Universidades estatales pueden expropiar terrenos para ampliar sedes
La ley permite a las universidades públicas comprar o expropiar inmuebles para expandir sedes y servicios, con avalúo de Tributación y pago en dinero o bonos.
Título oficial LEY Nº 6653 DE 16 DE SETIEMBRE DE 1981 ( SIN TITULO Y CONOCIDA COMO: DECLARA DE INTERES PUBLICO LA ADQUISION DE BIENES INMUEBLES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LOS FINES DE EXPANSION DE LAS MISMAS )
Atención: La universidad puede entrar en posesión del inmueble antes de que termine el trámite judicial, con solo depositar el avalúo de Tributación.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Consejo universitario u órgano director de cada universidad estatal
La ley deja en manos del consejo universitario la decisión de qué inmuebles se necesitan para expandir sedes o abrir servicios nuevos.
a juicio de su respectivo consejo universitario u órgano director correspondiente, necesitaren para la expansión de sus sedes o para la prestación de nuevos servicios descentralizados administrativos, docentes, de investigación, de acción social o deportivos.
1, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Dueños y poseedores de terrenos que una universidad estatal quiera adquirir
- Universidades estatales que necesiten ampliar sedes o abrir servicios nuevos
- Personas con gravámenes o impuestos pendientes sobre el inmueble expropiado
- Representantes legales de sociedades, sucesiones, quiebras o personas incapaces dueñas de un inmueble expropiado
A quién beneficia
- Las universidades estatales pueden comprar directo o expropiar terrenos para expandirse
- Los dueños reciben avalúo de Tributación y pueden nombrar su propio perito en el proceso judicial
- Los documentos de inscripción de esos inmuebles quedan exentos de impuestos, timbres, tasas y derechos registrales
Qué cambia
- La universidad puede entrar en posesión del inmueble antes de que termine el trámite judicial, si deposita el avalúo de Tributación
- El monto final de la indemnización no puede pasar de la suma mayor estimada en los avalúos
- Si la universidad no inicia las diligencias en tres meses o no deposita el avalúo en tres meses, el acuerdo de expropiación caduca
- Contra la resolución final que fija el monto solo cabe apelación, dentro de tres días hábiles
La explicación completa
Qué cambia
La ley declara de interés público que las universidades estatales adquieran inmuebles para ampliar sus sedes o abrir servicios nuevos (art. 1). Esos servicios incluyen tareas administrativas, docentes, de investigación, de acción social o deportivas.
Cada universidad decide qué terreno necesita. Lo hace su consejo universitario o su órgano director (art. 1).
Con esa decisión, la universidad puede comprar directo si llega a un acuerdo con el dueño o el poseedor (art. 2). Si no hay acuerdo, puede expropiar.
El pago puede ser en efectivo, en bonos o en una mezcla de ambos (art. 2). En inmuebles urbanos o rústicos totalmente cultivados, la mezcla solo procede si las partes lo aceptan. En rústicos no cultivados del todo, la universidad elige cómo pagar.
El avalúo lo hace la Dirección General de Tributación Directa. Lo pide el rector y Tributación fija el posible precio o indemnización con un perito (art. 3).
Después del avalúo, el rector notifica al dueño en persona o por telegrama (art. 4). El dueño tiene cinco días hábiles para decir si vende al precio del avalúo.
Si el dueño dice que no o guarda silencio, el consejo universitario acuerda la expropiación y la publica en el Diario Oficial (art. 5). Luego pide a un juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que prevenga al dueño. El dueño tiene cinco días hábiles para nombrar su perito; si no lo hace, el juzgado lo nombra de oficio. Ese perito rinde su dictamen en quince días naturales.
La universidad puede entrar en posesión del inmueble en cualquier momento del trámite. Basta con depositar la suma que fijó Tributación (art. 6).
El juzgado fija el monto final de la indemnización. Ese monto no puede pasar de la suma mayor estimada en los avalúos (art. 7).
Contra la resolución final que fija el monto solo cabe apelación, dentro de tres días hábiles después de la última notificación (art. 9).
Las diligencias judiciales deben iniciarse dentro de tres meses desde que el acuerdo de expropiación sale en La Gaceta (art. 10). La universidad debe depositar el avalúo de Tributación dentro de los tres meses siguientes al inicio. Si incumple, el acuerdo de expropiación caduca.
Los documentos para inscribir esos inmuebles están exentos de impuestos, timbres, tasas y derechos registrales (art. 13).
