que el traslado de fondos se realiza a través del BCCR, el Gobierno de la República se convertiría en el deudor y le corresponde asumir las obligaciones financieras, tales como: realizar el reembolso, el pago de intereses y otros cargos. En consecuencia, al constituirse un endeudamiento del Gobierno, debe contar con las autorizaciones administrativas y la autorización legislativa referida en el artículo 121 inciso 15 de la Constitución Política. 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES FINANCIERAS. El monto total del financiamiento es por la suma equivalente en dólares de 1.237.490.000 DEG (aproximadamente $1.778 millones al tipo de cambio del 01 de marzo del 2021), en donde el Prestatario es el Gobierno de la República de Costa Rica a través del Ministerio de Hacienda. Los recursos del préstamo serán desembolsados en seis tractos por el FMI, podrán ser utilizados para el financiamiento de la estructura de gastos del Presupuesto Nacional y son de libre disponibilidad. Al Ministerio de Hacienda le corresponderán los compromisos financieros asociados al servicio de la deuda por concepto de amortización, intereses y comisión. En el cuadro N° 2 se muestra un resumen de los términos y condiciones financieras. Cuadro N°2 Resumen Términos y Condiciones Financieras del Crédito Programa Programa de Apoyo para la recuperación post pandemia y consolidación fiscal Tipo de préstamo Facilidad Servicio Ampliado del Fondo (SAF) Prestatario Ministerio de Hacienda Acreedor Fondo Monetario Internacional Monto El equivalente en dólares de 1.237.490.000 DEG (aproximadamente US$1.778 millones al tipo de cambio del 01 de marzo del 2021) Tasa de interés Anual, conformada por la tasa de interés de referencia de los DEG (actualmente la referencia es de 0,050%) más 2%. La tasa estimada actualmente es de 2,050% Plazo del crédito Hasta 10 años Período de gracia Hasta 4 años Período de amortización Hasta 6 años, con pagos semestrales Plazo de desembolso Hasta 3 años Comisión de compromiso Hasta 0,30% anual del monto programado a desembolsar. Se reembolsa si se gira durante el período Cargo por servicio 0,50% sobre el monto desembolsado 5. IMPACTO DE LA OPERACIÓN EN LAS FINANZAS PÚBLICAS. El sistema financiero se constituye en un actor clave, para apoyar a los sectores a solventar las necesidades de recursos generadas por la crisis sanitaria y para respaldar la reactivación de la economía. Con el acuerdo alcanzado con el FMI, así como los ajustes en ejecución y las reformas a implementar para fortalecer las finanzas públicas y la actividad económica, se esperaría se incremente la confianza de los agentes económicos y una mejora en la inversión privada. Como complemento a esta situación es deseable que el Gobierno libere la presión sobre los mercados de deuda para que esos recursos puedan dedicarse al emprendimiento privado. El MH deberá buscar nuevas alternativas de financiamiento externas por lo que la relevancia y la confianza generada en el marco del SAF permitirá complementar las fuentes de financiamiento existentes en el mercado interno. Este financiamiento con el FMI no representa un mayor gasto del que se encuentra incorporado en Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (No. 9926), así como en los subsiguientes Presupuestos. Este correspondería únicamente a un cambio en la fuente de financiamiento, es decir que, parte de las necesidades de recursos se cubrirían con los recursos otorgados por el FMI, y también con los recursos de apoyo presupuestario de otros organismos multilaterales, lo que permitiría disminuir la emisión de títulos valores en el mercado financiero doméstico. La operación de financiamiento con el FMI generaría recursos de financiamiento para los próximos tres años, por aproximadamente US$580 millones por año, siempre y cuando se cumplan las metas establecidas. Lo cual, en complemento con otras operaciones de financiamiento por parte de organismos multilaterales, permitirían crear una fuente de recursos suficientes al Ministerio de Hacienda para evitar la presión que ejerce sobre el mercado doméstico de deuda pública. Esto permitirá reducir las tasas de interés locales, lo cual favorecerá la reactivación económica. Al cierre del 2020, las curvas de rendimientos tanto para colones como dólares, mostraron un desplazamiento a la baja respecto a 2018. De igual manera, en el mercado internacional de deuda los títulos de Costa Rica han mostrado una mejora en su cotización luego del acuerdo alcanzado con el FMI en enero del 2021. Adicionalmente, a partir de