Obligarían a presos a trabajar o estudiar para no perder beneficios

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE LA LEY N.° 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970, CÓDIGO PENAL, Y DE LA LEY N.° 4762, DE 08 DE MAYO DE 1971, LEY DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

LEY PARA IMPULSAR EL TRABAJO Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA EN PRIVADOS DE LIBERTAD

MARÍA MARTA CARBALLO ARCE LESLYE RUBÉN BOJORGES LEÓN Y OTRAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.° 24.612

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

REFORMA DE LA LEY N.° 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970, CÓDIGO PENAL, Y DE LA LEY N.° 4762, DE 08 DE MAYO DE 1971, LEY DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

LEY PARA IMPULSAR EL TRABAJO Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA EN PRIVADOS DE LIBERTAD

Expediente N.° 24.612

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el convenio número 29 de la OIT avalan que se dé la ocupación obligatoria en las prisiones, cuando es parte de la condena o por resolución judicial; eso sí, no se permite la obligatoriedad respecto de quienes cumplen prisión preventiva. Los Convenios de la OIT y la Convención Americana exigen, además, que la ocupación deba realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas.

Específicamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Costa Rica y en vigor en este país dicta: “3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente; c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de este párrafo: i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional”. Como se ve es totalmente viable establecer ocupación obligatoria como parte de una condena a una persona; no es lesivo con los derechos humanos.

En el caso del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos que está integrada igual al ordenamiento jurídico costarricense, se señala al respecto de la ocupación que “2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado”. De igual manera, se da pie a la ocupación penitenciaria obligatoria si es como parte de una sentencia judicial; eso sí, deberá contar con el control del Estado a través de funcionarios legitimados para esta función y no podrá darse a favor de sujetos de derecho privado sin ese control.

El Convenio de la OIT 29 integrado al ordenamiento jurídico costarricense indica en su artículo 2 que “c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado” no se cataloga como trabajo forzoso u obligatorio.

Por su parte, en el Decreto Ejecutivo 40849, de 9 de enero de 2018, Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, se dicta como parte de los principios reguladores del sistema penitenciario nacional un principio de normalidad, bajo el cual “las condiciones de vida de la persona privada de libertad deberán tener como referencia la vida en libertad. Para ello, la administración penitenciaria procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad de la persona privada de libertad o el respeto a su dignidad como ser humano. A su vez, dicha disposición ejecutiva pregona que “la actividad de la administración penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución Política, las normas de Derecho Internacional de los derechos humanos, la ley, los reglamentos y las resoluciones judiciales vinculantes. A ninguna persona se hará sufrir limitación alguna de sus libertades o derechos mientras no proceda directamente de la naturaleza de la pena o de la medida impuesta por autoridad jurisdiccional competente”.

Con apego a lo precedente, el país debe velar porque la vida fuera y dentro de prisión sea lo menos diferente posible para los privados de libertad; sin embargo, dentro de esa lógica se deben integrar tanto deberes como derechos para los privados de libertad, puesto que el sentido de responsabilidad de estos y sus derechos inherentes a su condición humana se deben mantener incólumes, solo con la limitación proveniente de la sentencia por ser responsable de una infracción. Valga señalar que a lo interno de dicha lógica la obligación de trabajar, estudiar o ambos es importante, ya que contribuye en una buena proporción a que esa diferencia fuera y dentro de la cárcel no sea tan grande y que el sentido de responsabilidad esté presente en los privados de libertad.

Adicionalmente, y que es un elemento presente en este proyecto de ley, es el hecho de que el accionar penitenciario de Costa Rica esté en sintonía con el marco normativo tanto internacional como nacional, y es lúcido que el exigir trabajo, estudio o ambos al privado es viable de acuerdo con normativa tanto fuera de Costa Rica como dentro de esta siguiendo los parámetros establecidos.

Si se hace un análisis comparado entre Estados sobre la ocupación penitenciaria obligatoria para privados de libertad, se tiene que en un país como Argentina y su Código Penal en el artículo 5°: “las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación”. Sobre la reclusión, el Código Penal de la Nación Argentina amplía diciendo en su artículo 6°: “la pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase”. Como se refleja a partir de lo establecido en este párrafo, la ocupación obligatoria de condenados a prisión es una realidad en la hermana Argentina.

