Un préstamo de 1980 para ampliar el puerto de Limón sigue vigente

Qué cambia

La Ley 6533 aprobó un contrato de préstamo entre el Poder Ejecutivo y el Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.) por 24.956.393,25 bolívares, para continuar la ampliación del puerto de Limón 1. La ley es del 23 de octubre de 1980.

El texto consolidado que publica SINALEVI no muestra artículos: la página dice "No hay artículos disponibles para mostrar" 2. Eso significa que el dossier no permite leer el clausulado del contrato ni sus condiciones de pago. Lo único que se puede afirmar con fuente es el objeto y el monto que anuncia el título oficial 1.

La Procuraduría General de la República describe la norma como "Contrato para continuar la ampliación al puerto de Limón" 2.

A quién le toca

El texto, tal como está en el dossier, no impone obligaciones ni da derechos a personas físicas. Se trata de un contrato de préstamo entre el Poder Ejecutivo y un fondo extranjero 1. El dossier no permite identificar a qué entidad pública le corresponde pagar ni con qué partida presupuestaria, porque el clausulado no está disponible 2.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra el estado "Vigente", versión 1 de 1, sin reformas ni correcciones posteriores 2. La observación de la Procuraduría General de la República es: "Contrato para continuar la ampliación al puerto de Limón".

El texto vigente que muestra SINALEVI no incluye artículos, así que no hay una versión distinta del texto aprobado que se pueda comparar 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La Constitución asigna a la Asamblea Legislativa la facultad de dictar leyes §Constitución, art. 121, y la Ley 6533 es una ley aprobada por ese órgano 1.

Hay una duda que el dossier no permite resolver. El artículo 105 de la Constitución excluye el referéndum para derogar leyes relativas a "aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa" §guía, p. 16. Si la Ley 6533 es un contrato de préstamo, quedaría fuera del alcance del referéndum. El dossier no aclara si esta ley califica como empréstito para ese efecto.

El artículo 182 de la Constitución ordena que los contratos para obras públicas se hagan mediante licitación §Constitución, art. 182. El dossier no incluye el clausulado del contrato, así que no se puede verificar si se respetó ese requisito.

Qué puede hacer usted

Esta ley ya rige. Las vías de participación para una ley vigente son distintas a las de un proyecto en trámite.

1. Acción de inconstitucionalidad. Si usted considera que la ley infringe un principio constitucional, puede presentarla ante la Sala Constitucional. La guía explica que procede "contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional" §guía, p. 24.

2. Recurso de amparo. Si un acto concreto de una institución pública, derivado de esta ley, viola un derecho suyo, puede interponer amparo. "Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo" §guía, p. 22.

3. Denuncia ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos y revisa contratos de instituciones públicas §guía, p. 68. Puede denunciar por escrito, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

4. Queja ante la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría protege los derechos de quienes habitan en Costa Rica ante el mal funcionamiento de instituciones públicas §guía, p. 71. Cualquier persona puede presentar una queja.

5. Iniciativa popular para reformar la ley. La Constitución permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley con el respaldo de al menos el 5% de los inscritos en el padrón electoral §guía, p. 16. La iniciativa popular no procede en materia de "aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa", así que esta vía podría no estar disponible para una ley de esta naturaleza. El dossier no lo confirma.

Lo que no sabemos

• No se conoce el clausulado del contrato: plazos, tasas de interés, forma de pago y garantías, porque SINALEVI no muestra artículos 2.
• No se sabe si el préstamo se pagó, se renegoció o sigue pendiente.
• No se sabe qué entidad pública asumió la deuda ni con qué partida se paga.
• No se sabe si el contrato se sometió a licitación, como pide el artículo 182 de la Constitución §Constitución, art. 182.
• No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.