El Estado avala un crédito de vivienda para Barrio Cuba

Qué cambia

La ley 6664 autoriza al Estado a dar su aval a las asociaciones de desarrollo integral de Barrio Cuba y de Sagrada Familia, para un crédito destinado a programas de vivienda 1. El aval es el respaldo que pone el Estado: si la asociación no paga, el Estado responde por ella.

El título oficial de la ley dice que se trata de un aval del Estado en favor de las asociaciones de desarrollo integral de Barrio Cuba y de Sagrada Familia, y que la suma es de 2.700.000 colones para programas de vivienda 1.

El texto consolidado que publica SINALEVI no muestra artículos: la ficha indica "No hay artículos disponibles para mostrar" 2. Por eso el detalle artículo por artículo no se puede citar aquí.

La ley rige desde el 22 de setiembre de 1981, fecha que aparece en el título oficial y en la ficha de SINALEVI 1 2.

A quién le toca

A las asociaciones de desarrollo integral de Barrio Cuba y de Sagrada Familia, que son las que reciben el aval del Estado para su crédito de vivienda 1.

Al Estado, que asume el respaldo de ese crédito 1.

El texto no impone obligaciones a vecinos, trabajadores ni empresas. Tampoco crea trámites para el público.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no le pone observaciones 2.

El texto consolidado de SINALEVI no muestra artículos, así que no hay una versión distinta del articulado que se pueda comparar con el texto aprobado 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 25 de la Constitución dice que los habitantes tienen derecho de asociarse para fines lícitos y que nadie puede ser obligado a formar parte de una asociación §Constitución, art. 25. La ley trabaja con asociaciones de desarrollo ya formadas, así que calza con esa libertad.

El artículo 64 manda al Estado fomentar cooperativas y procurar el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores §Constitución, art. 64. Un aval para vivienda de asociaciones de desarrollo va en esa misma dirección.

El artículo 11 dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades no concedidas en la ley §Constitución, art. 11. El aval que autoriza esta ley tiene que ejecutarse dentro de lo que ella permite; si un funcionario lo extiende a otras asociaciones o a otros montos, ahí sí habría un problema. El Censo no encontró en el dossier prueba de que eso haya pasado.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del Estado, por ejemplo el pago del aval con dinero público, le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por contrariar la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Cabe contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para presentar esa acción necesita un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento administrativo donde invoque la inconstitucionalidad. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o de la colectividad §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la ejecución de este aval, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta de forma escrita o verbal y la Contraloría la investiga §guía, p. 68.

Las vías para denunciar son la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025, el portal de Denuncia Electrónica, el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr y el Apartado Postal 1179-1000 San José §guía, p. 68.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública en este asunto, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, la vía es una iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y la Asamblea debe votarlo en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber a qué banco o entidad se le pidió el crédito, ni a qué plazo, ni a qué tasa.

No se sabe si el aval ya se ejecutó o si el crédito se pagó.

No se sabe cuántas familias se beneficiaron con los programas de vivienda.

No se sabe si el monto de 2.700.000 colones se ajustó por inflación o por alguna reforma posterior.

No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.