Proyecto busca proteger a quien firma como fiador de un crédito

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 44 TER, Y EL TRANSITORIO A LA LEY N.° 7472, LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS, PARA INCORPORAR LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA FIADORA EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CONSUMO

JANICE PATRICIA SANDÍ MORALES DIPUTADA

EXPEDIENTE N.º 25.828

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS ÁREA DE PROCESOS LEGISLATIVOS

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 44 TER, Y EL TRANSITORIO A LA LEY N.° 7472, LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS, PARA INCORPORAR LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA FIADORA EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CONSUMO

Expediente N.º 25.828

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Para el año 2026 el crédito de consumo constituye uno de los principales mecanismos de acceso a bienes y servicios en Costa Rica, y buena parte de esas operaciones exige, como condición de aprobación, la constitución de una fianza personal. La persona fiadora, quien garantiza con su propio patrimonio el cumplimiento de una obligación ajena, cumple una función social relevante: permite que terceros sin historial crediticio suficiente, ingresos formales demostrables o garantías reales accedan a crédito, vivienda en arrendamiento o financiamiento educativo.

Sin embargo, la Ley n.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del 20 de diciembre de 1994, no le reconoce a esta figura ningún régimen de protección equivalente al que sí tiene la persona consumidora directa. Su capítulo V, Defensa Efectiva del Consumidor, desarrolla ampliamente los derechos de quien adquiere un bien o servicio (artículo 32), las cláusulas abusivas en contratos de adhesión (artículo 42), la garantía de bienes y servicios (artículo 43), las ventas a plazo (artículo 44) y, mediante el artículo 44 bis, los requisitos aplicables a las tarjetas de crédito; pero guarda silencio absoluto sobre quien garantiza una obligación de crédito de consumo con su propio patrimonio. La fianza, como tal, permanece regulada únicamente por el Código Civil, bajo una lógica decimonónica de autonomía de la voluntad que no contempla las asimetrías de información propias del mercado crediticio de consumo moderno.

A esa desprotección contractual se suma una falla estructural: la ausencia de un deber legal de notificación oportuna. Hoy, la persona fiadora suele enterarse del incumplimiento del deudor principal cuando la deuda ya es exigible en su totalidad, con meses o años de atrasos e intereses moratorios acumulados, sin haber tenido oportunidad de actuar a tiempo pagando, subrogándose o exigiendo la liberación de la fianza. Esta asimetría de información convierte a la fianza en un riesgo patrimonial de alcance indeterminado para quien la otorga.

Otro problema identificado es la falta de límites temporales claros y unificados para la permanencia de la información crediticia negativa. De acuerdo con la normativa del Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el reporte negativo permanece un mínimo de cuatro años, contados a partir de que la entidad financiera decide comunicar el incumplimiento a la Sugef, momento que queda a discreción de cada banco. Los burós de crédito privados, por su parte, pueden conservar esa misma información hasta por diez años, según el límite máximo que fija la Ley n.° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 7 de julio de 2011. Esta disparidad de plazos, sumada a la indeterminación del punto de partida del cómputo, coloca al fiador en igualdad de condiciones que al deudor principal ante un "manchado" de su historial crediticio de duración incierta, que puede prolongarse hasta una década por un incumplimiento ajeno.

El derecho comparado ofrece parámetros útiles para corregir estas deficiencias. En España, el Código Civil reconoce a la persona fiadora el beneficio de excusión, que le permite exigir al acreedor agotar primero los bienes del deudor principal antes de dirigirse contra su patrimonio. En México, el Código Civil Federal regula con similar detalle los requisitos para el ejercicio de la excusión, exigiendo al fiador señalar bienes del deudor suficientes para cubrir el crédito, y las pólizas de fianza mercantil fijan plazos de caducidad expresos para la reclamación del acreedor, evitando que la responsabilidad del fiador se prolongue indefinidamente. Costa Rica, a diferencia de esos ordenamientos, carece de un desarrollo legal moderno de estas garantías cuando la fianza se otorga en el contexto de una relación de consumo.

