# Ley 6542: La ley de presupuesto de 1981 todavía fija reglas del gasto público

- Página: https://elcenso.com/leyes/6542
- Tipo: Ley de la República de Costa Rica
- Título oficial: LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL, FISCAL Y POR PROGRAMAS PARA EL AÑO 1981
- Estado: Vigente (SINALEVI: Vigente)
- Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1

## En resumen

La Ley 6542 sigue vigente y sus normas generales todavía ordenan cómo se ejecuta el gasto, quién firma y qué controla la Contraloría.

## A quién le toca

- Funcionarios que firman solicitudes de crédito especial o de mercancías y servicios
- Jefes de programas presupuestarios que deben reportar avances cada trimestre
- Entidades estatales o privadas que reciben subvenciones
- Docentes activos y pensionados del Magisterio Nacional
- Municipalidades que pagan salarios a ejecutivos y sesiones a regidores
- Empleados públicos suspendidos, movidos o destituidos

## A quién beneficia

- Los cuerpos de bomberos quedan exonerados de todo impuesto en la compra de equipo que no se produzca en el país
- La Asociación Deportiva "Club Sport" Juan Gobán y el Colegio Nocturno de Pococí reciben un vehículo rifado libre de impuestos
- Las municipalidades pueden pagar hasta quince sesiones a sus regidores si su presupuesto supera los ¢10.000.000

## Qué cambia

- La Contraloría General debe aprobar los compromisos de gasto variable antes de que se ejecuten
- Las partidas no gastadas al 31 de diciembre se cancelan automáticamente
- El aguinaldo de 1981 se pagó con cargo al presupuesto de 1982
- La norma 49 que creaba pensiones para exmiembros de los Supremos Poderes fue anulada por la Sala Constitucional en 1991

## Cláusulas a revisar

- **Exoneración de impuestos para dos vehículos rifados** (9): La norma 44 exonera del pago de impuestos la compra de dos vehículos que se rifarán, uno a beneficio de cada entidad. Texto: "Exonéranse del pago de impuestos, la compra de dos vehículos, que serán rifados, uno a beneficio de la Asociación Deportiva "Club Sport" Juan Gobán y el otro a beneficio del Colegio Nocturno de Pococí."
- **Afectación de uno por mil a los docentes del Magisterio** (9): La norma 50 afecta en uno por mil los giros de los docentes para financiar la administración de las pensiones del Magisterio Nacional. Texto: "La suma que se destina a la administración de las pensiones del Magisterio Nacional se hará con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, afectando en la proporción de uno por mil los giros de los servidores públicos de la docencia nacional, activos y pensionados."
- **Incorporación de ingresos y gastos por decreto** (9): La norma 3ª permite al Poder Ejecutivo incorporar al presupuesto los ingresos y gastos de leyes nuevas mediante decreto, con aprobación previa de la Contraloría. Texto: "El Presupuesto Nacional constituye un todo indivisible, por lo cual, durante su vigencia, el Poder Ejecutivo -mediante decreto que deberá ser sometido previamente a estudio y aprobación de la Contraloría General de la República- podrá incorporarle los ingresos y gastos contenidos en leyes que se dicten y que no hubieran sido contemplados en el proyecto de ley de presupuesto para cada año."

## Explicación

### Qué cambia

La Ley 6542 aprobó el presupuesto del año 1981 y sigue vigente según SINALEVI [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1). Sus artículos 1 a 8 remiten al Alcance N° 22 A de La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980 para ver los montos (art. 1). El artículo 9 es el que importa hoy: contiene las normas generales que regulan cómo se ejecuta el presupuesto ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

La norma 1ª exige que la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda reserve la plata antes de comprometer un gasto variable ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). Las solicitudes las firman los ministros, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones y el Contralor General. Para que un compromiso valga, la Contraloría General debe aprobarlo antes.

La norma 8ª ordena a la Contraloría vigilar las subvenciones a entidades estatales y particulares ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). Toda entidad subvencionada debe entregar, a más tardar el 31 de enero de cada año, la liquidación del presupuesto del año anterior.

La norma 12 dispone que las partidas no gastadas al terminar el año fiscal se cancelan solas ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). Los compromisos pendientes se pueden liquidar dentro de seis meses.

La norma 14 crea un fondo rotatorio de ¢100.000,00 en la Proveeduría Nacional para los programas 607 y 608 del convenio con Estados Unidos firmado el 9 de mayo de 1972 ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). La norma 15 autoriza un fondo rotatorio de hasta un millón de colones para Adaptación Social. La norma 16 autoriza otro de hasta diez millones de colones en la Proveeduría Nacional, de los cuales dos millones son para el Almacén Nacional Escolar.

La norma 22 impide aumentar salarios del Régimen de Servicio Civil sin el procedimiento de clasificación y la aprobación de la Dirección General de Servicio Civil ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). La norma 24 prohíbe al Poder Ejecutivo aumentar por decreto el número de puestos fijos y de jornales.

La norma 34 obliga a reportar de inmediato a la Tesorería Nacional cualquier suspensión, movimiento o destitución de empleados públicos ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). El funcionario que no avise a más tardar veinticuatro horas después debe pagar de su bolsillo los giros en exceso.

La norma 44 exonera de impuestos la compra de dos vehículos que se rifarán, uno para la Asociación Deportiva "Club Sport" Juan Gobán y otro para el Colegio Nocturno de Pococí ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). La norma 45 exonera de todo impuesto la compra de equipo por los cuerpos de bomberos.

La norma 48 autoriza pagar el aguinaldo de 1981 con cargo al presupuesto de 1982 ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). La norma 49, que añadía pensiones para exmiembros de los Supremos Poderes y para quienes tuvieron la condición de Primera Dama, fue anulada por la Sala Constitucional en la resolución N° 2136-91 del 23 de octubre de 1991 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1).

La norma 50 ordena que la administración de las pensiones del Magisterio Nacional se pague con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, afectando en uno por mil los giros de los docentes activos y pensionados ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

La norma 55 autoriza a las municipalidades a pagar salarios máximos a los ejecutivos municipales según una tabla ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). La Contraloría y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijan esos salarios según el monto del presupuesto municipal.

La norma 57 permite a las municipalidades pagar sesiones a sus regidores según el tamaño de su presupuesto: hasta seis sesiones si el presupuesto llega a ¢2.000.000,00; hasta ocho si va de ¢2.000.001 a ¢3.000.000; hasta diez si va de ¢3.000.001 a ¢10.000.000; y hasta quince si supera esa última cifra ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

### A quién le toca

A los funcionarios públicos que firman solicitudes de crédito especial o de mercancías y servicios: deben hacerlo al momento de emitirlas ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

A los jefes de programas presupuestarios: deben presentar a la Oficina de Presupuesto Nacional un informe de avance físico y metas dentro de los quince días hábiles siguientes a cada trimestre ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

A las entidades estatales o privadas que reciben subvenciones: deben remitir la liquidación de su presupuesto a la Contraloría a más tardar el 31 de enero de cada año ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

A los docentes activos y pensionados del Magisterio Nacional: se les afecta en uno por mil de sus giros para financiar la administración de las pensiones del Magisterio ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

A las municipalidades: la norma 55 les permite pagar salarios máximos a sus ejecutivos y la norma 57 les fija cuántas sesiones pueden pagar a sus regidores según el presupuesto ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

A los empleados públicos en general: cualquier suspensión, movimiento o destitución debe reportarse a la Tesorería Nacional en un plazo máximo de veinticuatro horas ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

A los cuerpos de bomberos: quedan exonerados de todo impuesto en la compra de equipo que no se produzca en el país ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

### Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente, en su versión 1 de 1, según la Procuraduría General de la República [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1).