Continuando con la línea antecesora, si nos vamos a un país de vanguardia como lo es Alemania, resulta que desde su carta magna deja claro que la ocupación obligatoria en privados de libertad es viable como parte de una resolución judicial. El tipo 12 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania en su apartado tercero señala: “El trabajo forzoso sólo está permitido en caso de privación de libertad por orden judicial”. Además, el tipo 41 de la Ley sobre la Ejecución de Penas Privativas de Libertad y Medidas Correccionales y de Seguridad que Impliquen Privación de Libertad (Ley de Ejecución Penal - StVollzG) obliga al recluso a trabajar o someterse a una terapia de ocupación: “El recluso está obligado a realizar un trabajo, terapia ocupacional u otro empleo que se le asigne y que sea adecuado a sus capacidades físicas y que pueda realizar debido a su condición física. Se le puede exigir que realice trabajos auxiliares en la institución durante un máximo de tres meses al año, y más allá con su consentimiento”.

En el caso japonés, el numeral doceavo del Código Penal indica: “la prisión será perpetua o por tiempo determinado, y por tiempo determinado la prisión será por un período no menor de un mes ni mayor de veinte años. 2. El encarcelamiento implica detener a una persona en una institución penitenciaria y obligarla a realizar tareas prescritas”. Como queda claro, el condenado deberá hacer tareas mientras está en prisión; e inclusive se sanciona para varios delitos, en el país nipón, a pena de prisión con trabajo; algunos ejemplos de este tipo de sanción son la tipificación del delito de estafa al decir: “El que engaña a otra persona para que le entregue un bien será castigado con pena privativa de libertad con trabajo no superior a diez años” y el de robo: “una persona que robe la propiedad de otra persona será culpable de robo y será castigada con pena de prisión con trabajo por no más de 10 años o una multa de no más de 500.000 yenes”.

Por consiguiente, ejecutando un análisis de derecho comparado queda claro que en otros países, valga decir de 3 continentes distintos y con culturas muy diferentes entre sí, uno de nuestra región latinoamericana, la pena de prisión se cumple obligatoriamente con ocupación obligatoria. Entonces, de aprobarse este proyecto de ley se estaría poniendo en sintonía nuestro sistema penitenciario con las tendencias de otros países en el tópico penitenciario.

En Costa Rica, los oficios MJP-DM-482-2024 y MJP-DM-0541-2024 del Ministerio de Justicia y Paz indican que en promedio el costo diario por privado de libertad en las cárceles de nuestro país es de $43, poco más de 22 mil colones por día para el Estado. En línea con esto, el privado de libertad al no generar ingresos por no tener ninguna labor mientras cumple su pena privativa de libertad repercute en que ni el Estado por la estancia en prisión ni las personas a las que se les debe dar obligación alimentaria, obligación en vía civil ordinaria o por acción civil resarcitoria reciban recursos del privado de libertad respectivo, a su vez, se repercute en que el círculo de apoyo del privado de libertad deba velar por sus gastos, lo cual representa una carga para el círculo. Por ello, como otro de los fines de esta iniciativa está el que por medio de 2 de las opciones obligatorias que se implementan, se generen ingresos para satisfacer esas demandas del privado de libertad que corresponda y que este no sea una carga y pueda cumplir con sus obligaciones y satisfacer sus necesidades.

Asimismo, cabe resaltar que, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Justicia y Paz, mediante el oficio MJP-DM-0541-2024, para el año 2022, los privados de libertad que se encontraban trabajando bajo las condiciones actuales eran 5143 de una población aproximada de 14907 privados de libertad, es decir, más de un 65% de la población en el sistema penitenciario no trabaja, porcentaje que durante el año 2023 ha venido creciendo.

Ahora bien, conforme a los oficios mencionados, en el caso de la población carcelaria que desarrolla algún tipo de estudio, esta representa 6673 privados de libertad, divididos en las siguientes modalidades: Alfabetización Cindea-IPEC 82, Primaria Cindea-IPEC 697, III Ciclo Cindea-IPEC 623, bachillerato Cindea-IPEC 508, Alfabetización Educación Abierta 158, I y II Ciclo Educación Abierta 1522, III Ciclo Educación Abierta 2039, bachillerato por Madurez Educación Abierta 151 y UNED 893.

