La ley de presupuesto de 1981 todavía fija reglas del gasto público

Ley 6542

Ley de Presupuesto para 1981

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N° 6542

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Artículo1°.-Apruébase los siguientes ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal de 1981.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo2°.- - Apruébase los siguientes ingresos extraordinarios para el ejercicio fiscal de 1981.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo 3°.- Incorpórense a la presente ley los siguientes ingresos extraordinarios provenientes del crédito externo. El Poder Ejecutivo mediante decreto incorporará los recursos extraordinarios provenientes del crédito externo.

Artículo 4°.- Apruébase los siguientes egresos ordinarios y extraordinarios para el ejercicio fiscal de 1981.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo 5°.-Apruebase la siguiente relación de puestos para cargos fijos de la Administración Pública, para el año 1981.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo 6.-Apruébase la siguiente relación de puestos para los centros educativos del Ministerio de Educación Pública, para el 1981 por direcciones regionales de enseñanza.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo 7°.-Apruébase la siguiente relación de puestos de jornales de la Administración Pública para el año 1981.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo8°.-°.-Apruébase la siguiente relación de puestos de servicios especiales de la Administración Pública para el año 1981.

(Nota de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)

Artículo 9º.- Apruébase las siguientes normas de carácter general, para regular la ejecución de los presupuestos para 1981:

1ª.- No se incurrirá en compromiso alguno, con cargo a una partida de gastos variables, si previamente la Oficina de Control, de Presupuesto del Ministerio de Hacienda no ha reservado, en la cuenta de crédito del presupuesto respectivo, la suma suficiente para atender ese pago.

Las solicitudes de crédito especial y las solicitudes de mercancías o servicios serán firmadas, en el momento de su emisión, por el respectivo oficial presupuestal y, según corresponda, por:

a) Los Ministros de Gobierno.

b) El Presidente de la Asamblea Legislativa.

c) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

ch) El Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

d) El Contralor General de la República.

Los jefes superiores, antes mencionados, sólo podrán delegar su autorización, en los funcionarios directamente responsables de la unidad administrativa a la cual se le asignen los recursos, en los programas presupuestarios de la ley de Presupuesto Nacional.

No se tramitará ninguna solicitud de reserva de crédito especial o solicitud de mercancías o servicios si no llena esos requisitos. Para la validez de los compromisos, se requiere la aprobación previa de la Contraloría General de la República.

2ª.- Para los efectos de esta ley, los créditos presupuestos destinados a gastos fijos se estimarán comprometidos, por la sola razón de producirse los hechos que generen la obligación en ellos prevista. En consecuencia, tratándose de sueldos, el hecho mismo de devengarlos, legalmente, constituye el compromiso.

3ª.- El Presupuesto Nacional constituye un todo indivisible, por lo cual, durante su vigencia, el Poder Ejecutivo -mediante decreto que deberá ser sometido previamente a estudio y aprobación de la Contraloría General de la República- podrá incorporarle los ingresos y gastos contenidos en leyes que se dicten y que no hubieran sido contemplados en el proyecto de ley de presupuesto para cada año.

4ª.- Los acuerdos de pago, para girar partidas de gastos variables de los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República, serán emitidos por dichos organismos, previa aprobación, por parte de las oficinas competentes, de la correspondiente solicitud de mercancías o servicios o de las solicitudes de reserva de crédito especial.

5ª.- Los gastos presupuestos, con cargo a fuentes de financiación provenientes del crédito público, podrán ampliarse o disminuirse, siempre que no excedan el total del gasto autorizado en el título respectivo, salvo que se trate de recursos aprobados por ley, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, previas certificaciones de la Contabilidad Nacional y de la Contraloría General de la República, sobre el saldo de tales fuentes, efectivamente disponible.

6ª.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para recodificar, mediante decreto, previa aprobación de la Contraloría General de la República, los presupuestos ordinario y extraordinarios incorporados al Presupuesto Nacional, conforme a la codificación general vigente.

7ª.- El Ministerio de Hacienda podrá autorizar la ejecución de hasta tres dozavos de los gastos aprobados en la Ley de Presupuesto nacional. Las solicitudes de reservas de crédito especial y las solicitudes de mercancías o servicios, que impliquen ampliación de la cuota máxima de tres dozavos, requerirán, además de las firmas señaladas en la norma primera, las firmas del Ministro de Hacienda y del Tesorero Nacional.

8º.- La Contraloría General de la República deberá ejercer un estricto control sobre la utilización de fondos, que se autorizan en el presupuesto, por medio de subvenciones a diferentes entidades y organismos estatales y particulares y sobre aquellas entidades que reciban o administran dinero, exenciones, bienes públicos, en forma temporal o permanente.

