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La ley que agiliza trámites en el Registro Público y fija plazos a Tributación

La Ley 6575 obliga a Tributación Directa a dar constancias en tres días y al Registro Público a inscribir documentos sin trabas, con reglas sobre impuestos, valores de inmuebles y notarios.

Título oficial LEY SOBRE REQUISITOS FISCALES EN DOCUMENTOS RELATIVOS A ACTOS O CONTRATOS

Atención: La ley fija plazos y cobros que afectan a quien compra o vende inmuebles, y permite apremio corporal contra quien no devuelve un documento del Archivo.

La letra pequeña

Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.

  • Alguien queda pagando algo que el título no menciona.

    A quién le sirve: Quien retira un documento del Archivo del Registro y no lo devuelve

    La ley permite decretar apremio corporal contra quien no devuelve el documento, sin limitación por razón de edad, mientras no se devuelva o reponga.

    pudiendo decretarse apremio corporal, el cual no tendrá limitación por razón de edad, y el que subsistirá mientras no se devuelva o reponga el documento
    17, texto oficial

Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.

A quién le toca

  • Quien compra o vende un inmueble: paga derechos de registro y timbres según el valor en Tributación Directa.
  • Quien vende un inmueble: debe estar al día con el impuesto territorial para inscribir el traspaso.
  • Los notarios: deben consignar la dirección exacta de los comparecientes.
  • Las sociedades que se disuelven: deben estar al día con renta y otros tributos.
  • Quien fracciona fincas en distritos urbanos: necesita visado municipal del plano.

A quién beneficia

  • Tributación Directa debe dar las constancias en tres días y gratis.
  • Si Tributación no cumple, no se aplican los requisitos fiscales para inscribir.
  • El visado municipal de planos es gratuito y se da en tres días.
  • Los notarios tienen atención preferente en oficinas públicas.
  • El Estado y las municipalidades quedan exentos de impuestos al adquirir inmuebles.

Qué cambia

  • El impuesto de traspaso se paga dentro de tres meses; después hay recargos y multas.
  • Las constancias de pago valen treinta días naturales.
  • Quien retira un documento del Archivo y no lo devuelve en ocho días puede ser suspendido.
  • El notario que no envía el testimonio de un traspaso en un mes se expone al visado denegado.

La explicación completa

Qué cambia

La ley busca que los documentos sobre actos o contratos se inscriban rápido en el Registro Público, sin dejar de cobrar los impuestos que correspondan (art. 1). Considera contrario al interés público cualquier acto o procedimiento que retrase esos trámites.

Los requisitos fiscales para tramitar o inscribir un documento se comprueban con constancias aparte, que emite la Tributación Directa (art. 2). El Registro Público suspende la inscripción de una escritura si no trae la dirección exacta de quienes comparecen personalmente (art. 3). Si hay representación, debe indicarse la dirección de la persona representada.

La Tributación Directa mantiene oficinas y personal en el Registro Público para centralizar el trámite (art. 4). Si no instala esas oficinas o no da las constancias, no se aplican los requisitos fiscales para inscribir documentos.

En disolución de sociedades o empresas individuales de responsabilidad limitada, y en adjudicación de bienes sucesorios, hay que estar al día con el impuesto sobre la renta y otros tributos ante Tributación Directa (art. 6). Si no hay pendientes, Tributación no puede negarse a dar la constancia.

En compraventa, donación, permuta, dación en pago y otros actos sobre inmuebles, los derechos de registro y timbres se pagan según el valor del inmueble en las cuentas de Tributación Directa (art. 7). Si el documento indica un valor mayor, rige ese.

Las constancias de pago y de valores de inmuebles se consignan a la fecha en que se solicitan o a la del documento (art. 8). Tributación Directa debe expedirlas dentro de los tres días siguientes a la solicitud, gratis y en papel común. Esas constancias valen treinta días naturales.

Para garantías hipotecarias comunes o cédulas a favor de bancos del Estado, la constancia de estar al día con el impuesto territorial mantiene su validez hasta la inscripción del documento (art. 8). No rige ahí el plazo de treinta días.

Si Tributación no da las constancias en plazo o exige requisitos que la ley no establece, el interesado puede retirar el documento (art. 9). El notario puede extender una razón con fecha y firma sobre esas circunstancias. En ese caso, los derechos y timbres se pagan según el valor del documento y no se exige estar al día en impuestos.

Tributación Directa solo revisa el pago de impuestos y los valores de inmuebles (art. 11). No califica el contenido de los documentos ni la validez de los títulos. Contra sus resoluciones caben revocatoria y apelación, y el notario puede recurrir.

Los notarios tienen derecho a ser atendidos de modo preferente en Tributación Directa, el Registro Nacional y toda oficina pública (art. 13).

