El timbre policial ya no se cobra desde el 2001

Qué cambia

El timbre policial que creó la Ley 6594 ya no se cobra. El artículo 1 de esa ley, que era el que creaba el cobro, está derogado desde el 4 de julio del 2001 por la Ley 8114 (art. 1) 2. El artículo 6 también está derogado por la misma ley (art. 6).

La Ley 8114, en su artículo 31, inciso h), eliminó "El timbre policial, creado mediante los artículos 1 y 6 de la Ley Nº 6594, de 6 de agosto de 1981, y sus reformas" 2.

Sin embargo, la Ley 6594 sigue apareciendo como vigente en SINALEVI, en su versión 3 de 3 3. La Procuraduría General de la República anota que el artículo 28, inciso 1), de la Ley de Justicia Tributaria No. 7535 del 1 de agosto de 1995 sustituyó el timbre policial por timbres fiscales del mismo valor, y que lo recaudado se destina a la Caja Única del Estado.

Esa nota de la Procuraduría afecta de forma tácita los artículos 2, 4, 5 y 6 del texto vigente 3.

El artículo 3 sigue en el texto: las compras de timbres mayores a ciento cincuenta colones tienen un descuento del seis por ciento (6%) (art. 3).

El artículo 4 dice que el dinero del timbre policial se destinaría solo a capacitación y suministros de los organismos de policía y prevención del delito. Menciona combustible, uniformes, vehículos, alimentos, repuestos o armas de uso ordinario. Prohíbe usarlo para gastos de personal, pasajes para viajes internacionales, compra de ametralladoras o armas automáticas (art. 4).

El artículo 5 pone el empleo de los recursos en manos de un Consejo Técnico. Lo integran los ministros de Seguridad Pública (quien lo preside), de Gobernación, de Planificación y de Justicia, más el Director de la Guardia Civil y el Director de la Guarda de Asistencia Rural (art. 5).

El artículo 2 dice que la cuenta la administran los Ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Justicia, y que la Contraloría General de la República, junto con el Consejo Técnico, fija los procedimientos de manejo y control (art. 2).

El artículo 7 dice que la ley rige desde su publicación (art. 7).

A quién le toca

A las personas que compran timbres. El artículo 3 les da un descuento del 6% cuando la compra supera los ciento cincuenta colones (art. 3).

A los Ministerios de Seguridad Pública, Gobernación y Justicia. El artículo 2 les asigna la administración de la cuenta (art. 2).

A la Contraloría General de la República. El artículo 2 le encarga, junto con el Consejo Técnico, los procedimientos de manejo y control del recurso (art. 2).

A los ministros de Seguridad Pública, Gobernación, Planificación y Justicia, y a los directores de la Guardia Civil y de la Guarda de Asistencia Rural. El artículo 5 los sienta en el Consejo Técnico que decide el empleo de los recursos (art. 5).

A los organismos de policía y de prevención del delito. El artículo 4 dice que el dinero se destina a su capacitación y suministros (art. 4).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible no trata sobre la Ley 6594. Es la sesión extraordinaria #11 del 13 de agosto de 2026 00:18:32.

En esa sesión se pospuso la aprobación del acta número 49 del 12 de agosto de 2026, porque se presentaron mociones de revisión 00:18:34 00:18:42.

La diputada Alfaro Jiménez, Karen, agradeció un gesto de doña Yara por el Día de la Madre y felicitó a las madres costarricenses 00:19:02 00:19:25.

Después se le dio la palabra a la diputada Dobles Camargo, quien agradeció el detalle 00:19:42 00:19:48.

Ninguna de esas intervenciones menciona el timbre policial ni la Ley 6594.

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI registra la ley como "Vigente", en la versión de la norma 3 de 3 3.

Pero el texto vigente muestra dos artículos derogados: el 1 y el 6, ambos por el inciso h) del artículo 31 de la Ley 8114 del 4 de julio del 2001 (art. 1) (art. 6) 2.

La Procuraduría General de la República anota que el artículo 28, inciso 1), de la Ley de Justicia Tributaria No. 7535 del 1 de agosto de 1995 sustituyó el timbre policial por timbres fiscales del mismo valor, con destino a la Caja Única del Estado. Y agrega que en el texto vigente y en el módulo de afectaciones se afectaron tácitamente los artículos 2, 4, 5 y 6 3.

Hay dos versiones que conviene separar. La ley aprobada en 1981 creó un timbre policial con destino a la policía. El texto que SINALEVI muestra hoy conserva los artículos 2, 3, 4, 5 y 7, pero con la advertencia de que el cobro fue sustituido primero por timbres fiscales en 1995 y luego derogado en el 2001 3 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la Ley 6594 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. La ley creaba un timbre, es decir, una contribución, y eso calza con ese deber.

El artículo 184 de la Constitución le da a la Contraloría la tarea de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos, y de examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado §Constitución, art. 184. El artículo 2 de la ley pone a la Contraloría a fijar los procedimientos de manejo y control del recurso, lo que va en la misma línea (art. 2).

El artículo 140, inciso 7), de la Constitución pone en manos del Presidente y del ministro respectivo disponer la recaudación e inversión de las rentas nacionales de acuerdo con las leyes §Constitución, art. 140. El artículo 5 de la ley entrega esa decisión a un Consejo Técnico de ministros y directores (art. 5). Esa mezcla de funciones podría generar dudas, pero el dossier no permite afirmar que exista un choque.

El artículo 180 de la Constitución dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos para usar y disponer de los recursos del Estado §Constitución, art. 180. El destino específico que fijaba el artículo 4 de la ley (solo capacitación y suministros) quedó desplazado por la sustitución de 1995 hacia la Caja Única del Estado (art. 4) 3.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por contradecir la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Cabe contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla general, que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No hace falta ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos que la ley menciona, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer personalmente en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025; por el portal institucional; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; por apartado postal 1179-1000 San José; o por fax al 2501-8100 §guía, p. 68.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos o intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años, salvo si se refiere a reformas constitucionales §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero recaudaba el timbre policial ni cuánto se recaudó antes de su derogatoria.

El dossier no permite saber si el descuento del 6% del artículo 3 se sigue aplicando en la práctica.

El dossier no indica si el Consejo Técnico del artículo 5 sigue reuniéndose.

El dossier no aclara por qué SINALEVI mantiene la ley como vigente si sus artículos 1 y 6 están derogados.

El dossier no contiene la Ley de Justicia Tributaria No. 7535, solo la nota de la Procuraduría sobre ella.