La PGR registra una fe de erratas publicada en La Gaceta N° 59 del 26 de marzo de 1981 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1). También registra afectaciones posteriores: el Transitorio Segundo, párrafo segundo, de la ley N° 6586 del 7 de julio de 1981 dejó sin efecto la norma 120 de esta ley de presupuesto.

La PGR anota que la adición del inciso ch) al artículo 1° de la Ley de Pensiones de Hacienda, N° 148 del 23 de agosto de 1943, hecha por la norma 49, fue anulada por la resolución N° 2136-91 de las 14:00 horas del 23 de octubre de 1991 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1).

El texto vigente del artículo 9 que muestra SINALEVI coincide con el texto aprobado en lo que el dossier reproduce ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)).

### Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible es del 27 de agosto de 2021 y trata el quinto presupuesto extraordinario de ese año, no la Ley 6542 ([video, 00:00:10](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=10s)).

En el video se explica que los legisladores aprobaron modificaciones al plan de gastos del 2021 que aumentan el presupuesto de ese año en 77 mil millones de colones ([video, 00:00:10](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=10s)). Se mencionan traslados al Ministerio de Trabajo por más de 7 mil 300 millones de colones para el programa Empléate y 5 mil millones para el Instituto Mixto de Ayuda Social ([video, 00:00:23](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=23s)).

También se detallan partidas para el Ministerio de Hacienda por más de 500 millones de colones para pago de sentencias judiciales ([video, 00:00:40](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=40s)), y para el Ministerio de Economía por más de 99,5 millones de colones para la comisión de promoción de la competencia ([video, 00:00:47](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=47s)).

Al Instituto Costarricense de Ferrocarriles se le aportan más de 1500 millones de colones por la crisis de la pandemia ([video, 00:00:55](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=55s)). Al Ministerio de Educación Pública se le incluyen casi 47 mil millones de colones para infraestructura y equipamiento educativo ([video, 00:01:03](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=63s)).

Al Ministerio de Salud se le incorporan más de 2000 millones de colones para la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ([video, 00:01:14](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=74s)). Al Ministerio de Justicia y Paz se le incorporan 3 mil 652 millones de colones para 745 puestos, de los cuales 675 son para agentes judiciales de la policía penitenciaria y 70 para puestos administrativos ([video, 00:01:22](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=82s)).

Un diputado sin nombre identificable en el transcript dice que "hay que dejar claro los temas que están todavía pendientes" y que "en muchos casos no se están estableciendo a tiempo las transferencias" ([video, 00:01:47](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=107s)). El mismo diputado menciona el caso del SINAC, donde de 6 mil 200 millones de colones se utilizan solamente 1900 para ellos y el resto pasa a gasto corriente ([video, 00:02:21](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=141s)).

Otro diputado sin nombre identificable afirma que "este presupuesto mantiene el respeto por la regla fiscal" ([video, 00:02:44](https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo&t=164s)).

### Frente a la Constitución

El artículo 176 de la Constitución dice que el presupuesto se emite para un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre ([Constitución, art. 176](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). La Ley 6542 se aprobó para el ejercicio fiscal de 1981 (art. 1). El Censo no encontró choque en ese punto: la ley se dictó para el año que le correspondía.

El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos y que solo puede modificarse por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo ([Constitución, art. 180](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). La norma 3ª del artículo 9 permite al Poder Ejecutivo incorporar por decreto ingresos y gastos de leyes nuevas, previa aprobación de la Contraloría ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). Esa norma podría generar dudas sobre si el decreto sustituye a la ley que el artículo 180 exige, aunque la propia norma condiciona la incorporación a la aprobación de la Contraloría.

El artículo 184 da a la Contraloría la función de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos y de visar toda orden de pago ([Constitución, art. 184](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). Las normas 1ª, 8ª y 16 del artículo 9 refuerzan ese control al exigir aprobación previa de la Contraloría y auditorías periódicas ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 183 declara que la Contraloría tiene absoluta independencia funcional y administrativa ([Constitución, art. 183](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). La norma 15 del artículo 9 pone el control del fondo rotatorio de Adaptación Social en la Auditoría General del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de la vigilancia externa de la Contraloría ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). El Censo no encontró choque: la norma reserva la vigilancia externa a la Contraloría.

El artículo 170 garantiza a las municipalidades una suma no inferior al 10% de los ingresos ordinarios ([Constitución, art. 170](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). Las normas 55 y 57 del artículo 9 fijan salarios máximos y sesiones pagables a regidores según el presupuesto municipal ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). El Censo no encontró choque: son reglas de gasto municipal, no una rebaja de la transferencia constitucional.

El artículo 177 ordena que en el proyecto se asigne al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios ([Constitución, art. 177](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). La norma 25 del artículo 9 permite al Poder Ejecutivo modificar el presupuesto del Poder Judicial a solicitud de la Corte para aplicar el Código de Procedimientos Penales ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1)). El Censo no encontró choque: la modificación se hace a solicitud de la Corte.

### Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). El recurso se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor o del órgano y las pruebas ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). No requiere autenticación y puede presentarse por memorial, telegrama u otro medio escrito.

Si considera que una ley o disposición general infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo que se trate de la defensa de intereses difusos.

Si una institución pública le brinda mal un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciarlo ante la Contraloría General de la República ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También por los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por apartado postal 1179-1000 San José.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, puede usar la iniciativa popular. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años.

### Lo que no sabemos

El dossier no reproduce los montos de los artículos 1 a 8; remite al Alcance N° 22 A de La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980.

El dossier no incluye el texto completo de la ley: aparece recortado después de la norma 63.

El dossier no permite saber si la norma 120, dejada sin efecto por la ley N° 6586, sigue apareciendo en el texto consolidado.

El dossier no identifica por nombre a los diputados que hablan en la grabación V1.

## Frente a la Constitución

El Censo no encontró choque en la mayoría de los puntos. La norma 3ª del artículo 9, que permite al Poder Ejecutivo incorporar ingresos y gastos por decreto, genera dudas frente al artículo 180.