El Registro Público suspende la inscripción de traspasos de inmuebles o hipotecas si no consta que el transmitente está al día con el impuesto territorial (art. 15). Todo notario que autorice una escritura de traspaso sin inscribirla debe enviar el testimonio a Tributación Directa dentro del mes siguiente.

El Registro Público suspende la inscripción de fraccionamientos en distritos urbanos sin la constancia municipal correspondiente (art. 16). El visado municipal de planos se extiende en tres días y es gratuito.

El impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles se calcula sobre el valor del inmueble en las cuentas de Tributación Directa (art. 21). Debe cancelarse dentro de los tres meses siguientes al otorgamiento del documento. Vencido el plazo hay recargos y multas del Código Tributario.

La ley rige desde su publicación, salvo los artículos 2, 4, 8, 9, 10 y 12, que rigen tres meses después (art. 22). Se aplica a documentos de fecha anterior si favorece su trámite.

A quién le toca

A quien compra, vende, dona o permuta un inmueble: paga derechos de registro y timbres según el valor en Tributación Directa (art. 7). También paga el impuesto de traspaso dentro de tres meses (art. 21).

A los notarios: deben consignar la dirección exacta de los comparecientes en las escrituras (art. 3). Tienen atención preferente en oficinas públicas (art. 13). Deben enviar a Tributación el testimonio de traspasos no inscritos dentro del mes siguiente (art. 15).

A las sociedades que se disuelven y a quienes reciben bienes por sucesión: deben estar al día con renta y otros tributos ante Tributación Directa (art. 6).

A quienes fraccionan fincas en distritos urbanos: necesitan el visado municipal del plano, que es gratuito y se da en tres días (art. 16).

Al Estado, sus instituciones de educación, salud, beneficencia o asistencia públicas y las municipalidades: quedan exentos de impuestos, timbres y derechos de registro cuando adquieren inmuebles (art. 20). La exención cubre a todas las partes, incluidos los particulares.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente y SINALEVI muestra la versión 3 de 3 2. La Procuraduría General de la República registra que la ley fue aprobada y que reformó varias normas.

El artículo 5 fue derogado por el artículo 190, inciso e), del Código Notarial, Ley 7764 del 17 de abril de 1998 (art. 5) 3.

El artículo 8 tiene un párrafo final agregado por el artículo 22 de la Ley 7107 del 4 de noviembre de 1988 (art. 8) 4. Ese párrafo amplía la validez de la constancia del impuesto territorial para garantías hipotecarias y cédulas de bancos del Estado.

El artículo 20 conserva su exención. El Código Notarial, en su artículo 179, dejó vigentes las exenciones del artículo 20 de la Ley 6575 (art. 20) 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben contribuir para los gastos públicos Constitución, art. 18. La ley cobra impuestos y timbres, y eso calza con ese deber (art. 7).

El artículo 45 declara inviolable la propiedad y permite privar de ella solo por interés público comprobado y con indemnización Constitución, art. 45. La ley no priva de inmuebles: fija cómo se calculan los tributos sobre traspasos (art. 21).

El artículo 39 prohíbe penas sin delito y sentencia firme, y aclara que el apremio corporal en materia civil no viola ese artículo Constitución, art. 39. El artículo 17 de la ley permite apremio corporal contra quien retira un documento del Archivo y no lo devuelve (art. 17). Esa medida es civil, no penal, y el texto constitucional la exceptúa.

El artículo 24 protege los documentos privados y permite a los tribunales revisar libros de contabilidad para fines tributarios Constitución, art. 24. La ley faculta a Tributación a revisar solo el pago de impuestos y valores de inmuebles, no el contenido de los documentos (art. 11).

Qué puede hacer usted

Si un funcionario de Tributación Directa le retrasa una constancia o le exige un requisito que la ley no pide, puede presentar un recurso de amparo guía, p. 22. El amparo procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen derechos fundamentales. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio guía, p. 22. Debe expresar con claridad el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor y las pruebas guía, p. 23. No requiere autenticación y puede presentarse por memorial o telegrama.

Si cree que la ley misma viola la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad guía, p. 24. Procede contra leyes y disposiciones generales que infrinjan normas constitucionales. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defienden intereses difusos.

Si una institución pública le presta mal el servicio en este trámite, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Si detecta un manejo irregular de fondos públicos en el cobro de estos tributos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto cuestan hoy los derechos de registro ni los timbres.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley 4564 ni de la Ley 3883 que la ley reforma.

El dossier no permite saber si Tributación Directa tiene hoy oficinas instaladas en el Registro Público.

El dossier no trae grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.

