Archivado el plan para vender Recope y bajar el combustible

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CARLOS LUIS AVENDAÑO CALVO, XIOMARA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS

EXPEDIENTE N° 22.451

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley PROYECTO DE LEY

CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Expediente N° 22.451

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) hace muchos años dejó de cumplir una función social y económica relevante para el país y, más bien, se ha convertido en una pesada carga para los bolsillos de los contribuyentes.

Desde el año 2011, RECOPE dejó de refinar petróleo y desde entonces, la entidad se dedicó únicamente a importar y distribuir combustibles. La razón para que esto ocurriera era el proyecto de construir una nueva refinería en conjunto con la empresa china CNPC que, luego de varios años y muchas polémicas, terminó convirtiéndose en un negocio fallido que le costó a los costarricenses mucho dinero.

De acuerdo con el Informe que emitió la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 2017, en ese momento se estimó que el impacto que tuvo ese fracasado proyecto fue de, al menos, $67,7 millones sin que exista un solo beneficio para la ciudadanía costarricense: no hubo refinería, no hubo disminución de la dependencia de mercados internacionales, no hubo reducción de precios ni mejora de la calidad y, peor aún, no se ha sancionado a un solo funcionario público por el desaguisado.

Desde entonces y hasta que el Gobierno tomó la decisión de retirarse el proyecto de la refinería se continuaron gastando cerca de $349 mil anuales para mantener a una oficina con 8 funcionarios que no realizaban ninguna labor.

Como si esa afectación a la Hacienda Pública no fuera suficiente, la institución ha otorgado por años privilegios a sus empleados, a través de convenciones colectivas altamente onerosas y que han venido siendo eliminados por la Sala Constitucional por considerarlos desproporcionados e irrazonables como lo demuestra el voto N° 2019-009226 mediante el cual el Máximo Tribunal señala que “(…) Las Convenciones Colectivas de Trabajo se encuentran sometidas al Derecho de la Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria”.

Estos abusos, excesos y mala administración de la Refinadora Costarricense de Petróleo vienen siendo advertidos desde hace mucho tiempo. La Contraloría General de la República, en su informe de fiscalización DFOE-AE-IF-00008-2020, del 17 de noviembre de 2020, encontró serias anomalías en los incentivos salariales otorgados por la entidad: durante 2019 y hasta la fecha, RECOPE ha venido pagando en términos porcentuales algunos conceptos amparados en la Convención Colectiva vigente (2016-2019), como lo son los rubros de peligrosidad, calificación y los reconocidos por la ejecución de trabajos expuestos a altas temperaturas, en alturas mayores de diez metros y por mantenimiento de oleoducto en caliente.

También descubrió que no se ha calculado el monto nominal fijo en el pago de la Anualidad a Profesionales reconocida con sustento en el artículo 156 de la citada Convención; ni la anualidad que otorga con sustento en la Ley N° 2166 -denominada Pasos en el artículo 155 convencional- para la clase no profesional. Asimismo, identificó “inconsistencias en el cálculo de la Carrera Profesional durante 2019, referidas por ejemplo al reconocimiento de puntos y horas de participación siendo de aprovechamiento, y viceversa”.

A esto se le suma la nueva convención colectiva aprobada para el periodo 2021-2024, la cual tendrá un costo anual que ronda los ¢46.129 millones en total para favorecer a 1.800 empleados con sobresueldos del 25% por trabajos en altura o a temperaturas elevadas, permisos con goce salarial por paternidad, subsidio de alimentación en sodas institucionales, pago de la totalidad del salario para funcionarios incapacitados, subsidios para compra de lentes, útiles escolares, citas ginecológicas, entre otros. Para el financiamiento de estos privilegios, los consumidores deberán pagar en promedio ¢3.5 colones más por cada litro de combustible.

Y para colmo de males, en el trámite del proyecto N° 22.384, Ley de aporte solidarios y temporal sobre las utilidades de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal, propuesto por el Poder Ejecutivo, la fracción de Restauración Nacional logró obtener información acerca de que RECOPE no tiene utilidades, sino que más bien presenta pérdidas. Según el oficio N° P-0142-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por el Presidente Ejecutivo de la entidad, Alejandro Muñoz Villalobos, RECOPE tuvo pérdidas por ¢2.116 millones en 2019, mientras que para el 2020 las pérdidas llegaron a los ¢18.024 millones.