la última revisión de las variables macroeconómicas por parte del BCCR en el Programa Macroeconómico 2021 – 2022, y la evolución observada en los ingresos y gastos del Gobierno, se han elaborado las proyecciones de cifras fiscales para un horizonte de cinco años, bajo un escenario de aplicación de medidas adicionales de política fiscal (escenario activo). Este escenario activo supone la estricta implementación de medidas de contención del gasto público y el cumplimiento pleno de la regla fiscal, así como mayores recursos para la Hacienda Pública. Lo anterior, permitirá mejorar los resultados primarios del Gobierno, lo cual irá a la par de una recuperación de la actividad económica. Estas proyecciones, además de contemplar la suscripción del convenio de financiamiento con el FMI, suponen el acceso a créditos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales por US$2.380 millones entre 2021 y 2022, más la colocación de deuda externa por US$1.000 millones entre 2022 y 2025. Cuadro N°3 Supuestos de Escenario Activo Escenario Activo 2021 2022 2023 Resultado primario como porcentaje del PIB -1,70% -0,30% 1,00% Inflación 1,40% 1,20% 3,00% Emisión de Eurobonos (millones de dólares) 1 000,00 1 000,00 Créditos Apoyo Presupuestario (millones de dólares) 1 930 450 200 Crédito FMI (Millones de dólares) 583 583 583 Fuente: Ministerio de Hacienda. El ajuste propuesto en el escenario activo busca generar balances primarios positivos de forma tal que le permitan al país llevar a cabo una reducción de la razón deuda a PIB del Gobierno Central, a partir del año 2023. Gráfico N°1 Sostenibilidad de la deuda del Gobierno Central Escenario activo con medidas del Programa con el FMI Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público, a partir de los acuerdos entre el MH y el FMI. Para conseguir este resultado, es necesario el apoyo de la Asamblea Legislativa con la aprobación integral de las medidas de ajuste fiscal que forman parte del marco SAF con el FMI. La no ratificación del marco SAF le dificultaría al país generar confianza en los mercados financieros, y afectaría las oportunidades de financiamiento, cooperación y asistencia técnica necesarias avanzar en la agenda de recuperación económica. Las proyecciones de las necesidades brutas de financiamiento para el período 2021 – 2023, bajo este escenario activo que incluye el acuerdo con el FMI, llegarían al 11,2% del PIB al último año del período. El citado ajuste fiscal incluye esfuerzos de contención y reducción del gasto, además de mejoras en ingresos producto de la aprobación de medidas tributarias adicionales. Aunado a lo anterior, el escenario base supone el acceso a fuentes de financiamiento externo en mejores condiciones financieras respecto al mercado interno. Del 2022 en adelante, se supone la emisión de bonos en los mercados internacionales a partir de la autorización al Ejecutivo por parte de la Asamblea Legislativa. En el siguiente cuadro se muestra lo descrito: Cuadro N°4 Costa Rica Necesidades y Fuentes de Financiamiento del Gobierno Central Con medidas por Programa FMI (como porcentaje del PIB) 2021 – 2023 2021e 2022e 2023e I. Total Necesidades de Financiamiento (A+B+C) 13,5% 12,4% 11,2% A. Déficit del Gobierno Central 7,0% 5,9% 4,3% B. Amortización Total 6,5% 6,5% 6,9% i. Amortización Total Deuda Interna 6,3% 6,3% 5,0% ii. Amortización Total Deuda Externa 0,2% 0,2% 1,8% C. Otros 0,0% 0,0% 0,0% II. Fuentes de Financiamiento(A+B+C) 13,5% 12,4% 11,2% A. Deuda Doméstica 8,8% 8,3% 7,6% i. Títulos Valores 8,8% 8,3% 7,6% ii. Otros 0,0% 0,0% 0,0% B. Deuda Externa 4,7% 4,0% 3,6% i. Títulos Valores 0,0% 1,6% 1,5% ii. Multilateral, Bilateral, y Otros 4,7% 2,5% 2,1% Multilaterales 4,6% 2,3% 2,0% Bilaterales 0,1% 0,2% 0,1% C. Uso de activos y otros (Incluye Privatización) 0,0% 0,0% 0,0% Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Crédito Público Conforme al escenario descrito al 2021 se estiman un total de necesidades de financiamiento del Gobierno por 13,5% del PIB, de los cuales 7% obedecen al déficit financiero. El restante 6,5% del PIB es necesario para realizar las amortizaciones de deuda. Estas necesidades de financiamiento se atenderían mayoritariamente con recursos internos en aproximadamente 8,8% del PIB, mientras que los recursos externos permitirían financiar el restante 4,7% del PIB. Para los años siguientes se puede observar un decrecimiento en las necesidades de financiamiento, principalmente por el efecto en la disminución de los resultados primarios y del gasto por intereses, como resultado de la aprobación del Programa con el FMI y los demás créditos de apoyo presupuestario; así como la posible emisión de bonos en los mercados internacionales. 