Proyecto pone tope de 45 días para pagar facturas

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE COBRO PRONTO Y CUMPLIDO DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

VARIAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.º 22.736

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE COBRO PRONTO Y CUMPLIDO DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Expediente N.º 22.736

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de Ley pretende contribuir con las iniciativas impulsadas desde la Asamblea Legislativa para la reactivación económica que requiere el país, resguardando el carácter solidario que le es propio al Estado social de Derecho que caracteriza a la República de Costa Rica. La presente propuesta persigue generar legislación básica de protección del derecho de cobro pronto y cumplido del empresariado nacional -especialmente del trabajador independiente y otros pequeños o medianos proveedores- en sus relaciones con agentes económicos con mucho mayor poder de mercado. Los siguientes ejes explican, a la vez que justifican, las motivaciones de la presente iniciativa:

I- Ley pago 30 días. Este proyecto de Ley tiene como fin promover un pago rápido y oportuno de las deudas contraídas con empresas o trabajadores independientes cuando se efectúan las ventas de un producto o un servicio. Se busca que las empresas acreedoras, en particular micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los trabajadores independientes, tiendan a recibir tratos justos así como pagos más rápidos que les permita recuperar capital de trabajo para crecer, invertir, generar empleos y aumentar su productividad. La problemática actual es que los plazos de pago de facturas pueden llegar hasta los 120 días en la práctica, lo cual puede llegar a comprometer la viabilidad económica de pymes y trabajadores independientes, con posibles consecuencias relevantes en indicadores democráticos y de convivencia social.

Con esta iniciativa de Ley, se introducen plazos de pago razonables, se regula el no cumplimiento de ellos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, y se definen como cláusulas abusivas los acuerdos contrarios a los derechos contenidos en esta Ley.

II- La problemática. Un estudio del Banco Central de Costa Rica analiza el efecto de las corporaciones multinacionales (CMN) sobre las empresas locales una vez que estas se convierten en suplidoras de insumos. El estudio señala la importancia del vínculo entre empresas locales y CMN, a la vez que pone de manifiesto los problemas a los que se enfrentan dichos empresarios locales y que podrían ser solucionados mediante la introducción de reglas más justas para el pago de facturas.

El estudio se realizó con los datos de las transacciones de 24,370 empresas locales y 622 multinacionales, entre 2008 y 2017. Se encontró que 11 de cada 15 proveedores indican incurrir en pérdidas con las multinacionales y afirman haberlas asumido debido a que estas últimas tienen un mayor poder de negociación. El proveedor, al tener una visión de largo plazo, tolera esas pérdidas en el corto plazo con la expectativa de que la multinacional quede satisfecha con el producto o servicio y le continúe comprando a futuro.

Uno de los ítems consultados a las empresas en dicha investigación fue: “Por favor comparta con nosotros la mayor sorpresa negativa o la mayor decepción que enfrentó su empresa después de convertirse en proveedor de una multinacional”.

En general las respuestas indican que hay un desbalance en el poder de negociación en detrimento de las pequeñas o medianas empresas proveedoras locales. Dos respuestas específicas de proveedores locales a la pregunta anterior se reseñan a continuación:

1. Una sorpresa negativa fue que la CMN no parecía entender lo perjudicial que eran algunos de sus errores para los proveedores pequeños. Por ejemplo, las CMN no parecen ser conscientes de cuán costoso es para nosotros, una empresa pequeña, preparar una oferta. Después, nos invitan a participar en el proceso de ofertas cuando en realidad ya han escogido un ganador. O, a veces, las facturas no se colocan en su lugar correspondiente y nuestro pago se atrasa. Incluso oficialmente, las CMN se han pasado de 15 días de crédito comercial hasta 120 días. Las CMN hacen uso de todo el crédito comercial disponible (por ejemplo, 120 días); una vez que la factura llega a la contabilidad de la multinacional esta se paga automáticamente 120 días después. Es cierto que el pago es la mayoría de las veces seguro, pero algunos proveedores pequeños como nosotros estamos asumiendo muchos de los riesgos y financiando a la multinacional, y no viceversa. Esto es sorprendente, dado lo pequeño que son los montos de nuestras facturas en comparación con la facturación total por ventas de estas CMN.

2. Nosotros esperábamos muchos resultados positivos antes del primer contrato, sin embargo, tuvimos que disminuir los precios enormemente para ganar los contratos. Las CMN fueron muy agresivas en la negociación sobre la reducción de precios. Nosotros todavía tenemos que ofrecer precios muy bajos para mantener estos contratos. También, nosotros empezamos los contratos con las CMN con un mes de crédito comercial, pero ahora estas esperan 3.5 meses en promedio. Por último, sentimos que las CMN no están muy interesadas en abastecerse domésticamente y actúan como si tuvieran derecho a recibir productos o servicios de alta calidad a precios despreciables.