Con esta reforma se reconoce expresamente a la persona fiadora de operaciones de crédito de consumo como sujeto de protección, extendiéndole el derecho a información previa, clara y suficiente sobre el alcance real de su obligación; se establecen límites materiales y temporales a la fianza un plazo máximo de vigencia ligado al plazo original del crédito, el beneficio de excusión, y la liberación del fiador ante modificaciones sustanciales del crédito sin su consentimiento; se impone a la entidad acreedora el deber de notificar a la persona fiadora dentro de un plazo breve desde el primer incumplimiento del deudor principal; se reconoce su derecho a consultar gratuitamente su propio historial crediticio; y se unifica en cuatro años el plazo de permanencia de la información crediticia negativa, tanto en el Centro de Información Crediticia de la Sugef como en los burós de crédito privados, con actualización obligatoria dentro de los cinco días hábiles siguientes al pago de la obligación. Para este último punto se reforma en lo pertinente la Ley n.° 8968.

Con ello, se traslada a la persona fiadora la misma lógica de protección que el ordenamiento costarricense ya reconoce a la persona consumidora directa, y se corrige una asimetría que hoy expone el patrimonio de miles de personas garantes a un riesgo desproporcionado e indefinido en el tiempo.

Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de las señoras y los señores diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 44 TER, Y EL TRANSITORIO A LA LEY N.° 7472, LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1994, Y SUS REFORMAS, PARA INCORPORAR LA PROTECCIÓN DE LA PERSONA FIADORA EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CONSUMO

ARTÍCULO ÚNICO- Modificación del artículo 44 ter y el transitorio de la Ley n.° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, cuyo texto dirá:

Artículo 44 ter- Protección de la persona fiadora en operaciones de crédito de consumo

1. Definiciones sobre fianza de consumo. Para efectos de este artículo se entiende por: a) Persona fiadora: la persona física que, mediante contrato de fianza, garantiza con su patrimonio el cumplimiento de una obligación de crédito de consumo contraída por un tercero ante una entidad acreedora. b) Fianza de consumo: el contrato accesorio de garantía personal constituido en favor de una entidad acreedora, con ocasión de una operación de crédito de consumo, sea esta bancaria, comercial o de arrendamiento. c) Entidad acreedora: toda persona física o jurídica, pública o privada, que otorgue crédito de consumo y exija, como condición para su aprobación, la constitución de una fianza. d) Información crediticia: todo dato relativo al comportamiento de pago de una persona deudora o fiadora, recopilado, procesado o conservado por el Centro de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o por burós de crédito privados.

2. Ámbito de aplicación y principio de protección equivalente. Los apartados del 1) al 10) de este artículo se aplican a toda fianza personal constituida como garantía de una operación de crédito de consumo, sea esta otorgada ante entidades supervisadas y reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o ante cualquier otra persona física o jurídica que otorgue crédito de consumo en forma habitual. Se exceptúan las fianzas otorgadas en el ámbito estrictamente mercantil entre comerciantes en el ejercicio de su actividad empresarial. La persona fiadora goza de los mismos derechos de información, transparencia y tutela administrativa que esta ley y el ordenamiento jurídico reconoce a la persona consumidora, en todo lo que resulte compatible con la naturaleza accesoria de la fianza.

3. Derecho a la información previa y deber de notificación del incumplimiento. Previo a la formalización de la fianza, la entidad acreedora deberá entregar a la persona fiadora, en forma escrita, clara y comprensible, el monto total y máximo garantizado incluyendo capital, intereses corrientes y moratorios, comisiones y gastos de cobro, el plazo de la operación garantizada, el beneficio de excusión que le asisten y las condiciones de su eventual renuncia, y los efectos del incumplimiento del deudor principal sobre su historial crediticio. Asimismo, la entidad acreedora deberá notificar a la persona fiadora, por un medio que deje constancia fehaciente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el deudor principal incurra en el primer atraso en el pago de la obligación garantizada. La omisión de esta notificación impide a la entidad acreedora exigir a la persona fiadora el pago de los intereses moratorios y gastos de cobro devengados con posterioridad al vencimiento de dicho plazo y hasta el momento en que la notificación efectivamente se realice.