6. SOBRE LA FACILIDAD DEL SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) O EXTENDEND FUND FACILITY (EFF). De lo expuesto en la página oficial del Fondo Monetario Internacional se tiene que el Servicio Ampliado de Fondo (SAF) fue creado para ayudar a los países que experimentan graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o a un lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada. Los SAF respaldan programas integrales que contemplan las políticas necesarias para corregir desequilibrios estructurales durante un período prolongado. Dado que las reformas estructurales orientadas a corregir deficiencias arraigadas suelen tomar tiempo en implementarse y rendir fruto, la participación en un programa del SAF y el período de reembolso tienen plazos más largos que la mayoría de otros acuerdos que pueden celebrarse con el FMI. Del mismo modo se indica que los recursos disponibles en el marco SAF están sujetos a una comisión por compromiso de recursos cobrada al principio de cada período de doce meses por los montos que puedan girarse en el período. Estos cargos se reembolsan si se utiliza el crédito durante el período pertinente, de modo que, si el país realiza los desembolsos conforme la programación del financiamiento en el marco SAF, la comisión por compromiso se reembolsa íntegramente. Dicha comisión de compromiso es un cargo que el Fondo cobra por acuerdos en espera o similares (stand-by or similar arrangements), como es el caso del SAF, cuyo fundamento legal se encuentra en el Artículo V “Operaciones y transacciones del Fondo”, Sección 8 “Cargos” (a) (ii) del Convenio Constitutivo del FMI. Por su parte en aplicación de la Regla I-8 del Reglamento del FMI el monto de la comisión de compromiso se debitará automáticamente de la cuenta en DEG del país miembro, en este caso de la cuenta del Banco Central de Costa Rica en el FMI, una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe el acuerdo. Al respecto, resulta importante traer a colación lo indicado por la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica OJ-118-2020, del 29 de julio del 2020, mediante la cual emitió criterio sobre el texto del proyecto de ley denominado: “Autorización al Gobierno de la República de CR para la contratación de un crédito por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) con el FMI para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19”, tramitado en el expediente legislativo N.°22.018: “De conformidad con la doctrina jurisprudencial recién citada, el presente proyecto de ley regula esas circunstancias relacionadas con los detalles financieros del crédito sustraído con el FMI y, en particular, un elemento fundamental en el control legislativo del crédito público consistente en la determinación del objeto del gasto, lo que le permite hacer un ejercicio efectivo de su función tutelar de las finanzas públicas. Todo lo cual determina la competencia de la Asamblea Legislativa para someterlo a su votación. De toda suerte que, como lo mencionamos en el epígrafe anterior, en la especie nos hallamos, efectivamente, ante un instrumento de crédito público. Lo anterior, tomando en cuenta la particular naturaleza del FMI y del instrumento de financiamiento usado, en el que basta la aprobación por su Directorio Ejecutivo, atendiendo a la solicitud de nuestro país, para proceder a su desembolso, sin necesidad de un contrato de préstamo propiamente dicho ulterior.” (Lo resaltado y subrayado no corresponde al original) De lo anterior, se entiende que este tipo de operaciones son válidas para el FMI a partir de la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo, siendo que dicha aprobación se dio para el SAF el 01 de marzo del año en curso. Las aprobaciones administrativas y la aprobación legislativa que se solicita en este proyecto de Ley se circunscriben, en sentido estricto, a la operación de crédito público que conlleva el acuerdo con el FMI a través del SAF y no a las reformas de política que garantizan la sostenibilidad fiscal en el marco del mencionado acuerdo con el FMI; es decir, este proyecto de Ley no se refiere a la aprobación de los compromisos de política pública contenidos en la carta de intenciones que acompaña el Acuerdo, lo cuales se analizarán, discutirán y aprobaran de forma separada en la Asamblea Legislativa mediante los respectivos proyectos de Ley que ya están presentados o se