Los bancos del Estado emitieron títulos para tapar deuda de 1981

Qué cambia

La ley autorizó a cada banco comercial del Estado a emitir "Títulos de capitalización bancaria 1981" para aumentar su capital (art. 1). El monto de cada emisión equivale al saldo en bonos fiscales que ese banco tenía al 31 de mayo de 1981 y que había comprado con préstamos del Banco Central de Costa Rica. Cada banco decide cómo reparte esa capitalización por departamentos.

El Banco Central de Costa Rica puede comprar y mantener esos títulos de forma permanente (art. 2). Los recibe como pago de los préstamos que les dio a los bancos comerciales para comprar los bonos fiscales.

Los títulos no pagan intereses ni dan ningún otro beneficio económico (art. 3). El Banco Central no puede transferirlos a terceras personas, sean físicas o jurídicas, públicas o privadas.

El Poder Ejecutivo canjea los bonos fiscales que los bancos comerciales del Estado tenían al 31 de mayo de 1981 por nuevos valores llamados "Bonos refundición deuda bancaria 1981" (art. 4). El valor estimado es de ¢ 3.883.900.000, calculado con base en los préstamos directos que el Banco Central les facilitó para ese fin. Esos bonos nuevos están exentos de toda clase de tributos presentes y futuros. Están a cargo del Tesoro Público, tienen fecha de emisión del 1º de julio de 1981, se amortizan en veintitrés años con tres años de gracia, y no pagan intereses. El Ministerio de Hacienda puede emitir certificados provisionales hasta por el monto de los títulos definitivos.

Lo que se amortice de esos bonos, y lo que se obtenga si se comercializan, los bancos comerciales lo destinan a financiar sus programas de préstamos (art. 4).

Los bonos fiscales canjeados quedan cancelados de forma definitiva y fuera de circulación (art. 5). El Poder Ejecutivo, por decreto, fija la nueva cuota fija trimestral de amortización e intereses de las emisiones que bajaron por el canje, y la suma que debe incluirse cada año en el Presupuesto Nacional. El cálculo toma el saldo por amortizar, sin los bonos que tenían los bancos comerciales del Estado, y el tiempo que falta para cancelarlos según el último sorteo que fijó la ley original.

El Poder Ejecutivo debe incluir cada año en el Presupuesto Nacional las sumas para pagar la amortización de los bonos refundición deuda bancaria 1981 (art. 6).

La ley también cambió el artículo 85, punto 1, inciso b) de la ley Nº 1552 (art. 7). El nuevo texto fija el límite máximo de crédito que un banco puede dar a cada persona, natural o jurídica, en cada modalidad y en conjunto: no puede pasar del cuatro por ciento (4%) de los capitales y reservas del banco, salvo casos muy calificados en que sube hasta el seis por ciento (6%). Ese límite no aplica a los avales y garantías de pago que los bancos comerciales otorguen en el exterior al Instituto Costarricense de Electricidad. Esas operaciones de crédito externo necesitan aprobación previa del Banco Central, que fija los límites de excepción para el ICE.

También cambió el artículo 61, inciso 5) de la ley Nº 1644 (art. 8). Para las operaciones normales que necesitan las finanzas del Estado y demás instituciones de derecho público, cada banco puede prestar hasta un monto que no pase en conjunto del seis por ciento (6%) de su capital y reservas. Se exceptúan los préstamos a las instituciones oficiales encargadas de regular los precios de artículos de primera necesidad. Se exceptúan también los créditos al Instituto Costarricense de Electricidad y las garantías que se le otorguen en créditos al exterior. Para el crédito interno, el ICE queda sujeto al inciso 10 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

La ley rige desde su publicación (art. 9).

El Transitorio 1 autoriza al Poder Ejecutivo a conseguir un financiamiento adicional de hasta mil millones de colones durante 1981, del Sistema Bancario Nacional, para las necesidades de caja del Gobierno Central, además del financiamiento equivalente al monto anual de Letras del Tesoro al que tiene derecho (art. Transitorio 1). Deja sin efecto la norma 120 del Presupuesto Nacional de la República para 1981.

Los artículos 7º y 8º entran a regir cuando el Banco Central haya comprado la totalidad de los títulos de capitalización bancaria 1981 (art. Transitorio 2).

A quién le toca

A los bancos comerciales del Estado: cada uno emite sus títulos de capitalización y decide el reparto por departamentos (art. 1).

Al Banco Central de Costa Rica: compra y mantiene los títulos, y los recibe como pago de los préstamos que dio a los bancos comerciales (art. 2). No puede transferir esos títulos a terceros (art. 3).

Al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda: hacen el canje de bonos, emiten certificados provisionales y fijan por decreto la nueva cuota trimestral (art. 4) (art. 5).

Al Tesoro Público: queda a su cargo el pago de los bonos refundición deuda bancaria 1981 (art. 4).

A los bancos comerciales del Estado otra vez: reciben lo que se amortice de esos bonos para financiar sus programas de préstamos (art. 4).

