Escuela Judicial: quién manda y quién paga los cursos
La ley crea la Escuela Judicial del Poder Judicial, fija su consejo directivo y obliga a los becarios a devolver el favor con trabajo y docencia.
Título oficial LEY DE CREACIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL.
Atención: Quien recibe un curso de formación firma un convenio para servir al Poder Judicial al menos cinco años, y perder un curso sin justa causa permite el despido sin responsabilidad patronal.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Funcionarios judiciales que recibieron beca de posgrado
La ley obliga al becario a dar clases en la Escuela sin remuneración durante cinco años, además de publicar en la Revista Judicial.
Colaborar, ad honorem, como profesores de la Escuela, durante un lapso de cinco años contados a partir de su nombramiento como profesores, independientemente de su servicio para el Poder Judicial como funcionarios, siempre y cuando no se afecte la buena marcha de la oficina a su cargo; todo a juicio de la Corte Plena.
13, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Funcionarios y empleados judiciales llamados a cursos por el consejo directivo
- Jefes de oficina que deben permitir y vigilar la asistencia de sus subalternos
- Becarios de posgrado obligados a publicar y dar clases sin pago
- Estudiantes de derecho escogidos para el programa de tutores
- Egresados a quienes la Corte asigna plaza o nombra actuarios
A quién beneficia
- Quien aprueba cursos de perfeccionamiento tiene preferencia para nombramientos y ascensos
- Los estudiantes pueden ser nombrados interinamente en plazas vacantes y reciben salario
- Los profesores que no son servidores judiciales no tienen las prohibiciones del ejercicio profesional
Qué cambia
- Quien recibe curso de formación queda obligado a servir al Poder Judicial al menos cinco años
- Perder un curso sin justa causa es motivo de despido sin responsabilidad patronal
- El período de prueba para quedar en propiedad es de un año desde el ingreso a los cursos
- El Poder Ejecutivo ajusta el presupuesto del Poder Judicial por decreto a solicitud de la Corte
La explicación completa
Qué cambia
La ley crea la Escuela Judicial como órgano del Poder Judicial. Su trabajo es formar y capacitar a los servidores de ese Poder (art. 1).
La sede está en San José. La Escuela puede abrir centros regionales en cualquier lugar del país (art. 2).
La dirección la lleva un consejo directivo de siete miembros. Lo nombra la Corte Plena. Los puestos duran dos años, salvo el del Director, que dura cuatro (art. 4).
El consejo lo preside un magistrado. Lo completan el director de la escuela, dos jueces, y el jefe o subjefe de la defensa pública, del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. El magistrado y los jueces deben ser de materias distintas. Todos pueden ser reelegidos (art. 5).
El consejo actúa como órgano superior de la Escuela. También propone a la Corte crear secciones y centros regionales (art. 6).
El director ejecuta lo que decide el consejo. Es el jefe de los servidores de la Escuela y trabaja con un secretario y el personal necesario (art. 8).
Los profesores pueden ser funcionarios judiciales con experiencia, profesores universitarios, ex becarios de la Corte o invitados. A los que no son servidores judiciales la Corte les fija el sueldo, y su nombramiento pasa por concurso (art. 12).
Quien recibe una beca de posgrado tiene dos obligaciones. Debe entregar a la Biblioteca de la Corte un ejemplar de su tesis y publicar en la Revista Judicial al menos dos veces al año durante dos años seguidos. Además debe colaborar como profesor de la Escuela sin pago durante cinco años (art. 13).
Antes de dar una beca se pide informe al consejo sobre las necesidades de profesores. Se prefiere estudiar las materias donde faltan profesionales en el Poder Judicial o en la Escuela (art. 14).
Pueden ser alumnos los funcionarios y empleados judiciales que el consejo llame. También quienes quieran entrar al Poder Judicial y cumplan los requisitos. Y los funcionarios judiciales de otros países, si su órgano superior lo pide a la Corte Plena y esta lo autoriza, sin derecho a remuneración (art. 15).
Quien recibe un curso de formación firma un convenio con la Corte. Se obliga a servirle al menos cinco años (art. 16).
El período de prueba para quedar en propiedad es de un año desde que entra a los cursos. Perder uno o más cursos sin justa causa es motivo de despido sin responsabilidad patronal (art. 16).
Para aprobar los cursos se necesita una nota mínima del setenta por ciento de la calificación total (art. 34).
Quien aprueba los cursos de perfeccionamiento tiene preferencia para nombramientos y ascensos, en igualdad de condiciones (art. 35).
El Poder Ejecutivo hace los cambios al presupuesto del Poder Judicial que pida la Corte, por decreto, para pagar la Escuela (art. 37).
La ley rige desde su publicación (art. 40).
A quién le toca
A los funcionarios y empleados judiciales. Están obligados a asistir a cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones y conferencias cuando el consejo los convoque, dentro de la jornada ordinaria (art. 31).
A los jefes de oficina. Deben permitir y vigilar que sus subalternos asistan a esas actividades (art. 31).
A los becarios de posgrado. Deben entregar la tesis, publicar en la Revista Judicial y dar clases sin pago por cinco años (art. 13).
A quienes reciben cursos de formación. Firman un convenio para servir al Poder Judicial al menos cinco años (art. 16).
A los estudiantes de derecho que el consejo escoja. Son un grupo no mayor de cinco por año, de universidades autorizadas, con preferencia de años superiores. Cada uno recibe un profesor tutor (art. 20).
A los estudiantes que egresan. La Corte les asigna la posición dentro del Poder Judicial. Si no hay plazas, los nombra provisionalmente como actuarios de un juzgado o alcaldía (art. 25).
A los alumnos en general. Quedan sujetos al régimen disciplinario de la Escuela. Las sanciones van de la advertencia a la expulsión definitiva (art. 15) (art. 28).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 3 de 3 y no registra observaciones de la Procuraduría 2.
Tres artículos fueron reformados por el artículo 9 de la Ley de Creación del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, N° 10445 del 19 de marzo de 2024. Son los artículos 3, 10 y 33 (art. 3) (art. 10) (art. 33).
El artículo 5 fue reformado por el artículo 12 de la Ley de Reorganización Judicial N° 7728 del 15 de diciembre de 1997 (art. 5).
La ley también reformó el Estatuto de Servicio Judicial, ley N° 5155. Cambió el inciso g) del artículo 18, el artículo 33 y el inciso a) del artículo 34 (art. 38).
El artículo 33 del Estatuto hoy dice que para recibir la protección de esa ley el servidor judicial debe cumplir un período de prueba de un año desde que se hace cargo del puesto 3.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa dictar las leyes, reformarlas y derogarlas Constitución, art. 121. Esta ley salió por esa vía, y el artículo 38 reforma otra ley vigente (art. 38).
El artículo 11 dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades no concedidas en la ley Constitución, art. 11. La ley reparte las atribuciones del consejo, del director y de los demás funcionarios en un reglamento interno que dicta la Corte Plena (art. 11).
El artículo 177 manda que el presupuesto le asigne al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados Constitución, art. 177. La ley ordena al Poder Ejecutivo hacer los cambios presupuestarios que pida la Corte para pagar la Escuela (art. 37).
El artículo 84 garantiza la independencia de las universidades estatales Constitución, art. 84. La ley usa profesores universitarios y estudiantes de universidades autorizadas, sin tocar esa independencia (art. 12) (art. 20).
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto de la Escuela o del Poder Judicial le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Lo puede interponer cualquier persona, contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio guía, p. 22.
El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación. Si los efectos ya cesaron, tiene hasta dos meses después guía, p. 22.
En el escrito ponga con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No hace falta citar el artículo constitucional guía, p. 23.
Si cree que la ley misma choca con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Se presenta contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional guía, p. 24.
Para esa acción normalmente debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No se exige cuando no hay lesión individual y directa, o cuando se defienden intereses difusos guía, p. 24.
Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica guía, p. 71.
La Defensoría no investiga casos que estén esperando una resolución judicial guía, p. 71.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánto cuesta hoy operar la Escuela Judicial ni cuántas becas se han dado.
El dossier no permite saber cuántos estudiantes han firmado el convenio de cinco años ni cuántos lo han cumplido.
El dossier no incluye el reglamento interno que dicta la Corte Plena para organizar la Escuela.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque directo entre la ley y los artículos constitucionales del dossier. La ley se aprobó por la vía legislativa y reparte atribuciones en un reglamento interno.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 38"Refórmanse el inciso g) del artículo 18, el artículo 33 y el inciso a) del artículo 34 del Estatuto de Servicio Judicial, ley Nº 5155 del 10 de enero de 1973, cuyos textos dirán:"
Sin choque aparente La Asamblea puede dictar y reformar leyes. Esta ley reforma el Estatuto de Servicio Judicial, así que usa esa facultad.
Constitución, art. 11"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella."
Esta ley, art. 11"Las atribuciones que corresponden al Consejo Directivo, al Director y a los demás funcionarios de la Escuela, así como la restante organización y funcionamiento de ésta, serán señaladas en un reglamento interno que deberá dictar la Corte Plena."
Hay dudas La ley deja las atribuciones en un reglamento interno. El dossier no incluye ese reglamento, así que no se puede revisar si respeta el límite del artículo 11.
Constitución, art. 177"En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico"
Esta ley, art. 37"El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia y mediante decretos, hará las modificaciones necesarias -en el Presupuesto del Poder Judicial- para atender los gastos que demande la organización y funcionamiento de la Escuela Judicial."
Hay dudas La ley manda al Poder Ejecutivo ajustar el presupuesto del Poder Judicial por decreto. El artículo 177 fija un piso del seis por ciento para ese Poder. El dossier no permite ver si los decretos respetan ese piso.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6593: LEY DE CREACIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL.
- Ley 6593 en SINALEVI: Ley de Creación de la Escuela Judicial (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3)
- Ley 5155: Estatuto de Servicio Judicial (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 6593
Ley de Creación de la Escuela Judicial
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LEY DE CREACIÓN DE LA ESCUELA JUDICIAL
#6593 del 06 de Agosto de 1981
CAPITULO I
Normas preliminares
Artículo 1º.- Créase la Escuela Judicial -como órgano del Poder Judicial- la cual tendrá a su cargo la formación y capacitación de los servidores de ese Poder.
Artículo 2º.- La Escuela Judicial tendrá su sede en la ciudad de San José y podrá establecer centros regionales en cualquier lugar del país.
Artículo 3- La Escuela dispondrá de las secciones o áreas de actividad que se consideren necesarias.
(Así reformado por el artículo 9° de la Ley de Creación del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, N° 10445 del 19 de marzo de 2024)
CAPITULO II
De la dirección
Artículo 4º.- La dirección de la Escuela estará a cargo de un consejo directivo, nombrado por la Corte Plena, por períodos de dos años, excepto el Director, cuyo nombramiento será por cuatro años.
Artículo 5º.- El Consejo Directivo estará formado por siete miembros, así: un magistrado, quien lo presidirá, el director de la escuela, dos jueces, el jefe o en su caso el subjefe de la defensa pública, del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. El magistrado y los jueces, necesariamente, deberán serlo de diferentes materias. Todos podrán ser reelegidos en sus cargos.
(Así reformado por el artículo 12 de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)
Artículo 6º.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Actuar como órgano superior de la Escuela.
b) Dictar las recomendaciones tendientes a eliminar actuaciones y procedimientos innecesarios, a fin de evitar la duplicidad o complicaciones y los trámites inconvenientes.
c) Proponer a la Corte la creación de las secciones o áreas de actividad y los centros regionales que estime necesarios.
ch) Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de la Corte Plena.
Artículo 7º.- Cuando el Consejo Directivo deba resolver planteamientos o hacer recomendaciones, podrá nombrar grupos de asesores, de por lo menos tres personas, con conocimientos en la materia o materias de que se trate.
La opinión de los asesores no es vinculante para el Consejo.
Artículo 8º.- El director es el encargado de ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Directivo; es el superior jerárquico de los servidores de la Escuela y, contará con la colaboración de un secretario y del personal que se estime necesario.
Artículo 9º.- Cada sección o área estará a cargo de un jefe, cuyo nombramiento hará el Director.
Artículo 10- Los centros regionales serán dirigidos por un representante del director, que este acogerá entre los funcionarios de mayor rango que desempeñen su cargo en la circunscripción territorial donde funcione el Centro.
(Así reformado por el artículo 9° de la Ley de Creación del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, N° 10445 del 19 de marzo de 2024)
Artículo 11.- Las atribuciones que corresponden al Consejo Directivo, al Director y a los demás funcionarios de la Escuela, así como la restante organización y funcionamiento de ésta, serán señaladas en un reglamento interno que deberá dictar la Corte Plena.
CAPITULO III
De los profesores
Artículo 12.- La Escuela tendrá un cuerpo de profesores encargados de los cursos y de las tutorías, de la preparación de las lecciones, del material de la investigación y de coordinar las actividades de extensión.
Podrán ser funcionarios judiciales con experiencia en la materia que impartirán, profesores universitarios, ex becarios de la Corte o profesores invitados.
Los profesores que no sean servidores judiciales devengarán el sueldo que les fije la Corte y su nombramiento se hará previo concurso convocado y supervisado por la Escuela; para ellos no regirán las prohibiciones del ejercicio profesional a que están sujetos los demás servidores judiciales. La Corte fijará, en cada caso, la remuneración de los profesores invitados.
Artículo 13.- Los funcionarios judiciales que hubiesen disfrutado de una beca para estudio de posgrado están obligados a:
Entregar a la Biblioteca de la Corte un ejemplar de la tesis de doctorado y a publicar, en la Revista Judicial, por lo menos dos veces al año y durante dos años consecutivos, artículos que tengan relación con los estudios realizados.
Colaborar, ad honorem, como profesores de la Escuela, durante un lapso de cinco años contados a partir de su nombramiento como profesores, independientemente de su servicio para el Poder Judicial como funcionarios, siempre y cuando no se afecte la buena marcha de la oficina a su cargo; todo a juicio de la Corte Plena.
Artículo 14.- Antes de otorgar una beca para estudios de posgrado se pedirá informe al Consejo Directivo sobre las necesidades de profesores que tenga la Escuela, debiéndose dar preferencia al estudio de aquellas materias en que haya inopia de profesionales al servicio del Poder Judicial o de la Escuela.
CAPITULO IV
De los alumnos
Artículo 15.- Podrán ser alumnos de la Escuela:
Los funcionarios y empleados judiciales, a quienes el Consejo Directivo llame a recibir uno o varios cursos.
Las personas que pretendan ingresar al Poder Judicial, que reúnan los requisitos de ingreso y que sean admitidos por el Consejo Directivo.
Los funcionarios judiciales al servicio de la administración de Justicia de cualquier otro país, cuyo órgano superior judicial lo solicite expresamente a la Corte Plena y ésta lo autorice, en el entendido de que no tendrán derecho a remuneración alguna.
Todos los alumnos estarán sujetos al régimen disciplinario de la Escuela.
Artículo 16.- En la Escuela se darán cursos de formación o ingreso y de perfeccionamiento. Para recibir los primeros, los estudiantes firmarán un convenio con la Corte obligándose a servirle al menos por cinco años.
Salvo en caso de inopia, el personal ingresará en el puesto más bajo del escalafón. El período de prueba, que deberá cumplir el estudiante para adquirir el puesto en propiedad, será de un año contado desde el momento en que ingrese a los cursos de la Escuela. Además de los señalados expresamente en otras disposiciones, será motivo de despido, sin responsabilidad patronal, la pérdida de uno o más cursos sin justa causa.
Artículo 17.- La Escuela, en casos calificados a juicio del Consejo Directivo, podrá impartir cursos de perfeccionamiento por correspondencia, para servidores de lugares lejanos de la sede. Estos cursos consistirán en lecciones escritas, dirigidas especialmente a personas que, sin ser abogados, bachilleres en leyes o egresados de la Facultad de Derecho, desempeñen cargos de alcalde, juez de instrucción, agente fiscal o defensor público.
Las evaluaciones de estos cursos podrán desarrollarse por correspondencia, pero -necesariamente- la última prueba será en la sede de la Escuela o en la de un centro regional.
Artículo 18.- Para ingresar a cursos de formación de personal o profesional de la Escuela Judicial, se dará preferencia a las personas que aparezcan como elegibles, en las listas confeccionadas por el Departamento de Personal. Si el cupo fuere mayor, también podrán ingresar quienes hubieren presentado su solicitud, al citado Departamento, dentro del término señalado en el aviso de convocatoria que, una vez al año, se publicará en un periódico de circulación nacional y en el "Boletín Judicial". Además, en los primeros tres meses de estudio en la Escuela, estos alumnos deberán presentar la oferta de servicios y hacer los exámenes que ordena el Estatuto de Servicio Judicial y si no los aprobaran los alumnos serán retirados de los cursos.
Artículo 19.- Los estudiantes podrán ser nombrados, interinamente, en plazas vacantes, de creación reciente o para suplir personal en vacaciones y recibirán como salario el asignado para el cargo en la ley de presupuesto. El jefe de la oficina, en que labore un estudiante de la Escuela, está en la obligación de permitirle asistir a los cursos.
Artículo 20.- El Consejo Directivo seleccionará, anualmente, un grupo no mayor de cinco estudiantes de derecho, de las universidades legalmente autorizadas, que deseen dedicarse a la carrera judicial, de preferencia entre los estudiantes de años superiores. A esos estudiantes se les designará un profesor tutor, con vastos conocimientos jurídicos y experiencia judicial, quien tendrá a su cargo la capacitación de ellos como futuros funcionarios judiciales.
Artículo 21.- Los estudiantes escogidos para recibir cursos, deberán firmar un convenio con la Corte, comprometiéndose a prestar sus servicios al Poder Judicial, por un plazo no menor de cinco años, una vez que hayan egresado u obtenido el título de licenciado en Derecho.
Artículo 22.- Cuando se prescinda de un estudiante, por no cumplir con sus obligaciones o por incurrir en alguno de los motivos que facultan su separación de la Escuela, perderá todos sus derechos, sin ninguna responsabilidad para la Corte.
De ser necesario, el caso se pondrán en conocimiento de la Procuraduría General de la República, con el fin que se establezcan las responsabilidades legales correspondientes.
Artículo 23.- La Corte fijará un sueldo para los estudiantes que participen en el programa y señalará las oficinas donde deben prestar sus servicios, fuera de horas lectivas o de entrenamiento especial, todo previo informe del Director de la Escuela y del profesor respectivo. Al obtener la calidad de egresados universitarios se les aumentará el sueldo, en la proporción correspondiente.
Artículo 24.- Durante el término, a que se refiere el artículo 18, los estudiantes están obligados a prestar sus servicios en cualquier parte del país, mediante el sistema de rotación, a juicio de la Corte.
Ningún nombramiento que la Corte haga de esos profesionales egresados, provisionalmente o en propiedad, estará sujeto a licitación o concurso.
Artículo 25.- A los estudiantes que egresen de sus estudios universitarios u obtengan el título de licenciado en Derecho, la Corte les designará la posición que deben ocupar dentro del Poder Judicial.
Si no hubiere plazas vacantes, la Corte los nombrará, provisionalmente, como actuarios de un juzgado o alcaldía, de preferencia en aquellas oficinas que se encuentren atrasadas. Una vez que se pongan al día esas oficinas, los trasladará a otras que se encuentren en las mismas condiciones. También podrá designarlos en cualesquiera otras de las dependencias del Poder Judicial.
Artículo 26.- Mientras no se nombre en propiedad a estos profesionales o egresados, un determinado cargo, la Corte podrá designarlos para que sustituyan a jueces, alcaldes, actuarios, inspectores, defensores públicos y a miembros del Ministerio Público, durante le período de vacaciones, o en los permisos o licencias que se otorguen a esos funcionarios por enfermedad o cualquier otra causa.
Artículo 27.- El régimen disciplinario de la Escuela estará a cargo del Director quien, antes de resolver lo que corresponda, deberá oír personalmente al alumno.
Los pronunciamientos a este respecto serán apelables para ante el Consejo Directivo, dentro del tercer día desde la comunicación por escrito.