La poca tendencia a estudiar, trabajar o ambas por parte de los privados de libertad constituye un problema, en razón de que las cárceles deben ser un medio para restaurar al privado de libertad y en ello herramientas como esas son esenciales, según determinó la misma Sala Constitucional al dictar: “el trabajo penitenciario, como se ha dicho en forma reiterada, tiene una finalidad primordial reformadora y correctiva, a la que se añade la finalidad económica. Es quizás el medio más eficaz para una posible rehabilitación de interno y preparación para su regreso a la vida social, que no ha de concebirse como un elemento de aflicción, sino como un importante factor de reeducación y reforma; el recluso que al ser puesto en libertad conoce un oficio o una profesión que le permita ganarse la vida, posee mejores probabilidades para no recaer en el delito. El trabajo penitenciario debe aspirar, de modo primordial, a la formación profesional del recluido, además es un factor importante en la disciplina: la ociosidad en gran escala es causa del delito; muchos motines y agitaciones se originan en la desocupación de los internos. De este modo, el trabajo contrarrestra [sic] la influencia nociva de la vida monótona y artificial de los establecimientos penales y atenúa el sufrimiento causado por la reclusión, y es factor de salud física y moral”.

Lamentablemente, al ser en la actualidad una opción y no una obligación el trabajo, estudio o ambos en privados de libertad, esas prácticas son realizadas solo por una minoría y por tanto esa función rehabilitadora y generadora de ingresos que menciona la Sala Constitucional no se consigue en su totalidad; el sistema hoy en nuestro país no garantiza ni siquiera para una mayoría la rehabilitación por trabajo, estudio o ambos; no cabe duda que un serio problema que resolver, al cual se le daría solución con esta iniciativa legislativa que busca establecer el trabajo, estudio o ambos obligatorios como acompañamiento a la condena a prisión. Ahora bien, se tiene que los delitos que más personas dejan en prisión son los delitos contra la propiedad, contra la ley de psicotrópicos, contra la vida y delitos de índole sexual. A pesar de la peligrosidad de las personas condenadas por estos delitos y dada su gran predominancia en la población penitenciaria, es menester buscar la manera idónea de que los privados de libertad condenados por dichos delitos estudien, trabajen o ambos y es lo que mediante esta iniciativa se procura realizar; todo esto para lograr el fin de este proyecto de obligar a todo privado de libertad a ocuparse en su estancia en prisión, con miras a su restauración. Los datos de los delitos que más privados de libertad dejan se visualizan en el siguiente cuadro:

Pero ¿cómo se lleva a cabo el trabajo, estudio o ambos de privados de libertad en nuestro país? Esta es una opción que se ofrece al condenado, no es obligatoria. Valga destacar que esto incide en que al fin y al cabo la función que deben tener las prisiones no se cumpla, la cual es modificar la conducta desviada del infractor de una norma y darle herramientas para que al salir de la cárcel no vuelva a delinquir.

Siguiendo con el funcionamiento del trabajo, estudio o ambos en privados de libertad, con fundamento en Oficio MJP-DM-0541-2024 de Justicia y Paz los condenados pueden trabajar para empresas que tengan convenio con el Ministerio de Justicia y Paz o para el mismo ministerio; en este último caso, del presupuesto institucional de la cartera de Justicia y Paz se destina un 0,56% y un 0,01% respectivamente al pago de retribución por trabajo para privados de libertad y a un seguro de vida para estas personas que se da en caso de incapacidad total o parcial permanente; dichos porcentajes corresponden a 704 millones de colones al año y a 11 millones 594 mil 200 colones anuales respectivamente. Valga destacar que en torno al monto percibido por los privados de libertad como contraprestación por su trabajo no se tiene un control de en qué es que se gasta, siendo que muchos lo destinan a gastos personales.

Respecto a la gestión de la contraprestación referida, se tiene que funciona de tal manera que “antes del pago, el personal de la Sección Profesional de Orientación, que lleva el control de los temas ocupacionales, elabora la planilla conforme la asistencia de la persona privada de libertad a su ocupación laboral. La planilla es remitida a Contabilidad de la Administración del establecimiento penitenciario para la revisión y ajustes. Una vez ajustada la planilla, la persona funcionaria de contabilidad la entrega a la persona funcionaria de tesorería para que realice el pago correspondiente, lo cual se hace en efectivo. De estos trámites se llevan los controles institucionales requeridos según la norma que rige la materia”.

Por todo lo esgrimido, es de interés de esta diputada que el legislador intervenga en este asunto y por medio de cambio legislativo establezca una obligación de trabajar, estudiar o ambas en prisión para los privados de libertad, para que así estas personas hagan algo de provecho en prisión, que les permita modificar su conducta propicia a la infracción normativa y les dé una herramienta con la cual poder emplearse al salir de la cárcel para generar ingresos bajo el aval de la norma.