presentarán por el Ejecutivo. Ahora bien, para la formalización de la operación de Apoyo Presupuestario en el marco SAF, a diferencia de otros organismos multilaterales, el FMI no formaliza el financiamiento a través de un contrato de préstamo. Sobre este particular y en el marco de una solicitud formulada por el BCCR al FMI, el señor Krishna Srinivasan, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, explica en una carta enviada al BCCR lo siguiente: “El financiamiento proporcionado a un país miembro como Costa Rica no está enmarcado en un contrato (p. ej., un acuerdo de préstamo), sino que se rige por las políticas del FMI. Todo país miembro del FMI puede solicitar financiamiento al Directorio Ejecutivo de la institución. Si el Directorio lo aprueba, el FMI pone los recursos a disposición del país miembro. Las obligaciones relativas vinculadas a esta operación se describen en el Convenio Constitutivo del FMI, con el cual se compromete cada país miembro al ingresar al FMI, tal como Costa Rica lo ratificó en virtud de la Ley No. 55 del 24 de diciembre de 1945, con modalidades especificadas en las decisiones pertinentes del FMI. Aunque la obligación de reembolso al FMI recae en Costa Rica como miembro del FMI, el memorando de entendimiento entre el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda en relación con el crédito del IFR, firmado el 2 de junio de 2020, establece las responsabilidades respectivas de ambas entidades en este sentido. No existe más documentación específica sobre este proceso aparte de la publicada en el informe del personal técnico relativo a la solicitud de compra de Costa Rica en el marco del IFR, que puede consultarse aquí: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/01/Costa-Rica-Request-for-Purchase-Under-the-Rapid-Financing-Investment-Press-Release-Staff-49388 Por su parte, la Sala Constitucional ha sido conteste sobre el carácter vinculante de las políticas de los organismos internacionales que regulan sus empréstitos, en lo conducente indicó en la Resolución 1027-90 que: “En el caso concreto, la Sala, al analizar el proyecto consultado a la luz de los principios y normas constitucionales, como se lo reclama el artículo 1 de la Ley de su Jurisdicción, no puede desentenderse del hecho de que se trata de un empréstito en el cual, por definición, el deudor ha de aceptar determinadas condiciones derivadas del tipo de operación y de los legítimos intereses del acreedor, siempre que, desde luego, éstas sean razonables y no atenten contra los propios derechos y libertades consagrados por la propia Constitución o por el derecho internacional de los derechos humanos, hoy incorporados formalmente a aquélla (arts. 48 Const.,1 y 2 Ley cit.).” (El subrayado no pertenece al original) En ese contexto, a efectos de formalizar una operación de crédito con el FMI, se requiere: a) La Carta de Intenciones del país, en este caso por el Ministerio de Hacienda y el BCCR, misma que puede incluir o no compromisos de política pública. b) Un Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y el BCCR en relación con el compromiso de transferencia de los recursos del crédito y de las obligaciones financieras del repago al FMI. c) Celebrar el proceso de aprobaciones administrativas y legislativas, legal y constitucionalmente requeridas. a. Sobre los compromisos contenidos en la Carta de Intenciones. Tal y como se indicó, este financiamiento apoyaría la implementación ordenada de un conjunto de compromisos o reformas de política pública que permiten dirigir las finanzas públicas en una ruta de consolidación fiscal. Estos compromisos o reformas de política pública que han sido convenidos con el FMI son necesarios para atacar los problemas estructurales que enfrenta el país. Los compromisos fiscales acordados entre autoridades costarricenses y del FMI, generarían un ajuste fiscal tal que, al 2023 el balance primario sea de 1% del PIB. Para ese año, las medidas a implementar representarían un ajuste de 3,41% del PIB, de las cuales, dos terceras partes vendrán por una reducción en el gasto público. Lograr ese ajuste en el gasto público pasa, entre otras cosas, por una estricta aplicación de la regla fiscal, herramienta incluida dentro de la Ley N° 9635, la cual impone topes al crecimiento del gasto en función de variables económicas y fiscales como lo son el crecimiento económico y la deuda del Gobierno Central. No obstante, es importante señalar que la regla fiscal no es de aplicación automática, para que ésta cumpla con su cometido, es necesario generar lineamientos y directrices para su cumplimiento. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda ha generado una serie de acciones para controlar y disminuir el gasto en los principales rubros del gasto; a la vez que atiende las necesidades del gasto social. Estas acciones resultan vitales para mitigar los efectos de la pandemia sobre el bienestar de las poblaciones en riesgo, y sientan las bases para una mayor inversión en gasto de capital, lo cual se vuelve primordial para propiciar el proceso de reactivación económica, algunas de las medidas a ejecutar son: (i) Proyectos de Presupuestos Ordinarios de la República con ajustes a la baja. La versión inicial del Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2021, más las modificaciones adicionales que se le realizaron, representaron una reducción en el gasto primario por ¢532 mil millones. Adicionalmente, existe un compromiso por parte del Poder Ejecutivo por presentar un Proyecto de Ley de Presupuesto de la República 2022 con una reducción adicional por ¢170.000 millones en el gasto primario, esto respecto del límite superior de la regla fiscal. (ii) Emisión del decreto ejecutivo para el control y reducción del gasto público. Por medio del Decreto Ejecutivo N°42798-H “Medidas para control y reducción del gasto público” se ordena contener el crecimiento de las transferencias corrientes, así como restringir el gasto en la adquisición de bienes y servicios, y algunos rubros de remuneraciones como lo son los servicios especiales, las suplencias y las remuneraciones eventuales. Se excluye de la aplicación de este decreto al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de Elecciones. (iii) Ajustes en el pago de rubros salariales. En cuanto a los rubros salariales, se realizan medidas en cuanto a los ajustes por costo de vida y en la acumulación de anualidades. En el primer caso, se da la implementación del inciso c) del artículo 13 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual faculta a la Administración Pública a no realizar aumentos salariales cuando la deuda del Gobierno Central sea superior al 60% del PIB. Mientras que, en el segundo caso, por medio de la Ley N°9908 se señala que los empleados públicos no podrán acumular anualidades durante los periodos 2021 y 2022. (iv) Congelamiento de pensiones y puestos vacantes. Se propone congelar los aumentos por costo de vida a pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (consiste en un ajuste a la regla fiscal, que ya toma esa medida con los salarios públicos en época de crisis). La medida aplicaría para las jubilaciones superiores a ¢462.000 mensuales y se mantendría mientras la deuda del Gobierno Central sea superior al 60% del PIB. A su vez, se plantea la prohibición de reponer plazas que queden vacantes en el Gobierno durante el período 2021 – 2025, con ciertas excepciones. (v) Reforma del empleo público. Crearía un esquema de salario global, sin los pluses que desequilibran los sueldos entre instituciones y que presionan al alza el gasto público. Las anteriores acciones en gasto deberán complementarse con medidas que permitan dotar de recursos frescos a la Hacienda Pública. De esta manera, se contemplan cinco potenciales fuentes de ingresos, a saber: (i) Implementación de la renta global dual. Se busca unificar en una sola escala el actual esquema tributario del impuesto a los ingresos y utilidades con el que se grava a trabajadores dependientes (asalariados) y trabajadores independientes (personas físicas con actividad lucrativa). Por medio de este esquema, se corrige el tratamiento tributario que recibe el trabajo, al no discriminar la relación de dependencia del trabajador, mejorando así la equidad horizontal del sistema tributario. Este impuesto se pagaría sobre una renta imponible (ingresos totales del individuo descontando un mínimo vital y los créditos fiscales que pueda aplicar) según una tabla de tarifas diferenciadas por tramos. Las estimaciones de esta medida sugieren un rendimiento de 0,43% del PIB. (ii) Disminución de las exoneraciones. Con esta iniciativa se busca realizar tres ajustes en el incentivo fiscal que perciben algunos rubros: (a) impuesto a las remesas, (b) salario escolar y (c) rentas de capital. En cuanto al impuesto a las remesas (o repatriación de capitales) se propone incrementar la tasa de cada uno de los rubros existentes en cinco puntos porcentuales. La legislación actual reconoce a una remesa como aquellas ganancias generadas por trabajos o negocios realizados en territorio nacional, pero