Estado en SINALEVI

VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI

Se aprueba la Ley sobre Requisitos Fiscales en Documentos Relativos a Actos o Contratos. Por su artículo 15, se DEROGA el párrafo cuarto del artículo 25 y modifica los artículos 38 y 44 de la Ley de IMPUESTO TERRITORIAL No. 27 de 2 de marzo de 1939. Mediante su artículo 16 se modifica el 34 de la LEY DE PLANIFICACION URBANA No. 4240 de 15 de noviembre de 1968. Se reforman, además, las siguientes leyes: 1) Artículos 2, 7 y 8 de la Ley de Aranceles del Registro Público No. 4564 de 29 de abril de 1970 (Art. 17). 2) Artículos 6 y 12 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público No. 3883 de 30 de marzo de 1967 y su reforma por la No. 6145 de 18 de noviembre de 1977 (Art. 18). 3) Adiciona con un párrafo cada uno de los artículos 66 y 85 y modifica el artículo 82 bis de la Ley Orgánica del Notariado No. 39 de 5 de enero de 1943 (Art. 19). 4) DEROGA los artículos 9 y 10 y modifica los Nos. 7, 11 y 14 de la Ley de Impuesto sobre Traspaso de Bienes Inmuebles, contenida en el artículo 3 de la Ley de Reforma Tributaria No. 5909 de 10 de junio de 1976, reformada por la No. 6153 de 21 de noviembre de 1977 (Art. 21). 5) Su artículo 22 establece que las disposiciones de esta ley se aplicarán, en cuanto favorezcan a su trámite e inscripción, aún a los documentos de fecha anterior a la presente y DEROGA a todas las que se le opongan. Regirá a partir de su publicación excepto los artículos 2, 4, 8, 9, 10 y 12, que regirán tres meses despúes de esa fecha.

La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 6575 y los artículos constitucionales del dossier. El cobro de tributos calza con el deber de contribuir y el apremio corporal está exceptuado en materia civil.

  1. Constitución, art. 18"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos."
    Esta ley, art. 7"los derechos de registro y timbres respectivos, deberán pagarse conforme a los valores de los inmuebles constantes en las cuentas de Tributación Directa"

    Sin choque aparente La ley cobra impuestos y timbres sobre actos con inmuebles. Eso encaja con el deber constitucional de contribuir a los gastos públicos.

  2. Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
    Esta ley, art. 21"El impuesto se calculará sobre el valor del inmueble constante en las cuentas de Tributación Directa, a la fecha del acto o contrato, salvo que el documento u operación contuviere uno mayor, en cuyo caso regirá éste."

    Sin choque aparente La ley no quita inmuebles. Solo fija cómo se calcula el impuesto cuando alguien traspasa uno. No hay privación de propiedad.

  3. Constitución, art. 39"No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores."
    Esta ley, art. 17"responderá por los daños y perjuicios resultantes de su pérdida o destrucción, pudiendo decretarse apremio corporal, el cual no tendrá limitación por razón de edad"

    Sin choque aparente La ley permite apremio corporal contra quien no devuelve un documento del Archivo. La Constitución exceptúa el apremio civil de la prohibición de penas sin delito.

  4. Constitución, art. 24"La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos."
    Esta ley, art. 11"Las facultades de Tributación Directa, en relación con los documentos que se le presentaren o las constancias que se le solicitaren, para los fines de esta ley, se limitarán únicamente al pago de los impuestos respectivos o datos necesarios para satisfacer éstos, o valores de inmuebles constantes en sus cuentas."

    Sin choque aparente La Constitución permite revisar libros para fines tributarios. La ley limita esa revisión al pago de impuestos y valores de inmuebles, sin tocar el contenido de los documentos.

Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.

Fuentes

  1. Ley 6575: LEY SOBRE REQUISITOS FISCALES EN DOCUMENTOS RELATIVOS A ACTOS O CONTRATOS Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa
  2. Ley 6575 en SINALEVI: Ley sobre Requisitos Fiscales en Documentos Relativos a Actos o Contratos (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3) SINALEVI, Procuraduría General de la República, 27/04/1981
  3. Ley 7764: Código Notarial (Vigente) SINALEVI, Procuraduría General de la República, 17/04/1998
  4. Ley 7107: Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República (Vigente) SINALEVI, Procuraduría General de la República, 04/11/1988
  5. Constitución Política (texto vigente) SINALEVI, PGR, 2026-11-02
  6. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica CONAMAJ, 2025, 2025
Límites de esta investigación
  • No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.

Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.

Texto oficial completo

Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.

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Ley 6575

Ley sobre Requisitos Fiscales en Documentos Relativos a Actos o Contratos

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N° 6575

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

LEY SOBRE REQUISITOS FISCALES EN DOCUMENTOS RELATIVOS

A ACTOS O CONTRATOS

ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene como objeto facilitar el trámite y, cuando proceda, la pronta inscripción en el Registro Público, de documentos sobre actos o contratos; sin perjuicio de la recaudación de impuestos y derechos que corresponda, de acuerdo con las leyes respectivas.

Se considerará contrario al interés público todo acto, disposición, acuerdo o procedimiento que retarde esos trámites o que, al aplicarlos, ocasione este resultado.