4. Derecho de acceso gratuito al historial crediticio propio. La persona fiadora tiene derecho a consultar, sin costo alguno y hasta dos veces por año, la información crediticia que sobre ella conste tanto en el Centro de Información Crediticia de la Sugef como en cualquier buró de crédito privado, sin necesidad de acreditar interés adicional al de ser titular de esa información.

5. Plazo máximo de vigencia, beneficio de excusión. La fianza de consumo tendrá una vigencia máxima igual al plazo original pactado para la operación de crédito garantizada. Vencido dicho plazo, la fianza se extingue de pleno derecho, salvo que la persona fiadora la renueve mediante manifestación expresa y por escrito. En los contratos de tracto sucesivo, como el arrendamiento, la fianza no se entenderá prorrogada automáticamente por la sola prórroga del contrato principal. La persona fiadora goza del beneficio de excusión, en virtud del cual no podrá ser requerida de pago sin que previamente la entidad acreedora acredite haber agotado los medios de cobro, judiciales o extrajudiciales, contra los bienes conocidos del deudor principal; el beneficio solo podrá renunciarse mediante declaración expresa, específica y separada de las demás cláusulas del contrato, que no podrá formar parte de las condiciones generales de contratación.

6. Liberación por modificación sustancial. Toda modificación sustancial de las condiciones del crédito garantizado, incluyendo el aumento del monto, la extensión del plazo o el cambio en la tasa de interés realizada sin el consentimiento expreso de la persona fiadora, la libera de responsabilidad por las obligaciones derivadas de dicha modificación, sin perjuicio de su responsabilidad por las obligaciones existentes al momento del cambio.

7. Unificación del plazo de permanencia de la información crediticia negativa. La información crediticia negativa relativa al incumplimiento de una obligación de crédito de consumo permanecerá registrada, tanto en el Centro de Información Crediticia de la Sugef como en los burós de crédito privados, por un plazo máximo de cuatro años, contado a partir de la fecha en que el deudor principal o la persona fiadora incurrió en el incumplimiento que dio origen al reporte, y no a partir de la fecha en que la entidad acreedora decida comunicarlo. Cancelada la totalidad de la obligación, la entidad acreedora deberá comunicar dicho pago al Centro de Información Crediticia de la Sugef y a los burós de crédito privados dentro de los cinco días hábiles siguientes, para la actualización o eliminación inmediata del reporte negativo correspondiente.

8. Sanciones. El incumplimiento de los deberes de notificación oportuna, información previa o actualización del reporte crediticio establecidos en los apartados anteriores será sancionado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), conforme al régimen sancionatorio de esta ley, sin perjuicio de las potestades sancionatorias que correspondan a la Superintendencia General de Entidades Financieras respecto de las entidades supervisadas.

9. Prohibición de traslado de sanciones a la persona fiadora. La persona fiadora de una operación de crédito de consumo no podrá ser objeto de sanción administrativa alguna, de reporte o calificación crediticia negativa, ni de intereses moratorios, cláusulas penales o recargos sancionatorios derivados del incumplimiento del deudor principal. Las sanciones administrativas previstas en el régimen sancionatorio de esta ley y en la normativa conexa se aplicarán exclusivamente a la entidad acreedora, sin que en ningún caso puedan trasladarse ni imputarse a la persona fiadora. Lo anterior no exime a la persona fiadora del cumplimiento de la obligación garantizada, dentro de los límites y beneficios reconocidos en este artículo, cuando ella misma incurra en incumplimiento de dicha obligación.

Asimismo, refórmese, en lo conducente, el plazo de conservación de la información crediticia negativa a cargo de los burós de información crediticia autorizados conforme a la Ley n.° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, del 7 de julio de 2011, para que dicho plazo no exceda de cuatro años, en armonía con lo dispuesto en el apartado 8) del artículo 44 ter que se adiciona mediante este artículo.

TRANSITORIO- Las entidades acreedoras y los burós de información crediticia dispondrán de un plazo de seis meses, contado a partir de la publicación de esta ley, para adecuar sus procedimientos, contratos y sistemas de información a lo aquí dispuesto.

Rige a partir de su publicación.

Janice Patricia Sandí Morales Diputada

NOTA: Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales y ortotipográficos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. (Fecha de subido al SIL: 09-10-2026).