A las personas y empresas que piden crédito: el límite por deudor queda en 4% de capitales y reservas del banco, ampliable a 6% en casos muy calificados (art. 7).

Al Instituto Costarricense de Electricidad: queda fuera de esos límites en avales y garantías de pago en el exterior, con aprobación previa del Banco Central (art. 7). Para crédito interno queda sujeto al inciso 10 del artículo 85 de la Ley Orgánica del Banco Central (art. 8).

A las instituciones oficiales que regulan precios de artículos de primera necesidad: sus préstamos quedan exceptuados del límite del 6% (art. 8).

Al Gobierno Central: puede conseguir hasta mil millones de colones adicionales del Sistema Bancario Nacional en 1981 (art. Transitorio 1).

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier son de 2022 y tratan otros expedientes: eurobonos, mercado de deuda pública, combustibles, depósito libre comercial en Limón. No hay ninguna grabación sobre la ley 6586 ni sobre los títulos de capitalización bancaria de 1981.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente, en su versión 1 de 1, según SINALEVI de la Procuraduría General de la República 2.

La Procuraduría resume el contenido así: se autoriza a los bancos comerciales del Estado a emitir "Títulos de capitalización bancaria 1981", con el fin de aumentar su capital 2. Señala que se modifica el artículo 85 punto uno inciso B de la ley No. 1552 del 23 de abril de 1953, y que también reforma el inciso quinto del artículo 61 de la ley No. 1644 del 26-09-1953. Agrega que el Transitorio No.1, párrafo segundo, deja sin efecto la norma 120 de la Ley de Presupuesto para 1981.

La ley 1552, que esta ley reformó, aparece como derogada en SINALEVI 3. La ley 1644, que también reformó, aparece como vigente 4.

Frente a la Constitución

El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica §Constitución, art. 121. La ley 6586 es una ley aprobada por la Asamblea que reforma otras dos leyes, así que calza con esa atribución.

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los Poderes Públicos para usar y disponer de los recursos del Estado, y que solo se modifican por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 180. El Transitorio 1 de la ley deja sin efecto la norma 120 del Presupuesto Nacional de 1981 y autoriza un financiamiento adicional de hasta mil millones de colones (art. Transitorio 1). La Constitución permite modificar el presupuesto por ley de iniciativa del Poder Ejecutivo, y el dossier no dice quién tuvo la iniciativa de esta ley. El Censo no encontró un choque claro con ese artículo, pero tampoco puede confirmar el origen de la iniciativa.

El artículo 176 ordena que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual, y que el presupuesto comprenda todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados §Constitución, art. 176. La ley ordena incluir cada año en el Presupuesto Nacional las sumas para amortizar los bonos (art. 6), lo que calza con ese mandato de incluir los gastos.

El artículo 11 dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, que están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y que no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella §Constitución, art. 11. La ley da al Poder Ejecutivo la facultad de fijar por decreto la nueva cuota trimestral de amortización (art. 5). El Censo no encontró en el dossier una norma constitucional que prohíba esa delegación, pero tampoco una que la autorice de forma expresa.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes y contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. Los bonos quedan a cargo del Tesoro Público (art. 4), es decir, se pagan con recursos públicos, lo que calza con ese deber de contribuir.

Qué puede hacer usted

Esta ley ya rige desde 1981. Las vías para una ley vigente son distintas de las de un proyecto en trámite.

Acción de inconstitucionalidad: sirve para atacar una ley que infrinja, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Se puede presentar contra leyes y otras disposiciones generales. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional pide que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Recurso de amparo: procede contra toda disposición, acuerdo o resolución, y en general contra toda acción, omisión o actuación material de servidores y órganos públicos que haya violado, viole o amenace violar derechos y libertades fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Denuncia ante la Contraloría General de la República: la CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos que usan las instituciones del Estado §guía, p. 68. Una denuncia es el acto por el cual una persona física o jurídica pone en conocimiento de la Contraloría un hecho que se presume irregular con respecto al manejo de los recursos públicos, para que sea investigado. Se puede presentar personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, usar el portal de Denuncia Electrónica, escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr o enviar al Apartado Postal 1179-1000 San José.

Queja ante la Defensoría de los Habitantes: protege los derechos e intereses de cada habitante ante actuaciones irregulares de las instituciones públicas cuando brindan sus servicios §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos o intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentar una queja.

Iniciativa popular para proponer una reforma: los proyectos de iniciativa popular se tramitan por los procedimientos legislativos ordinarios y deben votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar los proyectos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si los bonos refundición deuda bancaria 1981 ya se terminaron de pagar ni cuánto se ha amortizado.

El dossier no dice cuánto valían los títulos de capitalización que emitió cada banco en 1981.

El dossier no dice quién tuvo la iniciativa de esta ley ni cómo votó cada diputado.

El dossier no incluye el texto completo del artículo 85 de la ley 1552 ni del artículo 61 de la ley 1644 antes de la reforma, así que no se puede comparar el antes y el después.

El dossier no dice si el financiamiento adicional de mil millones de colones del Transitorio 1 se usó ni en qué.