Pensión mínima intocable: rebajos no podrían bajar de un tope

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY PARA ADOPTAR UNA PENSIÓN MÍNIMA INTOCABLE

REFORMA DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N.º 17, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS); REFORMA DEL ARTÍCULO 44 TER DE LA LEY N.º 7472, LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 21, INCISO A), DE LA LEY N.º 2248, LEY DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, DEL 5 DE SETIEMBRE DE 1958 Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY N.º 8, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 148, LEY DE PENSIONES DE HACIENDA Y SUS REFORMAS; Y REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.º 7302, LEY RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL

KATHERINE ANDREA MOREIRA BROWN DIPUTADA

EXPEDIENTE N.º 24.940

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

PROYECTO DE LEY

LEY PARA ADOPTAR UNA PENSIÓN MÍNIMA INTOCABLE

REFORMA DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N.º 17, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS); REFORMA DEL ARTÍCULO 44 TER DE LA LEY N.º 7472, LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 21, INCISO A), DE LA LEY N.º 2248, LEY DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, DEL 5 DE SETIEMBRE DE 1958 Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY N.º 8, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 148, LEY DE PENSIONES DE HACIENDA Y SUS REFORMAS; Y REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.º 7302, LEY RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL

Expediente N.º 24.940

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La seguridad económica se define como la capacidad de disponer de forma independiente de una cantidad de recursos económicos regulares, para garantizar una buena calidad de vida. En este marco, la capacidad de disponer de forma independiente de sus recursos económicos sin discriminación, de acuerdo a las normas de derechos humanos, es un derecho, vinculado al derecho fundamental de contar con un nivel de vida adecuado, especialmente cuando nos referimos a las personas adultas mayores, tal y como está establecido en la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, adoptada en la tercera Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento, en la que los países, adicionalmente, se comprometieron a estimular el emprendimiento y facilitar el acceso al crédito para fomentar el derecho de las personas mayores a trabajar y realizar actividades que generen ingresos.

Este reconocimiento ha generado un movimiento mundial que se ha denominado Economía Plateada, que es aquella parte de la economía global vinculada al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población cuyo enfoque se centra en las necesidades y demandas de los adultos mayores.

Sin embargo, concretamente en nuestro país las personas mayores se encuentran con una barrera que limita la libre disposición de los recursos económicos a los que tienen acceso a través de su pensión o jubilación, al amparo de lo que se ha denominado el principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social, sobre el que nos referiremos más adelante; que no solo viene a disminuir las oportunidades de generar ingresos mediante el trabajo o los negocios, sino que se suma a las ya escasas o nulas posibilidades de acceder a financiamiento que afectan notablemente cualquier iniciativa que deseen emprender.

Antecedentes de la intervención de la Defensoría de los Habitantes

El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la Sala Segunda emite su Resolución N.º 2022-000656, mediante la cual, en un caso específico, ordena suspender para un funcionario del MEP los rebajos de salario que se le han venido haciendo al actor para el pago de unas cuotas, las que sólo podrá aplicar respetando el mínimo intocable (monto inembargable) que se extrae de la aplicación de lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 172 del Código de Trabajo.

A partir de dicha resolución, el Ministerio de Trabajo emite el criterio N.º 4, de agosto de 2022, N.º CP031- 2022 MTSS en el cual señala que los artículos 172 y 174 del Código de Trabajo establecen prohibición de aplicar deducciones cuando se vea comprometido el mínimo establecido; por lo tanto, el sector público y el privado deben garantizar el salario mínimo a sus trabajadores y eliminar cualquier práctica que limite ese derecho.

Conocedora de que la misma situación de rebajos excesivos afecta igualmente a las personas pensionadas, la Defensoría de los Habitantes realizó consultas ante el MTSS y el Ministerio de Hacienda, con el fin de conocer su criterio en relación con la aplicación del principio que garantice un monto mínimo, pero específicamente en relación con el tema de la pensión.

