Archivado el proyecto que daba 5% de impuesto a Migración
El expediente 22.463, que proponía darle un 5% del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración, venció su plazo cuatrienal el 8 de abril de 2025 y no es ley.
Título oficial REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL
Atención: El proyecto está archivado y no es ley, pero proponía quitarle 5 puntos porcentuales al Ministerio de Seguridad Pública para dárselos a Migración, y el ministro Michael Soto no lo apoyaba según lo dicho en la audiencia.
La letra pequeña
Encontramos un artículo que no calza con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
El título habla de todos, pero la ventaja cae sobre un grupo pequeño.
A quién le sirve: Policía Profesional de Migración y Extranjería
El proyecto asigna el 5% del impuesto a la Dirección General de Migración y Extranjería para usarlo solo en la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en la Policía Profesional de Migración y Extranjería
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- A las personas dueñas de sociedades que pagan el impuesto a las personas jurídicas: el proyecto no cambiaba lo que pagan, solo a dónde va la plata.
- A los oficiales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, que habrían recibido 5% del impuesto para contratación, infraestructura y equipo.
- Al Ministerio de Seguridad Pública, que habría pasado de recibir 90% a 85% del impuesto.
- Al Organismo de Investigación Judicial, que habría pasado de recibir 5% a 5% del impuesto.
A quién beneficia
- La Policía Profesional de Migración y Extranjería habría tenido recursos para contratar policías.
- La Dirección General de Migración y Extranjería habría tenido plata para infraestructura de delegaciones y coordinaciones regionales.
- El proyecto buscaba reforzar el control en zonas fronterizas como Peñas Blancas.
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el plazo cuatrienal el 8 de abril de 2025.
- El reparto actual del impuesto sigue igual: 75% Seguridad Pública, 15% OIJ y 10% Justicia y Paz.
- El antecedente 20.323 también se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal el 29 de marzo de 2021.
- El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, no apoyaba el proyecto según lo dicho en la audiencia.
La explicación completa
Qué propone
El proyecto ya no está en trámite: venció su plazo cuatrienal el 8 de abril de 2025 y no se convirtió en ley 1. Lo que proponía era cambiar el reparto del impuesto a las personas jurídicas para darle un 5% a la Dirección General de Migración y Extranjería (art. único).
Hoy la Ley 9428 reparte ese impuesto así: 75% al Ministerio de Seguridad Pública, 15% al Poder Judicial para el OIJ y 10% al Ministerio de Justicia y Paz 2. El proyecto proponía otro reparto: 85% a Seguridad Pública, 5% a Migración, 5% a Justicia y Paz y 5% al OIJ (art. único).
El 5% para Migración se usaría en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, para contratar policías, construir o arreglar delegaciones y coordinaciones regionales, y comprar y mantener equipo policial (art. único).
El texto explica por qué. Ese cuerpo policial está adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía, según el artículo 15 de la Ley 8764 (art. único) 3. Por eso quedaba fuera del reparto del impuesto, que va a entidades del Ministerio de Seguridad Pública, Justicia y el Poder Judicial.
El proyecto también decía que la Policía Profesional de Migración tiene "una grave falta de personal" y que eso afecta el combate al crimen organizado transnacional y la vigilancia de zonas fronterizas como Peñas Blancas (art. único).
En qué va el trámite
El expediente 22.463 se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal. El trámite empezó el 8 de abril de 2021 y el plazo vencía el 8 de abril de 2025 1.
El proyecto pasó por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. La comisión votó y dictaminó el 3 de marzo de 2022, y el dictamen llegó a la Secretaría del Directorio el 9 de marzo de 2022 1. Después de eso no hay más pasos registrados en el trámite.
El texto recuerda un antecedente: el expediente 20.323, que proponía lo mismo, se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal el 29 de marzo de 2021 porque la moción para ampliar el plazo no se discutió ni se votó (art. único).
Lo que se dijo en la Asamblea
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió en audiencia a Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la seccional de la Asociación Nacional de la Policía Profesional de Migración, el 31 de octubre de 2019 00:18:16. La audiencia trataba el expediente 20.323, el antecedente del 22.463 00:19:28.
Mora dijo que la Policía Profesional de Migración y Extranjería "adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma" 00:27:30.
También dijo que por falta de recursos humanos se han dejado de hacer inspecciones en hoteles y que una oficina como la de Nicoya cerró varios días durante operativos especiales 00:34:14.
Un diputado de la comisión dijo que "hacienda le debe más de 5 mil millones de colones a seguridad pública" [sic] 00:37:04.
Gerardo Mora respondió que el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, no apoya el proyecto "porque este se le quita recursos a seguridad pública" 00:44:38.
El diputado Enrique Sánchez dijo que su preocupación era "si estábamos desvistiendo un santo para vestir otro" 00:54:01.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y la Constitución del dossier. El artículo 121, inciso 1, dice que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto es una reforma de ley ordinaria, así que calza con esa atribución.
