Cooperativas de transporte tendrán prioridad en rutas que se liciten

Qué cambia

La ley 6666 modifica el artículo 27 de la ley 5185 y define tres clases de cooperativas de transporte (art. 1). La primera es la de transporte de pasajeros. La integran concesionarios, usuarios y vecinos de las comunidades.

Esas cooperativas de pasajeros tienen prioridad cuando se liciten rutas y líneas. La prioridad aplica cuando aumenta la demanda de servicios o aparecen nuevas necesidades (art. 1). El texto también dice que no tendrán limitación en la concesión de líneas, permisos o rutas.

Además, a esas cooperativas no les será aplicable el artículo 11 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores (art. 1). El dossier no incluye el texto de ese artículo 11, así que no se puede decir qué obligación exacta se les quita.

La segunda clase es la de servicio público. La forman trabajadores propietarios de taxímetros, o taxistas que tengan ese servicio público como medio de vida (art. 1). La tercera es la de transporte de mercaderías, productos y materiales. La integran transportistas propietarios y trabajadores de esa rama.

Cuando la necesidad lo pida, las tres modalidades pueden combinarse en una sola asociación cooperativa (art. 1). Las cooperativas de transporte también podrán contratar préstamos para construir almacenes de suministros, instalar estaciones de servicio, talleres y oficinas, y para otras necesidades propias de sus fines.

La ley rige desde su publicación (art. 2). El decreto está fechado en San José el 18 de setiembre de 1981.

A quién le toca

A las cooperativas de transporte de pasajeros organizadas por concesionarios, usuarios y vecinos. Son las que reciben la prioridad en las licitaciones de rutas y líneas (art. 1).

A los trabajadores propietarios de taxímetros y a los taxistas que viven del servicio público. El texto los nombra como quienes pueden organizar cooperativas de servicio público (art. 1).

A los transportistas propietarios y a los trabajadores del transporte de mercaderías, productos y materiales. El texto los nombra como base de ese tercer tipo de cooperativa (art. 1).

A cualquier cooperativa de transporte que quiera pedir préstamos para almacenes, estaciones de servicio, talleres u oficinas (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión, la 1 de 1, y no le pone observaciones 2. El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el decreto aprobado: reforma el artículo 27 de la ley 5185.

Hay un detalle de fechas. El artículo 1 de la ley 6666 dice que modifica el artículo 27 de "la ley número 5185 del 20 de febrero de 1975" (art. 1). SINALEVI fecha la ley 5185 el 20 de febrero de 1973 3. El dossier no explica la diferencia.

La ley 5185, la que resulta reformada, también está vigente 3.

Frente a la Constitución

El artículo 64 de la Constitución manda al Estado fomentar la creación de cooperativas para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores §Constitución, art. 64. La ley 6666 hace eso con un grupo concreto: los transportistas. Les permite organizarse en cooperativas y les da acceso a préstamos para su actividad (art. 1). En ese punto calza.

El artículo 56 garantiza el derecho de libre elección de trabajo §Constitución, art. 56. El texto reparte el transporte en tres clases según quién organiza cada cooperativa (art. 1). El Censo no encontró choque entre ese reparto y la libre elección de trabajo.

La duda aparece en la prioridad para las licitaciones. El artículo 182 de la Constitución ordena que los contratos de obras públicas y las compras con fondos públicos se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. La ley 6666 pone a las cooperativas de pasajeros primero en la fila cuando se liciten rutas y líneas (art. 1). Falta ver si esa preferencia respeta el régimen de licitación que fija la ley de transporte. El Censo no tiene ese texto y no puede resolverlo.

El artículo 121 da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar y reformar las leyes §Constitución, art. 121. La ley 6666 se tramitó como reforma de otra ley y así consta en su título 2. El Censo no encontró problema en ese trámite.

Qué puede hacer usted

Si una institución pública le aplica esta ley de forma que le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Lo puede poner cualquier persona, y se dirige contra el servidor o el órgano que causó el agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras la violación siga, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22. En el escrito debe explicar el hecho, el derecho violado, el nombre del órgano o servidor y las pruebas §guía, p. 23.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para poner esa acción necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde invoque la inconstitucionalidad §guía, p. 24. No hace falta ese caso cuando se defienden intereses difusos o la naturaleza del asunto no da una lesión individual y directa.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica y que haya sido maltratada en sus derechos por una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71.

Si lo que sospecha es un manejo irregular de fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si quiere cambiar esta ley, la vía es una iniciativa popular. Un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea da asesoría técnica gratuita para redactarlo.

Lo que no sabemos

El dossier no incluye el texto del artículo 11 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, así que no se sabe qué obligación exacta se les quita a las cooperativas.

El dossier no explica por qué el artículo 1 fecha la ley 5185 en 1975 y SINALEVI la fecha en 1973.

El dossier no dice cuántas cooperativas de transporte existen hoy ni cuántas rutas se han adjudicado con esta prioridad.

No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.