Este proyecto de ley también toma nota del beneficio comercial de la relación productiva que reporta el estudio del Banco Central de Costa Rica. En general, las empresas locales, al convertirse en proveedores de CMN, experimentan cambios como aumentos en la oferta de productos (y de mayor calidad), mejores prácticas gerenciales y organizativas y mejoras en reputación. Por ello, se deben proponer formas de fortalecer ese vínculo y de hacerlo más justo.

En tal sentido, los investigadores encuentran que hay mejoras de largo plazo en distintos indicadores. Por ejemplo, cuatro años después de la primera venta a una CMN, los proveedores locales obtienen un aumento de un 33% en ventas, un 26% más de empleados, un 22% más de activos netos y un 23% más de costos de insumos. Además, también aumentan las ventas a compradores distintos de la primer CMN con la que establecieron un vínculo en un 21%, un incremento en ventas a otro tipo de compradores de un 45% y un aumento de compradores de un 36%.

Por otra parte, esta iniciativa de Ley también pretende proteger a las personas trabajadoras independientes de este fenómeno, quienes representan una cuarta parte del total de trabajadores del país y cuyo ingreso mensual promedio es de 210,883 colones mensuales frente a 540,389 colones y 595,551 colones, devengados por los trabajadores asalariados y de empleadores, respectivamente.

Los ingresos de trabajadores independientes son particularmente susceptibles a cambios en la economía y también son sujetos a esta problemática. Un ejemplo específico es el caso de los trabajadores de la economía naranja. Estos normalmente trabajan mediante contratos de servicios profesionales y, al no existir una regulación que fomente el pago oportuno de la prestación de servicios, están expuestos a atrasos que sobrepasan los treinta días, lo cual afecta directamente la capacidad de sostenerse financieramente, tanto en la vida personal como profesional.

III- Experiencia internacional. Este proyecto de ley toma nota de los avances que, ante este fenómeno, se han desarrollado en el ámbito internacional. Desde el año 2011, la Comisión Europea promulgó la denominada Directiva 2011/7/EU, para combatir el retraso en los pagos de las operaciones comerciales. Propiamente en el contexto de la Unión Europea (UE), la morosidad del mal pagador era un obstáculo a la libre circulación de bienes y servicios en su mercado único, a la vez que constituía uno de los mayores problemas económicos de las empresas, especialmente para las PYMES, ya que incidía de manera muy negativa en su financiación.

Esa Directiva, adicionalmente introdujo nuevas reglas para los pagos de las administraciones públicas a las empresas, y los pagos entre las propias empresas. El tiempo de pago que se fijó para entes públicos es de 30 días y en casos excepcionales de 60 días, mientras que para las operaciones entre empresas el plazo es de 60 días, salvo que contractualmente se acuerde algo distinto y sin que resulte abusivo para el acreedor legítimo. Además, se regularon los casos en los que las empresas pueden reclamar un interés patrimonial así como una compensación por los costos en los que incurren las personas emprendedoras en caso de incumplimiento de los plazos. Se sabe de países de la UE que tienen leyes de morosidad con plazos más estrictos o sin la posibilidad de acordar bilateralmente un plazo distinto del permitido por la UE.

Para el caso de América Latina, en Chile entró en vigencia el 16 de mayo de 2019 la Ley N.° 21.131, conocida como “Ley de pago a 30 días”, de modo que a partir de entonces las facturas de cualquier tipo de empresa deben ser pagadas, como regla general, en un plazo máximo de 30 días desde su recepción. A manera de transición, se fijó un plazo de 60 días durante los primeros 24 meses desde la publicación de la Ley, es decir, hasta el 17 de enero del 2021, fecha a partir del cual, se reduciría a 30 días. Sin embargo, debido al escenario económico producido por la pandemia Covid-19, la reducción del plazo se adelantó al 3 de junio de 2020 para darle un respiro a las pequeñas y medianas empresas que eran las más afectadas. En México por su parte, se propuso una iniciativa por el estilo en 2019.

Es evidente que la problemática existe en todas las ramas de la economía, y afecta especialmente a proveedores que funcionan como una empresa pequeña o trabajadores independientes, debido a la asimetría en el poder de negociación entre las partes. Es por ello que esta Ley, de entrar en vigencia, en principio aplicará a favor de la protección de los derechos de cobro pronto y cumplido de cualquier persona física o jurídica con una actividad económica y que opere en territorio costarricense, y de cualquier sector de la economía, y ante cualquier contrato comercial legítimo, pero enfatizando su intensidad tutelar a favor de todo trabajador independiente así como cualquier pequeño o mediano proveedor de bienes y servicios ubicable en la parte más vulnerable de la referida relación de poder asimétrica.

IV- Solución legislativa. Concretamente, se propone una «Ley de protección del derecho de cobro pronto y cumplido de los proveedores de bienes y servicios», a partir de las reformas estrictamente necesarias del vigente bloque de legalidad temático, mediante una enmienda de las vigentes leyes 7472 o 9736, entre otras posibles, sin perjuicio de mantener el respeto por las normas pertinentes el Derecho supletorio aplicable en la especie (Ley General de Administración Pública, entre otras), o de advertir los reenvíos que correspondan respecto de otros cuerpos legales ya existentes, teniendo en cuenta leyes conexas e incluso algunos nuevos cambios regulatorios ocurridos en el ordenamiento jurídico complementario o transversal (entre otras posibles: Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N.° 8262; Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, Ley N.° 9736 de 5 de septiembre del 2019; Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986 de 27 de mayo del 2021).

En atención a lo dicho, el suscrito Legislador somete al Parlamento el presente texto base para su valoración, enmienda conexa y aprobación legislativa definitiva, previo análisis de rigor en la comisión dictaminadora que corresponda.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE COBRO PRONTO Y CUMPLIDODE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS

ARTÍCULO 1- Adiciónense a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, los artículos 17 bis, 17 ter y 17 quarter. Los textos normativos dirán:

Artículo 17 bis- Protección de los derechos de cobro pronto y cumplido del pequeño y mediano proveedor de bienes y servicios. Los derechos de cobro efectivo de todo comerciante o proveedor se negociarán de conformidad con el objetivo y los principios esenciales de la presente Ley. En todo caso, el plazo máximo para pagar en ningún contrato podrá ser superior a cuarenta y cinco días naturales.

Tratándose de contratos con proveedores del sector de trabajadores independientes y en general con cualesquiera pequeñas y medianas empresas registradas como PYMES en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el plazo máximo para pagarles efectivamente en ningún caso podrá exceder los treinta días naturales, contados a partir de la recepción de la factura.

En casos excepcionales, las partes podrán ampliar razonablemente los referidos plazos máximos de Ley, siempre y cuando el respectivo acuerdo se inscriba en un registro que administrará al efecto el MEIC, dentro del término perentorio de diez días hábiles siguientes a la celebración por escrito de este. En todo caso, se tendrá por no registrable y por tanto carecerá de validez legal toda cláusula contractual proclive a demorar indebidamente o sin motivo razonable el pago de la factura al cobro, entre otras cualquier estipulación que intente extinguir o relativizar abusivamente el contenido esencial de los derechos de cobro pronto y cumplido, en cuenta los de responsabilidad por incumplimiento o de reparación por daño efectivo, evaluable e individualizable.

Artículo 17 ter- Consecuencias económicas del incumplimiento y sanción del infractor en sede administrativa. Si no se verificare el pago dentro de los plazos legalmente válidos según el artículo anterior, se presumirá que el deudor ha incurrido en mora automática, de modo que el acreedor interesado podrá reclamar el pago de intereses moratorios sobre el monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el interés según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo. Para operaciones en dólares de los Estados Unidos de América los intereses serán cancelados aplicando la tasa de interés internacional referenciado por el Banco Central de Costa Rica (Tasa Prime Rate).

En todo caso, el incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 bis de esta Ley, podrá ser considerado como infracción muy grave del ordenamiento jurídico de promoción de la competencia leal y del funcionamiento justo y eficiente de los mercados. Consecuentemente, la Coprocom será la autoridad competente en sede administrativa para investigar, de oficio o por denuncia, las prácticas anticompetitivas, desleales o monopolísticas que correspondan, e imponer al infractor los principios, las medidas y sanciones regulados en la presente ley, en relación con la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, Ley N.° 9736 de 5 de septiembre del 2019 y sus reformas.

Artículo 17 quarter- Relaciones con el sector público. Tratándose de cláusulas de cobro pronto y cumplido en aquellos contratos celebrados entre la Administración Pública y proveedores del sector de trabajadores independientes y en general con cualesquiera pequeñas y medianas empresas registradas como PYMES, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986 de 27 de mayo del 2021 y sus reformas, en cuanto al régimen de estrategias y políticas para fomentar la participación, el desarrollo local o regional, la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y la promoción de las pymes. En lo no dispuesto en esa legislación o sus medidas de política pública de implementación, la autoridad reglamentadora competente podrá aplicar supletoriamente los estándares o beneficios del artículo 17 bis de la presente Ley, sin perjuicio de los demás principios generales que informan la contratación pública.

ARTÍCULO 2- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del término improrrogable de seis meses, contados a partir de su fecha de vigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO ÚNICO- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), pondrá en funcionamiento el registro indicado en el artículo 17bis de esta Ley, cuando las circunstancias jurídicas o de hecho así lo exijan. Entre tanto, los actos administrativos de inscripción registral y demás procedimientos que correspondan, serán del conocimiento del órgano director transitorio o permanente que para tal efecto designe el MEIC, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227, de 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

Rige a partir de su publicación.

Laura Guido Pérez

Mario Castillo Méndez Welmer Ramos González

Carolina Hidalgo Herrera Catalina Montero Gómez

Enrique Sánchez Carballo Luis Ramón Carranza Cascante

Nielsen Pérez Pérez Víctor Manuel Morales Mora

Diputadas y diputados

21 de octubre de 2021

NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.