elaborados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Se estima que esta medida podría generar un rendimiento de 0,13% del PIB al 2023. En relación al salario escolar, la propuesta busca eliminar la no sujeción al impuesto sobre la renta de este componente salarial. El salario escolar es un pago adicional que reciben en enero los empleados públicos, el cual cuenta con una exoneración del 100%. Se estima que esta modificación le generaría a la Hacienda Pública un ingreso equivalente al 0,12% del PIB al 2023. Finalmente, por el lado de las rentas de capital, se busca que la tasa del 15% entre en vigencia de manera inmediata y no de manera escalonada, tal y como fue dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Adicionalmente, se contempla que, de manera transitoria, las rentas de capital paguen de manera temporal y por dos periodos una sobretasa de 1,5 puntos porcentuales. Se estima que esta medida podría generar recursos adicionales a la Hacienda Pública de 0,09% del PIB al 2023. (iii) Aporte de empresas estatales. El objetivo de esta medida es que todas aquellas empresas estatales (empresas públicas no financieras e instituciones públicas financieras) que por su giro comercial generen una utilidad disponible posterior al pago de impuestos y cualquier otro tipo de carga, destinen hasta un 30% de sus ganancias anuales, después del pago de impuestos y contribuciones parafiscales y por un período de cuatro años, para apoyar el esfuerzo fiscal y de reducción de la deuda pública. En total, el Gobierno pretende obtener el equivalente al 0,20% del PIB en cada uno de los dos años finales de vigencia de la norma. (iv) Impuesto especial a los premios de lotería. La idea es gravar con una tasa del 25% a todos los premios de lotería y demás productos de azar de la Junta de Protección Social que superen el monto de medio salario base en la definición del premio por entero o por producto. Con esta medida, se estima un rendimiento de 0,12% del PIB a partir de su implementación. (v) Impuesto a la propiedad de casas de lujo. Se refiere a un impuesto sobre los bienes inmuebles de alto valor, de uso habitacional, ocasional o de recreo, entendidos como aquellos con un valor igual o superior a 325 salarios base para cada año, con independencia de si están habitadas o no. Por esta medida se estima un rendimiento de 0,08% del PIB. Como parte del acuerdo del Gobierno de Costa Rica con el FMI, el país se compromete a las siguientes metas en materia de déficit primario, saldos de deuda de Gobierno Central más órganos desconcentrados y reservas internacionales que se podrán cumplir de aprobarse las reformas de política fiscal explicadas en párrafos anteriores. Cuadro N°5 Metas Cuantitativas (MC) y objetivos indicativos (OI) 2021 2022 Julio (MC) Septiembre (OI) Diciembre (MC) Marzo (OI) Resultado primario (miles de Millones de colones) -390 -480 -640 -34 Mínimo de Reservas Internacionales Netas (Millones de dólares) 3.660 4.336 3.798 4.123 Máximo de deuda pública del Gobierno Central (miles de Millones de colones) 26.625 26.833 27.100 28.747 b. Sobre el Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) Es de destacar que, como parte de los requisitos para otorgar los recursos del SAF como crédito de apoyo presupuestario, el FMI previene la formalización de un “Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica, en relación con la línea de crédito en virtud del Convenio de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional”, el cual dispone las obligaciones y compromisos de las partes con respecto al financiamiento del FMI en el marco del SAF, incluyendo el servicio de los intereses y otros cargos. Toda vez que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley N° 55 que aprueba los convenios para la fundación del FMI y el BIRF, establece que la aplicación del Convenio del Fondo Monetario Internacional se hará necesariamente por intermedio del BCCR, que será el único agente y depositario del Gobierno en sus relaciones con dicha entidad. En ese sentido, el BCCR no solo es el único agente y depositario del Gobierno en sus relaciones con el FMI, sino que se le atribuyen funciones de vigilancia de las obligaciones asumidas por el Gobierno de República ante el Fondo Monetario. Cabe resaltar que las obligaciones por parte del Ministerio de Hacienda con el FMI relacionadas con el financiamiento directo del presupuesto se llevarán a cabo sin ningún tipo de carga financiera para el BCCR. Todos los costos y cargos relacionados con la asistencia financiera de conformidad con el