Archivado el proyecto que creaba el Día del Codo del Diablo

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE LOS ASESINATOS POLÍTICOS EN EL CODO DEL DIABLO

PAOLA VIVIANA VEGA RODRÍGUEZ DIPUTADO

EXPEDIENTE N° 22.468

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE LOS ASESINATOS POLÍTICOS EN EL CODO DEL DIABLO

EXPEDIENTE N.°22.468

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

“Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.” -Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana

La década de los 40 en Costa Rica

Existen momentos en la historia de un país que no pueden ser olvidados ni maquillados a conveniencia de pocos, en el caso de Costa Rica, todo lo acontecido durante los años 40 es un claro ejemplo de esto. Las dinámicas políticas de la década en cuestión se empiezan a enmarcar con el gane presidencial del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en una alianza con el Partido Comunista y la Iglesia católica. Su relación con el comunismo generó malestar en los grupos dominantes del país, aspecto que, aunado con sus escándalos de corrupción, resultó en grandes críticas por parte de sus opositores.

Incluso con el juicio realizado por la oposición al calderonismo, las elecciones presidenciales de 1944 reflejaron el gane de don Teodoro Picado del partido Bloque de la Victoria, una alianza entre el oficialismo y el Partido Vanguardia Popular. La permanencia de las relaciones con el comunismo por parte del gobierno, junto con las aún evidentes consecuencias de la depresión económica de 1929, las reformas sociales a raíz de la decadencia en la calidad de vida y el cambio de modelo estatal ante la caída del liberalismo son aspectos de la década que nos llevaron a un escenario político incierto para las elecciones presidenciales de 1948.

Elecciones presidenciales de 1948

Es en un campo lleno de intolerancia y violencia política que Calderón Guardia vuelve a buscar la presidencia del país con la oposición de don Otilio Ulate. La última elección presidencial de la década de 1940 estaba dividida en dos: por un lado, el oficialismo del Bloque de la Victoria con apoyo del Partido Comunista y, por el otro, la oposición con una coalición entre el Partido Demócrata y el Social Demócrata.

Tras una ardua campaña, el Tribunal Nacional Electoral declara como ganador a Otilio Ulate; sin embargo, la apelación por fraude realizada por Calderón Guardia y la posterior quema del material electoral en el Colegio de Señoritas, resultó en la anulación del proceso electoral por parte del Congreso. Esta decisión tomada por parte de una Asamblea Legislativa dominada por calderonistas y comunistas molestó a diversos sectores de la sociedad, incluido el Ejército de Liberación Nacional, liderado por don José María Figueres Ferrer con el apoyo de don Francisco Orlich, quienes se levantaN en armas contra el gobierno costarricense.1

La Guerra Civil de 1948

Pese a los grandes intentos realizados por el Estado costarricense para solucionar el conflicto de manera pacífica, el 12 de marzo de 1948, José Figueres Ferrer liderando el Ejército de Liberación Nacional, inicia un combate que resultó en el último Golpe de Estado que se ha dado en nuestro país. La guerra civil del 48 tuvo una duración de 5 semanas y abarcó gran parte del territorio nacional, dejó alrededor de 1000 personas muertas y un número indefinido de personas heridas. El conflicto concluyó el 19 de abril del mismo año con la firma del pacto de la Embajada de México entre el gobierno costarricense y el Ejército de Liberación Nacional. Dicho acuerdo preliminar establece que:

1. El Presidente de la República nombra secretario de Seguridad Pública al Licenciado don Miguel Brenes Gutiérrez y llamará a ejercer el poder Ejecutivo al Tercer Designado, Ingeniero don Santos León Herrera, quien organizará inmediatamente su gobierno en la forma que juzgue más conveniente a las necesidades del país.

2. El Secretario de Seguridad Pública, adoptará las medidas pertinentes a fin de que, en el menor plazo posible, las fuerzas del Gobierno se retiren de sus posiciones y sean oportuna y debidamente licenciadas.

3. Se facilitará la salida del país, sin carácter de expatriación, de los jefes militares y funcionarios civiles más destacados, como una medida preventiva en su seguridad personal.