## Qué puede hacer usted

- Recurso de amparo: Se presenta contra el servidor o titular del órgano autor del agravio. El escrito debe expresar el hecho u omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No requiere autenticación. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)
- Acción de inconstitucionalidad: Se presenta ante la Sala Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la norma. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)
- Denuncia ante la Contraloría General de la República: Presencial en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o 2501-8025; por el portal institucional; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; o por apartado postal 1179-1000 San José. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)
- Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)
- Iniciativa popular: La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)

## Fuentes

1. Ley 6542 en SINALEVI: Ley de Presupuesto para 1981 (Vigente, Versión de la norma: 1 de 1). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 22/12/1980. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5140&param2=5457&param3=1
2. Ley 6542: LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL, FISCAL Y POR PROGRAMAS PARA EL AÑO 1981. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx
3. APROBADO QUINTO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2021-08-27. https://www.youtube.com/watch?v=mFKtrk3ExFo
4. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1
5. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf

## Texto oficial completo

Ley 6542

Ley de Presupuesto para 1981

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N° 6542

LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Artículo1°.-Apruébase
los siguientes ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal de 1981.

(Nota
de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo2°.- - Apruébase
los siguientes ingresos extraordinarios para el ejercicio fiscal de 1981.

(Nota
de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo
3°.- Incorpórense
a la presente ley los siguientes ingresos extraordinarios provenientes del
crédito externo. El Poder Ejecutivo mediante decreto incorporará los recursos
extraordinarios provenientes del crédito externo.



Artículo
4°.- Apruébase los siguientes egresos ordinarios y
extraordinarios para el ejercicio fiscal de 1981.

(Nota
de Sinalevi: Por lo extenso de su contenido consultar el Alcance N° 22 A a La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo 5°.-Apruebase la siguiente
relación de puestos para cargos fijos de la Administración Pública, para el año
1981.

(Nota de Sinalevi: Por
lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a
La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo 6.-Apruébase la siguiente
relación de puestos para los centros educativos del Ministerio de Educación
Pública, para el 1981 por direcciones regionales de enseñanza.

(Nota de Sinalevi: Por
lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a
La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo 7°.-Apruébase la siguiente
relación de puestos de jornales de la Administración Pública para el año 1981.

(Nota de Sinalevi: Por
lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a
La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo8°.-°.-Apruébase la siguiente
relación de puestos de servicios especiales de la Administración Pública para
el año 1981.

(Nota de Sinalevi: Por
lo extenso de su contenido consulta el Alcance N° 22 A a
La Gaceta N° 246 del 24 de diciembre de 1980)



Artículo 9º.- Apruébase las siguientes normas de carácter general, para
regular la ejecución de los presupuestos para 1981:

1ª.- No se incurrirá
en compromiso alguno, con cargo a una partida de gastos variables, si previamente
la Oficina de Control, de Presupuesto del Ministerio de Hacienda no ha
reservado, en la cuenta de crédito del presupuesto respectivo, la suma
suficiente para atender ese pago.

Las solicitudes de
crédito especial y las solicitudes de mercancías o servicios serán firmadas, en
el momento de su emisión, por el respectivo oficial presupuestal y, según
corresponda, por:

a) Los Ministros de
Gobierno.

b) El Presidente de
la Asamblea Legislativa.

c) El Presidente de
la Corte Suprema de Justicia.

ch) El Presidente del
Tribunal Supremo de Elecciones.

d) El Contralor
General de la República.

Los jefes superiores,
antes mencionados, sólo podrán delegar su autorización, en los funcionarios
directamente responsables de la unidad administrativa a la cual se le asignen
los recursos, en los programas presupuestarios de la ley de Presupuesto
Nacional.

No se tramitará
ninguna solicitud de reserva de crédito especial o solicitud de mercancías o
servicios si no llena esos requisitos. Para la validez de los compromisos, se
requiere la aprobación previa de la Contraloría General de la República.

2ª.- Para los efectos
de esta ley, los créditos presupuestos destinados a gastos fijos se estimarán
comprometidos, por la sola razón de producirse los hechos que generen la obligación
en ellos prevista. En consecuencia, tratándose de sueldos, el hecho mismo de
devengarlos, legalmente, constituye el compromiso.

3ª.- El Presupuesto
Nacional constituye un todo indivisible, por lo cual, durante su vigencia, el
Poder Ejecutivo -mediante decreto que deberá ser sometido previamente a estudio
y aprobación de la Contraloría General de la República- podrá incorporarle los
ingresos y gastos contenidos en leyes que se dicten y que no hubieran sido
contemplados en el proyecto de ley de presupuesto para cada año.

4ª.- Los acuerdos de
pago, para girar partidas de gastos variables de los presupuestos de los
Poderes Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la
Contraloría General de la República, serán emitidos por dichos organismos,
previa aprobación, por parte de las oficinas competentes, de la correspondiente
solicitud de mercancías o servicios o de las solicitudes de reserva de crédito
especial.

5ª.- Los gastos
presupuestos, con cargo a fuentes de financiación provenientes del crédito
público, podrán ampliarse o disminuirse, siempre que no excedan el total del
gasto autorizado en el título respectivo, salvo que se trate de recursos
aprobados por ley, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, previas
certificaciones de la Contabilidad Nacional y de la Contraloría General de la
República, sobre el saldo de tales fuentes, efectivamente disponible.

6ª.- Se autoriza al
Poder Ejecutivo para recodificar, mediante decreto, previa aprobación de la
Contraloría General de la República, los presupuestos ordinario y
extraordinarios incorporados al Presupuesto Nacional, conforme a la
codificación general vigente.

7ª.- El Ministerio de
Hacienda podrá autorizar la ejecución de hasta tres dozavos de los gastos
aprobados en la Ley de Presupuesto nacional. Las solicitudes de reservas de
crédito especial y las solicitudes de mercancías o servicios, que impliquen
ampliación de la cuota máxima de tres dozavos, requerirán, además de las firmas
señaladas en la norma primera, las firmas del Ministro de Hacienda y del
Tesorero Nacional.

8º.- La Contraloría
General de la República deberá ejercer un estricto control sobre la utilización
de fondos, que se autorizan en el presupuesto, por medio de subvenciones a
diferentes entidades y organismos estatales y particulares y sobre aquellas
entidades que reciban o administran dinero, exenciones, bienes públicos, en
forma temporal o permanente.

La Contraloría
General de la República, una vez que determine las entidades que deben
someterle un presupuesto para disponer de las sumas a las cuales se refiere
esta norma, lo comunicará a la Tesorería Nacional, con el fin de que no se
entreguen las subvenciones a aquéllas que no hubieran cumplido con dicho
requisito o con el suministro de cualquier información referente a la
aplicación de fondos públicos. A más tardar el 31 de enero de cada año, toda
entidad, estatal o privada, favorecida con subvenciones, debe remitir a la
misma Contraloría con copia para la Oficina de Presupuesto Nacional, la
liquidación de los presupuestos correspondientes al año anterior.

9º.- Las órdenes de
modificación de contratos de construcción deberán ser aprobadas, previamente,
por la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esta
Oficina certificará que los desembolsos financieros, que pueda ocasionar la
orden, tienen contenido económico en el año fiscal en ejecución.

Con este propósito,
los ministerios deberán presentar, a la citada Oficina, un calendario de
desembolso de la partida 5, "Construcciones, adiciones y mejoras", sobre
la base de las obras que se efectuarán en el año, mostrando, separadamente, los
desembolsos que se generen en el contrato original de los que se derivan de
cada orden de modificación solicitada.