Valga resaltar que a las personas que previo a la entrada en vigencia de esta ley hayan iniciado un proceso judicial penal en su contra, cometan un delito o ya estén condenados por delito penal no se les podrá aplicar la modificación legislativa propuesta en el presente proyecto de ley, debido a que nuestra Carta Magna lo prohíbe en su artículo 34 “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, y en adición, porque como bien señala la Sala Constitucional en Resolución N.º 06829 - 1993 de 24 de Diciembre de 1993 a las 08:33: “La sentencia tiene un contenido cualitativo y otro cuantitativo. El primero determina la sanción, sea de privación de libertad, extrañamiento, multa o inhabilitación -artículo 50 del Código Penal); el segundo determina el tiempo de la sanción a aplicar. Una variación en cualquiera de estos elementos implica violación de la cosa juzgada, y en el caso de que se trate un ente administrativo, implicaría una invasión en las funciones jurisdiccionales”. Por consiguiente, a partir de la entrada en vigencia de esta iniciativa legislativa es que se podrá aplicar a los delitos y casos judiciales surgidos desde esa entrada en vigencia la obligatoria de trabajar, estudiar o ambas como parte de la sentencia judicial dictada que se propone.

De acuerdo con lo señalado por el numeral 51 del Código Penal al aseverar: “La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora” se tiene que la intención de purgar una pena de prisión en el país tiene la finalidad de rehabilitar al condenado, lo cual como se expuso antes, no se está cumpliendo en su totalidad.

Cabe destacar, asimismo, que la Sala Constitucional en cuanto a los derechos del privado de libertad señala que “para las personas contra las que se ha dictado una sentencia condenatoria de prisión, la pérdida de la libertad ambulatoria es la principal consecuencia, pero conserva todos los demás derechos y garantías contenidos en nuestra Constitución que no hayan sido afectadas por el fallo jurisdiccional, incluídos [sic] el derecho a la información y comunicación, a la salud, a la libertad de religión, a la igualdad de trato y no discriminación, al sufragio, al trabajo, a la educación, a la libertad de expresión y pensamiento, etc..., pues como seres humanos que son, conservan los derechos inherentes a su condición humana, con la salvedad de la restricción mencionada, que existe como consecuencia de haber infrinjido [sic], el condenado, ciertas normas sociales de convivencia, a las que el legislador ha dado el rango de delito. En los países democráticos de nuestro círculo de cultura, se reconoce que el privado de libertad debe conservar todos esos derechos y por ello se han diseñado sistemas penitenciarios que permitan hacer de la estancia en prisión un tiempo provechoso para posibilitar la posterior reinserción social del detenido. Se permite al interno trabajar y estudiar, por ejemplo, e incluso se desarrollan programas para motivarlo a que lo haga o aprenda a hacerlo”.

Bueno es notable en esta resolución de 1992 del órgano constitucional la tradición expresa de países democráticos del círculo costarricense de colocar a los privados de libertad a hacer algo de provecho mientras están en prisión con la idea de que se rehabiliten y al salir no recaigan en el delito y hacia esto se va con esta iniciativa de ley que pretende establecer como parte de una condena de prisión el trabajo, estudio o ambos obligatorios, para que así no tengamos personas en prisión en las que el Estado invierte para que se rehabiliten y no provoquen daño a la sociedad, empero, que en la actualidad no se está dando esa rehabilitación porque tenemos la posibilidad de trabajar, estudiar o ambas para el privado de libertad, aunque es una opción no obligatoria; en adición, que constituye una minoría de la población penitenciaria la que recurre a ejecutar dichas actividades, por lo que no se está cumpliendo con la finalidad de las prisiones de rehabilitar al privado de libertad.

Por todo lo señalado en esta exposición de motivos es que someto a conocimiento de los señores congresistas de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA DE LA LEY N.° 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970, CÓDIGO PENAL, Y DE LA LEY N.° 4762, DE 08 DE MAYO DE 1971, LEY DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL

LEY PARA IMPULSAR EL TRABAJO Y LA SUPERACIÓN ACADÉMICA EN PRIVADOS DE LIBERTAD

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 51 de la Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, Código Penal, que procederá a leerse de la siguiente manera:

Artículo 51- La pena de prisión y las medidas de seguridad son por un máximo de 50 años en el lugar destinado al efecto, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. La pena de prisión se cumplirá acompañada obligatoriamente, ya sea de trabajo, estudio o ambos. La Dirección General de Adaptación Social deberá llevar a cabo un programa que se regulará vía reglamento, mediante el cual se busque gradualmente la incorporación de cada condenado a prisión a trabajar, estudiar o ambos, todo de conformidad con la capacidad instalada.