En este sentido, tenemos entonces una refinadora que no refina, que incursiona en negocios fallidos que le costaron a los costarricenses casi $70 millones, que sostiene una planilla de 1.800 empleados a los que, por años, les ha reconocido privilegios salariales desproporcionados e irrazonables que seguirían vigentes de no ser por la interposición de diversos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, todo lo cual hemos tenido que pagar los costarricenses con tarifas elevadas en comparación con el resto de Centroamérica, como se muestra a continuación:

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Fuente: Expediente legislativo N° 21.521

Los costarricenses ya no pueden seguir soportando el enorme peso que representa RECOPE para sus bolsillos. Las pifias, los excesos y el sobreprecio ya han sido demasiado y es hora de que tomemos una decisión al respecto: cerrar RECOPE y abrir su monopolio.

Este proyecto de ley plantea precisamente ese cierre a través de la venta de sus acciones y activos y la consecuente apertura del monopolio que, por ley, tiene hoy esa entidad para la refinación, importación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional. El propósito es que varias empresas, nacionales o extranjeras, puedan ingresar al mercado y competir, ofreciéndole mejores condiciones en precio a todos los ciudadanos.

Mientras esta venta se concreta, RECOPE seguirá operando en las mismas condiciones que ha venido haciéndolo, excepto en cuanto al monopolio, de forma tal que tendrá que volverse eficiente para competir, como ya lo han hecho el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros luego de su apertura como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Adicionalmente se propone una reducción del 50% de la tarifa del impuesto único a los combustibles, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación de vehículos impuestas a la ciudadanía en el marco de la atención de la emergencia por el COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la economía.

En la medida que el precio de los combustibles baje, tendremos mayor dinamismo y competitividad en sectores como industrias y transporte, al tiempo que se reducirán los costos operativos de miles de empresas, en especial pequeños y medianos negocios, lo cual les permitirá comenzar a recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia, conservando los empleos existentes y contratando a más personas en la medida que mejore su situación. Además, los consumidores se verán altamente beneficiados porque esa reducción en el impuesto hará que el precio de los combustibles baje y con ello también disminuirán sus gastos, lo que significa que tendrán más dinero en el bolsillo para consumir y satisfacer sus necesidades.

Actualmente, el impuesto a los combustibles representa el 41% del precio final para la gasolina súper, el 40.2% para la gasolina regular y el 27.8% del diésel. De esta forma, una rebaja del 50% de la tarifa del impuesto podríamos incidir de manera importante sobre el precio final de los combustibles.

Tomando como referencia los datos aportados por la Resolución de la Intendencia de Energía N° 0010-IE-2021 del 26 de febrero de 2021, la reducción planteada en este proyecto de ley podría tener el siguiente impacto en los precios de los combustibles que pagamos todos los costarricenses:

Precio aprobado Precio con rebaja del 50% del impuesto Disminución nominal Disminución porcentual

¢643 ¢511 ¢132 20.5%

¢628 ¢501.8 ¢126.2 20.1%

¢536 ¢461.5 ¢74.5 13.9%

Ciertamente esta reducción impactaría la recaudación del tributo, que en 2019 alcanzó los ¢552.016 y en 2020 fue de ¢436.383 millones, claro está, como consecuencia de la pandemia. También es verdad que 48.6% de los recursos de este impuesto van dirigidos a atender diferentes necesidades como lo son la conservación y mantenimiento de vías nacionales por medio de CONAVI (21.75%). la atención de la red vial cantonal (22.25%), el pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (3.5%), el pago de los beneficios ambientales agropecuarios que realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería (0.1%), la transferencia al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (1%) y una partida a favor de la Cruz Roja Costarricense. Sin embargo, con este proyecto las instituciones beneficiadas por este impuesto no se verían perjudicadas, pues la porción que les corresponde no sería la que se deje de percibir, sino que sería la que va para el Gobierno Central. Sin embargo, la afectación que se generaría se compensa por el crecimiento de la actividad económica, el aumento del empleo y una mayor recaudación por concepto de los impuestos de valor agregado y renta, entre otros, por lo que sería un sacrificio temporal similar al que se le pidió a todos los costarricenses del sector privado, cuando vieron reducidos sus ingresos, incluso hasta la mitad, para no perder su empleo en medio de la pandemia.

En virtud de los argumentos aquí planteados, se somete a consideración de los diputados y diputadas el siguiente proyecto de ley.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA DECRETA

CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE HIDROCARBUROS Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

CAPÍTULO I

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE ACCIONES Y ACTIVOS

ARTÍCULO 1- AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE ACCIONES Y ACTIVOS DE RECOPE.