10.- El Poder
Ejecutivo podrá emitir bonos, en moneda nacional o extranjera, de las emisiones
que previamente hayan sido autorizadas por la Asamblea Legislativa y de las que
se autorizan en la presente ley, y realizar su colocación, tanto en el país
como en el exterior.

11.- Las
instituciones públicas y privadas recibirán, por su valor nominal, los bonos
que el Gobierno les gire, por concepto de partidas específicas.

12.- Todas las
partidas del presupuesto de egresos, que no estuvieran agotadas al terminar el
año fiscal, se tendrán por canceladas, automáticamente, al final del ejercicio
fiscal, para el cual fueron votadas, en su totalidad o en la parte que no
hubieran sido giradas o comprometidas.

Sin embargo, todos
los compromisos, efectivamente adquiridos, que quedasen pendientes del período
que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses,
sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

No podrán
reconocerse, para los efectos de esta norma, compromisos que no hayan sido
adquiridos, mediante orden de compra expedida por la

Proveeduría Nacional
o por medio de una reserva de crédito especial.

Cuando se trate de
licitaciones privadas se podrán emitir órdenes de compra provisionales, en el
caso de que al 31 de diciembre de cada año, las licitaciones hubieran sido publicadas
en "La Gaceta" o distribuidas las boletas de cotización.

13.- En la
liquidación de los presupuestos extraordinarios, al 31 de diciembre de cada
año, cuyos ingresos se originan en líneas de créditos con organismos del
exterior serán tomados como recursos los gastos efectivos que aún no hayan sido
reembolsados por esos organismos, antes de esa fecha.

Entre los reembolsos
por recibir se incluirán los gastos reconocidos para obras, que el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes realiza bajo su administración y cuyo reembolso
solamente puede solicitarse a los organismos del exterior, una vez efectuadas
las obras.

14.- Autorízase la creación de un fondo rotatorio de ¢
100.000,00 (cien mil colones) en la Proveeduría Nacional, con el objeto de
operar los programas 607 y 608 del Gobierno de los Estados Unidos de América,
sobre bienes excedentes, cuyo convenio fue firmado entre los Gobiernos de Costa
Rica y los Estados Unidos, el 9 de mayo de 1972. Los usuarios finales de los
bienes adquiridos por el mencionado convenio pagarán, a la Proveeduría
Nacional, la parte proporcional de los costos de transporte seguro, viáticos
que ocasione su internamiento o destino final, así como los gastos de
acondicionamiento, cuando éstos sean necesarios.

El Ministerio de
hacienda girará, a la Proveeduría Nacional, de los fondos de Tesorería, los
cien mil colones para ese fondo.

Una vez finalizado el
convenio, si no es prorrogado, los fondos serán devueltos en su totalidad a la
Tesorería Nacional. La Contraloría General de la República supervisará las
operaciones implícitas en el programa.

15.- Para la
operación de la Dirección General de Adaptación Social, se autoriza al Poder
Ejecutivo para que constituya, por medio de la Tesorería Nacional, un fondo
rotatorio hasta por la suma de un millón de colones, para facilitar la atención
oportuna de los requerimientos de materiales, mercaderías y servicios de la
Dirección, indispensables para su funcionamiento. este fondo se manejará en una
cuenta corriente, en un banco del Estado, contra la cual se podrán girar
cheques únicamente con las firmas del Ministro de Justicia o su designado y del
Contador General de ese Ministerio, conjuntamente.

Corresponde a la
Auditoría General del Ministerio de Justicia el control del fondo, al cual se
refiere esta norma sin perjuicio de la vigilancia externa que compete a la
Contraloría General de la República.

Esta última
dependencia dictará las regulaciones que estime pertinentes, para la operación
de este fondo. En ningún caso podrá utilizarse esta partida para el pago de
"servicios personales".

16.- Se autoriza al
Poder Ejecutivo para constituir, en la Proveeduría Nacional, un fondo rotativo
hasta por la suma de diez millones de colones, de los cuales dos millones
servirán para la operación del Almacén Nacional Escolar, por medio del cual se
pagarán las compras de materiales y servicios generales, que constituyen el
objeto normal de su funcionamiento, y se reintegrará el producto de la venta de
útiles y materiales escolares que efectúen. El saldo, ocho millones de colones,
servirá para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de mobiliario
y equipo de oficina, de mercaderías y servicios contractuales de la
Administración Pública. La Proveeduría Nacional sólo podrá proporcionar bienes
y servicios adquiridos con los recursos de este fondo rotativo, cuando se le
entreguen solicitudes de mercancías, debidamente aprobadas por las oficinas
indicadas en la norma primera.

Estos fondos se
manejarán en una cuenta corriente especial, en un banco del Estado, contra la
cual se podrá girar únicamente con las firmas del Proveedor Nacional y del
Ministro de hacienda conjuntamente. La Contraloría General de la República
efectuará la auditoría del movimiento de estos fondos, en forma periódica y en
intervalos no mayores de seis meses.

En ningún caso podrá
utilizarse esta partida para el pago de "servicios personales".

17.- Los recursos
provenientes del GOCR-AID, fondo de dos etapas, que se asignen para el financiamiento
de un "plan periódico de encuestas de hogares", se depositarán en una
cuenta corriente, en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la
orden de la Comisión que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de este
programa.

18.- Los datos adicionales
a las partidas presupuestarias, que se aprueban en esta ley, tienen como
propósito informar sobre objetivos y metas, que se pretenden alcanzar con el
uso de los recursos del Gobierno y no constituyen cuerpo de la presente ley.

19.- De las partidas
de pasajes al exterior y gastos de viaje, únicamente se cubrirán gastos
realizados por personas que tengan un cargo continuo y efectivo dentro del
Gobierno, salvo los casos de los asesores técnicos de organismos
internacionales y de las misiones oficiales.

20.- Conforme a lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley de la Administración Financiera de la
República, número 1279 del 2 de mayo de 1951, todos los ingresos o recursos
públicos, detallados en la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza y
fuente de donde procedan, constituyen el fondo con el cual se cubrirán los
gastos de la Administración Pública. De acuerdo con ese mismo artículo,
automáticamente se transforman en subvenciones todos los productos de rentas
con destino especial, según detalle contenido en la presente Ley de Presupuesto
Nacional.

21.- Todas las sumas
aprobadas para gastos de representación, así como la de alimentación de la Casa
Presidencial, se girarán como gastos fijos y no se requerirá la presentación de
comprobantes. Igual procedimiento se seguirá para la tramitación de los gastos
de las oficinas consulares, gastos de oficinas de cancillerías y los gastos de
la Oficina Económica en Washington.

22.- No podrán
decretarse ni hacerse efectivos aumentos o modificaciones a los salarios
asignados en los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, si no es
mediante los procedimientos que establece el sistema de clasificación y
valoración de puestos del mismo Régimen, con la previa aprobación de la
Dirección General de Servicio Civil.

Igual procedimiento
deberá observarse, previo al reconocimiento de incentivos por concepto de
prohibición, dedicación exclusiva y cualesquiera otros estímulos salariales,
que se acuerden en favor de los servidores públicos, cuyos puestos están asignados
a la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, a
excepción de los que establece la norma general número sesenta y cinco. La
aprobación de la Dirección General de Servicio Civil faculta a los ministerios
para que, por medio de decreto ejecutivo, realice las correspondientes
transferencias de partidas que darán el respectivo contenido económico.