La Contraloría General de la República, una vez que determine las entidades que deben someterle un presupuesto para disponer de las sumas a las cuales se refiere esta norma, lo comunicará a la Tesorería Nacional, con el fin de que no se entreguen las subvenciones a aquéllas que no hubieran cumplido con dicho requisito o con el suministro de cualquier información referente a la aplicación de fondos públicos. A más tardar el 31 de enero de cada año, toda entidad, estatal o privada, favorecida con subvenciones, debe remitir a la misma Contraloría con copia para la Oficina de Presupuesto Nacional, la liquidación de los presupuestos correspondientes al año anterior.

9º.- Las órdenes de modificación de contratos de construcción deberán ser aprobadas, previamente, por la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esta Oficina certificará que los desembolsos financieros, que pueda ocasionar la orden, tienen contenido económico en el año fiscal en ejecución.

Con este propósito, los ministerios deberán presentar, a la citada Oficina, un calendario de desembolso de la partida 5, "Construcciones, adiciones y mejoras", sobre la base de las obras que se efectuarán en el año, mostrando, separadamente, los desembolsos que se generen en el contrato original de los que se derivan de cada orden de modificación solicitada.

10.- El Poder Ejecutivo podrá emitir bonos, en moneda nacional o extranjera, de las emisiones que previamente hayan sido autorizadas por la Asamblea Legislativa y de las que se autorizan en la presente ley, y realizar su colocación, tanto en el país como en el exterior.

11.- Las instituciones públicas y privadas recibirán, por su valor nominal, los bonos que el Gobierno les gire, por concepto de partidas específicas.

12.- Todas las partidas del presupuesto de egresos, que no estuvieran agotadas al terminar el año fiscal, se tendrán por canceladas, automáticamente, al final del ejercicio fiscal, para el cual fueron votadas, en su totalidad o en la parte que no hubieran sido giradas o comprometidas.

Sin embargo, todos los compromisos, efectivamente adquiridos, que quedasen pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

No podrán reconocerse, para los efectos de esta norma, compromisos que no hayan sido adquiridos, mediante orden de compra expedida por la

Proveeduría Nacional o por medio de una reserva de crédito especial.

Cuando se trate de licitaciones privadas se podrán emitir órdenes de compra provisionales, en el caso de que al 31 de diciembre de cada año, las licitaciones hubieran sido publicadas en "La Gaceta" o distribuidas las boletas de cotización.

13.- En la liquidación de los presupuestos extraordinarios, al 31 de diciembre de cada año, cuyos ingresos se originan en líneas de créditos con organismos del exterior serán tomados como recursos los gastos efectivos que aún no hayan sido reembolsados por esos organismos, antes de esa fecha.

Entre los reembolsos por recibir se incluirán los gastos reconocidos para obras, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realiza bajo su administración y cuyo reembolso solamente puede solicitarse a los organismos del exterior, una vez efectuadas las obras.

14.- Autorízase la creación de un fondo rotatorio de ¢ 100.000,00 (cien mil colones) en la Proveeduría Nacional, con el objeto de operar los programas 607 y 608 del Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre bienes excedentes, cuyo convenio fue firmado entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos, el 9 de mayo de 1972. Los usuarios finales de los bienes adquiridos por el mencionado convenio pagarán, a la Proveeduría Nacional, la parte proporcional de los costos de transporte seguro, viáticos que ocasione su internamiento o destino final, así como los gastos de acondicionamiento, cuando éstos sean necesarios.

El Ministerio de hacienda girará, a la Proveeduría Nacional, de los fondos de Tesorería, los cien mil colones para ese fondo.

Una vez finalizado el convenio, si no es prorrogado, los fondos serán devueltos en su totalidad a la Tesorería Nacional. La Contraloría General de la República supervisará las operaciones implícitas en el programa.

15.- Para la operación de la Dirección General de Adaptación Social, se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya, por medio de la Tesorería Nacional, un fondo rotatorio hasta por la suma de un millón de colones, para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de materiales, mercaderías y servicios de la Dirección, indispensables para su funcionamiento. este fondo se manejará en una cuenta corriente, en un banco del Estado, contra la cual se podrán girar cheques únicamente con las firmas del Ministro de Justicia o su designado y del Contador General de ese Ministerio, conjuntamente.

Corresponde a la Auditoría General del Ministerio de Justicia el control del fondo, al cual se refiere esta norma sin perjuicio de la vigilancia externa que compete a la Contraloría General de la República.

Esta última dependencia dictará las regulaciones que estime pertinentes, para la operación de este fondo. En ningún caso podrá utilizarse esta partida para el pago de "servicios personales".

16.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para constituir, en la Proveeduría Nacional, un fondo rotativo hasta por la suma de diez millones de colones, de los cuales dos millones servirán para la operación del Almacén Nacional Escolar, por medio del cual se pagarán las compras de materiales y servicios generales, que constituyen el objeto normal de su funcionamiento, y se reintegrará el producto de la venta de útiles y materiales escolares que efectúen. El saldo, ocho millones de colones, servirá para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de mobiliario y equipo de oficina, de mercaderías y servicios contractuales de la Administración Pública. La Proveeduría Nacional sólo podrá proporcionar bienes y servicios adquiridos con los recursos de este fondo rotativo, cuando se le entreguen solicitudes de mercancías, debidamente aprobadas por las oficinas indicadas en la norma primera.

Estos fondos se manejarán en una cuenta corriente especial, en un banco del Estado, contra la cual se podrá girar únicamente con las firmas del Proveedor Nacional y del Ministro de hacienda conjuntamente. La Contraloría General de la República efectuará la auditoría del movimiento de estos fondos, en forma periódica y en intervalos no mayores de seis meses.

En ningún caso podrá utilizarse esta partida para el pago de "servicios personales".

17.- Los recursos provenientes del GOCR-AID, fondo de dos etapas, que se asignen para el financiamiento de un "plan periódico de encuestas de hogares", se depositarán en una cuenta corriente, en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la orden de la Comisión que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de este programa.

18.- Los datos adicionales a las partidas presupuestarias, que se aprueban en esta ley, tienen como propósito informar sobre objetivos y metas, que se pretenden alcanzar con el uso de los recursos del Gobierno y no constituyen cuerpo de la presente ley.

19.- De las partidas de pasajes al exterior y gastos de viaje, únicamente se cubrirán gastos realizados por personas que tengan un cargo continuo y efectivo dentro del Gobierno, salvo los casos de los asesores técnicos de organismos internacionales y de las misiones oficiales.

20.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Administración Financiera de la República, número 1279 del 2 de mayo de 1951, todos los ingresos o recursos públicos, detallados en la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza y fuente de donde procedan, constituyen el fondo con el cual se cubrirán los gastos de la Administración Pública. De acuerdo con ese mismo artículo, automáticamente se transforman en subvenciones todos los productos de rentas con destino especial, según detalle contenido en la presente Ley de Presupuesto Nacional.

21.- Todas las sumas aprobadas para gastos de representación, así como la de alimentación de la Casa Presidencial, se girarán como gastos fijos y no se requerirá la presentación de comprobantes. Igual procedimiento se seguirá para la tramitación de los gastos de las oficinas consulares, gastos de oficinas de cancillerías y los gastos de la Oficina Económica en Washington.

22.- No podrán decretarse ni hacerse efectivos aumentos o modificaciones a los salarios asignados en los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, si no es mediante los procedimientos que establece el sistema de clasificación y valoración de puestos del mismo Régimen, con la previa aprobación de la Dirección General de Servicio Civil.

Igual procedimiento deberá observarse, previo al reconocimiento de incentivos por concepto de prohibición, dedicación exclusiva y cualesquiera otros estímulos salariales, que se acuerden en favor de los servidores públicos, cuyos puestos están asignados a la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, a excepción de los que establece la norma general número sesenta y cinco. La aprobación de la Dirección General de Servicio Civil faculta a los ministerios para que, por medio de decreto ejecutivo, realice las correspondientes transferencias de partidas que darán el respectivo contenido económico.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para utilizar el superávit de tesorería, correspondiente a ejercicios anteriores, para dar contenido a

las resoluciones dictadas por la dirección General de Servicio Civil, bajo las previsiones del artículo 11 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, así como las dictadas por entes legalmente facultados. Se exceptúan los servidores que no se encuentren pagados por la partida de servicios personales.

De producirse un faltante, en la aplicación del superávit, podrán efectuare traslados de partidas para cubrirlo, sin recurrir a la partida de servicios personales o a partidas que entorpezcan la realización de programas.

La presente norma general regirá, hasta tanto no se promulgue la nueva Ley General de Salarios de la Administración Pública. Para los ingenieros y para los arquitectos del Ministerio de Obras Pública y Transportes se mantienen las obligaciones y los beneficios contenidos en la norma ochenta y nueve del presupuesto de 1980.

23.- La circunstancia de que la relación de puestos del Programa "Servicio Nacional de Aduanas" no se haya divido, por departamentos y unidades, y de que un conjunto de puestos de una misma clase se haya agrupado en un sólo inciso, no autoriza para que los servidores, que ocupan tales puestos, puedan ser trasladados, con perjuicio para ellos, a un lugar o dependencia distinta, sin su consentimiento.

24.- El Poder Ejecutivo no podrá aumentar, mediante decreto, el número de puestos contemplados en las relaciones de puestos de sueldos para cargos fijos y de jornales. Igual limitación regirá con relación al número de horas lectivas y a los puestos de la relación de los puestos de los centros educativos del Ministerio de Educación Pública.

25.- El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte y mediante decretos ejecutivos del Ministerio de Hacienda, hará las modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relacione con los cambios y plazas nuevas que sean indispensables para la aplicación del Código de Procedimientos Penales, así como para atender los gastos de las oficinas que sea preciso crear con el mismo objeto. Los recursos presupuestarios se tomarán de la subpartida de sueldos para cargos fijos, parte final, reservada con ese propósito y de las subpartidas modificadas por los decretos que lleguen a dictarse.