Se autoriza al Estado, por medio del Consejo de Gobierno, a vender las acciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE) y sus activos. En caso de concretarse dicha venta, los recursos generados se utilizarán para liquidar las obligaciones laborales y financieras existentes y de quedar un remanente, se destinará exclusivamente para el pago del Servicio de la Deuda.

CAPÍTULO II

APERTURA DEL MONOPOLIO

ARTÍCULO 2- APERTURA DEL MONOPOLIO SOBRE LA IMPORTACIÓN, REFINACIÓN, DISTRIBUCIÓN AL MAYOREO DE PETRÓLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS.

Se establece la apertura del monopolio de RECOPE sobre la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional.

Bajo el principio de libre competencia, todos los sujetos de Derecho Público o Privado podrán realizar la actividad comercial de refinación, importación, transporte y distribución al por mayor y al detalle de hidrocarburos y todos sus derivados, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel nacional.

ARTÍCULO 3- NECESIDAD DE CONCESIÓN.

Para la realización de las actividades descritas en el artículo anterior, la persona física o jurídica interesada requerirá obtener una concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como pagar un canon de fiscalización que se definirá vía reglamento.

ARTÍCULO 4- INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, SERVIDUMBRES Y DERECHOS DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE POLIDUCTOS Y OLEODUCTOS.

Una vez concretada la venta se autoriza al Consejo de Gobierno a trasladar, a título gratuito, al MINAE la titularidad sobre la infraestructura, equipos, servidumbres, derechos de vía de las líneas de poliductos y oleoductos y sus ramales y cualquier otro activo que tuviese RECOPE en el territorio nacional, para el desempeño de sus funciones.

El MINAE administrará estos activos y los pondrá a disposición de las empresas concesionarias, las cuales deberán pagar un canon por su utilización que se fijará en el reglamento respectivo tomando como parámetro los precios que se cobran por el trasiego de combustibles a través de poliductos en diferentes países, así como en los criterios de buen funcionamiento de las instalaciones y eficiencia económica.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN TEMPORAL DE OPERACIÓN DE RECOPE

ARTÍCULO 5- OPERACIÓN TEMPORAL DE RECOPE

Mientras no se concrete la venta de RECOPE, esta entidad podrá continuar desarrollando sus actividades, pero en un entorno legal de competencia.

Sin embargo, deberá poner a disposición de las empresas competidoras el uso de todas sus instalaciones, activos, equipos, servidumbres y derechos de vía de las líneas de poliductos y oleoductos, por los que cobrará un alquiler.

Los recursos generados por ese alquiler deberán reservarse para el pago de las futuras liquidaciones de los funcionarios.

CAPÍTULO IV

REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES

ARTÍCULO 6- REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES.

Por un plazo de un año, contado a partir de la publicación de esta ley, se establece una reducción del cincuenta por ciento (50%) en la tarifa del impuesto único a los combustibles establecida en el artículo 1 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N° 8114 del 9 de julio de 2001, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación de vehículos impuestas en el marco de la atención de la pandemia por el COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la economía.

Esta reducción no aplicará para la proporción que se encuentra destinada a cumplir con las transferencias señaladas en el artículo 5 de dicha Ley.

CAPITULO V

REFORMAS Y DEROGATORIAS LEGALES

ARTÍCULO 7- REFORMAS A OTRAS LEYES.

Refórmense los artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 20 de la Ley de Hidrocarburos, Ley N.º 7399, de 3 de mayo de 1994, cuyo texto dirá:

Artículo 1- El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible, de las fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional, sobre las cuales ejercerá soberanía completa y exclusiva o jurisdicción especial, a tenor del artículo 6 de la Constitución Política.

No obstante, la refinación, importación, transportación y distribución de estas sustancias puede ser desarrollada por cualquier sujeto de Derecho público o de Derecho privado, previa concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía.

Articulo 3- Créase la Dirección General de Hidrocarburos, como el órgano técnico especializado del Ministerio de Ambiente y Energía, a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos que el Poder Ejecutivo suscribirá para la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como tramitar y aprobar las concesiones para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional.