En respuesta a las solicitudes de información emitidas por el órgano defensor, ambas instituciones remiten a la Defensoría lo expuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), en el dictamen N.º C-310-2020, del 04 de agosto de 2020, dirigido al entonces ministro de hacienda, señor Elián Villegas Valverde, en el que se señala que existe un vacío generado por la ausencia de disposiciones legales que regulen las deducciones, que es posible practicar a las prestaciones económicas que otorgan los regímenes especiales de pensiones, desarrollándose el principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social.

Principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social

La pensión o contribución por jubilación es el medio más importante de ingresos de la población adulta mayor, el cual fue protegido por lo que se conoce en doctrina como el principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social, según señala la Procuraduría General de la República.

Dicho principio, tal y como señala el órgano asesor, se encuentra dispuesto en el artículo 59 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual establece que “Las prestaciones en dinero acordadas a los asegurados no podrán cederse, compensarse ni gravarse, no son susceptibles de embargo, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias”.

En este sentido, señala la PGR en el dictamen de cita, que el artículo 59 transcrito de la Ley Constitutiva de la CCSS “…refleja la enérgica protección jurídica dispensada por el ordenamiento a las prestaciones sociales públicas, en la medida en que salvaguarda la efectiva percepción de la prestación aun en contra de la propia voluntad del beneficiario. (…) Pero, como es obvio estas prestaciones se refieren al derecho a la prestación en sí, pues nada impide que el beneficiario haga el uso que crea conveniente con respecto al importe de la prestación una vez que la ha percibido y la ha ingresado en su patrimonio” (Aragón Gómez CRISTINA, La Prestación Contributiva de la Seguridad Social, Tesis doctoral, Universidad Carlos III, Madrid, 2013, página 87).

Adicionalmente, el dictamen se refiere a la posibilidad de aplicar a las pensiones de los regímenes especiales deducciones originadas en embargos, indica que hay que tener presente que el artículo 984, inciso 2, del Código Civil establece que no pueden perseguirse, por ningún acreedor y, en consecuencia, no podrán ser embargados ni secuestrados en forma alguna las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del deudor y las pensiones alimenticias.

En relación con el artículo 984, inciso 2, del Código Civil, la PGR hace la observación de que, al no hacer distinción alguna entre pensiones del régimen general, y pensiones de regímenes sustitutivos, aplica por igual a ambas, ya no de manera supletoria, sino de forma directa.

Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría General concluye que nada impide al legislador, si así lo tiene a bien, “regular las deducciones que sea posible practicar a las pensiones que otorgan los regímenes especiales, o los embargos que podrían practicarse a esos ingresos, salvaguardando siempre lo que podría catalogarse como una porción mínima intocable, a efecto de asegurar el pago de una prestación mínima suficiente, como ocurre con la porción intocable del salario a la que se refiere el párrafo primero del artículo 172 del Código de Trabajo”.

Hacia la construcción del concepto de una pensión mínima intocable

Pese a lo hasta aquí dispuesto por la normativa, el país ha sido testigo de cómo un gran número de personas adultas mayores han visto reducidas pensiones ante rebajos, por préstamos, que prácticamente reducen a montos ínfimos las sumas que les llega mes a mes para sobrevivir.

Durante una investigación que realizó la Defensoría de los Habitantes se realizó una dinámica que consistió en los relatos de personas adultas mayores que recibían, por concepto de pensión, montos que superaban con creces la limitación a un salario mínimo, lo que consecuentemente tenía como resultado que se tuviese que tomar la decisión entre “medio comer”, comprar medicamentos, pagar servicios o un lugar para vivir.

La información, si bien dista de la rigurosidad de los resultados de una encuesta, brinda rostro humano a las historias que nos fueron compartidas y que se convirtieron en voces de solicitud de ayuda a la Defensoría de los Habitantes, ya que aseguran son muchos los casos en que los adultos mayores se ven afectados por esta situación de los rebajos a sus pensiones.

Y es que, en este sentido, tal y como se señala en el dictamen de la Procuraduría de cita, mientras que hay normas que prohíben la libre disposición de los recursos de la pensión o jubilación, hay normas dentro de los regímenes especiales, como el artículo 21, inciso a), de la Ley N.º 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en los que se señala que los préstamos personales y de vivienda en caso de jubilados o pensionados se deducirá mensualmente de los montos de pensión, sin que se establezca un límite o porción mínima intocable.

El presente proyecto de ley viene a saldar una deuda histórica con la población adulta mayor, quienes durante años y a la vista de todos y todas, han sido víctimas de acreedores que han tenido la posibilidad de reducir los ingresos por la pensión a montos inferiores a los protegidos por el salario, insuficientes para poder atender a las necesidades básicas de muchos de nuestros adultos mayores, incluso algunos de ellos con enfermedades degenerativas, que han impedido el tener una atención digna de su situación médica.

La construcción del concepto de una pensión mínima intocable, reemplazando el principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social, permite actualizar nuestro marco jurídico a las tendencias internacionales de la protección de la población adulta mayor, que supone el respeto a la capacidad de esta población de disponer de forma independiente y autónoma de sus recursos económicos regulares, en este caso obtenidos por su derecho a la pensión o jubilación, que asimismo permite estimular el acceso de la población adulta mayor al sistema financiero a través de préstamos, el emprendimiento y fomentar su derecho a trabajar y realizar actividades que generen ingresos.

Es importante señalar que las reformas propuestas a diversas normas del sistema jurídico costarricenses se basan en el respeto a la libertad de autodeterminación de las y los adultos mayores de sus recursos económicos, en el marco de la existencia de un acuerdo de voluntades entre la persona pensionada y la entidad acreedora, para permitir una libre disposición de sus recursos hasta el mismo límite que la ley prevé la protección del salario inembargable. Este es un reconocimiento a la denominada Economía Plateada, cuyo enfoque se centra en el respeto de las necesidades y demandas de los adultos mayores del siglo XXI, donde hay un número creciente de ellos inmersos en el mundo de la tecnología, con conocimientos de educación financiera, que deben potenciarse, siendo este el objetivo último del presente proyecto de ley.

En resumen, para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente proyecto de ley se requiere:

Reformar el artículo 59 de la Ley N.º 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para garantizar la disponibilidad de los recursos de la pensión por parte de las personas pensionadas, hasta un límite coincidente con el establecido para el salario, que les permita, especialmente a las personas adultas mayores, la utilización de sus recursos, rompiendo con el principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social.

Reformar el artículo 44 ter de la Ley N.º 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, para garantizar, al igual que se hizo con el salario, un límite inembargable en las pensiones que les permita una vida digna a las personas, especialmente a las personas adultas mayores.

Reformar el artículo 21, inciso a), de la Ley N.º 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 05 de setiembre de 1958 y sus reformas, con el fin de no sólo garantizar la disponibilidad de los recursos de la pensión por parte de las personas pensionadas, sino que este cuente con un límite coincidente con el establecido para el salario.

Reforma del artículo 231 de la Ley N.º 8, Ley Orgánica del Poder Judicial, del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas, para garantizar la disponibilidad de los recursos de la pensión por parte de las personas pensionadas del régimen del Poder Judicial hasta un límite coincidente con el establecido para el salario, que les permita, especialmente a las personas adultas mayores, la utilización de sus recursos, rompiendo con el principio de indisponibilidad de las prestaciones de seguridad social.

1- Limitaciones en los datos oficiales y la imposibilidad de determinar el impacto real

En el marco de la elaboración de este proyecto de ley se solicitó información detallada a instituciones clave como la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Si bien ambas entidades proporcionaron datos estadísticos sobre pensionados que reciben montos inferiores al mínimo inembargable (equivalente a ₡236.655,44 según decreto vigente), estos registros presentan limitaciones significativas.

Por un lado, Jupema señaló que, en el Régimen Transitorio de Reparto (RTR), no es posible determinar si los montos bajos obedecen a deducciones por deudas o a la distribución de pensiones entre beneficiarios (viudas, hijos menores, etc.). Asimismo, el MTSS aclaró que, al carecer de normativa que regule deducciones en pensiones de regímenes especiales, no pueden establecer un "mínimo intocable" ni identificar si los rebajos excesivos son la causa de los montos ínfimos. Esto revela un vacío crítico: no sabemos cuántos pensionados sufren recortes injustos en sus ingresos debido a embargos o préstamos, ni cuántos simplemente reciben pensiones bajas por diseño legal.

2- La voz de los afectados: el único dato real

Ante la falta de claridad en los datos oficiales, el trabajo de la Defensoría de los Habitantes cobra especial relevancia. Durante una investigación cualitativa, se documentaron más de 75 testimonios de adultos mayores cuyas pensiones fueron reducidas a montos insuficientes para cubrir necesidades básicas, como alimentación, medicamentos o vivienda. Estas personas, muchas con enfermedades crónicas, relataron cómo los rebajos por deudas las obligan a elegir entre "medio comer" o pagar servicios esenciales. A su vez, estos casos sirvieron como referencia para identificar a otras personas en condiciones similares, evidenciando un patrón de vulnerabilidad sistemática.

3- Un problema que trasciende números: familias enteras en riesgo

Los datos fragmentados de Jupema y el MTSS, aunque incompletos, muestran que miles de pensionados reciben montos líquidos por debajo del mínimo inembargable (por ejemplo, 6.732 casos en el RTR y el RCC combinados). Sin embargo, detrás de cada cifra hay familias enteras afectadas. Pensiones reducidas a ₡50.000 o ₡100.000 mensuales no solo impactan al adulto mayor, sino también a sus dependientes, especialmente en hogares donde la pensión es el único ingreso estable.

4- La urgencia de actuar: regular lo que los datos no pueden medir

La imposibilidad de cuantificar el problema con precisión no minimiza su gravedad; por el contrario, refuerza la necesidad de una reforma legal que:

• Establezca un piso de protección: garantizar que ninguna pensión pueda ser reducida por debajo de un monto mínimo vital, tal como ocurre con el salario.

• Priorice la dignidad humana: los testimonios recopilados por la Defensoría demuestran que, sin esta reforma, se perpetúa un círculo de pobreza y exclusión financiera para los adultos mayores.

Conclusión

Mientras las instituciones no puedan distinguir entre pensiones bajas por diseño y aquellas erosionadas por deducciones abusivas, la única certeza es el sufrimiento de miles de personas. Este proyecto de ley no solo busca llenar un vacío legal, sino devolver dignidad a quienes hoy son invisibles en las estadísticas, pero visibles en su lucha diaria por sobrevivir.

Nota: Los datos citados corresponden a los archivos DE-0429-07-2023 (Jupema) y DNP-OF-516-2023 (MTSS), donde se registran 5.320 mujeres y 1.412 hombres con pensiones inferiores al mínimo en el RTR, y otros casos en el RCC.

En virtud de las consideraciones expuestas, se somete el presente proyecto de ley al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación por parte de las señoras y señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY PARA ADOPTAR UNA PENSIÓN MÍNIMA INTOCABLE

REFORMA DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY N.º 17, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS); REFORMA DEL ARTÍCULO 44 TER DE LA LEY N.º 7472, LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 21, INCISO A), DE LA LEY N.º 2248, LEY DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL, DEL 5 DE SETIEMBRE DE 1958 Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY N.º 8, LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS; REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 148, LEY DE PENSIONES DE HACIENDA Y SUS REFORMAS; Y REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY N.º 7302, LEY RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL

ARTÍCULO 1- Se reforma el artículo 59 de la Ley N.º 17, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 59- Las prestaciones en dinero acordadas a los asegurados no son susceptibles de embargo, salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias.

Sin embargo, las personas jubiladas y pensionadas tendrán el derecho a autorizar deducciones de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre la persona pensionada y la entidad acreedora, hasta el mismo límite inembargable del salario.

ARTÍCULO 2- Se reforma el artículo 44 ter de la Ley N.º 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 44 ter- Derecho del trabajador consumidor financiero

Los trabajadores tienen derecho a solicitar al patrono la deducción de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre el trabajador y la entidad acreedora, hasta el límite inembargable.

Los patronos no podrán discriminar ni dejar de aplicar las deducciones al salario de las cuotas debidamente autorizadas previamente por el trabajador, para el pago de las operaciones financieras de crédito, voluntariamente contraídas por este o para el pago de su afiliación a organizaciones de base asociativa social cuyo fin no es el lucro, respetando el derecho y la libertad de contratación y de asociación del trabajador.

Las personas jubiladas y pensionadas también tendrán el derecho a autorizar deducciones de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre las personas pensionadas y la entidad acreedora, hasta el mismo límite inembargable del salario.

Tanto el trabajador como la persona jubilada y pensionada demostrará a los oferentes de crédito, para determinar la viabilidad del crédito, su capacidad de pago, no solo con sus ingresos salariales brutos sino además sus otras fuentes, que le permitan demostrar su capacidad de endeudamiento. El oferente de crédito no podrá limitar los medios probatorios para valorar la capacidad de pago del trabajador.

ARTÍCULO 3- Se reforma el artículo 21, inciso a), Ley N.º 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 05 de setiembre de 1958 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 21- Portafolio de inversiones […]

a) Préstamos personales y de vivienda para los afiliados hasta un máximo del veinte por ciento (20%) de la totalidad del fondo. Los préstamos, en el caso de los afiliados activos, deberán cobrarse por deducción salarial; para jubilados o pensionados se deducirá mensualmente de los montos de pensión, hasta el mismo límite inembargable del salario, las amortizaciones, los intereses y otros cargos. En el caso de los créditos de vivienda se otorga con garantía hipotecaria en primer grado. La Junta tendrá acceso al Centro de Información Crediticia (CIC) administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) debiendo, por lo tanto, entregar la información crediticia de sus afiliados. La supervisión y vigilancia de las operaciones crediticias contempladas en este inciso la determinará el Conassif.

ARTÍCULO 4- Se reforma el artículo 231 de la Ley N.º 8, Ley Orgánica del Poder Judicial, del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 231- Excepto por pensión alimentaria, no son susceptibles de embargo las jubilaciones y las pensiones ni el fondo establecido para cubrirlas; sin embargo, las personas jubiladas y pensionadas tendrán el derecho a autorizar deducciones de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre la persona pensionada y la entidad acreedora, hasta el mismo límite inembargable del salario.

ARTÍCULO 5- Se reforma el artículo 11 de la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

Artículo 11- Los pagos se harán por medio de giros mensuales, extendidos y firmados por el jefe de la oficina respectiva, a la orden del beneficiario y contra la administración del Tesoro Nacional, en la misma forma y por los mismos trámites usuales para el pago de sueldos.

Las personas jubiladas y pensionadas tendrán el derecho a autorizar deducciones de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre la persona pensionada y la entidad acreedora, hasta el mismo límite inembargable del salario.

ARTÍCULO 6- Se reforma el artículo 6 de la Ley N.º 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de Otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.º 7092, del 21 de abril de 1988 y sus Reformas, Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que se lea de la siguiente forma:

Artículo 6- La prestación económica a otorgar, al momento de la declaración de la jubilación o pensión de los regímenes contributivos regulados en la presente ley, no podrá exceder el monto máximo que genere la suma resultante de diez veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General de Servicio Civil.

Las personas jubiladas y pensionadas tendrán el derecho a autorizar deducciones de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre la persona pensionada y la entidad acreedora, hasta el mismo límite inembargable del salario.

Rige a partir de su publicación.

Katherine Andrea Moreira Brown Diputada

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. (Fecha de subido al SIL: 30-04-2025).