El Estado puede emitir ¢10 millones en cédulas para COOPESA

Qué cambia

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar en diez millones de colones (¢10.000.000,00) el crédito que ya tenían las leyes 3219 de 1963, 4960 de 1972 y 5442 de 1973 (art. 1). Esa ampliación se hace emitiendo diez cédulas hipotecarias de primer grado, de un millón de colones cada una.

Las cédulas quedan garantizadas con la finca número 153.988 del Partido de Alajuela. Está inscrita en el Registro Público, tomo 2205, folio 237, asiento 1 (art. 1). En esa finca están las instalaciones de la División Automotriz de la Cooperativa de Servicios Aeroindustriales, R. L.. El Poder Ejecutivo le facilita esas cédulas a la cooperativa para sus operaciones ordinarias.

Las cédulas no generan intereses y tienen un plazo de tres meses (art. 2). Se pueden usar en operaciones de crédito o negociaciones con empresas e instituciones del Estado y con instituciones internacionales de crédito. También se pueden negociar o usar las cédulas emitidas al amparo de las leyes anteriores. El Poder Ejecutivo queda autorizado para traspasar las cédulas mediante endoso a la cooperativa.

La Notaría del Estado se encarga de la tramitación de las cédulas (art. 3). La cooperativa queda exenta del pago de derechos de registro, timbres y honorarios notariales.

La ley rige desde su publicación (art. 4).

A quién le toca

Al Poder Ejecutivo, que queda autorizado para ampliar el crédito y emitir las diez cédulas hipotecarias (art. 1). También puede traspasarlas por endoso a la cooperativa (art. 2).

A la Cooperativa de Servicios Aeroindustriales, R. L. (COOPESA), que recibe las cédulas para sus operaciones ordinarias (art. 1). Además queda exenta de derechos de registro, timbres y honorarios notariales (art. 3).

A la Notaría del Estado, que se encarga de la tramitación de las cédulas (art. 3).

A las empresas e instituciones del Estado y a las instituciones internacionales de crédito, que pueden recibir estas cédulas en operaciones de crédito o negociaciones (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no anota reformas, correcciones ni derogatorias 2. La Procuraduría General de la República no le puso observaciones.

El texto consolidado de SINALEVI coincide con el aprobado: los cuatro artículos tratan la ampliación del crédito, las condiciones de las cédulas, la tramitación y la entrada en vigencia (art. 1) (art. 2) (art. 3) (art. 4).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La ley es una autorización de crédito y de emisión de títulos, y la Constitución no la prohíbe.

Hay un punto que conviene mirar. El artículo 121, inciso 1, de la Constitución dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. Esta ley la dictó la Asamblea, así que calza con esa atribución (art. 1).

El artículo 45 dice que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" §Constitución, art. 45. La ley no priva a nadie de su propiedad: usa una finca como garantía de las cédulas, y esa finca sigue siendo de su dueño (art. 1).

El artículo 184 le da a la Contraloría la tarea de fiscalizar los fondos públicos y de refrendar los gastos del Estado §Constitución, art. 184. La ley no menciona a la Contraloría. Si las cédulas llegan a comprometer fondos públicos, esa fiscalización tendría que aplicarse igual.

Qué puede hacer usted

Esta ley ya rige. Las herramientas de la guía que sirven para una ley vigente son estas.

Acción de inconstitucionalidad. Sirve para pedirle a la Sala Constitucional que revise si una ley choca con la Constitución §guía, p. 24. La guía explica que procede "Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional". Para presentarla hace falta un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defienden intereses difusos o no hay lesión individual y directa.

Recurso de amparo. Sirve si un acto concreto de una institución pública viola o amenaza violar un derecho fundamental §guía, p. 22. Lo puede presentar cualquier persona. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Denuncia ante la Contraloría General de la República. Sirve para poner en conocimiento de la Contraloría un hecho que se presume irregular en el manejo de recursos públicos §guía, p. 68. Se puede presentar en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por apartado postal 1179-1000 San José.

Queja ante la Defensoría de los Habitantes. Sirve para reclamar por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71. La puede presentar cualquier persona que habite en Costa Rica y que haya sido maltratada en sus derechos o intereses.

Iniciativa popular. Sirve para proponer una reforma a esta ley. La guía explica que un proyecto de iniciativa popular debe votarse en la Asamblea en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si las cédulas ya se emitieron ni si la cooperativa las usó.

El dossier no dice cuál es el saldo actual del crédito original de las leyes 3219, 4960 y 5442.

El dossier no dice si la finca 153.988 sigue siendo la garantía o si cambió de dueño.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.