Sin perjuicio de otras tareas que le sean delegadas, le corresponderán las siguientes funciones específicas:

a) Elaborar los carteles de las licitaciones públicas y los contratos de concesión para someterlos a la aprobación del Consejo Técnico.

b) Analizar las ofertas para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y remitir las recomendaciones técnicas respectivas al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico.

c) Fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas y concesionarios.

d) Analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos y concesiones y elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico.

e) Recomendar al Poder Ejecutivo la procedencia o la improcedencia de la cesión, parcial o total, de los contratos y de las concesiones.

f) Analizar y recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento de las prórrogas solicitadas por los contratistas y concesionarios.

g) Determinar la tasa máxima de eficiencia productiva (MEP).

h) Llevar los registros citados en los artículos 20 y 21 de la presente Ley.

i) Aprobar la información presentada por los contratistas y concesionarios.

j) Dar por satisfechos los requisitos a los cuales se refiere el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 5- El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las competencias asignadas en esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Adoptar los métodos y sistemas de trabajo que aseguren el mayor rendimiento y economía en las actividades reguladas en esta Ley.

b) Celebrar toda clase de actos y contratos en las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos establecidas en esta Ley.

c) Autorizar la concesión de la administración, exploración, explotación y manejo de los campos petroleros y gasíferos, oleoductos, refinerías y, en general, los bienes muebles e inmuebles que le correspondan, de acuerdo con la presente Ley.

d) Destinar a la satisfacción de las necesidades del consumo interno todo el petróleo y el gas natural a los que tenga derecho, con ocasión de los contratos que suscriba; asimismo, podrá vender los excedentes en el mercado nacional o internacional.

e) Contratar, con entidades nacionales o extranjeras, empréstitos que deberá aprobar la Asamblea Legislativa. Los créditos se aplicarán exclusivamente a las obras, los trabajos y los demás objetivos propuestos en los planes elaborados con anterioridad.

f) Vigilar el buen estado de los campos petrolíferos o gasíferos, sus instalaciones y dependencias y tomar las medidas pertinentes para su adecuado mantenimiento.

Cuando legalmente proceda, algunas de estas atribuciones podrán delegarse en la Dirección General de Hidrocarburos.

Articulo 8- No podrán ser designados como miembros del Consejo Técnico las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

(…) e) Estar ligado, por relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con dueños, directivos o miembros de la Alta Gerencia de cualquier empresa que participe en las actividades descritas en esta ley.

Artículo 9- El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Desarrollar la política en materia de hidrocarburos dictada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la política energética del país.

b) Aprobar el plan anual de actividades de la Dirección General de Hidrocarburos.

c) Recomendar las áreas del territorio nacional que pueden ser contratadas y/o concesionadas.

d) Aprobar y recomendar al Poder Ejecutivo los carteles de licitación pública para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y la concesión de las actividades señaladas en esta ley.

e) Recomendar al Poder Ejecutivo, suscribir los contratos sometidos a su consideración la Dirección General de Hidrocarburos.

Artículo 20- La Dirección General de Hidrocarburos llevará un registro especial en el que se inscribirán los contratos, las concesiones, reducciones, prórrogas, renuncias, nulidades, caducidades, cancelaciones, expropiaciones, servidumbres y, en general, todos los actos referentes a las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos.

El registro será público y cualquier persona podrá examinar y solicitar copias autorizadas y certificaciones. El interesado pagará su costo.

En el Reglamento de esta Ley se determinarán la forma, las solemnidades y los requisitos de las inscripciones.

ARTÍCULO 8- DEROGATORIAS.

Deróguense las siguientes disposiciones:

a) El inciso b) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley N.º 8 del 31 de octubre de 1885.

b) El artículo 3 de la Ley que traspasa acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica, Ley N° 5508 del 17 de abril de 1974

c) El artículo 4 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Ley N.º 6588 del 30 de julio de 1981.

d) La ley que crea el monopolio en favor del Estado para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, sus combustibles, derivados, asfaltos y naftas, Ley N.º 7356 del 24 de agosto de 1993.

e) El artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, Ley N.º 7399 del 3 de mayo de 1994.

f) El inciso d) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N.º 7593 del 9 de agosto de 1996.

Rige a partir de su publicación.

Carlos Luis Avendaño Calvo Melvin Angel Núñez Piña

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández Mileidy Alvarado Arias

Floria María Segreda Sagot Erick Rodríguez Steller

María Inés Solís Quirós Walter Muñoz Céspedes

Otto Roberto Vargas Víquez

Diputados y diputadas

05 de abril de 2021

NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.