Museo Juan Santamaría cobra recargos a películas y series importadas

Qué cambia

La Ley 6572 reformó por completo la Ley 5619 del 4 de diciembre de 1974, que creó el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en Alajuela (art. 1). El museo depende del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

La ley crea una Junta Administrativa con personería jurídica propia. Tiene cinco miembros (art. 2). Uno representa al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y preside la Junta. Los otros cuatro los nombra ese mismo Ministerio, escogidos de ternas que presentan la Municipalidad de Alajuela, la Asociación de Amigos del Museo, el Colegio Universitario de Alajuela y el Instituto de Alajuela.

Para pagar la instalación y el mantenimiento del museo, la ley crea tres recargos (art. 4). Las películas que entran al país para exhibirse en cines pagan un recargo del veinte por ciento (20%) sobre los derechos. Las telenovelas pagan un recargo del veinte por ciento (20%) sobre los derechos de aduana. Las series de televisión pagan un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre los derechos de aduana. Los recargos se cobran en la aduana respectiva.

Hay una excepción. Las películas para cines del país y las series de televisión con carácter científico o cultural no pagan esos impuestos (art. 4). La calificación la hace una Comisión que indica el reglamento, previa solicitud por escrito de los interesados. Esa Comisión tiene cinco miembros y deben figurar el Director y un miembro de la Junta Administrativa del museo.

Todo el dinero de esas rentas se gira directamente a la Junta Administrativa (art. 5). La Junta solo puede usarlo para los fines del museo.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes nombra al Director del museo y al personal subalterno, previo criterio de la Junta (art. 6). La Junta elabora un presupuesto anual y lo manda al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (art. 7). El Ministerio lo envía a la Contraloría General de la República para su aprobación.

Las municipalidades de la provincia de Alajuela y las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado pueden dar subvenciones y donaciones al museo (art. 8). La Junta puede recibirlas de esas instituciones y de particulares. Las donaciones y ventas a la Junta están exentas de tributos nacionales y municipales (art. 10). Las inscripciones en los Registros Públicos no pagan derechos ni timbres.

El Poder Ejecutivo debía reglamentar la ley dentro de los sesenta días posteriores a su vigencia (art. 11). La ley es de orden público y rige desde su publicación (art. 12).

A quién le toca

A las personas y empresas que importan películas para cines, telenovelas y series de televisión. Pagan recargos de 20%, 20% y 50% sobre los derechos de aduana (art. 4).

A quienes importan películas o series con carácter científico o cultural. Pueden pedir por escrito la exención ante la Comisión que indique el reglamento (art. 4).

A la Municipalidad de Alajuela, la Asociación de Amigos del Museo, el Colegio Universitario de Alajuela y el Instituto de Alajuela. Cada una presenta ternas para nombrar a un miembro de la Junta (art. 2).

A las municipalidades de la provincia de Alajuela y a las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado. Pueden dar subvenciones y donaciones al museo (art. 8).

A quienes donan o venden bienes a la Junta Administrativa. Esas operaciones no pagan tributos nacionales ni municipales (art. 10).

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión, la número 1 de 1, y no anota observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

El texto vigente en SINALEVI es el mismo que reformó la Ley 5619. La Ley 5619 sigue vigente como ley que creó el museo 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. Los recargos de la ley son una forma de esa contribución, aprobada por ley (art. 4).

El artículo 124 exige dos debates, aprobación de la Asamblea y sanción del Poder Ejecutivo para que un proyecto sea ley §Constitución, art. 124. También dice que no procede delegar en comisiones los proyectos sobre "la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes". La ley crea impuestos, así que debía pasar por el Plenario y no por una comisión con potestad legislativa plena. El dossier no incluye el expediente legislativo, así que no se puede confirmar cómo se tramitó.

El artículo 184 da a la Contraloría la función de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las instituciones autónomas §Constitución, art. 184. La ley manda el presupuesto del museo a la Contraloría para su aprobación (art. 7), lo cual calza con ese artículo.

El artículo 140, inciso 3, encarga al Presidente y al Ministro respectivo reglamentar y ejecutar las leyes §Constitución, art. 140. La ley le pide al Poder Ejecutivo reglamentarla en sesenta días (art. 11), lo cual calza con esa atribución.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del museo o del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. Si se trata de derechos patrimoniales, debe presentarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo noticia cierta de la violación.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional. El artículo 75 pide que exista un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o la naturaleza del asunto no da lesión individual y directa.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos del museo, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de instituciones autónomas y municipalidades. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le da un mal servicio relacionado con el museo, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero recaudan hoy esos recargos ni cuánto recibe el museo.

El dossier no incluye el reglamento de la ley ni el nombre de la Comisión que califica las películas y series científicas o culturales.

El dossier no permite saber si el Poder Ejecutivo reglamentó la ley dentro de los sesenta días que fijaba el artículo 11.

El dossier no incluye el expediente legislativo, así que no se puede confirmar si la ley se tramitó en el Plenario o en comisión.