Se autoriza al Poder
Ejecutivo para utilizar el superávit de tesorería, correspondiente a ejercicios
anteriores, para dar contenido a

las resoluciones dictadas por la dirección
General de Servicio Civil, bajo las previsiones del artículo 11 de la Ley de
Salarios de la Administración Pública, así como las dictadas por entes
legalmente facultados. Se exceptúan los servidores que no se encuentren pagados
por la partida de servicios personales.

De producirse un
faltante, en la aplicación del superávit, podrán efectuare traslados de
partidas para cubrirlo, sin recurrir a la partida de servicios personales o a
partidas que entorpezcan la realización de programas.

La presente norma
general regirá, hasta tanto no se promulgue la nueva Ley General de Salarios de
la Administración Pública. Para los ingenieros y para los arquitectos del
Ministerio de Obras Pública y Transportes se mantienen las obligaciones y los
beneficios contenidos en la norma ochenta y nueve del presupuesto de 1980.

23.- La circunstancia
de que la relación de puestos del Programa "Servicio Nacional de
Aduanas" no se haya divido, por departamentos y unidades, y de que un
conjunto de puestos de una misma clase se haya agrupado en un sólo inciso, no
autoriza para que los servidores, que ocupan tales puestos, puedan ser
trasladados, con perjuicio para ellos, a un lugar o dependencia distinta, sin
su consentimiento.

24.- El Poder Ejecutivo
no podrá aumentar, mediante decreto, el número de puestos contemplados en las
relaciones de puestos de sueldos para cargos fijos y de jornales. Igual
limitación regirá con relación al número de horas lectivas y a los puestos de
la relación de los puestos de los centros educativos del Ministerio de
Educación Pública.

25.- El Poder
Ejecutivo, a solicitud de la Corte y mediante decretos ejecutivos del
Ministerio de Hacienda, hará las modificaciones necesarias al presupuesto del
Poder Judicial, en todo lo que se relacione con los cambios y plazas nuevas que
sean indispensables para la aplicación del Código de Procedimientos Penales,
así como para atender los gastos de las oficinas que sea preciso crear con el
mismo objeto. Los recursos presupuestarios se tomarán de la subpartida
de sueldos para cargos fijos, parte final, reservada con ese propósito y de las
subpartidas modificadas por los decretos que lleguen a dictarse.

26.- Los centros
educativos, que aparecen incluidos en la Ley de Presupuesto Nacional, en la
relación de puestos y enunciados en la norma número cuarenta y uno del
Presupuesto de 1974, mantendrán su "status quo", en lo referente a su
gobierno y nombramiento de personal administrativo-docente, administrativo, lo
mismo que el personal docente de religión.

En cuanto al
nombramiento del nuevo personal docente, será escogido por las respectivas
direcciones de esos colegios, de listas de cinco nombres que propondrá el
Ministerio de Educación Pública, para cada puesto.

El Ministerio de
Educación Pública solicitará las respectivas nóminas al Departamento Docente
del Servicio Civil, el cual las integrará mediante el concurso público
respectivo.

27.- Las sumas que el
Ministerio de Educación Pública paga al personal docente, por concepto de
"horarios alternos", establecidos por el artículo 118 del Código de
Educación, así como el incremento de los montos establecidos en concepto de
"recargo de funciones", " zonaje "
u otros "sobresueldos", sólo podrán aumentarse por medio de decreto
ejecutivo, emitido conjuntamente por los Ministerios de Educación Pública y de
Hacienda, previo dictamen favorable de la Oficina de Presupuesto Nacional.

Se incluyen los
conserjes y personal administrativo de las instituciones educativas, en lo establecido
en el artículo 118 del Código de Educación.

28.- El Poder
Ejecutivo, a propuesta del Viceministro de Educación y mediante decreto de los
Ministerios de Hacienda y Educación Pública, podrán modificar las relaciones de
puestos en los programas 505, 506, 507 y 508 con el objeto siguiente:

a) Efectuar traslados
o cambios de plazas y de horas lectivas entre los centros educativos del país y
entre los programas 505, 506, 507 y 508, siempre y cuando las necesidades se
deriven de la matrícula efectiva en los diferentes centros educativos.

b) Crear los centros
educativos que estime conveniente, según las necesidades de las distintas
comunidades del país, pero solamente mediante traslado de puestos:

c) Efectuar traslados
o cambios de plazas de conserjes entre los centros educativos.

Los decretos que se
deriven de la presente norma, sólo podrán creas un número de cargos o de horas
lectivas iguales a los que se rebajan.

El traslado o cambio
de puestos se efectuará, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los
servidores nombrados, con el fin de evitar sobregiros en las subpartidas de
gastos. Como consecuencia de la aplicación de esta norma, en los decretos se
incluirán los cambios correspondientes a los sueldos básicos, más las
remuneraciones complementarias.

Para la correcta
aplicación de esta norma, a partir del mes de marzo, el Ministerio de Educación
Pública deberá realizar, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los
servidores, los reajustes de personal ocasionados por la disminución de
matrícula en los diversos ciclos, para lo cual ejecutará, en las instituciones
educativas del país, un control presupuestario permanente sobre la relación de
puestos incluida en esta ley.

Igualmente, podrán
efectuarse traslados a las partidas de gastos variables de los diferentes
programas presupuestarios del Ministerio de Educación Pública, de aquellos
montos de las plazas docentes que no estén ocupadas con propietarios ni
interinos, como producto de la racionalización y redistribución interna del
presupuesto de educación.

29.- Cuando,
indebidamente, se emitiera uno o varios giros a favor del titular de una plaza
docente, administrativo-docente o administrativo, que hubiere sido sustituido
interinamente por otro servidor, dicha circunstancia no será impedimento para
que se emitan los giros correspondientes a este último. El Ministerio de
Educación Pública, en coordinación con la Oficina Técnica Mecanizada del
Ministerio de Hacienda, tomará las providencias necesarias para lograr el
reintegro de las sumas giradas indebidamente.

30.- Sólo podrán
girarse de las partidas de jornales autorizadas en los presupuestos, los
salarios de peones, artesanos, obreros, capataces y maestros de obra. De la subpartida de personal docente no podrá pagarse a los
funcionarios de carácter administrativo.

31.- A los sueldos
máximos y a las retribuciones, a que se refiere el Decreto Ejecutivo número
4949-P, del 23 de junio de 1975, y la ley número 5867 del 15 de diciembre de
1975, tendrá derecho el personal profesional del Servicio Aduanero Nacional,
dependencia de la Administración Tributaria. Pero sólo podrán reconocerse a los
funcionarios que reúnen los requisitos académicos establecidos por la Dirección
General de Servicio Civil. Los servidores, que actualmente ocupen cargos para
los cuales se requiera profesionalización, y que no reúnan los requisitos
propios del cargo, conservarán el derecho de propiedad en sus puestos, pero no
el de percibir aumentos salariales, originados en el hecho de llevar, a nivel

profesional, los requisitos de las
respectivas clases de puestos. De producirse alguna vacante, en cualquiera de
estos cargos, para los nuevos funcionarios será obligatorio el cumplimiento de
tales exigencias.

32.- No obstante lo
dispuesto en esta ley en cuanto al pago de salarios del Colegio San Luis
Gonzaga de Cartago, la Junta Administrativa de ese plantel seguirá con las
atribuciones que siempre le han correspondido, inclusive el libre nombramiento
y remoción del personal docente-administrativo.

33.- Se autoriza al
Ministerio de Gobernación para trasladar el Cuerpo de Guardalíneas Telegráficas
a la Guardia de Asistencia Rural, nombrando a sus miembros como auxiliares de
ésta, en las jurisdicciones en que presta sus servicios, sin abandono de las
funciones que han venido desempeñando, a las cuales darán prioridad.

34.- Cualquier
suspensión movimiento o destitución de empleados de la Administración Pública,
deberá ser reportado de inmediato a la Tesorería Nacional, con copia a la
Pagaduría Nacional y a la Jefatura de personal correspondiente. La Pagaduría
Nacional retendrá los giros respectivos hasta tanto la oficina de personal o
ministerio y la Tesorería efectúen la liquidación del caso. El funcionario o
empleado que realice la destitución, suspensión o movimiento, está en la
obligación ineludible de comunicar tal hecho, a más tardar veinticuatro horas
después de haberse acordado.

Igual principio
prevalecerá para funcionarios y empleados del Departamento de Defunciones del
Registro Civil, en cuanto a deceso y cambio de estado civil de los pensionados
del Estado y sus instituciones.

Si la comunicación no
se efectúa, los giros o sumas que por tal motivo pague en exceso el Estado,
deberán ser asumidos y pagados por el empleado o funcionario responsable de la
omisión, cualquiera que sea su nivel jerárquico. Cualquier dependencia, oficina
o empleado, que tenga conocimiento del incumplimiento de las anteriores
disposiciones, deberá comunicarlo de inmediato a la Contraloría General de la
República, a fin de fijar las responsabilidades del caso.

35.- En los programas
en que se contempla el renglón de dietas, excepto el de la Asamblea
Legislativa, los miembros integrantes de las juntas directivas no podrán
devengar más de cuatro dietas ordinarias y dos extraordinarias por mes.

Para estos efectos,
el Tribunal de Servicio Civil se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo
56 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. La limitación que establece
la presente norma no le será aplicada al Consejo Nacional de Salarios, durante
la época del año en que deba abocarse a una fijación de remuneraciones.

36.- Los sueldos del
personal pagado por medio de las subpartidas "servicios especiales"
de los ministerios, en ningún caso podrán ser superiores a los devengados por
el personal incorporado al Régimen de Servicio Civil, en desempeño de funciones
similares, y tal personal deberá llenar los requisitos exigidos por éste. Los
nombramientos de personal pagados por "servicios especiales" deberán
limitarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio: en los
casos en que no se adicionen esos detalles deberá emitirse por decreto
ejecutivo. Igualmente se procederá con los nombramientos que se hagan, con
cargo a las subpartidas de "jornales" de los ministerios. Estos
detalles de "servicios especiales y jornales" podrán ser modificados,
por medio de decreto ejecutivo del Ministerio de Hacienda. La Dirección General
de Servicio Civil será responsable del cumplimiento de esta norma y de la
clasificación de los cargos que figuren en la relación de puestos de servicios
especiales.

Se exceptúan de lo
anterior, los contratos de trabajo del personal del programa 509 -Desarrollo de
la Educación Técnica (Convenio MEP-BID) del Ministerio de Educación Pública-
hasta el vencimiento de los mismos.

Los nuevos contratos,
así como prórrogas de los existentes, deberán sujetarse a lo dispuesto en el
párrafo primero de esta norma.

37.- El personal
nombrado para la vigilancia y mantenimiento del orden público desempeñará,
exclusivamente, las funciones propias de su cargo.

La Contraloría
General de la República fiscalizará el exacto cumplimiento de esta norma.

38.- Las personas que
hayan sustituido o que sustituyan, en forma interina, a los embajadores,
ministros, consejeros o encargados de negocios tendrán derecho a que se les gire
la suma que, en cada caso, está destinada a gastos de representación, la cual
podrá ser reducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, previa
aprobación de la Contraloría General de la República, siempre que el
funcionario se encuentre en el país respectivo y los gastos se ocasionen en él.

39.- La Oficina
Técnica Mecanizada, en colaboración con la Dirección General de Servicio Civil
presentará, a más tardar el primero de abril de cada año, a la Oficina de
Presupuesto Nacional, con copias para los ministerios, los otros dos Poderes y
el Tribunal Supremo de Elecciones, las relaciones de puestos del Gobierno
Central Estas comprenderán la clasificación y la valoración a esa fecha, así
como las proyecciones para el año inmediato siguiente, que solicite la Oficina
de Presupuesto Nacional, siempre que lo permitan los programas de computación
en uso.

La Oficina de
Presupuesto Nacional entregará a la Oficina Técnica Mecanizada, el "listín
de puestos" para el año inmediato siguiente, a más tardar el 18 de
diciembre de cada año.

La Oficina de
Presupuesto Nacional incorporará, en el proyecto de ley de presupuesto para el
año siguiente, aquellos cambios en la clasificación, y valoración de los
puestos que le hayan sido comunicados oficialmente, por la Dirección General de
Servicio Civil, antes del primero de julio del año en curso, en el caso de los
empleados cubiertos por dicho Régimen.

40.- Las sumas
aparecen detalladas en la "relación de puestos" se entenderán como
sueldos máximos y, por consiguiente, podrán acordarse una retribución menor, si
así se considerare necesario, lo cual no dará derecho a reclamo alguno contra
el Estado.

Para los servidores
protegidos por el Estatuto de Servicio Civil, se entenderá como sueldo base,
para cada puesto, el que señale la Dirección General de Servicio Civil, después
de hacer el estudio de clasificación y valoración de cargos, conforme lo
ordenan el citado Estatuto y la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La Dirección General
de Servicio Civil no aprobará nombramientos en plazas vacantes que no sen encuentren debidamente clasificadas y asignadas a la
escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La Oficina Técnica
Mecanizada no emitirá los giros, por pagos de salarios, si no se hubieran
cumplido las anteriores formalidades.

41.- El Ministerio de
Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo, podrá:

a) Efectuar
transferencias entre partidas, para el servicio de la deuda pública, creando las
subpartidas que fueren necesarias.

b) Modificar la
relación de puestos del programa 081-Servicio Exterior con el propósito de
adecuarla a las necesidades de las diferentes situaciones políticas y
económicas que así lo demanden sin aumentar el número de puestos, y siempre y
cuando su costo no exceda la cuota mensual, autorizada con ese fin en la Ley de
Presupuesto Nacional.

En igual forma, podrá
modificar sin sobrepasar las dotaciones totales e individuales, los detalles
referentes a las subpartidas de "gastos de representación" y
"gastos de oficinas consulares", "gastos de oficinas
económicas" y "gastos de oficinas de cancillerías" del programa
citado.