La ley rige desde su publicación (art. 14).
A quién le toca
A las universidades estatales: son las que pueden comprar o expropiar y las que deciden qué terreno necesitan (art. 1) (art. 2).
A los dueños y poseedores de terrenos que una universidad estatal quiera adquirir: reciben la notificación y tienen cinco días hábiles para aceptar o rechazar la venta (art. 4). También pueden nombrar su propio perito en el proceso judicial (art. 5).
A las personas que tengan gravámenes, impuestos, tasas o servicios pendientes sobre el inmueble expropiado: se cancelan de inmediato con parte de la indemnización (art. 11).
A las sociedades, sucesiones, concursos, quiebras, ausentes o incapaces dueños de un inmueble expropiado: el trámite se sigue con su representante legal (art. 12).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2 2.
El título original de la ley dice "Ley de Expropiación de Propiedades para los Fines de la Universidad de Costa Rica" (art. 1). La Procuraduría General de la República observa que el texto no menciona a la UCR y que es general para todas las universidades del Estado 2.
El nombre con que SINALEVI identifica la norma es "Expropiación de Propiedades para Fines de las Universidades Estatales" 2.
Frente a la Constitución
El artículo 45 de la Constitución dice que la propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley Constitución, art. 45. La ley declara ese interés público y fija un trámite de avalúo y pago (art. 1) (art. 3). El Censo no encontró un choque directo en ese punto.
El artículo 84 reconoce independencia y plena capacidad jurídica a la Universidad de Costa Rica y a las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado Constitución, art. 84. La ley les da a esas instituciones la potestad de decidir qué inmuebles necesitan y de expropiarlos (art. 1) (art. 2). Esa potestad calza con la capacidad jurídica que reconoce la Constitución.
El artículo 88 exige que la Asamblea Legislativa oiga al Consejo Universitario o al órgano director antes de aprobar leyes sobre materias de las universidades estatales Constitución, art. 88. La ley se aplica a esas instituciones (art. 1). El dossier no permite confirmar si hubo esa audiencia previa.
El artículo 85 manda al Estado dotar de patrimonio propio a las universidades estatales y mantener un fondo especial para la Educación Superior Estatal Constitución, art. 85. La ley no toca ese fondo ni sus rentas.
Qué puede hacer usted
Si una universidad estatal le notifica que quiere su terreno, revise el avalúo de Tributación y el plazo. Usted tiene cinco días hábiles para responder si vende o no (art. 4).
Si el trámite llega a un juzgado, puede nombrar su propio perito dentro de los cinco días hábiles siguientes (art. 5). Si no lo nombra, el juzgado lo hace de oficio.
Si un acto concreto de la universidad o del juzgado viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional guía, p. 22. El amparo procede contra actos arbitrarios y también contra actuaciones fundadas en normas mal interpretadas o mal aplicadas.
Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no haya lesión individual y directa o se defiendan intereses difusos.
Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la compra o expropiación, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza instituciones autónomas como las universidades guía, p. 68. Las denuncias se presentan en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o al teléfono 2501-8025.
Si una institución pública le brinda un mal servicio o actúa contra sus derechos, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71. La Defensoría no investiga casos que estén esperando una resolución judicial.
Para cambiar la ley, existe la iniciativa popular. Se necesitan las firmas que exige la ley y el Tribunal Supremo de Elecciones verifica el porcentaje guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoría técnica gratuita para redactar el proyecto.
Lo que no sabemos
El dossier no dice si la Asamblea oyó al Consejo Universitario antes de aprobar esta ley, como pide el artículo 88 de la Constitución.
El dossier no incluye el texto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Nº 3667, que la ley cita en su artículo 9.
El dossier no permite saber cuántas expropiaciones se han hecho con esta ley ni cuánto se ha pagado.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 2 de 2Ver en SINALEVI
Aún cuando en su título la presente ley dice: "Ley de Expropiación de Propiedades para los Fines de la Universidad de Costa Rica", su texto no hace referencia expresa a la U.C.R., sino que la misma es de carácter general para todas las Universidades del Estado.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
La ley calza con el artículo 45 (interés público e indemnización previa) y con el artículo 84 (capacidad jurídica de las universidades estatales). El dossier no permite confirmar si se cumplió la audiencia previa del artículo 88.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 1"Declárase de interés publico la adquisición de los bienes inmuebles, sean fincas completas, porciones o derechos que las instituciones de educación superior universitaria del Estado, a juicio de su respectivo consejo universitario u órgano director correspondiente, necesitaren para la expansión de sus sedes o para la prestación de nuevos servicios descentralizados administrativos, docentes, de investigación, de acción social o deportivos."
