Proyecto busca castigar genocidio y crímenes de guerra en Costa Rica

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRÍMENES CONTEMPLADOS EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, INCLUIDAS LAS ENMIENDAS DE KAMPALA

FLORIA MARÍA SEGREDA SAGOT DIPUTADA

EXPEDIENTE N.º 22.439

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de la proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRÍMENES CONTEMPLADOS EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, INCLUIDAS LAS ENMIENDAS DE KAMPALA

Expediente N.° 22.439

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Conferencia de Plenipotenciarios de la Organización de las Naciones Unidas adoptó el Estatuto de Roma en fecha 17 de julio de 1998. Para Costa Rica este entró en vigencia desde el 20 de marzo de 2001, por medio de la Ley N.º 8083.

El Estatuto de Roma creó la Corte Penal Internacional, la cual está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como son: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

En alguna oportunidad el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Alfredo Chirino, señaló que en esta época donde los temas dominantes en materia penal son la seguridad ciudadana, la persecución de la delincuencia organizada y el renacimiento de los derechos de la víctima: “es muy difícil proponer reformas que vayan dirigidas a un contexto de criminalidad distinto, como el que compone el gravísimo problema de las lesiones a los derechos humanos en el contexto internacional”. No obstante, quienes creemos que la humanidad debe estar a resguardo de estas conductas atroces tenemos la obligación de transformar nuestro compromiso en acciones concretas que cambien la cómoda impunidad del pasado por un nuevo marco regulatorio que permita sancionar a quienes, haciendo alarde de su desprecio por sus semejantes, emprenden acciones o permiten conductas que riñen con los más elementales principios de respeto a la dignidad de las personas, dañando, matando y haciendo sufrir de tal forma que la consciencia colectiva se revela ante su brutalidad.

El Estatuto de Roma se fundamenta en el principio de complementariedad por cuanto no fue concebido con la intención de sustituir a las jurisdicciones nacionales, sino más bien de complementarlas y, en ese sentido, solo actuará cuando las jurisdicciones nacionales competentes no puedan o no quieran ejercer su obligación de investigar o juzgar a los presuntos criminales de los delitos establecidos en el Estatuto, con lo cual pretende acabar con la impunidad de delitos. Por ello, resulta importante tipificar estos crímenes en el ordenamiento jurídico costarricense, trasladando la descripción de las conductas sancionables a nuestro Código Penal y asignándoles un rango de castigo.

Al consultarse preceptivamente a la Sala Constitucional sobre el expediente N.º 13.579, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Sala señaló la importancia de este instrumento internacional, diciendo:

(…) tanto la prevención como la represión de tales delitos, ha sido y es un deber nacional respecto del cual ha existido conciencia plena aún desde antes de la suscripción del Estatuto consultado, como también desde tiempos históricos se tomó conciencia en nuestro país de la obligación de sancionar todo tipo de prácticas que sean contrarias a la dignidad humana; obligación que, sin duda alguna, ha sido asumida por el Estado costarricense no solo a nivel interno, sino también frente a la comunidad internacional, y que resulta ser, en definitiva, una manifestación ineludible del carácter democrático que debe imperar en el Estado de Derecho.(…).

Los tipos penales de genocidio, contemplado actualmente en el artículo 382, crímenes de lesa humanidad, incluido en el artículo 386 y de crímenes de guerra, recogido en el artículo 385, todos de nuestro Código Penal, son reformulados para tener una concordancia mayor con los criterios del Estatuto de Roma. Además, ya que la Corte Penal Internacional reserva para los casos más graves la sanción de cadena perpetua, inaplicable en Costa Rica por disposición constitucional, optamos por incrementar el rango de las penas, pasando de diez a veinticinco años a un nuevo límite punitivo fijado entre los veinticinco y los cuarenta años, a discreción del juzgador, en razón de las circunstancias que se presenten en el caso concreto.