SAF, incluyendo los intereses y otros cargos o gastos y, en especial, las comisiones de compromiso son responsabilidad del Gobierno de la República y deberán ser asumidas plenamente por el Ministerio de Hacienda. Conforme se indicó, en virtud de que el financiamiento del FMI a través del SAF es al Gobierno de la República, éste constituye un endeudamiento hacia el Poder Ejecutivo y por ende el repago lo realizará el MH. En consecuencia, no se puede hacer efectivo el financiamiento mediante desembolsos hasta que haya sido autorizado por la Asamblea Legislativa. Aunado a lo anterior, para el desembolso de los recursos por parte del FMI en relación a la Línea de crédito bajo el SAF, de conformidad con la Cláusula II del Acuerdo de Entendimiento, el Ministerio de Hacienda deberá suscribir un pagaré no negociable y sin intereses en colones a favor del FMI, para las tenencias del FMI en colones sujetas a cargos como resultado de la compra de DEG bajo la Facilidad SAF, el cual se mantendrá en el BCCR a nombre del FMI durante el plazo del crédito pendiente de pago al FMI bajo el SAF, y se registrará en consecuencia en la Cuenta de Orden que el BCCR abrirá al FMI para estos efectos. Sobre las condiciones contractuales establecidas por el acreedor en un empréstito, la Sala Constitucional en el Voto N°1075-90, del 29 de agosto de 1990, señaló: “(…) En el caso concreto, la Sala, al analizar el proyecto consultado a la luz de los principios y normas constitucionales, como se lo reclama el artículo 1 de la Ley de su Jurisdicción, no puede desentenderse del hecho de que se trata de un empréstito en el cual, por definición, el deudor ha de aceptar determinadas condiciones derivadas del tipo de operación y de los legítimos intereses del acreedor, siempre que, desde luego, éstas sean razonables y no atenten contra los propios derechos y libertades consagrados por la propia Constitución o por el derecho internacional de los derechos humanos, hoy incorporados formalmente a aquélla (arts. 48 Const.,1 y 2 Ley cit.) Y es lo cierto que, los textos consultados, no sólo son los usuales y aceptados universalmente para esta clase de contrataciones, sino que incluso resultan bastante más lenes, por tratarse del Banco Interamericano de Desarrollo, institución financiera del Sistema Internacional Interamericano, con propósitos y directrices claramente orientados hacia la ayuda de los países menos afortunados del continente, en su peregrinaje hacia mejores condiciones de vida para sus pueblos.” Valga acotar que respecto a la necesidad del Refrendo contralor del Acuerdo de entendimiento entre el BCCR y el MH, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece la potestad de aprobación de actos y contratos por parte de dicho ente, que determinará por reglamento, las categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se excluyan de su aprobación; pero en este caso podrá señalar por igual vía cuáles categorías serán sometidas a la aprobación por un órgano del sujeto pasivo. Ahora bien, el artículo 3 de la Reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, R-DC-114-2016, del 16 de diciembre de 2016, emitido por la Contraloría General de la República enuncia taxativamente los convenios o contratos que requieren del Refrendo, entre los cuales no se encuentran los convenios entre dos entes públicos, en cumplimiento de un fin público por disposición legal como en este caso, por lo que el Acuerdo en análisis no requiere refrendo contralor ni refrendo interno. Las medidas para la contención y reducción del gasto público ya están en proceso de implementación. Lo anterior, conforme a lo establecido en el Título IV “Responsabilidad Fiscal” de la Ley N° 9635, la cual impone topes al crecimiento del gasto en función de variables económicas y fiscales como lo son el crecimiento económico y la deuda del Gobierno Central respecto al PIB. No obstante, es importante señalar que la regla fiscal no es de aplicación automática, para que ésta cumpla con su cometido, es necesario generar lineamientos y directrices para su cumplimiento. Para lo anterior, el Ministerio de Hacienda ha generado una serie de acciones para controlar y disminuir el gasto en los principales rubros del gasto; a la vez que atiende las necesidades del gasto social. Estas acciones son vitales para mitigar los efectos de la pandemia sobre el bienestar de las poblaciones en riesgo, y sientan las bases para una mayor inversión en gasto de capital, lo cual se vuelve primordial para propiciar el proceso de reactivación económica. En resumen, con