ARTÍCULO 2º.- Los requisitos sobre pago de impuestos, valores de

inmuebles y demás condiciones que, para efectos fiscales, exigieren las

leyes, según el acto o contrato, a fin de tramitar o inscribir tales

documentos, se comprobarán mediante constancias independientes de éstos,

extendidas por la Tributación Directa.

ARTÍCULO 3º.- Aunque de ello no tome nota, y para efectos de

Tributación Directa, el Registro Público suspenderá la inscripción de

toda escritura que omitiere la dirección exacta de los comparecientes,

que actúen personalmente.

En el caso de representación, deberá indicarse la dirección de la

persona representada, que será la de su oficina o administración central,

si fuere una persona jurídica, o la del albacea o curador, si se tratare

de una sucesión, quiebra o insolvencia. En el caso de personas físicas o

jurídicas, domiciliadas fuera del país, bastará con indicar el lugar de

su residencia.

Lo anterior no es aplicable al Estado o sus instituciones, ni a los

documentos adicionales o complementarios, en cuyo principal constaren las

direcciones, ni a todos los documentos que se presentaren conjuntamente,

si en cualquiera de ellos se indicaren esas direcciones.

ARTÍCULO 4º.- Con el objeto de centralizar el trámite de los

documentos, a que se refiere esta ley, la Tributación Directa mantendrá -en el Registro Público- las oficinas y el personal que fueren necesarios

para los fines de la misma.

La Tributación Directa hará los cargos y descargos de inmuebles y

los respectivos cambios en las cuentas de los contribuyentes, con

fundamento en las inscripciones definitivas practicadas por el Registro

Público, salvo las modificaciones de valor, las cuales se harán de

acuerdo con las leyes y normas respectivas.

El Registro Público suministrará o facilitará los medios, para que

la Tributación Directa obtenga toda clase de datos sobre documentos

presentados o inscripciones practicadas, cuando ésta lo solicite.

Ambas dependencias acordarán las medidas pertinentes, para la mayor

agilidad y rapidez en la tramitación de documentos o expedición de

constancias, y para los datos que se suministren mutuamente.

Si la Tributación Directa no instalare las oficinas, con el personal

requerido para un eficiente servicio, o las suprimiere o no suministrare

en ellas las constancias o las fórmulas para éstas, serán inaplicables, a

la inscripción de los documentos respectivos, todos aquellos requisitos

sobre pago de impuestos, valores de inmuebles y demás condiciones que

exijan las leyes actuales o las que llegaren a dictarse, para efectos

fiscales o impositivos.

ARTÍCULO 5º.- DEROGADO.

(Derogado por el artículo 190, inciso e), del Código Notarial

No.7764 de 17 de abril de 1998)

ARTÍCULO 6º.- En caso de disolución de sociedades o empresas

individuales de responsabilidad limitada o de adjudicación judicial o

extrajudicial de bienes sucesorios, siempre que el causante fuere

declarante, deben ponerse al día en el pago de cuotas adeudas del

impuesto sobre la renta y todos los demás tributos, cuya percepción

fiscalice la Tributación Directa, a la fecha en que se solicite la

constancia respectiva. Si no hubiere pendientes de pago, por esos

conceptos, la Tributación Directa no podrá negarse a expedir la

constancia sobre ausencias de tales pendientes; tampoco podrá exigir

declaraciones de períodos anteriores ni detalles sobre propiedades.

ARTÍCULO 7º.- Si se tratare de compra-venta, donación, permuta o

cambio, dación en pago, de inmuebles, capitulaciones matrimoniales, con

aporte de inmuebles a la sociedad conyugal, información posesoria,

localización de derechos indivisos, adjudicación de baldíos, denuncios y

reconocimiento de aporte matrimonial de inmuebles o renuncia de

gananciales respecto a ellos (incisos 20), 26), 32) y 42) de la tabla

III, artículo 1º de la Ley de Aranceles del Registro Público número 4564

del 29 de abril de 1970 y sus reformas), los derechos de registro y

timbres respectivos, deberán pagarse conforme a los valores de los

inmuebles constantes en las cuentas de Tributación Directa, a la fecha

del acto o contrato, salvo que el documento indicare una estimación

mayor, en cuyo caso regirá ésta, y según las normas de esos aranceles.

En todo caso, la Tributación Directa consignará, en letras, esos

valores, como primera providencia, estén o no al día los interesados en

el pago de impuestos.

ARTÍCULO 8º.- Las constancias de pago de impuestos y demás datos

necesarios para satisfacer los mismos, así como las de valores de

inmuebles en su caso, y otros requisitos exigidos por las leyes, deberán

consignarse a la fecha en que se soliciten o a la del documento

respectivo.

Para los efectos de esta ley, la Tributación Directa expedirá esas

constancias, dentro de los tres días siguientes a su solicitud,

gratuitamente, en papel común y en fórmulas que, para esos fines,

suministrará a los interesados. Tales constancias tendrán una validez de

treinta días naturales, a partir de su expedición.

Esa Oficina deberá contestar inmediatamente las consultas que, por

cualquier medio, les formulen los notarios para los fines de esta ley.

La fecha de presentación de la solicitud inicial o del documento es

la que rige para la información de impuestos adeudados, sin que puedan

negarse las constancias respectivas por causas que no se hubieran

indicado en aquella oportunidad. Subsanados los requisitos faltantes, la

Tributación Directa no podrá señalar nuevos impedimentos y deberá expedir

las constancias dentro de los tres días indicados. Sin embargo, cuando se

hicieren posteriores solicitudes, referentes a un mismo acto o contrato,

o el documento se presentare más de una vez, deberá estarse al día en el

pago de impuestos nacionales sobre inmuebles, en los términos que indica

el artículo 5º (*).

(*) (NOTA: El artículo 5º que se indica fue derogado por el numeral

190, inciso e), del Código de Notariado)

Tratándose de actos y contratos o de garantías hipotecarias comunes,

o de cédulas que se otorguen en beneficio de los bancos del Estado, la

constancia a que se refiere este artículo, en la que se señale que el

contribuyente está al día en el pago del impuesto territorial, vigente en

el momento en que se otorgue el documento, mantendrá esa condición para

efectos registrales hasta la inscripción de ese documento, sin que rija

el plazo de validez de treinta días naturales señalado en el párrafo

segundo de este artículo.

(Adicionado este párrafo final por el artículo 22 de la ley Nº 7107

de 4 de noviembre de 1988)

ARTÍCULO 9º.- Si la Tributación Directa no expidiere las constancias

o no indicare los datos necesarios para pagar impuestos, dentro del

referido plazo, o exigiere requisitos no establecidos expresamente por la

ley, el interesado podrá retirar la solicitud o el documento y esa

Oficina estará obligada a devolverlos. En tal caso y con vista de la

fecha de la solicitud o de presentación del documento, el notario

autorizante o responsable de aquél, podrá extender una razón con su fecha

y firma, haciendo constar aquellas circunstancias. En este último evento,

y como excepción a lo establecido en los artículos 5º (*), 6º y 7º, los

derechos y timbres se pagarán conforme al valor, estimación o precio,

contenidos en el documento, y no será exigible el requisito de estar al

día en el pago de los impuestos correspondientes.

(*) (NOTA: El artículo 5º que se indica fue derogado por el numeral

190, inciso e), del Código de Notariado)

ARTÍCULO 10.- Si el interesado optare por presentar el documento

original o una copia del mismo, a Tributación Directa, ésta podrá consignar las constancias, en el propio documento, procurando no rayarlo,

hacerle anotaciones ni tachas, a fin de mantenerlo limpio.

En tal caso, regirán las mismas disposiciones establecidas para las

constancias solicitadas por aparte.

ARTÍCULO 11.- Las facultades de Tributación Directa, en relación con

los documentos que se le presentaren o las constancias que se le

solicitaren, para los fines de esta ley, se limitarán únicamente al pago

de los impuestos respectivos o datos necesarios para satisfacer éstos, o

valores de inmuebles constantes en sus cuentas.

Por consiguiente, no calificará ni prejuzgará sobre el contenido de

los documentos ni sobre la validez de los títulos u obligaciones, el

titular del dominio o derecho, o sobre defectos formales o intrínsecos de

esos documentos o de las operaciones para las que solicitaren constancias.

De las resoluciones o actuaciones de esa Oficina podrán interponerse

recursos de revocatoria y subsidiaria apelación, o de este último

recurso, conforme a las normas y procedimientos del Código Tributario,

teniendo el notario autorizante o responsable del documento, personería

para recurrir y accionar en todos los trámites del recurso.

ARTÍCULO 12.- En todos los casos en que las leyes actuales o futuras

se refieran al "anotado" de Tributación Directa, en documentos para

comprobar el pago de impuestos o contribuciones, o el cumplimiento de

requisitos para su inscripción en el Registro Público, se tendrán como

cumplidos esos trámites mediante las constancias respectivas y bajo los

procedimientos que establece la presente ley.

Se procederá igual, cuando -para el mismo objeto- se utilizaren

otras denominaciones diferentes a la de "anotado", o tales funciones se

encargaren a otras dependencias o instituciones.

ARTÍCULO 13.- Con motivo del ejercicio de la función pública que

desempeñan, los notarios tendrán derecho a ser atendidos de modo

preferente en la Tributación Directa, el Registro Nacional y sus

dependencias, así como en toda oficina pública. Para hacer efectiva esa

preferencia, las entidades y funcionarios correspondientes harán los

arreglos necesarios o tomarán las medidas pertinentes.