Se trata de crímenes que atentan contra la dignidad y la existencia misma del ser humano, el genocidio, llamado el crimen de los crímenes, busca la destrucción de un grupo por su simple pertenencia étnica, racial, nacional o religiosa. Los crímenes de lesa humanidad son aquellas atrocidades que por su carácter sistemático o generalizado y por la magnitud de la destrucción y el sufrimiento que causan solo pueden ser cometidas por grupos organizados o por los Estados. Los crímenes de guerra son aquellos cometidos en el marco de un conflicto armado, internacional o interno, que atentan gravemente contra el conjunto de normas que buscan alivianar la barbarie de la guerra y proteger a las víctimas inocentes, en especial, a los civiles.

Frente a esos crímenes no puede quedarse apático un Estado que ha rechazado el uso de la fuerza, optando por la promoción de la convivencia pacífica entre las naciones, el respeto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento del derecho internacional, no solamente como medio de normar las relaciones internacionales, sino también como instrumento de sanción cuando los criminales que han cometido los delitos más graves también han logrado evadir la punición que les corresponde. Ciertamente, Costa Rica no ha sido indiferente ante estos hechos. En su condición de país reconocido internacionalmente por el respeto de los derechos humanos promovió y es miembro fundador de la Corte Penal Internacional, pues entiende que las responsabilidades personales por violaciones graves de los derechos humanos como genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no deben quedar impunes.

La descripción del aspecto subjetivo que define al genocidio es equivalente en el Estatuto y en el Código Penal, lo mismo que los grupos protegidos, se encuentran ambos en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948.

En materia de genocidio serían punibles, de conformidad con el Código Penal, todas las conductas que caen bajo la competencia material de la Corte Penal Internacional, se cumple así con el objetivo de no dejar de sancionar alguno de los supuestos del Estatuto.

Al igual que ocurre en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 25 párrafo 3, letra e), se castiga especialmente la instigación directa y pública al genocidio. Esta sanción no estaba contemplada en la legislación previa.

Conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional, para los efectos de su competencia se entiende que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos que señala en un listado (artículo 7, párrafo 1), cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. El hecho individual de asesinato (homicidio) está cubierto por penas inferiores en su máximo a las de este supuesto de genocidio.

En el caso del crimen de agresión, que es el único de los cuatro crímenes sobre los que la Corte Penal Internacional tiene competencia de conformidad con el Estatuto de Roma que no estaba contemplado en nuestro derecho positivo, el 11 de junio de 2010, los Estados Partes del Estatuto de Roma adoptaron una definición de este crimen. En esencia, un crimen de agresión se comete cuando un líder político o militar de un Estado lleva a este Estado a utilizar la fuerza de manera ilegítima contra otro Estado, siempre que el uso de la fuerza constituya, por sus características, gravedad y escala una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. En el futuro, aunque no antes de 2017, la CPI podrá juzgar crímenes de agresión, siempre que se cumplan ciertas condiciones jurisdiccionales.

Estimamos oportuno referirnos al crimen de agresión, el cual, junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, son los delitos competencia de la Corte Penal Internacional, tal y como lo establece el numeral 5 del Estatuto de Roma.

Si bien se incluyó taxativamente el crimen de agresión en la lista de los delitos competencia de la Corte, el mismo artículo 5 en el párrafo 2 estableció una restricción que limitó el ejercicio de la jurisdicción de la Corte respecto a este crimen.

Tal restricción consiste en que la Corte ejercerá su competencia una vez que se aprueben, de conformidad con los artículos 121 y 123 (normas de enmiendas), las disposiciones en que se defina el crimen de agresión y se enuncien las condiciones en las cuales se ejercerá la jurisdicción sobre este.

Una vez activada, la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión proporcionará cierto grado de responsabilidad penal para este crimen. Los siguientes son los pasos más importantes que llevaron a este avance.

El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de Naciones Unidas, con lo que se estableció un sistema de seguridad colectiva. El párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe: “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. La Carta permite el uso de la fuerza solamente con el propósito de legítima defensa individual o colectiva o con la autorización del Consejo de Seguridad. La Carta insta al Consejo de Seguridad a responder a las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Sin embargo, no define el concepto de agresión ni la responsabilidad penal individual en los casos de agresión.

Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial llevaron a cabo los juicios de Núremberg y Tokio para enjuiciar a los responsables de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

En el Estatuto de Núremberg se definen los crímenes contra la paz como “(…) planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados”. No obstante, el Estatuto de Núremberg no especifica con mayor detalle lo que se entiende por “agresión”. Tras los juicios de Núremberg y Tokio, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de la Carta de Núremberg y de la sentencia del Tribunal de Núremberg, en la Resolución 95 (I).

En diciembre de 1974 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 3314 (XXIX). La definición de agresión anexa a la resolución buscaba orientar al Consejo de Seguridad en la determinación de la existencia de un acto de agresión. Dicha definición concierne al acto de agresión de Estado, no el acto de un individuo que pudiera conllevar la responsabilidad del Estado, y refleja básicamente la noción del uso ilegal de la fuerza contenida en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta y enumera ejemplos específicos de los actos de agresión como la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado (incluida la ocupación militar relacionada con dicho ataque o invasión), el bombardeo de las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado, etc. Las disposiciones fundamentales de la definición de 1974 (artículos 1 y 3) fueron incorporadas a la definición del crimen de agresión en Kampala en 2010.

La cuestión de incluir o no el crimen de agresión, y si fuese así cómo definirlo, fue uno de los conflictos centrales en la Conferencia Diplomática de julio de 1998 que condujo a la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Los delegados no podían ponerse de acuerdo sobre una definición del crimen de agresión, ya que algunos deseaban incluir únicamente las “guerras de agresión”, mientras otros querían usar el concepto más amplio de “actos de agresión” contenido en la definición de la Asamblea General de 1974. Más difícil fue la cuestión de si la CPI solo debía perseguir los crímenes de agresión una vez que el Consejo de Seguridad hubiese determinado la existencia de un acto de agresión de un Estado contra otro. Como parte del acuerdo final, el crimen de agresión se incluyó en la lista de crímenes bajo la competencia de la Corte, pero su definición y las condiciones para el ejercicio de dicha competencia (incluida la cuestión relativa a la función del Consejo de Seguridad) se aplazaron para ser consideradas durante la primera Conferencia de Revisión.

Después de la Conferencia de Roma de 1998, la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional y luego el Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión continuaron las negociaciones sobre las cuestiones pendientes en relación con el crimen de agresión. En febrero de 2009, el Grupo llegó a un acuerdo consensuado sobre la definición del crimen de agresión. La Conferencia de Revisión de Kampala de 2010 tomó como base esta definición, lo que permitió centrarse en las “condiciones para el ejercicio de la competencia”. Los Estados Partes aprovecharon esta oportunidad histórica y aprobaron la resolución RC/Res.6 por consenso. La resolución modifica el Estatuto de Roma para incluir, entre otros, el nuevo artículo 8 bis que contiene una definición del crimen de agresión y los nuevos artículos 15 bis y 15 ter, que contienen disposiciones complejas sobre las condiciones para el ejercicio de la competencia. Cabe destacar que la negociación incluye una cláusula que impide a la Corte ejercer su competencia respecto del crimen de agresión inmediatamente.

La Asamblea de los Estados Partes deberá tomar una decisión, por única vez, para activar la competencia de la Corte y no antes del año 2017. También, se requiere que haya pasado un año desde la trigésima ratificación antes de que la Corte pueda ejercer su competencia respecto del crimen de agresión.

Cada ratificación ha sido un paso para la promoción de la paz y del Estado de derecho a nivel internacional. La activación de la competencia de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión requiere un mínimo de 30 ratificaciones (así como una decisión de la activación, por única vez, de los Estados Partes). Una vez activadas, las enmiendas establecerán, por primera vez en la historia de la humanidad, un sistema permanente de responsabilidad penal internacional dirigido hacia la aplicación de la norma fundamental que rige la convivencia pacífica de los pueblos: la prohibición del uso ilegal de la fuerza.

Costa Rica ya se unió al grupo de Estados que ratificaron las enmiendas con el afán de contribuir al estado de derecho a nivel internacional, a la paz y la seguridad internacionales, la protección de los derechos humanos y la prevención del sufrimiento por medio de la protección de los derechos humanos.