La rebaja del 10% en
el programa de gastos de representación del servicio exterior, se entenderá
aplicable, en el mismo monto, a cada uno de los funcionarios incluidos en dicho
programa.

c) Trasladar
sobrantes de sueldos, para cargos fijos, al servicio de la deuda pública, y a
las partidas para el pago de pensiones a cargo del Gobierno Central, con el
propósito de cubrir faltantes.

ch) Efectuar
traslados entre partidas de gastos no comprometidos del presupuesto del
Ministerio de obras Públicas y Transportes, excepto servicios personales, con
el propósito de complementar la financiación de las obras que conforme a los
planes generales realiza ese Ministerio.

42.- En el segundo
semestre del año, podrán ordenarse traspasos entre los gastos autorizados en la
Ley de Presupuesto Nacional, por decreto ejecutivo, previa certificación de la
Contraloría General de la República sobre los saldos disponibles, excepto los
relativos a servicios personales y a programas de transferencias.

En los presupuestos
financiados con recursos provenientes del crédito externo se permitirán, previa
la citada certificación de la Contraloría General de la República, los
traspasos de servicios personales a gastos variables o viceversa, mediante
decreto ejecutivo, siempre que no se excedan los totales de gastos autorizados
para cada título, salvo que se trate de recursos aprobados por ley o en el caso
de variaciones que tengan origen en la atención del servicio de la deuda
pública interna.

Podrán ordenarse
traspasos creando un nuevo tipo de gastos, cuando para su mejor ejecución
resultare indispensable, sin adicionar los listados de obra, sin que con ello
se modifique el monto total de recursos asignados. Sin embargo, no se podrán
aumentar, por medio de decreto ejecutivo, las sumas que la Ley de Presupuesto
Nacional autoriza para gastos confidenciales, gastos de representación y
amortización de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, consultorías,
transportes o gastos al exterior, ni equipo de transporte, tampoco podrán
efectuarse traspasos de gastos autorizados con diferentes fuentes de
financiación.

Las solicitudes de
traspaso, entre partidas de un mismo programa, deberán ser presentadas por
escrito y debidamente justificadas por los

jefes de los programas presupuestarios,
autorizados por el superior jerárquico respectivo. Además, el oficial
presupuestal correspondiente certificará el saldo disponible de las subpartidas
que se rebajen.

Los citados traspasos
o transferencias podrán efectuarse, en cualquier momento, para atender
situaciones de evidente emergencia o calamidad pública nacional, previa
declaración emitida por el Poder Ejecutivo.

No se podrán rebajar
las siguientes subpartidas: alquileres telecomunicaciones, energía eléctrica,
gasolina, diesel , medicinas, productos alimenticios
de los ministerios de Seguridad Pública, de Gobernación y Policía, y Adaptación
Social del Ministerio de Justicia; ni las destinadas al pago de cuentas
pendientes de ejercicios anteriores, en programas de gastos directos de los
ministerios.

43.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que destine equipo,
materiales y servicios a la ejecución de obras o actividades de bien público,
que pueda realizar conjuntamente con municipalidades, asociaciones de
desarrollo de la comunidad, juntas de protección social, educación y
administrativas de colegios.

También podrá
entregar esos materiales y servicios a las citadas instituciones, como
colaboración para ejecutar las obras y podrá contratar directamente con ellas
la construcción, mantenimiento y mejoras de edificios públicos, carreteras,
caminos, puentes y toda clase de obras públicas, así como mobiliario para
cualquiera de las entidades oficiales citadas; cubriendo los gastos, que tales
contratos causen con cargo a las partidas destinadas a obras por
administración.

44.- Exonéranse del pago de impuestos, la compra de dos
vehículos, que serán rifados, uno a beneficio de la Asociación Deportiva
"Club Sport" Juan Gobán y el otro a
beneficio del Colegio Nocturno de Pococí.

45.- Exonérase del pago de toda clase de impuestos la
adquisición, por parte de los cuerpos de bomberos, de todo el equipo que no se
produzca en el país, necesario para cumplir su labor.

46.- Los impuestos y
tasas que gravan la inscripción de los documentos públicos y privados, en la
Contaduría General de Tránsito, en que conste la venta cambio, donación o
traspaso de un vehículo, serán pagados mediante entero en la Administración
Principal de Renta, de acuerdo con el valor real de cada vehículo, excepto el
impuesto del timbre fiscal, cuando se hayan satisfecha en el respectivo juicio
sucesorio para la adjudicación del vehículo y así conste en la respectiva escritura
pública bajo la fe del notario.

47.- Parte de los
recursos por concepto de derecho de exportación de banano, creados por ley Nº
5515 del 19 de abril de 1974, se destinará a constituir un "Fondo de
fomento bananero" que será administrado por la Asociación Bananera
Nacional S. A. para la operación del plan de fomento bananero, el cual busca
proveer las condiciones adecuadas para lograr que la actividad bananera alcance
y mantenga altos niveles de productividad y con ello procurar un incremento en
la producción exportable de banano.

48.- Se autoriza al
Poder Ejecutivo para pagar el aguinaldo (decimotercer mes) del año 1981, con
cargo a las correspondientes partidas de gastos del Presupuesto Nacional de
1982.

49.(*)- Adiciónase el artículo 1º de la ley Nº 313 del 23 de agosto
de 1939 y sus reformas, con un párrafo final que dirá:

"Tendrán derecho
a una pensión igual a la de las viudas de los ex Presidentes o ex
Vicepresidentes de la República, aquellas personas que hubieran tenido la
condición de Primera Dama".

Adiciónase el artículo 13 y agrégase un inciso ch) al artículo 1º de la ley número 148
del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, que dirán así:

"Artículo 13.-
Los exmiembros de los Supremos Poderes o sus cónyuges
sobrevivientes, protegidos por este régimen, tendrán derecho a una pensión

no
menor de ¢ 6.000,00 (seis mil colones). Aquellos exmiembros
de los Supremos Poderes, incluidos vicepresidentes y sus cónyuges
sobrevivientes en su caso, mayores de sesenta años, no protegidos por este
régimen de pensiones, que hubieren cumplido o no totalmente del período para el
que fueron electos, o de menos de sesenta años en caso de necesidad, tendrán
derecho también a una pensión no inferior a dicho monto. Las pensiones, a que
se refiere este párrafo, no estarán sujetas a ninguna clase de deducciones,
excepto las contempladas templadas en el artículo 10 de esta ley y en la ley Nº
3808 del 22 de noviembre de 1966, así como las referentes a las cuotas para la
Caja Costarricense de Seguro Social y la proporción correspondiente, en caso de
pensión alimenticia.

Se autoriza al
Ministerio de Hacienda, a variar las partidas de presupuesto, para cubrir las
obligaciones que de esta norma se deriven. El Departamento Nacional de
Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá hacer, de oficio
en las planillas, los reajustes necesarios para adecuarlas a los dispuesto en
la presente norma. Inciso ch) Este beneficio se reajustará en el tanto
equivalente al incremento alcanzando o que llegue a alcanzar la remuneración
del cargo respectivo".