Sin choque aparente La Constitución permite quitar la propiedad por interés público comprobado y con indemnización previa. La ley declara ese interés público y fija un trámite de avalúo y pago antes de tomar posesión.
Constitución, art. 84"La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios."
Esta ley, art. 2"Las instituciones de educación superior universitaria del Estado podrán comprar directamente - si llegaren a un acuerdo satisfactorio con los propietarios o poseedores - o expropiar los terrenos a que se refiere el artículo primero de la presente ley."
Sin choque aparente La Constitución reconoce a las universidades estatales plena capacidad jurídica para adquirir derechos. La ley les da la vía de compra o expropiación para ejercerla.
Constitución, art. 88"Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, o relacionadas directamente con ellas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas."
Esta ley, art. 1"Declárase de interés publico la adquisición de los bienes inmuebles, sean fincas completas, porciones o derechos que las instituciones de educación superior universitaria del Estado, a juicio de su respectivo consejo universitario u órgano director correspondiente, necesitaren para la expansión de sus sedes o para la prestación de nuevos servicios descentralizados administrativos, docentes, de investigación, de acción social o deportivos."
Hay dudas La Constitución pide oír a los consejos universitarios antes de aprobar leyes sobre sus materias. El dossier no permite confirmar si esa audiencia se hizo en 1981.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6653: LEY Nº 6653 DE 16 DE SETIEMBRE DE 1981 ( SIN TITULO Y CONOCIDA COMO: DECLARA DE INTERES PUBLICO LA ADQUISION DE BIENES INMUEBLES A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LOS FINES DE EXPANSION DE LAS MISMAS )
- Ley 6653 en SINALEVI: Expropiación de Propiedades para Fines de las Universidades Estatales (Vigente, Versión de la norma: 2 de 2)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 6653
Expropiación de Propiedades para Fines de las Universidades Estatales
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de la Universidad de Costa Rica
Artículo 1º.-Declárase de interés publico la adquisición de los bienes
inmuebles, sean fincas completas, porciones o derechos que las
instituciones de educación superior universitaria del Estado, a juicio de
su respectivo consejo universitario u órgano director correspondiente,
necesitaren para la expansión de sus sedes o para la prestación de nuevos
servicios descentralizados administrativos, docentes, de investigación, de
acción social o deportivos.
Artículo 2º.-Las instituciones de educación superior universitaria del
Estado podrán comprar directamente - si llegaren a un acuerdo satisfactorio
con los propietarios o poseedores - o expropiar los terrenos a que se
refiere el artículo primero de la presente ley. El pago o indemnización se
hará en dinero efectivo o en bonos o con una combinación de ambos - si así lo convinieren los interesados - cuando se tratare de inmuebles urbanos o
de inmuebles rústicos totalmente cultivados; y en dinero en efectivo, bonos
o una combinación de ambos - a libre elección de la institución adquirente
- cuando se tratare de inmuebles rústicos que no estuvieren cultivados en
su totalidad.
Artículo 3º.-A solicitud del rector de la institución interesada, la
Dirección General de la Tributación Directa, previo informe del perito que
designe, procederá de inmediato a determinar y fijar la posible
indemnización o precio, según sea el caso, que la institución deberá pagar
al propietario o poseedor por el inmueble que le interese.
Artículo 4º.-Efectuado el avalúo indicado en el artículo anterior, el cual
deberá incluir tanto los daños como los posibles perjuicios que pudieren
ocasionarse, el rector de la institución interesada requerirá al
propietario o poseedor - mediante notificación personal o telegráfica -
para que manifieste, dentro de los cinco días hábiles siguientes, si está o
no dispuesto a vender a su representada el respectivo inmueble, por el
precio que indique el avalúo, a efecto de que, en caso afirmativo,
comparezca al otorgamiento de la escritura correspondiente.
Artículo 5º.-En caso de negativa o de silencio por parte del propietario,
el consejo universitario o el órgano director correspondiente de la
institución interesada podrá acordar la expropiación, lo cual publicará en
el Diario Oficial. Publicado este acuerdo, la institución solicitará a un
juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que prevenga
al propietario para que designe, dentro de los cinco días hábiles
siguientes, un perito para el avalúo de los daños y perjuicios que pudieren
serle irrogados, bajo apercibimiento de que en su rebeldía el juzgado lo
nombrará de oficio. El perito nombrado por el propietario o, en su
defecto, por el juzgado deberá rendir su dictamen, dentro de los quince
días naturales siguientes a la fecha de su aceptación y devengará los
honorarios que, prudencialmente, fije el juzgado.