Los actos de agresión típicamente traen consigo un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que afectan en particular a las personas más vulnerables en situaciones de conflicto, como mujeres y niños. Se trata de actos detonantes de nuevos estados de cosas, donde la violencia escala y se proyecta en el tiempo. La tipificación de la agresión como crimen contribuirá a la prevención de tales actos centrándose en el comportamiento al comienzo de la cadena causal — el comportamiento de aquellos que toman las decisiones que desencadenan el uso ilegal de la fuerza.

La criminalización de la agresión por medio del Estatuto de Roma, activada por las enmiendas de Kampala, protegerá el derecho a la vida de cada soldado. En la actualidad, el Estatuto de Roma no protege la vida de los combatientes que son enviados ilegalmente a la guerra, ni el derecho a la vida de los soldados del Estado atacado; de acuerdo con el derecho internacional humanitario son blancos legítimos que puedan ser asesinados siempre que se observen las normas pertinentes relativas a la conducción de las hostilidades. Esta es una laguna grave en el derecho internacional que debe ser cerrada.

Al contribuir a la activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión, los Estados estarán sirviendo a sus propios intereses nacionales de disuadir el uso ilegal de la fuerza en su contra, propósito acorde con la política interna y exterior de nuestro país, que abolió el ejército como institución permanente. La Corte, en el futuro, podrá investigar y proseguir los crímenes de agresión con base en las remisiones del Consejo de Seguridad, independientemente de que los Estados involucrados hayan aceptado la competencia de la Corte al respecto (artículo 15 ter del Estatuto). Además, los Estados que ratifiquen pueden beneficiarse de la influencia disuasiva de la Corte, aun cuando el Consejo de Seguridad no refiera una situación a la Corte (artículo 15 bis). Este último tipo de competencia requiere, sin embargo, que uno de los Estados Partes involucrados haya ratificado las enmiendas y otras restricciones aplican a su vez. Sin embargo, únicamente la ratificación de las enmiendas permite a un Estado aumentar su posibilidad de contar con la protección de la Corte en contra de un acto de agresión por parte de otro Estado. Al ratificar, el Estado envía un claro mensaje de apoyo al derecho de toda persona a vivir en paz y dignidad, en el marco del estado de derecho.

Todo Estado al ratificar las enmiendas sobre el crimen de agresión está declarando, esencialmente, al mundo que no va a cometer actos de agresión ya que, de otro modo, sus líderes gubernamentales podrían ser objeto de investigación y enjuiciamiento por la Corte.

Los Estados que ratifican también ayudan a impedir tanto la comisión de actos de agresión por parte de sus gobiernos futuros como las consecuencias de tales actos. En este sentido, una vía más para lograr disuasión judicial sería la incorporación de la definición del crimen de agresión en la legislación nacional, lo que garantizará que en el futuro el poder judicial lleve a cabo control judicial a nivel nacional.

Las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión emanaron de un mandato conferido por el Estatuto de Roma; ellas completan el Estatuto.

La definición del crimen de agresión en el artículo 8 bis no deja duda de que el uso de la fuerza en legítima defensa, así como el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad no califican como actos de agresión. La definición abarca solo las formas más graves del uso ilegal de la fuerza, es decir, aquellas que manifiestamente violan la Carta de las Naciones Unidas por sus características, gravedad y escala. La Corte tendrá que considerar todas las circunstancias del caso particular, incluyendo la gravedad de los actos en cuestión, así como sus consecuencias.

Los Estados Partes del Estatuto de Roma, por lo tanto, se aseguraron cuidadosamente que las enmiendas sobre el crimen de agresión no afectaran negativamente los intereses legítimos de seguridad de los Estados.

No existe obligación legal de implementar las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión provenientes del Estatuto de Roma ya sea antes o después de la ratificación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el párrafo 5 del preámbulo del Estatuto recuerda el “deber de todo Estado [de] ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. La criminalización nacional del crimen de agresión no comenzó con la decisión de Kampala. Varios Estados Partes, así como algunos Estados no Partes contaban ya con disposiciones nacionales que penalizan la agresión antes de la Conferencia de Revisión que pueden traslaparse con la definición de Kampala del crimen de agresión. Dentro de estos países se encuentran Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Cuba, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Paraguay, Polonia, República Checa, Serbia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. Algunos de ellos han adaptado su legislación interna para alinearla con la definición de Kampala (Croacia, Eslovenia y Luxemburgo).