Refórmanse el artículo 11 de la
Ley de Pensiones y Jubilaciones de Guerra, Nº 1922 del 5 de agosto de 1955 y
sus reformas. Su texto dirá:

"Los derechos de
pensión de viudas, huérfanos, inválidos, madres y demás damnificados de guerra
de los años 1948 y 1955, que esta ley otorga, deberán mejorarse de oficio,
motivados por el alto costo de la vida, de manera que no sean inferiores a ¢
1.000,00 (mil colones) por mes, reconociéndoseles el derecho a decimotercer
mes. Se autoriza al Ministerio

de Hacienda para hacer modificaciones en el
presupuesto, de manera que cubra las obligaciones derivadas de esta
norma".

(*) ANULADO por
resolución de la Sala Constitucional Nº 2136-91 de las 14:00 hrs . del 23 de octubre de 1991.

50.- La suma que se
destina a la administración de las pensiones del Magisterio Nacional se hará
con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional,
afectando en la proporción de uno por mil los giros de los servidores públicos
de la docencia nacional, activos y pensionados.

51.- El Consejo
Técnico, órgano rector del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la
Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, además de la
constitución funciones y atribuciones que le señala el decreto número 6002-E
del 6 de mayo de 1976 (reformado por el número 6258-E del 29 de julio del mismo
año) ejercerá y ostentará las funciones y atribuciones, que el Código de
Educación (Título III, artículos 406 al 409) otorga a las juntas administrativas
de instituciones educativas de enseñanza media.

52.- Se autoriza a la
Junta Administrativa del Muelle de Quepos para que
administre, directamente, los ingresos provenientes de la explotación de dicho
muelle; todo sujeto a las disposiciones de la Ley de la Administración
Financiera, destinando los recursos a la administración, operación,
mantenimiento y mejoras de sus instalaciones.

La presente norma
será aplicable, hasta tanto no entre en vigencia el decreto respectivo, por lo
cual el Instituto de Puertos del Pacífico asume el muelle de Quepos .

53.- Destínanse la finca inscrita en el Registro Público,
partido de Cartago, tomo 1170, folio 161 Nº 41.092, asiento 17, a la
construcción de instalaciones culturales, docentes y deportivas.

La Junta Administrativa
del Colegio San Luis Gonzaga adquirirá esa finca, por el precio que fije el
Departamento de Avalúos de la Tributación Directa.

54.- Cuando en un
mismo edificio escolar laboren dos o más instituciones educativas, cada una de
ellas tendrá derecho al uso, en sus correspondientes turnos de la totalidad de
las instalaciones físicas, comprendiendo talleres, bibliotecas, laboratorios,
etc.

El director y los
profesores serán los responsables de su cuido en la correspondiente jornada de
trabajo.

55.- Autorízase a las municipalidades del país, a pagar salarios
máximos a los ejecutivos municipales, según la siguiente tabla:

La Contraloría
General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijarán
los salarios de los ejecutivos municipales, basados en el monto de los
presupuestos municipales, a que se refiere esta norma.

56.- Se autoriza al
Poder Ejecutivo para hacer variaciones en las relaciones de puestos para cargos
fijos y servicio especiales del programa 048-Dirección Nacional de Comunicaciones,
para ajustarlas al estudio de clasificación, reestructuración de clases, que
realiza la Dirección General de Servicio Civil.

Los efectos de estas
variaciones no afectarán los derechos adquiridos de estos servidores,
estipulados en la ley Nº 4513 y en el crédito de la Procuraduría General de la
República, según oficio Nº C-261-79.

57.- Autorízase a las municipalidades, cuyo presupuesto anual
sea hasta de ¢ 2.000.000,00 (dos millones de colones), para pagar únicamente
seis sesiones por mes a sus regidores, Aquéllas con presupuestos de ¢ 2.000.001
(dos millones un colón) hasta ¢ 3.000.000 (tres millones de colones) podrán
pagar hasta ocho sesiones; las que tengan un presupuesto de ¢ 3.000.001 (tres
millones un colón) hasta ¢ 10.000.000 (diez millones de colones) podrán pagar
hasta diez sesiones y las que tengan un presupuesto mayor a la última cifra
indicada, podrán pagar hasta quince sesiones.

58.- Toda
construcción, ampliación o mejora que se realice en edificios destinados a
centros educativos, oficiales; sean aulas, comedores, gimnasios, talleres,
etc., con fondos provenientes de este presupuesto, de empréstitos
internacionales y otros fondos públicos se considerará propiedad del Estado y
deberá inscribirse a nombre del Ministerio de Educación Pública. El mismo
criterio será aplicable a la compra de fincas destinadas a la educación.

El Ministerio de
Educación Pública tendrá potestad para autorizar el uso de todas las
instalaciones educativas oficiales, tomando en consideración los intereses
generales de la educación y la cultura y los intereses particulares de la
comunidad.

59.- Las dependencias
del Gobierno centra , deben presentar a la Oficina de
Presupuesto Nacionale , dentro de los quince días
hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, un
informe detallado sobre el avance físico, realizaciones o metas alcanzadas en
la ejecución de cada programa y proyecto.

Los ministerios, en
colaboración con la Oficina de Presupuesto Nacional y de acuerdo con los
recursos asignados para cada año, definirán y cuantificarán los objetivos y
metas de los programas presupuestarios.

60.- Autorízase a los Ministerios de Obras Públicas y
Transportes y de Agricultura y Ganadería para atender las obligaciones
derivadas de los contratos ya suscritos, y hasta el vencimiento de los mismo,
por concepto de servicios de vehículos de propiedad de sus funcionarios,
utilizando para el pago las sumas incluidas en el renglón presupuestario
correspondiente, conforme al reglamento elaborado por la Contraloría General de
la República.

61.- Las
municipalidades, las instituciones autónomas y las semiautónomas, deben
presentar sus presupuestos a la Contraloría General de la República, con una copia
para la Oficina de Presupuesto Nacional, según las recomendaciones de la
primera en lo que respecta a definiciones presupuestarias (ingresos y egresos)
y a la presentación formal del

presupuesto. Las anteriores instituciones
deben presupuestar todos los ingresos y egresos (incluidos los gastos de
capital) cualquiera que sea su propósito.

62.- Se amplía la
vigencia del transitorio I de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de
Producción, Nº 6050 del 14 de marzo de 1977, para efecto de que cubra los períodos
comprendidos entre el 1º de agosto de 1978 y el 31 de julio de 1979 y entre el
1º de agosto de 1980 y el 31 de julio de 1981.

63.- Déjase en suspenso la aplicación de los estudios de
clasificación y valoración de puestos, realizados por la Dirección General de
Servicio Civil de acuerdo con la norma 37 del Presupuesto Ordinario de 1978, y mantiénese excluidos estos puestos, así como los creados en
los Presupuestos de 1979 y 1980, del Régimen de Servicio civil, hasta tanto no
sea aprobada la nueva Ley Orgánica de la Dirección General de Adaptación
Social, actualmente en estudio -con dictamen de mayoría de la Comisión de
Gobierno y Administración-. Una vez aproba

Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/6542). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.