El mismo artículo 121, inciso 1, también le da a la Asamblea la potestad de "establecer los impuestos y contribuciones nacionales" Constitución, art. 121. El proyecto no crea un impuesto nuevo: cambia cómo se reparte uno que ya existe (art. único).
El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" Constitución, art. 18. El proyecto no cambia lo que paga la gente, solo el destino de lo recaudado (art. único).
El artículo 177 fija un mínimo del 6% de los ingresos ordinarios para el Poder Judicial Constitución, art. 177. El proyecto le baja al OIJ de 5% a 5% del impuesto, sin tocar ese mínimo constitucional (art. único).
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado, así que las herramientas para influir en su trámite ya no aplican. Lo que sí puede hacer es pedir información sobre el destino del impuesto a las personas jurídicas.
Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de esos fondos públicos. Se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o por el portal institucional guía, p. 68.
También puede llamar a los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Si quiere que se vuelva a presentar una iniciativa parecida, puede usar el formulario web de la Asamblea para proponer proyectos de ley. La Oficina de Iniciativa Popular los recopila y los remite a los diputados, aunque no hay garantía de que se discutan o se voten guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto se recaudó en total por el impuesto a las personas jurídicas en los años posteriores a 2019.
El dossier no dice si algún diputado presentó un proyecto nuevo después del archivo del 22.463.
El dossier no permite confirmar las cifras de recaudación que se leyeron en la audiencia, porque la transcripción automática tiene errores en esos números.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto es una reforma de ley ordinaria sobre el reparto de un impuesto existente. El Censo no encontró un choque claro con los artículos de la Constitución del dossier.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. único"Refórmese el artículo 11 de la Ley N.° 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para que se lea como sigue"
Sin choque aparente La Asamblea tiene la potestad de reformar leyes. El proyecto es una reforma de ley ordinaria, así que calza con esa atribución.
Constitución, art. 121"establecer los impuestos y contribuciones nacionales"
Esta ley, art. único"Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en la Policía Profesional de Migración y Extranjería"
Sin choque aparente El proyecto no crea un impuesto nuevo. Cambia cómo se reparte uno que ya existe, y eso lo decide la Asamblea.
Constitución, art. 177"En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico"
Esta ley, art. único"Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado"
Sin choque aparente El proyecto mantiene el 5% para el OIJ. No toca el mínimo del 6% de los ingresos ordinarios que fija la Constitución para el Poder Judicial.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:27:30
"la policía profesional de migración y extranjería adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma"
- 00:44:38
"el ministro no apoya este proyecto porque este se le quita recursos a seguridad pública"
- 00:54:01
"si estábamos desvistiendo un santo para vestir otro"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Expediente 22463: REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL
- Ley 9428: Impuesto a las Personas Jurídicas (Vigente)
- Ley 8764: Ley General de Migración y Extranjería (Vigente)
- Comisión de Seguridad 31 de octubre 2019
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-08. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL
EXPEDIENTE N° 22.463
VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de le PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL
Expediente N° 22.463
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En el artículo 11 de la Ley N.° 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, se dispuso la distribución de los recursos recaudados por concepto del impuesto creado.
Así, en el mencionado artículo 11 se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al OIJ del Poder Judicial. El artículo 11 vigente indica:
“ARTÍCULO 11.- Destino del impuesto
Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:
a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen
d) organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”
De esta forma, los recursos recaudados por concepto del impuesto a las personas jurídicas se destinan en su totalidad a fines relacionados con seguridad pública. No obstante, dada esta distribución que define la ley vigente, uno de los cuerpos policiales encargados de la seguridad pública queda excluido de la recepción de recursos provenientes de esta fuente: la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería es uno de los cuerpos policiales que define el artículo 6 de la Ley General de Policía, N° 7410, del 26 de mayo de 1994 y sus reformas. Este cuerpo policial, especializado en la vigilancia y el control de la migración, está adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía, según lo regulado en el artículo 15 de la Ley N° 8764, Ley General de Migración y Extranjería del 19 de agosto de 2009.
En consecuencia, con la actual distribución de los recursos recaudados por el impuesto a las personas jurídicas, este cuerpo policial queda excluido, puesto que, como se ha señalado, no pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que está adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación y Policía.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), adolece de una grave falta de personal para realizar las labores cotidianas en todo el país. Esto impacta en la capacidad para combatir la criminalidad organizada transnacional y para colaborar con los demás cuerpos de policía. Se requieren recursos para fortalecer la capacidad de este cuerpo policial para reducir la porosidad de zonas fronterizas como la de Peñas Blancas. Porosidad que es aprovechada por el crimen organizado para realizar el traslado de armas, drogas, personas explotadas y recursos generados por esas actividades delicitivas.