La competencia de la CPI con respecto al crimen de agresión sirve para ayudar a prevenir el uso ilegal de la fuerza y para llevar ante la justicia a los dirigentes que violan flagrantemente la prohibición del uso de la fuerza. Este efecto es aún mayor si la definición de agresión es implementada a nivel nacional, ya que los tribunales nacionales no encuentran las mismas restricciones jurisdiccionales que tiene la CPI. Más importante aún es que las normas nacionales que penalizan la agresión podrían ayudar a disuadir a los dirigentes del país a cometer el crimen de agresión en el futuro. Los líderes, al tomar decisiones sobre el uso de la fuerza en el futuro deberán considerar dichas leyes. Por lo tanto, la implementación sirve para disuadir y señala enfáticamente la ilegalidad de la agresión y la opción por la paz.

El principio de complementariedad también se aplica al crimen de agresión. Los Estados Parte que no incorporen la definición esencialmente están renunciando a su derecho primario de tratar los casos de agresión en el futuro dentro de su competencia nacional y expresando una preferencia por la persecución internacional de estos casos. Esto puede no convenir a los intereses de ese Estado, ya que podría preferir asumir la tarea de enjuiciar a sus nacionales que hubieran cometido un crimen de agresión y no dejar el asunto a la Corte.

Dependiendo del régimen de competencia elegido, las leyes nacionales pueden tipificar como crimen la agresión de líderes extranjeros, en particular, cuando el acto de agresión fuese cometido contra el Estado acusador (que podría hacer valer su competencia territorial). Sin embargo, el Estado que implemente debe tener en cuenta que la cláusula de liderazgo del crimen de agresión se traducirá en un número muy reducido de posibles sospechosos y que ciertas inmunidades pueden aplicarse. La afirmación de la competencia sobre extranjeros podría ser difícil de aplicar en un caso concreto. Los Estados que limitan la competencia únicamente a sus propios nacionales podrían evitar complejidades políticas y jurídicas transfronterizas significativas relacionadas con el enjuiciamiento de ciudadanos extranjeros.

Al implementar la definición de Kampala puede caerse en la tentación de hacer ajustes para cumplir con requisitos jurídicos internos. Sin embargo, consideramos más conveniente utilizar las palabras exactas acordadas en Kampala (implementación literal) y no utilizar una definición más restrictiva o más amplia.

Tomamos en cuenta el principio de complementariedad, que se aplicará una vez que se active la competencia de la Corte respecto al crimen de agresión. Al incluir los elementos sustanciales de la definición en el Código Penal nacional se evita que un caso sea admisible para su investigación y enjuiciamiento por la CPI. De esta forma, evitamos perder la posición como el principal foro de enjuiciamiento. Los intentos de enjuiciar a los no nacionales por actos más allá de la definición de agresión de Kampala pueden resultar en la falta de cooperación por parte de otros Estados y pueden ser vistos como carentes de fundamento en el derecho internacional consuetudinario.

La responsabilidad penal por el crimen de agresión surge de la participación de un individuo en un acto de agresión llevado a cabo por un Estado. La contribución del individuo a ese acto, es decir, la conducta del individuo se define en el artículo 8 bis como «planifica[r], prepara[r], inicia[r] o realiza[r]» un acto de agresión. Estas palabras relativas a conductas deben ser leídas en conjunto con la parte general del Estatuto de Roma (“Parte 3: Principios generales de derecho penal”), en particular en relación con las formas de participación del párrafo 3 del artículo 25. También debe garantizarse que el elemento subjetivo del tipo referido al conocimiento e intención del autor del crimen de agresión quede debidamente reflejado en la legislación.

