Proyecto para reconocer el derecho a la ciudad venció sin ser ley

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

CAROLINA HIDALGO HERRERA Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y OTROS DIPUTADOS

EXPEDIENTE N° 22.987

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

Expediente N° 22.987 ASAMBLEA LEGISLATIVA: Para referirse a la idea de la ciudad como un derecho, inicialmente se debe consultar a Lefebvre, quien inició a problematizar este tema con su libro “Le Droit à la ville” (El Derecho a la Ciudad) publicado en 1968. Por lo que el derecho a la ciudad no es una propuesta nueva, sino que surge del impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital y como contrapropuesta a este fenómeno, el autor propone una política que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad que las personas volvieran a ser dueñas de la ciudad.

Desde esa perspectiva, el derecho a la ciudad según Lefebvre, debe entenderse como un derecho a la vida urbana, donde se humaniza la manera en la que se desenvuelven los seres humanos con su entorno urbano. Un paso fundamental en la construcción del derecho a la ciudad ha sido la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, publicada en 2005, el proceso que dio pie a esta iniciativa se inició dentro de las actividades preparatorias de la II Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que bajo el título Cumbre de la Tierra se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU) de Brasil, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC) conjuntaron esfuerzos para redactar y suscribir en esa ocasión el Tratado sobre Urbanización “Por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables”. Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, este nuevo derecho es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado.

La Carta basa su propuesta en tres ejes fundamentales:

• El ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes y la producción y gestión social del hábitat;

• La gestión democrática de la ciudad, a través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones sociales;

• La función social de la propiedad y de la ciudad, siendo predominante el bien común sobre el derecho individual de propiedad, lo que implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano. La tesis nacional denominada "Ciudades alternas", define el Derecho a la Ciudad como "el derecho a una relación armoniosa entre el habitante y su entorno físico, social y afectivo. Que permita una forma personal de hacer ciudad para todos los grupos de personas. No se trata de homogenizar la ciudad, se trata de que el entorno permita generar todas las formas posibles de ciudad según la diversidad humana; desde la experiencia, el conocimiento, la búsqueda de confort, la producción, la realización personal y colectiva". Tomando en cuenta la realidad nacional, dicha investigación, afirma que el urbanismo tradicional de planificación top down, en conjunto con las políticas neoliberales de desarrollo urbano, provocaron el declive del derecho a la ciudad en San José (tomado como ejemplo), causando nuevos centros urbanos, cultura del miedo, privatización del espacio público y ciudades diseñadas para el transporte motorizado. Esta ausencia de planificación, ha creado connotaciones negativas de la ciudad por parte de los ciudadanos. Al día de hoy, el 55 % de la población mundial vive en ciudades y la Organización de Naciones Unidas estima que un 70% de la población lo hará para el año 2050, por lo que a lo largo de los próximos 30 años dos mil millones de personas se instalaran en aglomeraciones urbanas. Ante lo cual, hace necesario el cuestionamiento de como propiciar mejores ciudades y a su vez la mejorar calidad de vida de las personas que las habitan, fomentando entones: Ejemplos de ciudades que han desarrollado el Derecho a la Ciudad han sido Curitiba en Brasil, Medellín, Ecuador y México. El caso de Brasil se emitió en 2001, la Ley N° 10 257 conocida como “Estatuto de la Ciudad” mediante la que se regula y desarrollan los artículos 182 y 183 de la Constitución Política de la República Federativa del Brasil de 1988, relativos a la política urbana (actualmente no vigente). Se brinda, de esta forma, un soporte jurídico a las estrategias y procesos de planeamiento urbano, así como a la acción de los gobiernos municipales que enfrentan graves cuestiones urbanas, sociales y ambientales que afectan directamente la vida de una gran parte - 82% de la población total - de los brasileños que viven en ciudades (Fernándes, E. 2003). En el caso de Medellín, esta pasó de ser una ciudad violenta a una de las más innovadoras, esto se dio por la construcción de 850 centros deportivos, casas de justicia, colegios, hospitales, y una mejora en el sistema de transporte. Aunado a esto se instalaron escaleras eléctricas al aire libre en una comunidad en riesgo social y se desarrolló un teleférico para transportar a pobladores que en su mayoría son de escasos recursos. En Colombia, los esfuerzos para abarcar la problemática urbana se iniciaron en 1997 con la Ley 338 de Ordenamiento Territorial, esta ley tuvo mucha influencia del derecho urbano español, por lo que existe una gran similitud con el ordenamiento de este país. El derecho urbano colombiano tuvo un abordaje inicialmente a través del derecho civil, posteriormente asumido como una ramificación del derecho administrativo. Lo que tomando en cuenta el contexto colombiano, se define derecho urbanístico como "conjunto de normas que ordenan el territorio en las ciudades, los municipios, veredas, corregimientos, aldeas, y, en general, en cualquier tipo de asentamiento, regulando, limitando, sancionando, incentivando, planificando, controlando, expropiando, financiando, o imponiendo cargas y tributos para la mejor utilización de la propiedad y se los usos del suelo en beneficio del interés general" (Barrera, 2019 citando a Rodríguez, 2018, p. 47). En Ecuador, el derecho la ciudad se encuentra regulado de forma expresa en su carta constitucional Ecuador, en el artículo 31 de su actual Constitución Política (2008) de la siguiente manera:

“Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”

Finalmente, el caso de México, en México, el 13 de julio de 2010 fue suscrita por las máximas autoridades del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad (Habitat International Coalition, 2017), culminando así un proceso de consulta y promoción de casi dos años. Por otro lado, se encuentra vigente el Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036, que es un esfuerzo por parte de la CEPAL, ONU-Habitat y el Foro de los Ministros y Máximas Autoridades del sector de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe. Este plan busca ser un marco estratégico y se referencia para las ciudades y asentamientos humanos en América Latina y el Caribe, para que sean lugares donde todas las personas puedan ejercer en plenitud sus derechos y libertades. El párrafo 11 de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036, dispone lo siguiente: “11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.” El Derecho a la Ciudad se concibe hoy, como un derecho colectivo que pone de relieve la integralidad territorial y la interdependencia de todos los actores civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos internacionalmente, tal como se regulan en los tratados internacionales sobre derechos humanos, dotándolos de la dimensión territorial y centrándose en la consecución de un nivel de vida adecuado. Por lo anterior, se estima conveniente que Costa Rica cuente con la regulación expresa que reconozca y garantice el derecho a la ciudad, a efectos de permitir el desarrollo pleno del mismo y que la legislación vigente sea permeada de los componentes integrales del mismo en beneficio último de los ciudadanos y ciudadanas. En atención a las razones expuestas, someto a la Asamblea Legislativa la presente propuesta de reforma constitucional y solicito el voto afirmativo de la misma.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

ARTÍCULO 1- Se adiciona un párrafo al final al artículo 50 de la Constitución Política.

El texto es el siguiente:

Artículo 50-

[…] Toda persona tiene derecho al disfrute pleno de la ciudad, como espacio colectivo de garantía y realización de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales, bajo los principios de desarrollo sostenible, inclusión social, seguridad y equidad. Rige a partir de su publicación.

Carolina Hidalgo Herrera Nielsen Pérez Pérez Victor Manuel Morales Catalina Montero Gómez Laura Guido Pérez Mario Castillo Méndez José María Villalta Florez-Estrada Luis Ramón Carranza Cascante

Welmer Ramos González Carlos Ricardo Benavides Jiménez Diputadas y diputados

05 de abril 2022 NOTA: Este proyecto ingreso al orden del día del Plenario el 31 de marzo de 2022