ARTÍCULO 14.- Toda clase de derechos, tasas o sumas que debieren

satisfacerse por los servicios que prestaren las diferentes dependencias

del Registro Nacional, podrán pagarse mediante timbres del Registro

Nacional, a cuya percepción se aplicarán las normas vigentes referentes a

su recaudación y destino.

ARTÍCULO 15.- Derógase el párrafo cuarto del artículo 25 y

modifícanse los artículos 38 y 44 de la Ley de Impuesto Territorial,

número 27 del 2 de marzo de 1939 y sus reformas. Sus textos dirán:

"Artículo 38.- El Registro Público suspenderá la inscripción de

documentos sobre traspaso de inmuebles o cambio del titular de su

dominio, o de constitución de hipotecas de cédulas o común, o ampliación

de ésta, si no llevaren constancia de que el transmitante, titular actual

o deudor, está al día en el pago del impuesto territorial".

"Artículo 44.- Todo notario que autorice una escritura de traspaso

de bienes inmuebles, sin inscribir en el Registro Público, deberá presentar o enviar a la Tributación Directa, para su visado, el

testimonio respectivo, con una copia en papel simple firmada por él,

dentro del mes siguiente a su otorgamiento.

El visado no se extenderá si se adeudaren los impuestos que indican

las leyes, cuando así lo dispongan éstas, o si no se hubieran satisfecho

todas las especies fiscales, que correspondan de acuerdo con la ley".

ARTÍCULO 16.- Modifícase el artículo 34 de la Ley de Planificación

Urbana, número 4240 del 15 de noviembre de 1968. Su texto será el

siguiente:

"Artículo 34.- El Registro Público suspenderá la inscripción de

documentos, sobre fraccionamiento de fincas comprendidas en distritos

urbanos, sin la constancia que indica el artículo anterior.

El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario

que hayan sido catastrados, lo extenderá el ingeniero o ejecutivo

municipales, o la persona en quien ellos delegaren tales funciones,

dentro de los tres días siguientes a su presentación y en forma gratuita,

sin estar sujeto al pago de timbres o cualquier otro tributo, ni al pago

de impuestos, contribuciones o servicios que debieren las partes. De no

aceptarse lo anterior, valdrá, como visado municipal, una constancia

notarial en el plano sobre esa circunstancia. Queda a salvo la negativa

fundada, de la municipalidad respectiva o de los funcionarios indicados,

hecha por escrito dentro del citado plazo.

Las oficinas públicas, instituciones o corporaciones estatales o

cualquier otra entidad pública que deba tramitar permisos de construcción

o de urbanización, proveer servicios, otorgar patentes o conceder

préstamos, tendrán como inexistentes, para estos efectos, las

parcelaciones hechas sin observar lo dispuesto en el artículo anterior.

No se aplicarán las disposiciones de éste ni del artículo precedente

a los documentos, actos o contratos, en que sean parte o tengan interés

el Estado en forma directa (Gobierno Central) o las propias

municipalidades donde estuviere ubicado el inmueble".

ARTÍCULO 17.- Refórmanse los artículos 2º, 7º y 8º de la Ley de

Aranceles del Registro Público, número 4564 del 29 de abril de 1970 y sus

reformas. Sus textos dirán:

"Artículo 2º.- A solicitud de cualquier persona, toda dependencia

del Registro Público entregará, a costa del petente, copia de los

documentos o inscripciones que se solicitaren".

"Artículo 7º.- El Registro Público reglamentará el sistema por el

cual se facilitarán, para su examen, los documentos que se hallaren en el

archivo y la forma en que se entregarán los documentos inscritos y los

defectuosos al respectivo notario o funcionario, así como los medios de

establecer la persona que retirare los documentos defectuosos a fin de

obtener sus devolución".

"Artículo 8º.- Si un documento pendiente de inscripción, facilitado

por el Registro, no hubiere sido devuelto a más tardar dentro de los ocho

días siguientes a su entrega, de acuerdo con el sistema que establezca el

reglamento respectivo, el Archivo dará inmediato aviso al Director del

Registro, quien por medio de carta o nota certificada, concederá un

término de cinco días al abogado o notario que retiró el documento, a fin

de que lo devuelva. Si el destinatario no pudiere ser habido, o no

pudiere enviarse la carta o nota por falta de dirección del mismo, el

Archivero, consignando esa circunstancia mandará a notificar por aviso

oficial, dos veces consecutivas en "La Gaceta" concediendo el mismo

término dicho. Vencidos los indicados cinco días sin haberse devuelto o

repuesto el documento, el Director del Registro lo comunicará a la Corte

Suprema de Justicia si se tratare de un notario, o a la Junta Directiva

del Colegio de Abogados si se tratare de abogado que no fuere notario, a

fin de que esos organismos impongan la suspensión del ejercicio de la

profesión a esos profesionales mientras no devuelvan el documento al

Archivo del Registro o no justifiquen la imposibilidad de tal devolución

y se haga, en este caso, la reposición del mismo.

Para levantar la suspensión, una vez que el Director del Registro

comunique que ha sido devuelto o repuesto el documento, bastará la

decisión del Presidente de los organismos dichos.

En todo caso la persona que retirare del Archivo un documento

pendiente de inscripción, se tendrá como depositario judicial del mismo

y, sin perjuicio de las responsabilidades penales consiguientes,

responderá por los daños y perjuicios resultantes de su pérdida o

destrucción, pudiendo decretarse apremio corporal, el cual no tendrá limitación por razón de edad, y el que subsistirá mientras no se devuelva

o reponga el documento.

Cualquier persona interesada en que se devuelva al Archivo un

documento facilitado para su estudio, sin haberse obtenido su devolución

al cabo de los cinco días referidos, o los abogados o notarios

interesados en su reposición por imposibilidad de devolver documentos,

pueden solicitar al Registrador General en papel común, que pida al

notario o funcionario que tuviere el protocolo o expediente, se extienda

un segundo testimonio o documento sin más trámite, el cual se tendrá como

reposición del documento original para todos los efectos legales. Tales

segundos testimonios o documentos no devengarán derechos, si fuere un

tercero quien lo solicitare, pues si fuere la persona que lo retiró se

aplican las reglas del inciso 45) de la tabla III, artículo 1º. Dicho

Registrador también podrá solicitar de oficio un segundo documento de los

referidos, el que estará libre de derechos y tendrá los efectos

indicados, y se extenderá también sin más trámites".

ARTÍCULO 18.- Modifícanse los artículos 6º y 12 de la Ley sobre

Inscripción de Documentos en el Registro Público, número 3883 del 30 de

marzo de 1967, reformada por la Ley número 6145 del 18 de noviembre de

  1. Sus textos serán los siguientes:

"Artículo 6º.- No podrá objetarse la inscripción de documentos en el

Registro, alegando otros defectos que no sean los derivados del

incumplimiento de requisitos que exija la ley o el reglamento de esta

Oficina, o por falta de concordancia en los datos constantes en aquel,

salvo lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Notariado.

Si en el estudio del documento resultaren defectos, errores u

omisiones de orden material, tales como los relativos a tomo, folio,

asiento, situación y cualesquiera otros datos que no alteren la voluntad

de las partes ni modifiquen en su esencia el acto o contrato, se

procederá a inscribir el documento -si no existieren otros defectos que

lo impidan- y el Registrador anotará aquellos, a fin de que el notario,

al recibir inscrito el documento, haga al margen de la escritura original

la corrección del caso. Igualmente podrá el notario, dejando la razón

correspondiente al margen de la escritura original, corregir esa clase de

defectos, errores y omisiones, sin perjuicio de las facultades que

también le conceden los artículos 62 y 62 bis a) de la Ley Orgánica del

Notariado, además podrá corregir otros errores que le hubiesen autorizado

enmendar las partes o incluir datos que éstas le autoricen consignar.

Los demás defectos deberán indicarse, clara y detalladamente, en la

minuta respectiva, sin que sea permitido hacerlo en el documento cuya

limpieza se deberá mantener, con las citas de ley en que se funda, dentro

del plazo y bajo las sanciones por incumplimiento que determine el

reglamento.

Todos los defectos deberán indicarse de una vez; subsanados éstos,

deberá inscribirse el documento dentro del plazo que señale ese

reglamento con las sanciones que el mismo determina para el caso de

incumplimiento.

Corregidos los defectos apuntados al inicio, no podrán señalarse

nuevos defectos y deberá procederse a la inscripción del documento

respectivo".

"Artículo 12.- Los documentos serán inscritos de acuerdo con los

procedimientos establecidos en el reglamento del Registro, procurando que

la inscripción se lleve a cabo en la forma más rápida posible.

Procederá, si así fuere solicitado por las partes o por el notario

autorizante, la inscripción parcial de uno o más documentos cuando se

hubiesen presentado conjuntamente, o de la parte correcta de un

documento, siempre que fuere legalmente posible, de conformidad con el

artículo 452 del Código Civil y los artículos 7º y 8º de esta ley".

ARTÍCULO 19.- Adiciónanse , con un párrafo cada uno, los artículos 66 y 85 y modifícase el artículo 82 bis de la Ley Orgánica de Notariado, número 39 del 5 de enero de 1943 y sus reformas.

Al artículo 66 se le agrega lo siguiente:

"Estas escrituras podrán tener cuadro o casilla en el ángulo superior izquierdo, ahí podrán usarse abreviaturas y cifras para indicar cantidades, números y fecha".

En el artículo 82 bis, el párrafo primero dirá así:

"El notario también podrá extender, bajo su responsabilidad, certificaciones relativas a inscripciones o documentos existentes en registros y oficinas públicas, incluso piezas de expedientes, así como de libros, documentos y atestados particulares o privados, sin que fuere necesario levantar acta en el protocolo, haciendo constar si la certificación es literal, en lo conducente o en relación.