el conjunto de medidas se espera un ajuste acumulado al 2025 de 4,74% y al cierre del acuerdo con el FMI en 2023 de 3,41% del PIB, en donde un 1,17% se obtendrán por el lado de los ingresos y el restante 2,24% se producirán por ajustes en el lado de los gastos de acuerdo al siguiente cuadro: Cuadro N°6 Rendimientos esperados por las reformas 2021 – 2023 2021 2022 2023 Ajuste total 1,06% 2,19% 3,41% Gastos 0,77% 1,49% 2,24% Transferencias corrientes + Bienes & Servicios 0,40% 0,83% 1,30% Remuneraciones 0,37% 0,66% 0,95% Ingreso 0,29% 0,70% 1,17% Renta global 0,43% Impuesto a premios de lotería 0,06% 0,12% 0,12% Eliminación de exoneraciones 0,11% 0,35% 0,34% Dividendos a empresas 0,12% 0,15% 0,20% Impuesto a casas de lujo 0,08% 0,08% Fuente: Ministerio de Hacienda 7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO. Conforme al ordenamiento jurídico costarricense, la contratación de un crédito debe cumplir con las autorizaciones administrativas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), así como del dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica y de la Autoridad Presupuestaria. Así las cosas, para el financiamiento externo a través de una facilidad de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional, se obtuvieron las respectivas aprobaciones que se detallan a continuación: - Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica - Banco Central de Costa Rica - Autoridad Presupuestaria Por las razones expuestas, sometemos a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el presente Proyecto de Ley “APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL”. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA FACILIDAD DE SERVICIO AMPLIADO DEL FONDO (SAF) PARA EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA RECUPERACIÓN POST PANDEMIA Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL ### ARTÍCULO 1- Aprobación del endeudamiento. Se aprueba el financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de una facilidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El pago del servicio de la deuda y de todos los costos y cargos relacionados con la asistencia financiera bajo el SAF, incluidos los intereses y otras comisiones son responsabilidad del Gobierno de la República a través del Ministerio de Hacienda, sin ninguna carga financiera para el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Las condiciones financieras del endeudamiento aprobado son las siguientes: a) El monto: El equivalente en dólares de 1.237.490.000 Derechos Especiales de Giro (DEG) b) Tasa interés: Anual, conformada por la tasa de interés de los Derechos Especiales de Giro más 2%. La tasa estimada actualmente es 2,050%. c) Plazo del Crédito: Hasta 10 años d) Periodo de Gracia: Hasta 4 años e) Periodo de amortización: Hasta 6 años, con pagos semestrales f) Plazo de Desembolso: Hasta 3 años g) Comisiones: Hasta 0,30% anual del monto programado a desembolsar en el período. Se reembolsa si se gira el monto durante el período. h) Cargo por servicio: 0,50% sobre el monto desembolsado El Ministerio de Hacienda queda autorizado a formalizar los actos que se requieran relacionados con la operación. ### ARTÍCULO 2- Uso de los recursos. Los recursos del financiamiento autorizado en la presente ley, serán utilizados como apoyo al financiamiento de los rubros del servicio de la deuda. ### ARTÍCULO 3- Incorporación de Recursos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante Decreto Ejecutivo, realice las modificaciones presupuestarias necesarias para sustituir los ingresos de fuentes de financiamiento internas por los recursos autorizados en esta Ley, para financiar los rubros señalados en el artículo 2, sin que pueda modificarse el destino de los ingresos sustituidos aprobados en la ley de presupuesto respectiva. ### ARTÍCULO 4- Exención de pago de impuestos para la formalización del financiamiento. No estarán sujetos al pago de ninguna clase de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o derechos, los documentos que se requieran para formalizar el financiamiento autorizado en esta Ley. Asimismo, el capital, los intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del financiamiento se pagarán sin deducción ni restricción alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los ocho días del mes marzo del año dos mil veintiuno. CARLOS ALVARADO QUESADA Elian Villegas Valverde Ministro De Hacienda 17 de marzo de 2021 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/22433). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.