Al recibo de las diligencias, si el inmueble estuviere inscrito, el
juez ordenará, por mandamiento, al Registro Público la anotación de la
expropiación.
Artículo 6º.-En cualquier momento, durante el trámite de las diligencias,
en que la institución interesada depositare la suma fijada como
indemnización por la Dirección General de la Tributación Directa, el
juzgado la autorizará para entrar en posesión del inmueble, sin perjuicio
de continuar los trámites instaurados.
Si el interesado manifestare aceptar el monto depositado, se tendrá por satisfecho de su indemnización; se fijará ésta en el monto de la suma
depositada y se procederá como se indica en los artículos ocho y once de
esta ley.
Artículo 7º.-Rendido el dictamen pericial, a que se refiere el artículo
cinco, el juzgado dictará la resolución, fijando el monto con el cual se
indemniza, monto que no podrá exceder, en ningún caso, de la suma mayor
estimada en los avalúos. Además, el juzgado ordenará al expropiado
abandonar el inmueble, previo el depósito, por parte de la institución
adquirente, de la suma total fijada.
Artículo 8º.-Efectuado el depósito de la suma fijada, el juzgado
autorizará a la institución para entrar en posesión de lo expropiado o
confirmará, en su caso, la posesión autorizada, de acuerdo con el artículo
seis de esta ley, y ordenará entregar los autos al notario que ella hubiera
indicado, comisionándolo para que proceda a autorizar la escritura mediante
la cual se adquiere el inmueble. En esta escritura se protocolizará la
resolución firme que fijó la indemnización, el acta en que se consigna el
precio, el auto a que este artículo se refiere y cualesquiera otros datos
que fueren necesarios.
El Registro de la Propiedad inscribirá el inmueble, como finca
independiente, a nombre de la institución que lo adquirió, aunque se
tratare de derechos proindivisos o no estuviere inscrito y con la medida
del plano que se indique, aun cuando fuere distinta a la inscrita.
Artículo 9º.-En las diligencias judiciales sólo cabrá el recurso de
apelación contra la resolución final que fija el monto por el cual se
indemniza. Ese recurso deberá plantearse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha de la última notificación. Las demás resoluciones
sólo tendrán el recurso de responsabilidad.
En estas diligencias no será necesario estimar la cuantía, se
tramitarán en papel común y no procederá en ellas la deserción; les serán
aplicables, en lo conducente, las normas sobre ejecución de sentencias,
contenidas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa Nº 3667 del 12 de marzo de 1966, con excepción de lo
dispuesto en el párrafo 4º del artículo 78.
Artículo 10.-Las diligencias judiciales deberán iniciarse dentro de los
tres meses siguientes al día en que, en "La Gaceta", aparezca publicado el
acuerdo de expropiación.
Dentro de los tres meses siguientes al inicio de las diligencias, la
institución interesada deberá depositar el monto del avalúo efectuado por
la Dirección General de la Tributación Directa.
El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores
ocasionará la caducidad del acuerdo de expropiación, y - en su caso - sin
más trámite el juez dará por concluidas las diligencias y enviará mandamiento al Registro Público, ordenando levantar la anotación referida
en el artículo cinco.
Artículo 11.-Del monto de la indemnización la institución o el juez, en su
caso, separará las cantidades necesarias para cancelar de inmediato, toda
clase de gravámenes que afecten al inmueble expropiado, incluyendo
impuestos, tasas y servicios adeudados y el monto de los honorarios del
notario, los cuales serán, la mitad en cuanto al traspaso, y completos en
cuanto a los gravámenes que se cancelan.
Todo ello se girará al notario comisionado, a su solicitud, y el saldo
del depósito se ordenará girar a la orden del expropiado.
Artículo 12.-Si el inmueble, objeto de la expropiación, perteneciere o
estuviere poseído por una sociedad, sucesión, concurso, quiebra, ausente o
incapaz, los procedimientos se seguirán con el respectivo representante
legal.
Artículo 13.-Los documentos e instrumentos públicos que se extiendan para
la inscripción de los inmuebles indicados en esta ley, estarán exentos del
pago de toda clase de impuestos, timbres, tasas y derechos registrales.
Artículo 14.-Rige a partir de su publicación.