ARTÍCULO 2- Se adiciona un artículo 51 bis a la Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, Código Penal, que procederá a leerse de la siguiente manera:

Artículo 51bis- El trabajo, estudio o ambos que acompañan obligatoriamente la pena de prisión de acuerdo con el artículo precedente, se realizarán de la siguiente manera:

El privado de libertad debe realizar como acompañamiento a su condena de prisión de forma obligatoria alguna de las siguientes opciones:

a) Trabajo: se deberá trabajar bajo el control de la autoridad pública, en los trabajos que vía reglamento se definirán. Para los efectos, dicho trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y podrá ser realizado solo en jornada diurna tanto dentro como fuera del recinto penitenciario.

El condenado por homicidio simple, homicidio calificado, tortura, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, delitos dispuestos en la Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y en los artículos 21, 21 bis, 29, 30 y 31 de la Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007, Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, trabajará únicamente dentro del recinto penitenciario.

El condenado a prisión que trabaje tendrá derecho a recibir una contraprestación por su labor que se pagará por hora laborada y corresponderá a lo que disponga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dicha contraprestación se dará por semana y estará en control de la administración de cada centro penitenciario, quien la destinará semanalmente de la siguiente manera:

1- Un 25% a satisfacer la obligación o las obligaciones alimentarias en las que el privado de libertad aparezca como obligado.

2- Un 25% a satisfacer la obligación o las obligaciones pecuniarias en vía civil ordinaria, o al pago de la acción o acciones civiles resarcitorias en las que el privado de libertad aparezca como obligado.

3- Un 25% al Estado para satisfacer el gasto que genera la estadía del privado de libertad en prisión.

4- Un 25% a un fondo personal individualizado al cual el privado de libertad tendrá acceso para gastos personales.

En caso de no existir alguna o ambas de las obligaciones de los incisos 1) y 2) la contraprestación se distribuirá en proporciones iguales a los incisos que correspondan.

b) Estudio: el condenado a prisión que opte por estudiar deberá hacerlo con una institución reconocida por la Dirección General de Adaptación Social y demostrar avance académico; si el condenado deja el estudio o no demuestra avance académico deberá trabajar de conformidad con lo indicado en la opción a) de este artículo.

c) Trabajo y estudio: esta opción constituirá una combinación de las opciones a) y b) de este numeral.

ARTÍCULO 3- Se adiciona un artículo 51 ter a la Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, Código Penal, que procederá a leerse de la siguiente manera:

Artículo 51 ter- El privado de libertad de 65 años o más, la que se encuentre en estado de embarazo, aquel que sufra de enfermedad grave o esté imposibilitado psicológica o físicamente, estará exceptuado de trabajar, estudiar o ambas conforme a lo dictado en los numerales 51 y 51 bis, aunque podrá realizar alguna de las opciones dispuestas, si así lo autoriza un profesional competente. El condenado a prisión fuera de las anteriores excepciones que se niegue a realizar lo estipulado en los artículos 51 y 51 bis de esta ley no podrá acceder a ningún beneficio durante su estadía en prisión y deberá cumplir el total de la pena impuesta.

ARTÍCULO 4- Se modifica el artículo 3 de la Ley N.° 4762, de 08 de mayo de 1971, Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, que procederá a leerse de la siguiente manera:

Artículo 3- Los fines de la Dirección General de Adaptación Social son:

[…]

k) Gestionar eficaz y eficientemente lo relativo al trabajo, estudio o ambos que de manera obligatoria acompañen la condena a prisión, así como buscar gradualmente la incorporación de cada condenado a prisión a ello. La Dirección General de Adaptación Social está debidamente facultada a ejecutar convenios con sujetos de derecho público o privado para cumplir con lo dispuesto en este inciso.

l) Resolver y ejecutar los demás que le correspondan por ley.

ARTÍCULO 5- Se deroga el artículo 55 de la Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, Código Penal, y se corra la numeración respectiva.

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo adecuará con base a la presente ley lo que corresponda y reglamentará la presente ley en un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta.

TRANSITORIO II- Todo delito cometido o proceso judicial iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirá por lo dispuesto previo a la entrada en vigor de la presente ley y no le aplicará lo estipulado en esta ley.

Rige a partir de su publicación.

María Marta Carballo Arce

Leslye Rubén Bojorges León Carlos Andrés Robles Obando

Melina Ajoy Palma Horacio Martín Alvarado Bogantes

Vanessa de Paul Castro Mora Alejandro José Pacheco Castro

Diputadas y diputados

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. (Fecha de subido al SIL: 17-10-2024).