4. Entre tanto se llega al acuerdo definitivo a que se ha hecho referencia, las fuerzas del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional, se abstendrán de toda acción armada. Las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional, podrán avanzar a sus nuevas posiciones.

5. Se otorgarán garantías para las vidas y haciendas de todos los ciudadanos que, directa o indirectamente, estuvieron comprometidos en el conflicto. Se garantizan en modo especial la vida, hacienda y derechos otorgados a todos los militares, funcionarios o empleados que han servido al Gobierno del Lic. Teodoro Picado. Se asegura a las familias de las víctimas de la guerra civil y a las víctimas incapacitadas, sin distinción de partidos políticos, las indemnizaciones adecuadas. Queda establecido que no se ejercerán represalias de ninguna especie. Se decretará una amnistía general. Todas las estipulaciones establecidas en esta cláusula constarán en el acuerdo definitivo.

6. Todo lo relacionado con las garantías para la promoción del bienestar social y económico de las clases trabajadoras, se ha contemplado en un documento especial que presentará el Ejército de Liberación Nacional al jefe del partido Vanguardia Popular.

7. Por los medios jurídicos y diplomáticos que los respectivos tratados o Convenios Internacionales estipulen, el nuevo gobierno, presidido por el Ing. Don Santos León Herrera, resguardará y garantizará la soberanía nacional. El nuevo gobierno manifiesta sus propósitos de colaboración a las Naciones Unidas y a la solidaridad americana.2

Ante la firma de este pacto, Santos León Herrera asume la presidencia de la República por 18 días hasta la instauración de la Junta Fundadora de la Segunda República liderada por José Figueres Ferrer, quien presidiría la nación sin un Congreso establecido. Esta situación llevó a que el Ejército de Liberación Nacional le presentara al Partido Vanguardia Popular parte de su Programa Social del gobierno, donde establecen que:

1. Las Garantías Sociales existentes no sólo serán respetadas sino también aplicadas en forma efectiva en todos aquellos aspectos en que no lo han sido todavía.

2. El Código del Trabajo no sufrirá modificación negativa a los intereses de los trabajadores; por el contrario, será perfeccionado en favor de ellos. Entre esas mejoras consideramos esencial el reconocimiento del derecho de huelga para los trabajadores del país.

3. Observaremos el principio de libertad y organización para la clase trabajadora; se darán garantías para la existencia y las actividades de las Centrales Sindicales existentes en el país: Rerum Novarum y la CTCR (Confederación de Trabajadores de Costa Rica). El Gobierno les garantizará apoyo económico y moral sin preferencias para ninguna de ellas.

4. A fin de dar mayor seguridad al trabajador desde la cuna hasta la tumba, el sistema de seguros sociales no sólo será respetado, sino estructurado en forma tal que todos los riesgos profesionales incluyendo los accidentes de trabajo, quedan incorporados a un organismo único. Se extenderán los beneficios de la seguridad social a todos los trabajadores y a todo el país.

5. Será preocupación constante la ejecución de un plan de viviendas baratas para todos los trabajadores de la ciudad y del campo.

6. Haciendo los esfuerzos que sean necesarios en la producción de artículos de consumo popular y en el control de su distribución, se procurará asegurar el alimento adecuado para la población.

7. Se guardará absoluto y efectivo respeto al sistema democrático republicano, asegurando y respetando las libertades de pensamiento, de conciencia, de palabra, de reunión y de organización, de todos los partidos políticos que existen o puedan establecerse en el país.

8. El impuesto sobre la renta no sólo no será suprimido, sino que se le darán bases técnicas más serias aun, asegurando, además, dentro de la honestidad administrativa, su aplicación a la solución de las necesidades fundamentales del pueblo.

9. Se procederá a robustecer y a ejecutar un programa de distribución de tierras, complementado por los medios crediticios y técnicos que el estado pueda aportar.

