Municipalidades deben dar patente a vendedores ambulantes

Qué cambia

La ley 6587 manda a las municipalidades a dar patentes para ventas ambulantes y estacionarias en las vías públicas (art. 1). Cada municipalidad debe escribir su propio reglamento para regular esa actividad en su cantón.

Ese reglamento no puede prohibir la venta en zonas comerciales (art. 1).

Las patentes que se den bajo esta ley no se pueden pasar a otra persona por ningún motivo (art. 2). El artículo 2 fue reformado por una anulación parcial de la Sala Constitucional, resolución N° 3298 del 17 de febrero de 2010.

La municipalidad declara caducada la patente si la familia dueña no la usa dentro del plazo que fije el reglamento (art. 3). Si eso pasa, esa familia no puede volver a recibir una patente de este tipo.

Al dar las patentes, la municipalidad debe preferir a personas con discapacidad que ya hayan vendido así (art. 4). También tienen preferencia las personas sin discapacidad que antes hayan trabajado en esa actividad.

Antes de otorgar la patente hace falta un estudio social que diga si conviene autorizar la actividad (art. 4). La resolución debe estar razonada e incluir los datos completos del beneficiario, su domicilio, las causas de la solicitud, la comprobación de esas causas y un extracto del estudio social.

Una copia de esa resolución debe llegar al Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dentro de los ocho días siguientes a su aprobación (art. 4).

Las patentes se cobran cada trimestre (art. 5). Si no se paga, la patente caduca.

Antes de otorgar la patente, la municipalidad coordina con el Instituto Costarricense de Turismo el diseño y la presentación de los puestos de venta (art. 6).

El Estado debe avalar los créditos que pidan los vendedores ambulantes al Sistema Bancario Nacional y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (art. 7). Eso aplica si cumplen los requisitos para ser sujetos de crédito. El banco decide la garantía de cada caso y cuándo usa el aval del Estado.

El Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe tener una lista actualizada de las personas con patente (art. 8). Con esa lista les ofrece empleo compatible con sus posibilidades en una actividad productiva. Las municipalidades le mandan copia de las resoluciones donde conceden patentes.

La ley deroga los artículos 8 y 9 de la ley 4769 del 2 de junio de 1971 y sus reformas (art. 9).

Mientras no existan las patentes de esta ley, a los vendedores se les aplica la tarifa más baja de la ley de patentes municipales del cantón (art. Transitorio 1). En todo caso se aplican los artículos 4 y 6.

Las municipalidades tenían tres meses desde la vigencia de la ley para dictar sus reglamentos (art. Transitorio 2).

A quién le toca

A las municipalidades: deben otorgar las patentes, escribir el reglamento, hacer el estudio social y cobrar cada trimestre (art. 1) (art. 4) (art. 5).

A las personas que venden ambulante o estacionariamente en vías públicas: pueden pedir patente y tienen derecho a que se les aplique la tarifa más baja mientras no existan las patentes de esta ley (art. 1) (art. Transitorio 1).

A las personas con discapacidad que ya vendieron así: tienen preferencia en el otorgamiento (art. 4).

A las personas sin discapacidad que antes trabajaron en esa actividad: también tienen preferencia (art. 4).

A la familia dueña de una patente: pierde la patente si no la usa en el plazo del reglamento, y no puede volver a recibir una de este tipo (art. 3).

Al Departamento de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: debe llevar la lista actualizada y ofrecer empleo a las personas con patente (art. 8).

Al Instituto Costarricense de Turismo: coordina con la municipalidad el diseño y la presentación de los puestos (art. 6).

Al Sistema Bancario Nacional y al Banco Popular y de Desarrollo Comunal: reciben solicitudes de crédito con aval del Estado (art. 7).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 6587 está vigente 2. SINALEVI muestra la versión 3 de 3 y no registra observaciones de la Procuraduría.

El artículo 2 aparece reformado por la anulación parcial que ordenó la Sala Constitucional en la resolución N° 3298 del 17 de febrero de 2010 (art. 2).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la ley 6587 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 169 dice que la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley 6587 encaja ahí: le pide a la municipalidad otorgar patentes y dictar su reglamento (art. 1).

El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. Hay una duda posible: la ley fija reglas uniformes para todas las municipalidades, como la prohibición de zonas prohibidas en lugares comerciales (art. 1). Eso podría leerse como un límite a esa autonomía, pero el mismo artículo 170 permite que la ley defina competencias.

El artículo 56 dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, y que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil §Constitución, art. 56. La preferencia para personas con discapacidad y para quienes ya trabajaron en la actividad apunta en esa dirección (art. 4).

El artículo 57 garantiza un salario mínimo por jornada normal §Constitución, art. 57. La ley 6587 no fija montos de patente ni salarios, así que no hay comparación posible con ese artículo.

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad le niega la patente sin estudio social o sin resolución razonada, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. El amparo procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen o amenacen violar derechos fundamentales. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley 6587 o un reglamento municipal choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Cabe contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos §guía, p. 24.

Si la municipalidad le da mal servicio o no cumple con otorgar la patente, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública.

Si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos en la municipalidad, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de municipalidades.

La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto cuesta una patente ni cuál es la tarifa más baja de cada municipalidad.

El dossier no dice cuántas patentes se han otorgado bajo esta ley.

El dossier no incluye los reglamentos municipales que cada cantón debía dictar en tres meses.

El dossier no explica qué pasó con la anulación parcial del artículo 2 más allá de la fecha y el número de resolución.