Según el Estatuto de Roma, solo los “líderes” pueden ser procesados por el crimen de agresión, tal como se define en el artículo 8 bis, así como en el párrafo 3 bis del artículo 25. El requisito de liderazgo es un elemento central de la definición y se extiende incluso a autores secundarios como cómplices y encubridores de la comisión del crimen.

Consideramos conveniente, respecto a los nacionales, tipificar como crimen la conducta de aquellos cómplices o encubridores del crimen que no sean líderes hasta con un tercio de la sentencia condenatoria aplicada al líder. Sería razonable esperar que los autores secundarios se enfrenten a sanciones menos graves que los autores principales.

La manera más simple y uniforme es incorporar a la legislación nacional la definición del acto del Estado contenida en el artículo 8 bis, y se recomienda este enfoque.

El Estatuto de Roma no contiene ningún criterio para la competencia interna. El artículo 17 simplemente indica a la Corte ceder ante un Estado que “tenga jurisdicción” sobre los crímenes del Estatuto. Para un estado como Costa Rica, que tienen como pilar de su defensa la invocación de las instituciones del derecho internacional, resulta un respaldo fundamental el que tanto sus nacionales como los líderes extranjeros se abstengan de realizar actos de agresión. Por lo tanto, pensamos que la elección correcta para nuestro país es optar por elegir una jurisdicción que alcance a cualquier agresor haciéndolo responder ante la jurisdicción nacional respecto al crimen de agresión.

Criminalizar la agresión cometida por los propios ciudadanos del Estado no plantea un problema en el derecho internacional y por fuertes razones de política se apoya la decisión de los Estados de hacer uso de esta competencia. Estos ciudadanos son, por lo general, los dirigentes del Estado y usualmente actúan en el territorio de su Estado; por lo tanto, el principio de personalidad activa coincide en gran medida con el principio de territorialidad.

El principio de territorialidad es un vínculo causal de competencia antiguo y bien aceptado, en algunos sistemas jurídicos es la única base legal para el ejercicio de la competencia penal. Puede servir como base para establecer competencia con respecto a la agresión cometida contra el territorio de un Estado (es decir, la competencia del Estado víctima), ya que el crimen o sus consecuencias suelen producirse normalmente en el territorio del Estado víctima. Todos los Estados que tipifican como crimen las agresiones incluyen competencia respecto a la agresión cometida contra su territorio. Respecto de un Estado no Parte en el Estatuto de Roma, la Corte no ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión cuando este sea cometido por los nacionales de ese Estado o en el territorio del este.

La competencia universal se ejerce en su forma más pura, cuando el Estado no tiene nexo personal o territorial en relación con los presuntos hechos delictivos en cuestión. Algunos Estados requieren, al menos, la presencia del presunto autor en su territorio antes de afirmar tal competencia universal. Algunos Estados solo ejercen la competencia universal si los Estados con nexo causal más cercano son negligentes para iniciar el procedimiento.

La CPI, normalmente se encuentra en mejores condiciones que un Estado para ejercer el ius puniendi de la comunidad internacional sobre un crimen de agresión. El hecho de tipificar la conducta no significa que necesariamente sea nuestro país encargado de juzgar al responsable, sino que, en coordinación con la Corte Penal Internacional, puede transferir el ejercicio de la acción penal para que sea conocida en ese foro.

A los efectos del párrafo 1 del proyecto, se entenderá por “acto de agresión” el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos enumerados en el artículo 387 de esta reforma, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones solo se aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado.

Respecto de los elementos del tipo, básicamente se compone de los siguientes:

1- Que el autor haya planificado, preparado, iniciado o realizado un acto de agresión.

2- Que el autor sea una persona que estaba en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado que cometió el acto de agresión.

3- Que el acto de agresión –el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas– se haya cometido.

4.- Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que determinaban la incompatibilidad de dicho uso de la fuerza armada con la Carta de las Naciones Unidas.

5.- Que el acto de agresión, por sus características, gravedad y escala, haya constituido una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

6.- Que el autor haya tenido conocimiento de las circunstancias de hecho que constituían dicha violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

Con fundamento en las razones anteriores presento para conocimiento y aprobación de sus señorías el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRÍMENES CONTEMPLADOS EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, INCLUIDAS LAS ENMIENDAS DE KAMPALA

ARTÍCULO 1- Elimínese el artículo 382, refórmense los artículos 385 y 386 y agréguense dos nuevos artículos 387 y 388, se corre la numeración de los siguientes artículos del Código Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, cuyo texto dirá:

Artículo 385- Genocidio

Se impondrá prisión de veinticinco a cuarenta años a quien, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza, etnia o creencia religiosa o política, perpetre cualquiera de los actos mencionados a continuación:

1- Dar muerte a los miembros del grupo;

2- Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos;

3- Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria que haga posible la desaparición de todos o parte de los individuos que los constituyen;

4- Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y

5- Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, niños de uno de esos grupos a otros distintos;

6- Haga instigación directa y pública para la comisión del crimen de genocidio.

Para todos los crímenes contemplados en este título, el juez podrá aplicar. Además de la pena de prisión, el decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 386- Crímenes de lesa humanidad

Se impondrá prisión de veinticinco años a treinta y cinco años a quien cometa u ordene cometer, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque cualquiera de los actos siguientes:

1- Homicidio;

2- Exterminio; comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación del acceso a alimentos, medicinas u otros bienes considerados indispensables, encaminados a causar la destrucción de parte de una población;

3- Esclavitud; quien ejerza los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

4- Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

5- Tortura;

6- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada;

7- Persecución, entendida como la privación intencional, generalizada o sistemática de derechos fundamentales, en razón de la identidad del grupo o de la colectividad, de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género;

8- La desaparición forzada de personas comprenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por el Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. El delito de desaparición forzada será considerado un delito permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima;

El juez podrá considerar como atenuantes del delito de desaparición forzada de personas las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima sea puesta en libertad indemne en un plazo menor a diez días.

b) Que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido.

9- Deportación o traslado forzoso de la población, entendido como el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional; 10- El crimen de apartheid: son actos violatorios de los derechos humanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas sobre uno o más grupos étnicos, con la intención de mantener ese régimen.

Artículo 387- Crimen de agresión o acto de agresión

Será sancionado con prisión de veinticinco años a treinta y cinco años de prisión la persona responsable por la comisión un crimen de agresión o un acto de agresión.

1- Una persona comete un “crimen de agresión” cuando estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

2- Constituye un “acto de agresión” el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado; g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.

El presente artículo solo se aplicará a las personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado.

Los cómplices o encubridores nacionales serán castigados por su participación en este delito con una pena hasta de un tercio de los extremos de la sanción aplicable al líder responsable.

Artículo 388- Crimen de guerra

Será sancionado con prisión de veinticinco años a treinta y cinco años de prisión la persona que, con ocasión de un conflicto armando, realice u ordene realizar actos que considerados violaciones graves de conformidad con los tratados internacionales de los que Costa Rica sea parte, relativos a la conducción de las hostilidades, la protección de los heridos, enfermos y náufragos, el trato a los prisioneros de guerra, la protección de las personas civiles y la protección de los bienes culturales, en los casos de conflictos armados.

Se entenderá por crimen de guerra:

a) Infracciones graves de los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:

i) Matar intencionalmente;

ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;

iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;

v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una potencia enemiga;

vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;

vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;

viii) Tomar rehenes;

ix) Emplear veneno o armas envenenadas;

x) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos;

xi) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, como las enumeradas en la Ley N.° 8083, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 8, inciso b), apartados I a XXVI inclusive.

ARTÍCULO 2- Adiciónese un artículo 31 bis al Código Procesal Penal Ley N.º 7594. El texto dirá:

Artículo 31 bis- La acción penal de los crímenes tipificados en los artículos 385, 386 387 y 388 en el título XVIII del libro segundo del Código Penal, y sus respectivas penas, son imprescriptibles cualquiera que haya sido su fecha de comisión. No se les considerarán delitos políticos ni delitos comunes conexos con delitos políticos.

Se prohíbe la aplicación de indulto, perdón judicial o amnistía para estos delitos.

Rige a partir de su publicación.

Floria María Segreda Sagot Diputada

26 de marzo 2021

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.