10. Las familias de todas las víctimas de la Guerra Civil y las víctimas incapacitadas, recibirán, sin distinción de partidos políticos, indemnizaciones adecuadas. El gobierno hará las gestiones necesarias para que todos los trabajadores que hayan participado en la guerra, sin distinción de partidos políticos, puedan volver a sus trabajos sin que los contratos de trabajo respectivos puedan considerarse rotos.3

Pese a lo estipulado en el Pacto de la Embajada de México, el programa social de gobierno presentado por el Ejército de Liberación Nacional y las constantes críticas realizadas en el pasado por la agrupación respecto a la violencia y represión del régimen, la agrupación liderada por Figueres Ferrer también reprimió y realizó una fuerte persecución de sus adversarios políticos, incluso tras la finalización de la guerra civil.

La opresión por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República

Una vez finalizado el conflicto armado de 1948, se empezaron a dar las primeras manifestaciones en la construcción de la memoria histórica de la guerra civil. De manera oficial, el periódico La Nación empezó a publicar una serie de narrativas en memoria del bando triunfador, lo que resultó en que los comunistas –mayores perdedores del enfrentamiento – empezaran a imprimir desde la clandestinidad sus interpretaciones de lo acontecido en el país.4 Estos relatos evidenciaban que, aunado al contexto nacional de reproche a las y los perdedores de la Guerra Civil, el país también se veía inmerso en el contexto global de la Guerra Fría; y resulta que la Junta Fundadora de la Segunda República sintiera “una necesidad externa de plegarse a los lineamientos anticomunistas propuestos desde Washington, los cuales permitieron convertir a los “camaradas” en los “amenazantes internos”, posición que justificó sancionar al comunismo durante las décadas subsiguientes”.5

Este acontecimiento causó que el régimen post-guerra tolerara la violencia contra el bando caldero-comunista, donde las personas simpatizantes a la izquierda fueron víctimas de persecuciones, encarcelamientos y amenazas a su vida justificadas por sus peligrosas afiliaciones políticas.6 Algunos casos donde se evidenció la opresión por parte del régimen de Figueres a las figuras del Partido Vanguardia Popular una vez terminada la guerra civil fueron:7

A. Ataque armado por parte de los Figueristas a líderes comunistas en el Parque Central, resultado en el fallecimiento de una persona.

B. Disparos al avión donde viajaban una serie de líderes vanguardistas, incluidos Manuel Mora Valverde, Carmen Lyra y Judith Ferreto por parte del Ejército de Liberación Nacional.

C. Encarcelamiento violento e injustificado de Fernando Chaves Molina y Carlos Luis Fallas que resultó en la necesidad de un procedimiento quirúrgico para el primero.

D. Encarcelamiento de 5 maestras por portar publicaciones del periódico comunista El Trabajador.

Sin embargo, estos ataques no fueron solamente a las figuras reconocidas del partido, sino a toda persona de la cual se le sospechara tener vínculos con el marxismo o con la militancia comunista. Por lo anterior, el Estado costarricense, liderado por Figueres Ferrer, también recurrió a la censura de los medios de comunicación de izquierda mediante el cierre de imprentas y la prohibición de emisión de la radio “Ecos del 56”. Aun así, estas acciones no se comparaban a las políticas Figueristas comúnmente conocidas como “viajes de ida y vuelta”, donde se detenían a personas por filiación a la izquierda, se liberaban, y en las noches eran capturados otra vez para ser asesinados. De esta pesadilla fueron víctimas don Edwin Vaglio y don Horacio Montiel, comunistas asesinados en el crimen de “La Cangreja”.8 Estos crímenes cometidos por el régimen fueron muchas veces enmascarados por los medios de comunicación que respondían a las clases dominantes y por la anteriormente mencionada represión a los medios críticos de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Asesinatos en el Codo del Diablo

Para finales de 1948, el gobierno liderado por José Figueres aumentó las precauciones en temas de seguridad, resultando en redadas contra las y los calderocomunistas. Dos de los actos más violentos cometidos por el régimen de Figueres ocurrieron el 19 de diciembre de 1948, cuando Carlos Luis Fallas, Adolfo Braña, Luis Carballo, Jaime Cerdas y Arnoldo Ferreto –todos líderes comunistas en el país– fueron sacados de la Penitenciaría Central en la madrugada para ser asesinados. Este intento de masacre por parte de los figueristas solamente se detuvo por la intervención de Monseñor Sanabria, quien intervino a favor de los presos políticos. Sin embargo, esa misma noche, Tobías Vaglio Sardí, Federico Picado Sáenz, Octavio Sáenz Soto y Lucio Ibarra Aburto, junto con Álvaro Aguilar, Fernando Aguilar y Narciso Sotomayor no corrieron con la misma suerte. Escribe Carlos Luis Fallas:

En la noche del 18 de diciembre de 1948, con pretexto de la invasión iniciada días antes por fuerzas calderonistas desde territorio nicaragüense, y no obstante que Vanguardia Popular condenó esta aventura fueron sacados de la cárcel de Limón y esposados de dos en dos, seis hombres, cuatro de ellos conocidos y prestigiados dirigentes obreros, campesinos y comunistas de la provincia… Federico Picado, Secretario de la Federación de Trabajadores de Limón y diputado electo de las elecciones de Febrero de 1948 por el Partido Vanguardia Popular; Octavio Sáenz, dirigente ferroviario y responsable de organización del Partido en Limón; Tobías Vaglio, destacado dirigente de la huelga bananera de 1934 en el Atlántico y luego dirigente comunista de la región de Siquirres; Lucio Ibarra, dirigente también de la huelga de 1934 y luego organizador del movimiento campesino de la región de Guácimo. Además, un nicaragüense, de apellido Sotomayor, con quien tenía un choque personal el Comandante de Plaza del Puerto y Carlos Aguilar, de Guápiles, a quien se sacó confundiéndolo con el dirigente obrero Fernando Aguilar.9

El 19 de diciembre de 1948 queda en la historia de nuestro país como el día en que los custodios de estos reos políticos, en el proceso de trasladarlos de Limón a San José, los asesinaron en la vuelta conocida como El Codo del Diablo en Siquirres. Según las declaraciones oficiales, los cuatro guardias encargados de los presos debían trasladarlos de la penitenciaría de Limón a la Central; sin embargo, al llegar al cauce del río Reventazón, el vehículo se detuvo y el capitán Manuel Zúñiga les ordenó bajarse para asesinarlos con las esposas puestas.10

Una vez suscitados los crímenes, los cuerpos fueron encontrados y tras una investigación judicial, tres de los acusados por homicidio recibieron una condena de hasta 30 años de prisión; sin embargo, gracias a los vínculos políticos con el gobierno que tenían los homicidas, lograron evadir sus penas y salir del país sin ningún cargo. Es así como los asesinatos en el Codo del Diablo quedaron impunes ante el predominio de la milicia figuerista y bajo el manto de su autoridad política.

Como costarricenses debemos ser conscientes de nuestra historia para no volver a repetirla. Por muchos años se han tratado de enmascarar los crímenes políticos cometidos por la Junta Fundadora de la Segunda República con una falsa premisa de paz. Si bien es cierto la abolición del ejército fue un gran paso para ser el país que somos hoy, este acto tiene una historia llena de sangre que a través del tiempo las agrupaciones políticas hegemónicas han tratado de borrar. La importancia histórica de los asesinatos en el Codo del Diablo va más allá de los colores políticos de cada quien, y se embarca en la criminalización histórica de las personas trabajadoras que luchaban por mejores condiciones de vida.

Conmemorar el 19 de diciembre de 1948 es honrar la vida de todas esas personas perseguidas, encarceladas y asesinadas por la Junta Fundadora de la Segunda República. Conmemorar los crímenes políticos cometidos tras la guerra civil es recordar como país el largo camino que tuvimos que atravesar para ahora ser considerados un ejemplo democrático a nivel mundial.

Finalmente, conmemorar los asesinatos en el Codo del Diablo es recordarnos que los derechos humanos siempre estarán por encima de cualquier afiliación e ideología política; de manera que nuestro Estado se compromete a no repetir los crímenes del pasado.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE LOS ASESINATOS POLÍTICOS EN EL CODO DEL DIABLO

ARTÍCULO 1- Se declara el día 19 de diciembre de cada año como Día Nacional de los Asesinatos Políticos en el Codo del Diablo.

ARTÍCULO 2- Corresponderá al Ministerio de Cultura realizar actividades de conmemoración de la fecha.

Rige a partir de su publicación.

Paola Viviana Vega Rodríguez Diputada

14 de abril de 2021

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales.