El Ejecutivo vetó la ley que pagaba prohibición a ingenieros de Salud

Qué se aprobó y qué vetó el Ejecutivo

La Asamblea Legislativa aprobó el decreto 6607 el 13 de agosto de 1981 y el Poder Ejecutivo lo devolvió sin firma el 27 de agosto de 1981. Por eso la ley no rige (art. 1).

El texto aprobado tenía un solo artículo con efecto: los profesionales que laboran para la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud podían acogerse a los beneficios de la ley 5867 del 15 de diciembre de 1975 cuando, por su cargo, estuvieran inhabilitados de hecho o de derecho para ejercer su profesión por cuenta propia (art. 1). La ley 5867 establece una compensación económica sobre el salario base para el personal que, por su cargo, está sujeto a una prohibición 2.

El Poder Ejecutivo dio cuatro razones para el veto, y todas están en el texto devuelto (art. 1):

1. La especialización ya se paga en el salario base y en la Carrera Profesional.

2. El pago de prohibición exige que el funcionario, si ejerce en privado fuera de su horario, se convierta en juez y parte con perjuicio del bien común. Eso no pasa con los ingenieros de Saneamiento Ambiental, y pagarles sería un aumento de salarios oneroso para el Fisco.

3. El Ejecutivo pidió buscar una solución general con el Proyecto de Ley General de Salarios del Sector Público, no con disposiciones fragmentarias.

4. Los incentivos a grupos aislados producen una reacción en cadena en otros grupos. Además, el Ejecutivo dijo que no se cumplió la Norma General N°22 de la Ley de Presupuesto, que exige aprobación previa de la Dirección General de Servicio Civil para reconocer incentivos por prohibición (art. 1).

El texto también trae un transitorio que autorizaba al Ministerio de Hacienda a usar partidas de sueldos no devengados y de horas extraordinarias del presupuesto de 1981 para dar contenido económico a la ley (art. 1).

Qué pasa con un veto: el decreto vuelve a la Asamblea Legislativa. Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea, esta envía el expediente a la Sala Constitucional para que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes §Constitución, art. 128. El dossier no incluye los artículos 125 a 127 de la Constitución, así que no detalla el trámite completo de resello.

A quién le toca

A los profesionales que laboran para la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud. El texto los nombra como únicos beneficiarios del pago de prohibición (art. 1).

El veto menciona que se trata de profesionales en Ingeniería que trabajan en esa División (art. 1).

El transitorio tocaba al Ministerio de Hacienda, que quedaba autorizado a usar partidas de sueldos y salarios no devengados y de horas extraordinarias del presupuesto de 1981 (art. 1). También tocaba al Ministerio de Salud, que debía incluir en el presupuesto de 1981 y en los futuros la partida para financiar la ley.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre el texto vetado y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay dudas en dos puntos.

Primera duda: el artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los Poderes Públicos para usar y disponer de los recursos del Estado, y que solo se modifican por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 180. El transitorio del decreto autorizaba a Hacienda a mover partidas del presupuesto de 1981 por transferencia administrativa (art. 1). Habría que ver si esa autorización cabe dentro de ese límite.

Segunda duda: el artículo 57 garantiza que el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia §Constitución, art. 57. El decreto daba un pago extra solo a un grupo de profesionales de una División (art. 1). El Ejecutivo alegó que eso produce una reacción en cadena en otros grupos. La pregunta es si el trato distinto tiene justificación objetiva o no.

El artículo 56 dice que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada §Constitución, art. 56. El decreto buscaba compensar a funcionarios que no podían ejercer su profesión por cuenta propia (art. 1). Eso calza con la idea de una remuneración justa, aunque el Ejecutivo consideró que la especialización ya estaba pagada.

Qué puede hacer usted

Si usted es uno de los profesionales de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud y quiere saber si le corresponde algún pago, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de recursos públicos. Se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o por el portal institucional §guía, p. 68.

Si una institución pública le da un trato que considera irregular, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo cuando una institución pública o sus funcionarios le maltraten un derecho o interés §guía, p. 71.

Si el decreto llegara a resellarse y usted considera que viola un derecho fundamental, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Si considera que una ley o disposición general infringe la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos §guía, p. 24.

Lo que no sabemos

El dossier no dice qué hizo la Asamblea Legislativa después del veto: si lo aceptó, si lo reselló o si el expediente quedó archivado.

El dossier no incluye los artículos 125, 126 y 127 de la Constitución, que regulan el trámite del veto y el resello.

El dossier no dice cuánto dinero habría costado el pago de prohibición ni cuántos profesionales habrían quedado cubiertos.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.