Si se tratare de certificación literal podrá usarse el sistema de fotocopia.

Para todos los efectos legales, esas certificaciones tendrá el valor que las leyes conceden a las extendidas por los funcionarios de aquellas dependencias mientras no se compruebe con certificación emanada de éstos que carecen de exactitud, sin que sea necesario en este caso argüir falsedad.

El notario que en dichas certificaciones consignare datos falsos, aparte de las responsabilidades penales y civiles correspondientes, será sancionado de acuerdo con las disposiciones del capítulo V (Régimen Disciplinario) de esta ley conforme a la gravedad de la falta.

Las certificaciones que expidan los notarios según lo autoriza este artículo deberán satisfacer las especies fiscales que corresponda pagar a las que extienda la Oficina o Registro de los cuales se certifiquen inscripciones o documentos.

Pero si se tratare del Registro Público, deberán pagarse los derechos respectivos o agregarse su importe en timbres del Registro Nacional".(*)

El artículo 85 se adiciona con el siguiente párrafo:

"En caso de protocolo escrito a máquina, el testimonio podrá consistir en una copia fotostática del original, claramente legible y en papel grueso, si se le agregan la casilla o cuadro en caso de no contenerlo la matriz, así como el engrose, el cual debe firmar el notario, al igual que las demás hojas, si el documento contuviere más de una. Estos testimonios llevarán timbre fiscal de cincuenta céntimos, por cada hoja o fracción de hoja de los mismos".

ARTÍCULO 20.- Los documentos, actos o contratos, cualquiera que fuere su naturaleza, ya sea que tuvieren su origen en compras directas o mediante licitaciones públicas o privadas, o autorizadas por leyes especiales, aún de fecha anterior a la presente ley, en que adquirieren inmuebles el Estado directamente (Gobierno Central) o sus instituciones de educación, salud, beneficencia o asistencia públicas y municipalidades estarán exentos, respecto a todas las partes incluyendo los particulares, de impuestos sobre esas operaciones, timbres de toda clase, derechos de registro y de requisitos sobre constancia de valores, impuestos debidos por todas esas partes y cualesquiera otras condiciones o requisitos fiscales o tributarios que exigieren las leyes a los particulares, para tramitarlos o inscribirlos.

(Nota de Sinalevi : Mediante el artículo 179 del Código Notarial, Ley N° 7764 del 17 de abril de 1998, se reformó la ley N° 4564 del 29 de abril de 1970 y se estableció lo siguiente: “Quedan vigentes las exenciones tributarias referidas en el artículo 20 de la Ley No. 6575, de 27 de abril de 1981; el artículo 2 de la Ley No. 7293, de 3 de abril de 1992, así como la constitución de gravámenes en garantía de excarcelaciones, certificaciones y mandamientos provenientes de autoridades judiciales en materia penal, de trabajo, agraria y de familia.")

ARTÍCULO 21.- Deróganse los artículos 9º y 10 y modifícanse los

artículos 7º, 11 y 14 de la Ley de Impuesto sobre Traspaso de Bienes

Inmuebles, contenida en el artículo 3º de la Ley de Reforma Tributaria

número 5909 del 10 de junio de 1976, reformada por la ley número 6153 del

21 de noviembre de 1977. Sus textos serán los siguientes:

"Artículo 7º.- El impuesto se calculará sobre el valor del inmueble

constante en las cuentas de Tributación Directa, a la fecha del acto o

contrato, salvo que el documento u operación contuviere uno mayor, en

cuyo caso regirá éste.

Sin embargo, en caso de remate el impuesto se calculará sobre el

precio de la subasta y si se tratare de adjudicación en pago de deudas,

el impuesto se tasará sobre el valor fijado al inmueble, en el juicio

respectivo".

"Artículo 11.- El impuesto deberá cancelarse dentro de los tres

meses siguientes a la fecha de otorgamiento del documento respectivo.

Vencido el plazo, éste o la parte faltante, tendrán los recargos y multas

establecidos por el Código Tributario".

"Artículo 14.- La Tributación Directa no expedirá constancia sobre

pago del impuesto establecido en esta ley, respecto a operaciones sujetas

a éste, si la solicitud o documento no llevan adjunto el entero,

debidamente cancelado por el monto total del impuesto".

ARTÍCULO 22.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán en cuanto favorezcan a su trámite e inscripción, aún a los documentos de fecha anterior a la presente ley.

Esta ley deroga a todas las que se le opongan; comenzará a regir a partir del día de su publicación, excepto los artículos 2º, 4º, 8º, 9º, 10 y 12 que regirán tres meses después de esa fecha.

Presidencia de la República.-San José, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos ochenta y uno.

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