26.- Los centros educativos, que aparecen incluidos en la Ley de Presupuesto Nacional, en la relación de puestos y enunciados en la norma número cuarenta y uno del Presupuesto de 1974, mantendrán su "status quo", en lo referente a su gobierno y nombramiento de personal administrativo-docente, administrativo, lo mismo que el personal docente de religión.

En cuanto al nombramiento del nuevo personal docente, será escogido por las respectivas direcciones de esos colegios, de listas de cinco nombres que propondrá el Ministerio de Educación Pública, para cada puesto.

El Ministerio de Educación Pública solicitará las respectivas nóminas al Departamento Docente del Servicio Civil, el cual las integrará mediante el concurso público respectivo.

27.- Las sumas que el Ministerio de Educación Pública paga al personal docente, por concepto de "horarios alternos", establecidos por el artículo 118 del Código de Educación, así como el incremento de los montos establecidos en concepto de "recargo de funciones", " zonaje " u otros "sobresueldos", sólo podrán aumentarse por medio de decreto ejecutivo, emitido conjuntamente por los Ministerios de Educación Pública y de Hacienda, previo dictamen favorable de la Oficina de Presupuesto Nacional.

Se incluyen los conserjes y personal administrativo de las instituciones educativas, en lo establecido en el artículo 118 del Código de Educación.

28.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Viceministro de Educación y mediante decreto de los Ministerios de Hacienda y Educación Pública, podrán modificar las relaciones de puestos en los programas 505, 506, 507 y 508 con el objeto siguiente:

a) Efectuar traslados o cambios de plazas y de horas lectivas entre los centros educativos del país y entre los programas 505, 506, 507 y 508, siempre y cuando las necesidades se deriven de la matrícula efectiva en los diferentes centros educativos.

b) Crear los centros educativos que estime conveniente, según las necesidades de las distintas comunidades del país, pero solamente mediante traslado de puestos:

c) Efectuar traslados o cambios de plazas de conserjes entre los centros educativos.

Los decretos que se deriven de la presente norma, sólo podrán creas un número de cargos o de horas lectivas iguales a los que se rebajan.

El traslado o cambio de puestos se efectuará, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los servidores nombrados, con el fin de evitar sobregiros en las subpartidas de gastos. Como consecuencia de la aplicación de esta norma, en los decretos se incluirán los cambios correspondientes a los sueldos básicos, más las remuneraciones complementarias.

Para la correcta aplicación de esta norma, a partir del mes de marzo, el Ministerio de Educación Pública deberá realizar, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los servidores, los reajustes de personal ocasionados por la disminución de matrícula en los diversos ciclos, para lo cual ejecutará, en las instituciones educativas del país, un control presupuestario permanente sobre la relación de puestos incluida en esta ley.

Igualmente, podrán efectuarse traslados a las partidas de gastos variables de los diferentes programas presupuestarios del Ministerio de Educación Pública, de aquellos montos de las plazas docentes que no estén ocupadas con propietarios ni interinos, como producto de la racionalización y redistribución interna del presupuesto de educación.

29.- Cuando, indebidamente, se emitiera uno o varios giros a favor del titular de una plaza docente, administrativo-docente o administrativo, que hubiere sido sustituido interinamente por otro servidor, dicha circunstancia no será impedimento para que se emitan los giros correspondientes a este último. El Ministerio de Educación Pública, en coordinación con la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda, tomará las providencias necesarias para lograr el reintegro de las sumas giradas indebidamente.

30.- Sólo podrán girarse de las partidas de jornales autorizadas en los presupuestos, los salarios de peones, artesanos, obreros, capataces y maestros de obra. De la subpartida de personal docente no podrá pagarse a los funcionarios de carácter administrativo.

31.- A los sueldos máximos y a las retribuciones, a que se refiere el Decreto Ejecutivo número 4949-P, del 23 de junio de 1975, y la ley número 5867 del 15 de diciembre de 1975, tendrá derecho el personal profesional del Servicio Aduanero Nacional, dependencia de la Administración Tributaria. Pero sólo podrán reconocerse a los funcionarios que reúnen los requisitos académicos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil. Los servidores, que actualmente ocupen cargos para los cuales se requiera profesionalización, y que no reúnan los requisitos propios del cargo, conservarán el derecho de propiedad en sus puestos, pero no el de percibir aumentos salariales, originados en el hecho de llevar, a nivel

profesional, los requisitos de las respectivas clases de puestos. De producirse alguna vacante, en cualquiera de estos cargos, para los nuevos funcionarios será obligatorio el cumplimiento de tales exigencias.

32.- No obstante lo dispuesto en esta ley en cuanto al pago de salarios del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, la Junta Administrativa de ese plantel seguirá con las atribuciones que siempre le han correspondido, inclusive el libre nombramiento y remoción del personal docente-administrativo.

33.- Se autoriza al Ministerio de Gobernación para trasladar el Cuerpo de Guardalíneas Telegráficas a la Guardia de Asistencia Rural, nombrando a sus miembros como auxiliares de ésta, en las jurisdicciones en que presta sus servicios, sin abandono de las funciones que han venido desempeñando, a las cuales darán prioridad.

34.- Cualquier suspensión movimiento o destitución de empleados de la Administración Pública, deberá ser reportado de inmediato a la Tesorería Nacional, con copia a la Pagaduría Nacional y a la Jefatura de personal correspondiente. La Pagaduría Nacional retendrá los giros respectivos hasta tanto la oficina de personal o ministerio y la Tesorería efectúen la liquidación del caso. El funcionario o empleado que realice la destitución, suspensión o movimiento, está en la obligación ineludible de comunicar tal hecho, a más tardar veinticuatro horas después de haberse acordado.

Igual principio prevalecerá para funcionarios y empleados del Departamento de Defunciones del Registro Civil, en cuanto a deceso y cambio de estado civil de los pensionados del Estado y sus instituciones.

Si la comunicación no se efectúa, los giros o sumas que por tal motivo pague en exceso el Estado, deberán ser asumidos y pagados por el empleado o funcionario responsable de la omisión, cualquiera que sea su nivel jerárquico. Cualquier dependencia, oficina o empleado, que tenga conocimiento del incumplimiento de las anteriores disposiciones, deberá comunicarlo de inmediato a la Contraloría General de la República, a fin de fijar las responsabilidades del caso.

35.- En los programas en que se contempla el renglón de dietas, excepto el de la Asamblea Legislativa, los miembros integrantes de las juntas directivas no podrán devengar más de cuatro dietas ordinarias y dos extraordinarias por mes.

Para estos efectos, el Tribunal de Servicio Civil se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. La limitación que establece la presente norma no le será aplicada al Consejo Nacional de Salarios, durante la época del año en que deba abocarse a una fijación de remuneraciones.

36.- Los sueldos del personal pagado por medio de las subpartidas "servicios especiales" de los ministerios, en ningún caso podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de Servicio Civil, en desempeño de funciones similares, y tal personal deberá llenar los requisitos exigidos por éste. Los nombramientos de personal pagados por "servicios especiales" deberán limitarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio: en los casos en que no se adicionen esos detalles deberá emitirse por decreto ejecutivo. Igualmente se procederá con los nombramientos que se hagan, con cargo a las subpartidas de "jornales" de los ministerios. Estos detalles de "servicios especiales y jornales" podrán ser modificados, por medio de decreto ejecutivo del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Servicio Civil será responsable del cumplimiento de esta norma y de la clasificación de los cargos que figuren en la relación de puestos de servicios especiales.

Se exceptúan de lo anterior, los contratos de trabajo del personal del programa 509 -Desarrollo de la Educación Técnica (Convenio MEP-BID) del Ministerio de Educación Pública- hasta el vencimiento de los mismos.

Los nuevos contratos, así como prórrogas de los existentes, deberán sujetarse a lo dispuesto en el párrafo primero de esta norma.

37.- El personal nombrado para la vigilancia y mantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente, las funciones propias de su cargo.

La Contraloría General de la República fiscalizará el exacto cumplimiento de esta norma.

38.- Las personas que hayan sustituido o que sustituyan, en forma interina, a los embajadores, ministros, consejeros o encargados de negocios tendrán derecho a que se les gire la suma que, en cada caso, está destinada a gastos de representación, la cual podrá ser reducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, previa aprobación de la Contraloría General de la República, siempre que el funcionario se encuentre en el país respectivo y los gastos se ocasionen en él.

39.- La Oficina Técnica Mecanizada, en colaboración con la Dirección General de Servicio Civil presentará, a más tardar el primero de abril de cada año, a la Oficina de Presupuesto Nacional, con copias para los ministerios, los otros dos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones, las relaciones de puestos del Gobierno Central Estas comprenderán la clasificación y la valoración a esa fecha, así como las proyecciones para el año inmediato siguiente, que solicite la Oficina de Presupuesto Nacional, siempre que lo permitan los programas de computación en uso.

La Oficina de Presupuesto Nacional entregará a la Oficina Técnica Mecanizada, el "listín de puestos" para el año inmediato siguiente, a más tardar el 18 de diciembre de cada año.

La Oficina de Presupuesto Nacional incorporará, en el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente, aquellos cambios en la clasificación, y valoración de los puestos que le hayan sido comunicados oficialmente, por la Dirección General de Servicio Civil, antes del primero de julio del año en curso, en el caso de los empleados cubiertos por dicho Régimen.

40.- Las sumas aparecen detalladas en la "relación de puestos" se entenderán como sueldos máximos y, por consiguiente, podrán acordarse una retribución menor, si así se considerare necesario, lo cual no dará derecho a reclamo alguno contra el Estado.

Para los servidores protegidos por el Estatuto de Servicio Civil, se entenderá como sueldo base, para cada puesto, el que señale la Dirección General de Servicio Civil, después de hacer el estudio de clasificación y valoración de cargos, conforme lo ordenan el citado Estatuto y la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La Dirección General de Servicio Civil no aprobará nombramientos en plazas vacantes que no sen encuentren debidamente clasificadas y asignadas a la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La Oficina Técnica Mecanizada no emitirá los giros, por pagos de salarios, si no se hubieran cumplido las anteriores formalidades.

41.- El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo, podrá:

a) Efectuar transferencias entre partidas, para el servicio de la deuda pública, creando las subpartidas que fueren necesarias.

b) Modificar la relación de puestos del programa 081-Servicio Exterior con el propósito de adecuarla a las necesidades de las diferentes situaciones políticas y económicas que así lo demanden sin aumentar el número de puestos, y siempre y cuando su costo no exceda la cuota mensual, autorizada con ese fin en la Ley de Presupuesto Nacional.

En igual forma, podrá modificar sin sobrepasar las dotaciones totales e individuales, los detalles referentes a las subpartidas de "gastos de representación" y "gastos de oficinas consulares", "gastos de oficinas económicas" y "gastos de oficinas de cancillerías" del programa citado.

La rebaja del 10% en el programa de gastos de representación del servicio exterior, se entenderá aplicable, en el mismo monto, a cada uno de los funcionarios incluidos en dicho programa.

c) Trasladar sobrantes de sueldos, para cargos fijos, al servicio de la deuda pública, y a las partidas para el pago de pensiones a cargo del Gobierno Central, con el propósito de cubrir faltantes.

ch) Efectuar traslados entre partidas de gastos no comprometidos del presupuesto del Ministerio de obras Públicas y Transportes, excepto servicios personales, con el propósito de complementar la financiación de las obras que conforme a los planes generales realiza ese Ministerio.

42.- En el segundo semestre del año, podrán ordenarse traspasos entre los gastos autorizados en la Ley de Presupuesto Nacional, por decreto ejecutivo, previa certificación de la Contraloría General de la República sobre los saldos disponibles, excepto los relativos a servicios personales y a programas de transferencias.

En los presupuestos financiados con recursos provenientes del crédito externo se permitirán, previa la citada certificación de la Contraloría General de la República, los traspasos de servicios personales a gastos variables o viceversa, mediante decreto ejecutivo, siempre que no se excedan los totales de gastos autorizados para cada título, salvo que se trate de recursos aprobados por ley o en el caso de variaciones que tengan origen en la atención del servicio de la deuda pública interna.

Podrán ordenarse traspasos creando un nuevo tipo de gastos, cuando para su mejor ejecución resultare indispensable, sin adicionar los listados de obra, sin que con ello se modifique el monto total de recursos asignados. Sin embargo, no se podrán aumentar, por medio de decreto ejecutivo, las sumas que la Ley de Presupuesto Nacional autoriza para gastos confidenciales, gastos de representación y amortización de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, consultorías, transportes o gastos al exterior, ni equipo de transporte, tampoco podrán efectuarse traspasos de gastos autorizados con diferentes fuentes de financiación.

Las solicitudes de traspaso, entre partidas de un mismo programa, deberán ser presentadas por escrito y debidamente justificadas por los

jefes de los programas presupuestarios, autorizados por el superior jerárquico respectivo. Además, el oficial presupuestal correspondiente certificará el saldo disponible de las subpartidas que se rebajen.

Los citados traspasos o transferencias podrán efectuarse, en cualquier momento, para atender situaciones de evidente emergencia o calamidad pública nacional, previa declaración emitida por el Poder Ejecutivo.

No se podrán rebajar las siguientes subpartidas: alquileres telecomunicaciones, energía eléctrica, gasolina, diesel , medicinas, productos alimenticios de los ministerios de Seguridad Pública, de Gobernación y Policía, y Adaptación Social del Ministerio de Justicia; ni las destinadas al pago de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, en programas de gastos directos de los ministerios.

43.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que destine equipo, materiales y servicios a la ejecución de obras o actividades de bien público, que pueda realizar conjuntamente con municipalidades, asociaciones de desarrollo de la comunidad, juntas de protección social, educación y administrativas de colegios.

También podrá entregar esos materiales y servicios a las citadas instituciones, como colaboración para ejecutar las obras y podrá contratar directamente con ellas la construcción, mantenimiento y mejoras de edificios públicos, carreteras, caminos, puentes y toda clase de obras públicas, así como mobiliario para cualquiera de las entidades oficiales citadas; cubriendo los gastos, que tales contratos causen con cargo a las partidas destinadas a obras por administración.

44.- Exonéranse del pago de impuestos, la compra de dos vehículos, que serán rifados, uno a beneficio de la Asociación Deportiva "Club Sport" Juan Gobán y el otro a beneficio del Colegio Nocturno de Pococí.

45.- Exonérase del pago de toda clase de impuestos la adquisición, por parte de los cuerpos de bomberos, de todo el equipo que no se produzca en el país, necesario para cumplir su labor.

46.- Los impuestos y tasas que gravan la inscripción de los documentos públicos y privados, en la Contaduría General de Tránsito, en que conste la venta cambio, donación o traspaso de un vehículo, serán pagados mediante entero en la Administración Principal de Renta, de acuerdo con el valor real de cada vehículo, excepto el impuesto del timbre fiscal, cuando se hayan satisfecha en el respectivo juicio sucesorio para la adjudicación del vehículo y así conste en la respectiva escritura pública bajo la fe del notario.

47.- Parte de los recursos por concepto de derecho de exportación de banano, creados por ley Nº 5515 del 19 de abril de 1974, se destinará a constituir un "Fondo de fomento bananero" que será administrado por la Asociación Bananera Nacional S. A. para la operación del plan de fomento bananero, el cual busca proveer las condiciones adecuadas para lograr que la actividad bananera alcance y mantenga altos niveles de productividad y con ello procurar un incremento en la producción exportable de banano.

48.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para pagar el aguinaldo (decimotercer mes) del año 1981, con cargo a las correspondientes partidas de gastos del Presupuesto Nacional de 1982.

49.(*)- Adiciónase el artículo 1º de la ley Nº 313 del 23 de agosto de 1939 y sus reformas, con un párrafo final que dirá:

"Tendrán derecho a una pensión igual a la de las viudas de los ex Presidentes o ex Vicepresidentes de la República, aquellas personas que hubieran tenido la condición de Primera Dama".

Adiciónase el artículo 13 y agrégase un inciso ch) al artículo 1º de la ley número 148 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, que dirán así:

"Artículo 13.- Los exmiembros de los Supremos Poderes o sus cónyuges sobrevivientes, protegidos por este régimen, tendrán derecho a una pensión

no menor de ¢ 6.000,00 (seis mil colones). Aquellos exmiembros de los Supremos Poderes, incluidos vicepresidentes y sus cónyuges sobrevivientes en su caso, mayores de sesenta años, no protegidos por este régimen de pensiones, que hubieren cumplido o no totalmente del período para el que fueron electos, o de menos de sesenta años en caso de necesidad, tendrán derecho también a una pensión no inferior a dicho monto. Las pensiones, a que se refiere este párrafo, no estarán sujetas a ninguna clase de deducciones, excepto las contempladas templadas en el artículo 10 de esta ley y en la ley Nº 3808 del 22 de noviembre de 1966, así como las referentes a las cuotas para la Caja Costarricense de Seguro Social y la proporción correspondiente, en caso de pensión alimenticia.

Se autoriza al Ministerio de Hacienda, a variar las partidas de presupuesto, para cubrir las obligaciones que de esta norma se deriven. El Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá hacer, de oficio en las planillas, los reajustes necesarios para adecuarlas a los dispuesto en la presente norma. Inciso ch) Este beneficio se reajustará en el tanto equivalente al incremento alcanzando o que llegue a alcanzar la remuneración del cargo respectivo".

Refórmanse el artículo 11 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones de Guerra, Nº 1922 del 5 de agosto de 1955 y sus reformas. Su texto dirá:

"Los derechos de pensión de viudas, huérfanos, inválidos, madres y demás damnificados de guerra de los años 1948 y 1955, que esta ley otorga, deberán mejorarse de oficio, motivados por el alto costo de la vida, de manera que no sean inferiores a ¢ 1.000,00 (mil colones) por mes, reconociéndoseles el derecho a decimotercer mes. Se autoriza al Ministerio

de Hacienda para hacer modificaciones en el presupuesto, de manera que cubra las obligaciones derivadas de esta norma".

(*) ANULADO por resolución de la Sala Constitucional Nº 2136-91 de las 14:00 hrs . del 23 de octubre de 1991.

50.- La suma que se destina a la administración de las pensiones del Magisterio Nacional se hará con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, afectando en la proporción de uno por mil los giros de los servidores públicos de la docencia nacional, activos y pensionados.

51.- El Consejo Técnico, órgano rector del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, además de la constitución funciones y atribuciones que le señala el decreto número 6002-E del 6 de mayo de 1976 (reformado por el número 6258-E del 29 de julio del mismo año) ejercerá y ostentará las funciones y atribuciones, que el Código de Educación (Título III, artículos 406 al 409) otorga a las juntas administrativas de instituciones educativas de enseñanza media.

52.- Se autoriza a la Junta Administrativa del Muelle de Quepos para que administre, directamente, los ingresos provenientes de la explotación de dicho muelle; todo sujeto a las disposiciones de la Ley de la Administración Financiera, destinando los recursos a la administración, operación, mantenimiento y mejoras de sus instalaciones.

La presente norma será aplicable, hasta tanto no entre en vigencia el decreto respectivo, por lo cual el Instituto de Puertos del Pacífico asume el muelle de Quepos .

53.- Destínanse la finca inscrita en el Registro Público, partido de Cartago, tomo 1170, folio 161 Nº 41.092, asiento 17, a la construcción de instalaciones culturales, docentes y deportivas.

La Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga adquirirá esa finca, por el precio que fije el Departamento de Avalúos de la Tributación Directa.

54.- Cuando en un mismo edificio escolar laboren dos o más instituciones educativas, cada una de ellas tendrá derecho al uso, en sus correspondientes turnos de la totalidad de las instalaciones físicas, comprendiendo talleres, bibliotecas, laboratorios, etc.

El director y los profesores serán los responsables de su cuido en la correspondiente jornada de trabajo.

55.- Autorízase a las municipalidades del país, a pagar salarios máximos a los ejecutivos municipales, según la siguiente tabla:

La Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijarán los salarios de los ejecutivos municipales, basados en el monto de los presupuestos municipales, a que se refiere esta norma.

56.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para hacer variaciones en las relaciones de puestos para cargos fijos y servicio especiales del programa 048-Dirección Nacional de Comunicaciones, para ajustarlas al estudio de clasificación, reestructuración de clases, que realiza la Dirección General de Servicio Civil.

Los efectos de estas variaciones no afectarán los derechos adquiridos de estos servidores, estipulados en la ley Nº 4513 y en el crédito de la Procuraduría General de la República, según oficio Nº C-261-79.

57.- Autorízase a las municipalidades, cuyo presupuesto anual sea hasta de ¢ 2.000.000,00 (dos millones de colones), para pagar únicamente seis sesiones por mes a sus regidores, Aquéllas con presupuestos de ¢ 2.000.001 (dos millones un colón) hasta ¢ 3.000.000 (tres millones de colones) podrán pagar hasta ocho sesiones; las que tengan un presupuesto de ¢ 3.000.001 (tres millones un colón) hasta ¢ 10.000.000 (diez millones de colones) podrán pagar hasta diez sesiones y las que tengan un presupuesto mayor a la última cifra indicada, podrán pagar hasta quince sesiones.

58.- Toda construcción, ampliación o mejora que se realice en edificios destinados a centros educativos, oficiales; sean aulas, comedores, gimnasios, talleres, etc., con fondos provenientes de este presupuesto, de empréstitos internacionales y otros fondos públicos se considerará propiedad del Estado y deberá inscribirse a nombre del Ministerio de Educación Pública. El mismo criterio será aplicable a la compra de fincas destinadas a la educación.

El Ministerio de Educación Pública tendrá potestad para autorizar el uso de todas las instalaciones educativas oficiales, tomando en consideración los intereses generales de la educación y la cultura y los intereses particulares de la comunidad.

59.- Las dependencias del Gobierno centra , deben presentar a la Oficina de Presupuesto Nacionale , dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, un informe detallado sobre el avance físico, realizaciones o metas alcanzadas en la ejecución de cada programa y proyecto.

Los ministerios, en colaboración con la Oficina de Presupuesto Nacional y de acuerdo con los recursos asignados para cada año, definirán y cuantificarán los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

60.- Autorízase a los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Agricultura y Ganadería para atender las obligaciones derivadas de los contratos ya suscritos, y hasta el vencimiento de los mismo, por concepto de servicios de vehículos de propiedad de sus funcionarios, utilizando para el pago las sumas incluidas en el renglón presupuestario correspondiente, conforme al reglamento elaborado por la Contraloría General de la República.

61.- Las municipalidades, las instituciones autónomas y las semiautónomas, deben presentar sus presupuestos a la Contraloría General de la República, con una copia para la Oficina de Presupuesto Nacional, según las recomendaciones de la primera en lo que respecta a definiciones presupuestarias (ingresos y egresos) y a la presentación formal del

presupuesto. Las anteriores instituciones deben presupuestar todos los ingresos y egresos (incluidos los gastos de capital) cualquiera que sea su propósito.

62.- Se amplía la vigencia del transitorio I de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, Nº 6050 del 14 de marzo de 1977, para efecto de que cubra los períodos comprendidos entre el 1º de agosto de 1978 y el 31 de julio de 1979 y entre el 1º de agosto de 1980 y el 31 de julio de 1981.

63.- Déjase en suspenso la aplicación de los estudios de clasificación y valoración de puestos, realizados por la Dirección General de Servicio Civil de acuerdo con la norma 37 del Presupuesto Ordinario de 1978, y mantiénese excluidos estos puestos, así como los creados en los Presupuestos de 1979 y 1980, del Régimen de Servicio civil, hasta tanto no sea aprobada la nueva Ley Orgánica de la Dirección General de Adaptación Social, actualmente en estudio -con dictamen de mayoría de la Comisión de Gobierno y Administración-. Una vez aproba