Licencia de cuatro meses con sueldo para servidoras embarazadas del Poder Judicial

Qué cambia

La ley 6534 agregó dos párrafos al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero da a toda servidora en estado de gravidez una licencia de cuatro meses con goce de sueldo completo (art. 1). Ese período se reparte así: un mes antes del parto y tres después.

El segundo párrafo reparte el pago. El Poder Judicial paga a la servidora las dos terceras partes del sueldo (art. 1). El Seguro Social paga lo que le corresponda a esa institución por el tiempo que dure la incapacidad. El total no puede pasar del sueldo completo.

La ley rige desde su publicación (art. 2). El transitorio cubre a las servidoras que ya estaban en período de incapacidad cuando entró en vigencia, si seguían dentro de los plazos de la ley (art. Transitorio).

Hay un detalle que cambia todo. Al inicio del texto, SINALEVI incluye una nota entre paréntesis. La Corte Suprema de Justicia, en resoluciones de las 10:00 horas del 9 de marzo de 1982 y de las 14:00 horas del 28 de enero de 1982, declaró inaplicable esta ley (art. 1). La razón: la consideró contraria al artículo 190 de la Constitución Política.

A quién le toca

A las servidoras del Poder Judicial en estado de gravidez. La ley les da la licencia de cuatro meses con sueldo completo (art. 1).

Al Poder Judicial. Le toca pagar las dos terceras partes del sueldo durante la licencia (art. 1).

A la Caja Costarricense de Seguro Social. Le toca pagar lo que corresponda a esa institución por el tiempo de incapacidad (art. 1).

A las servidoras que ya estaban incapacitadas cuando la ley entró en vigencia. El transitorio las cubre si seguían dentro de los plazos (art. Transitorio).

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI marca la norma como vigente, en su versión 1 de 1, sin observaciones de la Procuraduría 2.

Pero el mismo texto consolidado trae la nota de la Corte Suprema. Dos resoluciones de 1982 declararon la ley inaplicable por considerarla contraria al artículo 190 de la Constitución (art. 1). Una la promovió la Caja Costarricense de Seguro Social, expediente N° 0170-81. La otra la promovieron Amaury Castro Argüello y Daniel Quirós Berrocal.

El dossier no incluye el texto del artículo 190 de la Constitución. Tampoco explica con qué argumento la Corte llegó a esa conclusión.

Frente a la Constitución

El artículo 73 de la Constitución ordena que los seguros sociales protejan a los trabajadores contra el riesgo de maternidad §Constitución, art. 73. La administración de esos seguros está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social. La ley 6534 reparte el pago de la licencia entre el Poder Judicial y el Seguro Social (art. 1). Eso calza con el reparto de cargas que describe el artículo 73.

El posible choque está en el artículo 190. La Corte Suprema declaró la ley inaplicable por considerarla contraria a ese artículo (art. 1). El dossier no trae el texto del artículo 190, así que El Censo no puede comparar las dos normas ni explicar el choque.

El artículo 11 dice que los funcionarios públicos no pueden arrogarse facultades no concedidas en la ley §Constitución, art. 11. Si la ley está declarada inaplicable, pagar la licencia con base en ella plantea una duda sobre ese límite.

Qué puede hacer usted

Si usted es servidora del Poder Judicial y el Poder Judicial le niega la licencia, puede presentar un recurso de amparo. Procede contra toda disposición, acuerdo o resolución de servidores y órganos públicos que viole o amenace violar un derecho fundamental §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No requiere otras formalidades ni autenticación.

Si lo que quiere es atacar la ley misma, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24. El artículo 75 pide que exista un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque la inconstitucionalidad. No hace falta ese caso pendiente cuando no hay lesión individual y directa, o cuando se defienden intereses difusos.

Si el problema es el manejo de fondos públicos en el pago de la licencia, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le maltrata un derecho o le da un mal servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja §guía, p. 71. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Lo que no sabemos

El dossier no trae el texto del artículo 190 de la Constitución, así que no se puede explicar el choque que vio la Corte Suprema.

El dossier no dice si la licencia de cuatro meses sigue pagándose hoy, ni qué norma la sustituyó.

El dossier no incluye las resoluciones completas de 1982, solo la nota que las menciona.

El dossier no permite saber si la ley fue derogada formalmente o solo declarada inaplicable.