La imposición de una sanción disciplinaria no afecta la relación laboral para con el Poder Judicial, pero será comunicada a la Corte Plena, a la Inspección Judicial o al Departamento de Personal, según corresponda, para que -si es del caso- se resuelva sobre la situación del alumno, como funcionario o empleado.
Artículo 28.- Las sanciones disciplinarias aplicables son:
a) Advertencia o apercibimiento.
b) Reprensión.
c) Expulsión temporal de la escuela, la cual no podrá ser superior a un mes y conllevará la retención del salario como estudiante.
ch) Expulsión definitiva.
CAPITULO
De los cursos
Artículo 29.- Los cursos estructurados de manera que sean útiles y efectivos para la capacitación del alumno, en sus concepciones morales, en la calidad y eficiencia del trabajo por realizar y en sus hábitos de servicio y relaciones para con las demás personas.
La Escuela tendrá, en su plan de estudios, un curso básico sobre funcionamiento del Poder Judicial y su relación con otras oficinas públicas, que será obligatorio para todos los alumnos, al inicio de sus estudios.
Artículo 30.- Corresponde al Consejo Directivo señalar el contenido y duración de los cursos y establecer las disposiciones o certificados que se otorgarán.
Artículo 31.- Todos los empleados y funcionarios judiciales están obligados a asistir a los cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones y conferencias, cuando -dentro de la jornada ordinaria y a su prudente criterio- sean convocados por el Consejo Directivo. Por su parte, los jefes de oficina están obligados a permitir y vigilar la asistencia de sus subalternos de tales actividades.
Artículo 32.- Al promulgarse nuevas leyes y cuando lo estime conveniente, el Consejo Directivo estructurará un curso sobre su contenido, el cual será obligatorio para los servidores que indique el Consejo. No obstante lo anterior, cuando se trate de leyes de poca complejidad, a juicio del Consejo, podrá suplirse dicho curso por publicaciones sobre el tema, las que podrá encargar a especialistas en la materia.
Artículo 33- La Escuela organizará, anualmente, cursos de perfeccionamiento para los servidores judiciales en el desempeño de sus cargos. El Consejo Directivo indicará quiénes deberán recibirlos; para lo cual solicitará informes al Consejo de Personal, a la Inspección Judicial y a la Dirección Administrativa.
(Así reformado por el artículo 9° de la Ley de Creación del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, N° 10445 del 19 de marzo de 2024)
Artículo 34.- Para aprobar los cursos se requiere una calificación mínima del setenta por ciento de la calificación total.
Artículo 35.- Al finalizar un curso de perfeccionamiento, la Dirección de la Escuela informará al Departamento de Personal sobre la calificación obtenida por los estudiantes, para que tome nota en el respectivo expediente.
Los funcionarios y empleados judiciales que hubieran aprobado los cursos, a que se refieren los dos artículos anteriores, tendrán, en igualdad de condiciones, preferencia sobre los demás servidores para nombramientos y ascensos.
Artículo 36.- El Consejo Directivo podrá organizar seminarios, coloquios, reuniones, mesas redondas, foros y paneles, que contribuyan a la capacitación del personal judicial y sirvan de extensión cultural a la comunidad.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
Artículo 37.- El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia y mediante decretos, hará las modificaciones necesarias -en el Presupuesto del Poder Judicial- para atender los gastos que demande la organización y funcionamiento de la Escuela Judicial.
Artículo 38.- Refórmanse el inciso g) del artículo 18, el artículo 33 y el inciso a) del artículo 34 del Estatuto de Servicio Judicial, ley Nº 5155 del 10 de enero de 1973, cuyos textos dirán:
" Artículo 18.-
g) pasar el período de prueba."
" Artículo 33.- Para que un servidor judicial reciba la protección de esta ley deberá cumplir, satisfactoriamente, un período de prueba de un año, que se contará a partir de la fecha en que se haga cargo de su puesto."
" Artículo 34.-
a) Se aplicará tanto en los casos de iniciación de contrato como en los de ascenso o traslado, pero en estos últimos casos será de tres meses."
Artículo 39.- Deróganse los artículos 51, 51, 52, 53, 54 y 55 del Estatuto de Servicio Judicial.
Artículo 40.- Rige a partir de su publicación.