AyA puede endeudarse por $6.500.000 para aguas negras en Puntarenas

Qué cambia

La ley autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a contratar empréstitos y al Gobierno a avalarlos. El monto máximo es de seis y medio millones de dólares ($6.500.000) (art. 1). Ese dinero se usa en el estudio de factibilidad, el diseño y una primera etapa de construcción de un sistema de aguas negras y residuos industriales en la zona de Puntarenas.

Los lugares incluidos son Caldera, Barranca, El Roble, Pitahaya, Chomes y Ciudad Puntarenas (art. 1).

El artículo 2 repite el techo de seis millones y medio de dólares ($6.500.000) (art. 2). Fija dos condiciones: los plazos no pueden ser menores a diez años y las tasas de interés no pueden superar el uno por ciento (1%) sobre el Libor.

El artículo 3 crea una tasa especial de un colón por tonelada de producto elaborado (art. 3). La pagan las industrias de la zona citada en el artículo 1. Ese dinero cubre parte del pago de la deuda que crea la ley. AyA establece el sistema de pago de la tasa.

El artículo 4 permite a AyA aplicar, para comprar terrenos e imponer servidumbres, los procedimientos de la ley Nº 6313 del 4 de enero de 1969 (art. 4). Los representantes legales de AyA tienen las atribuciones, derechos y deberes que esa ley indica.

El artículo 5 da fuerza de título ejecutivo a las certificaciones de AyA sobre deudas por sus servicios (art. 5). En el juicio correspondiente solo se puede oponer la excepción de pago o de prescripción.

El artículo 6 deroga la ley Nº 3489 del 29 de enero de 1965 (art. 6). El artículo 7 dice que la ley es de orden público y rige desde su publicación (art. 7).

Hay dos transitorios. El Transitorio I aplica las reglas del artículo 4 a las compras por expropiación y a las servidumbres que estén en trámite al momento de vigencia de la ley, siempre que haya acuerdo de las partes (art. Transitorio I). El Transitorio II exige que en el estudio, los diseños, la construcción y el soporte administrativo participe al menos un cincuenta por ciento de profesionales o empresarios costarricenses (art. Transitorio II).

A quién le toca

A las industrias instaladas en Caldera, Barranca, El Roble, Pitahaya, Chomes y Ciudad Puntarenas. Deben pagar un colón por tonelada de producto elaborado (art. 3).

A las personas dueñas de terrenos que AyA necesite para el proyecto. Sus terrenos se pueden adquirir con los procedimientos de la ley Nº 6313 (art. 4).

A las personas o empresas que le deban a AyA por sus servicios. La certificación de esa deuda vale como título ejecutivo y en el juicio solo cabe alegar pago o prescripción (art. 5).

A los profesionales y empresarios costarricenses. Deben participar al menos en un cincuenta por ciento en las contrataciones del proyecto (art. Transitorio II).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma, la número 1 de 1 2.

La Procuraduría General de la República anota dos observaciones. Sobre el artículo 4, dice que autoriza a AyA a aplicar los procedimientos de la Ley de Expropiaciones del ICE No. 6313 de 4 de enero de 1969 2. Sobre el artículo 5, dice que las certificaciones de deudas de AyA serán título ejecutivo y que en el juicio solo podrá oponerse la excepción de pago o de prescripción.

La ley Nº 6313 que menciona el artículo 4 está vigente 3. La ley Nº 3489 que deroga el artículo 6 está derogada 4.

Frente a la Constitución

El artículo 45 de la Constitución dice que la propiedad es inviolable y que a nadie se le puede quitar la suya si no es por interés público comprobado, con indemnización previa conforme a la ley §Constitución, art. 45. El artículo 4 de esta ley remite a los procedimientos de expropiación de la ley Nº 6313 (art. 4). El Censo no encontró un choque directo: la ley no elimina la indemnización, solo remite a un procedimiento que ya existe.

El artículo 50 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado §Constitución, art. 50. También reconoce el derecho humano de acceso al agua potable. El proyecto de aguas negras y residuos industriales de Puntarenas apunta a ese mismo fin (art. 1). El Censo no encontró contradicción en ese punto.

El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes §Constitución, art. 121. Esta ley salió de la Asamblea y rige desde su publicación (art. 7). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 184 de la Constitución encarga a la Contraloría fiscalizar la ejecución de los presupuestos y examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las instituciones autónomas §Constitución, art. 184. AyA es una institución autónoma y la ley le permite contratar empréstitos avalados por el Estado (art. 1). El Censo no encontró una contradicción: el control de la Contraloría sigue aplicando.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de AyA viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. Si se trata de derechos patrimoniales, debe presentarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo noticia fehaciente de la violación.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si cree que esta ley choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

Para interponerla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo §guía, p. 24. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos del proyecto, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado.

Puede denunciar personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025. O por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Si quiere cambiar esta ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto se ha pagado de los empréstitos ni si se contrataron.

El dossier no dice cuánto ha recaudado la tasa de un colón por tonelada.

El dossier no dice en qué estado está la construcción del sistema de tratamiento.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.