Limón recibe un 10% del fondo de desarrollo social cada año

Qué cambia

Cada año, el 10% del monto total del Fondo de Desarrollo Social se destina a la provincia de Limón (art. 1). Ese fondo es el que regula la Ley 5662, del 23 de diciembre de 1974, y sus reformas.

El dinero se invierte solo en Limón y solo durante cuatro años (art. 1). También debe servir para los objetivos que fija la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

La Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares administra esa suma (art. 2). El reparto entre programas es fijo. Un 50% va para mantener los programas actuales. Un 20% va para aumentar el programa de vivienda de interés social. Otro 20% va para aumentar el programa de agroindustria. El 10% restante va para aumentar el programa de acueductos rurales.

En vivienda y agroindustria, Asignaciones Familiares ejecuta los mismos programas (art. 2).

El 10% entra en el presupuesto de la Dirección de Asignaciones Familiares a partir de 1982 (art. 3). Ese presupuesto incluye las partidas que ordinariamente se asignan a Limón.

Durante esos cuatro años, quedan sin efecto las disposiciones legales o reglamentarias que regulen en sentido contrario (art. 4).

Antes de que termine el plazo de cuatro años, no se puede disponer de los fondos de asignaciones familiares para atender casos similares a los de Limón (art. 5). Hay una excepción: que la institución lo recomiende.

A quién le toca

A los habitantes de la provincia de Limón. La ley ordena invertir el 10% del fondo exclusivamente en esa provincia (art. 1).

A la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Es la entidad que administra la suma y ejecuta los programas de vivienda y agroindustria (art. 2).

A las personas que usan los programas de vivienda de interés social, agroindustria y acueductos rurales en Limón. La ley les asigna porcentajes fijos de aumento (art. 2).

A las instituciones que quieran usar los fondos de asignaciones familiares para casos similares a los de Limón antes de cuatro años. La ley se lo impide, salvo que la institución lo recomiende (art. 5).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no le pone observaciones 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el que aprobó la Asamblea en 1981 2. No hay reformas, correcciones ni derogatorias registradas.

La Ley 5662, que crea el fondo del que sale el 10%, también sigue vigente 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 121 dice que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La ley 6582 salió de la Asamblea, así que calza con esa atribución (art. 1).

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite para usar y disponer de los recursos del Estado §Constitución, art. 180. La ley 6582 fija un destino dentro del presupuesto de Asignaciones Familiares a partir de 1982 (art. 3). Esa orden encaja con la idea de que el presupuesto marca el límite del gasto.

El artículo 176 pide que la gestión pública sea "sostenible, transparente y responsable" §Constitución, art. 176. La ley 6582 fija porcentajes y plazos concretos (art. 2). No se ve una contradicción directa.

Queda una duda sobre el artículo 5. La ley permite disponer de los fondos para casos similares si "la Institución lo recomiende" (art. 5). El texto no dice cuál institución ni con qué criterio. Esa vaguedad podría generar dudas sobre el control del gasto público, pero el Censo no encontró un artículo constitucional del dossier que la prohíba.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. También hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

Para interponerla, por regla general debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo §guía, p. 24. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos. Puede denunciar personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le presta mal el servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. Un grupo de ciudadanos puede redactar un proyecto y llevarlo a la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactarlo.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero representa hoy ese 10% ni cuál es el monto total del Fondo de Desarrollo Social.

El dossier no aclara si el plazo de cuatro años ya venció o si se ha renovado.

El dossier no dice cuál institución puede recomendar la excepción del artículo 5 ni con qué criterio.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.