Además, debe tenerse en consideración que previo a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la visitación turística había crecido significativamente, y que el país espera que esa senda se retome con prontitud, siendo que se trata de una actividad de primera importancia para la economía nacional. Ahora bien, ese incremento en la visitación turística hace necesario e indispensable ofrecer mayores condiciones de seguridad a través de más oficiales de Migración en los distintos puestos puestos de control migratorio.
Y es también necesario reforzar las capacidades de la policía migratoria para pueda atender los diversos fenómenos migratorios, de conformidad con lo que establece el inciso 2) del artículo 18 de la Ley N° 8764, Ley General de Migración y Extranjería del 19 de agosto de 2009, que indica que las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería deben “[r]ealizar, con pleno respeto a los derechos humanos, el control migratorio durante el ingreso de personas al territorio nacional y su egreso de él, así como sobre las actividades de las personas extranjeras que habitan en el país, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley; asimismo, realizar investigaciones sobre los delitos de tráfico y trata de personas, así como de cualquier otra infracción de naturaleza migratoria como órgano auxiliar del Ministerio Público”.
Por estas razones es urgente la enmienda de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, una enmienda que permita que parte de los recursos a recaudarse se destinen a fortalecer la PPME. En concordancia, el presente proyecto de ley propone una modificación puntual al artículo 11 de la Ley N.° 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del impuesto a las personas jurídicas se destine un 5% a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Esta iniciativa que aquí se presenta tiene por antecedente la que se tramitó bajo expediente 20.323. El proyecto de ley que fue tramitado bajo ese expediente inició su trámite legislativo en mayo del 2017, siendo analizado primero por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos y posteriormente por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Durante su tramitación fue consultado a diversas instituciones. De estas consultas realizadas es pertinente resaltar que diversas oficinas regionales de la PPME se pronunciaron a favor del proyecto, resaltando su necesidad. Además, que la Procuraduría General de la República, mediante oficio OJ-157-2017, indicó que “el proyecto no presenta vicios de legalidad ni de constitucionalidad”.
Además, el proyecto 20.323 fue analizado por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en Informe AL-DEST-IIN-175-2017. En dicho informe se indicó que:
“La propuesta se sustenta en el ordinal 121, incisos 1) y 13) de nuestra Constitución Política, que le atribuye exclusivamente a la Asamblea Legislativa, la función de dictar las leyes y de reformarlas y de establecer los impuestos y contribuciones nacionales.
En el caso que nos ocupa, la reforma a la distribución de los recursos recaudados por el impuesto a personas jurídicas, podría estar respondiendo a la finalidad del impuesto, la cual en su momento señalaron los legisladores, como la forma de dotar de recursos a los cuerpos policiales para su fortalecimiento.
Es en este sentido, la redistribución que se plantea en esta iniciativa es un asunto de conveniencia y oportunidad, pues la valoración de los señores y señoras legisladores respondería a la priorización sobre las necesidades de fortalecimiento de los cuerpos policiales en el desempeño de sus competencias y funciones.
En lo que respecta a la proporcionalidad de la propuesta, no resulta violatoria al principio de proporcionalidad y razonabilidad, dado que la policía profesional de migración y extranjería, es parte de los cuerpos policiales existentes en el país, así señalado por la Ley General de Policía, y la colocaría en condición de igualdad en relación a otros cuerpos policiales que recibirían el mismo porcentaje de recursos provenientes del impuesto.”
A pesar de esta tramitación, el proyecto tramitado bajo expediente 20.323 resultó archivado por vencimiento de plazo cuatrienal el día 29 de marzo del 2021, puesto que la moción para realizar la extensión de dicho plazo no llegó a ser discutida y votada por la Asamblea Legislativa. Siendo que se mantienen presentes las necesidades que buscaba atender esa iniciativa archivada, los Diputados y Diputadas que suscribimos retomamos aquí ese proyecto de ley y lo sometemos a consideración de las señoras diputadas y de los señores diputados
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DEL ARTÍCULO 11 LA LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, PARA FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLICÍA PROFESIONAL
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 11 de la Ley N.° 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para que se lea como sigue:
Artículo 11- Destino del impuesto
Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:
a) Un ochenta y cinco por ciento (85%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, para que sea invertido en contratación de policías, infraestructura física de las delegaciones y coordinaciones regionales policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial.
c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
d) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”
Rige a partir de su publicación.
José María Villalta Flórez-Estrada Jonathan Prendas Rodríguez
Ignacio Alberto Alpízar Castro Carmen Irene Chan Mora
Harllan Hoepelman Paez Nidia Lorena Céspedes Cisneros
Marulin Azofeifa Trejos Dragos Dalanescu Valenciano
Sylvia Patricia Villegas Álvarez Otto Roberto Vargas Víquez
Mileidy Alvarado Arias Shirley Díaz Mejía
Erick Rodríguez Steller Franggi Nicolás Solano.
Diputados y diputadas
13 de abril de 2021
NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.