El presupuesto de 1982 sigue vigente y estas son sus reglas

Ley 6700

Ley de Presupuesto para 1982

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NORMAS GENERALES

Artículo 9º.- Apruébanse las siguientes normas de carácter general, para regular la ejecución de los presupuestos para 1982:

1ª.- No se incurrirá en compromiso alguno, con cargo a una partida de gastos variables, si previamente la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda no ha reservado, en la cuenta de crédito del presupuesto respectivo, la suma suficiente para atender ese pago.

Las solicitudes de crédito especial y las solicitudes de mercancías o servicios serán firmadas, en el momento de su emisión, por el respectivo oficial presupuestal y, según corresponda, por:

a) Los Ministros de Gobierno.

b) El Presidente de la Asamblea Legislativa.

c) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

ch) El Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

d) El Contralor General de la República.

Los jefes superiores, antes mencionados, sólo podrán delegar su autorización en los funcionarios directamente responsables de la unidad administrativa, a la cual se le asignen los recursos en los programas presupuestarios de la Ley de Presupuesto Nacional.

No se tramitará ninguna solicitud de reserva de crédito especial o solicitud de mercancías o servicios si no llena esos requisitos. Para la validez de los compromisos, se requiere la aprobación previa de la Contraloría General de la República.

2ª.- Para los efectos de esta ley, los créditos presupuestos destinados a gastos fijos se estimarán comprometidos, por la sola razón de producirse los hechos que generen la obligación de ellos prevista. En consecuencia, tratándose de sueldos, el hecho mismo de devengarlos, legalmente, constituye el compromiso.

3ª.- El Presupuesto Nacional constituye un todo indivisible, por lo que durante su vigencia, el Poder Ejecutivo -mediante decreto que deberá ser sometido previamente a estudio jurídico-contable y aprobación de la Contraloría General de la República- podrá incorporarle los ingresos y gastos contenidos en leyes que se dicten; los cuales no hubieran sido contemplados en el proyecto de ley de presupuesto para cada año.

4ª.- Los acuerdos de pago, para girar partidas de gastos variables de los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Contraloría General de la República, serán emitidos por estos organismos, previa aprobación -por parte de las oficinas competentes- de la correspondiente solicitud de mercancías o servicios o de las solicitudes de reserva de crédito especial.

5ª.- Los gastos presupuestos con cargo a fuentes de financiación provenientes del crédito público podrán ampliarse o disminuirse, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, previas certificaciones de la Contabilidad Nacional y de la Contraloría General de la República, sobre el saldo de tales fuentes, efectivamente disponible.

6ª.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para recodificar, mediante decreto, previa aprobación de la Contraloría General de la República, los presupuestos ordinario y extraordinarios, incorporados al Presupuesto Nacional, conforme a la codificación general vigente.

7ª.- El Ministerio de Hacienda podrá autorizar la ejecución de hasta tres dozavos de los gastos aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional. Las solicitudes de reservas de crédito especial y las solicitudes de mercancías o servicios, que impliquen ampliación de la cuota máxima de tres dozavos, requerirán, además de las firmas señaladas en la norma primera, las firmas del Ministerio de Hacienda y del Tesorero Nacional.

Durante los meses de enero a abril, inclusive, sólo podrán autorizarse cuatro dozavos.

8ª.- La Contraloría General de la República deberá ejercer un estricto control sobre la utilización de fondos, que se autorizan en el presupuesto, por medio de subvenciones a diferentes entidades y organismos estatales y particulares y sobre aquellas entidades que, en forma temporal o permanente, reciban o administren dinero, exenciones y bienes públicos.

La Contraloría General de la República, una vez que determine las entidades que deben someterle un presupuesto para disponer de las sumas a las cuales se refiere esta norma, lo comunicará a la Tesorería Nacional, con el fin de que no se entreguen las subvenciones a aquellas que no hubieran cumplido con este requisito o con el suministro de cualquier información referente a la aplicación de fondos públicos.

A más tardar el 31 de enero de cada año, toda entidad -estatal o privada- favorecida con subvenciones debe remitir a la Contraloría, con copia para la Oficina de Presupuesto Nacional, la liquidación de los presupuestos correspondientes al año anterior.

9ª.- Las órdenes de modificación de contratos de construcción deberán ser aprobadas, previamente, por la Oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Esta Oficina certificará que los desembolsos financieros, que pueda ocasionar la orden, tienen contenido económico en el año fiscal en ejecución.

Con este propósito, los ministerios deberán presentar, a la citada oficina, un calendario de desembolso de la partida 5 "Construcciones, adiciones y mejoras", sobre la base de las obras que se efectuarán en el año, mostrando, separadamente, los desembolsos que se generen en el contrato original y los que se deriven de cada orden de modificación solicitada.

10.- El Poder Ejecutivo podrá emitir bonos, en moneda nacional o extranjera, de las emisiones que, previamente, hayan sido autorizadas por la Asamblea Legislativa y de las que se autorizan en la presente ley, y podrá colocarlos, tanto en el país como en el exterior.

11.- Las instituciones públicas y privadas recibirán, por su valor nominal, los bonos que el Gobierno les gire, por concepto de partidas específicas.

12.-Todas las partidas del presupuesto de egresos, que no estuvieren agotadas al terminar el año fiscal, se tendrán por canceladas, automáticamente, en su totalidad o en la parte que no hubieren sido giradas o comprometidas, al finalizar el ejercicio fiscal para el cual fueron votadas.

Sin embargo, todos los compromisos, efectivamente adquiridos, que quedaren pendientes en el período que termina, pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

No podrán reconocerse, para los efectos de esta norma, compromisos que no hayan sido adquiridos mediante orden de compra, expedida por la Proveeduría Nacional o por medio de una reserva de crédito especial.

Cuando se trate de licitaciones privadas, se podrán emitir órdenes de compra provisionales, en el caso de que, al 31 de diciembre de cada año, las licitaciones hubieran sido publicadas en "La Gaceta" o distribuidas las boletas de cotización.

13.- En la liquidación de los presupuestos extraordinarios, al 31 de diciembre de cada año, cuyos ingresos se originan en líneas de créditos con organismos del exterior, serán tomados como recursos los gastos efectivos que aún no hayan sido reembolsados por esos organismos, antes de esa fecha.

Entre los reembolsos por recibir, se incluirán los gastos reconocidos para obras que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes realiza bajo su administración y cuyo reembolso solamente puede solicitarse a los organismos del exterior, una vez efectuadas las obras.

14.- Autorízase la creación de un fondo rotatorio de cien mil colones en la Proveeduría Nacional, con el objeto de operar los programas 607 y 608 del Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre bienes excedentes, cuyo convenio fue firmado, entre los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos, el 9 de mayo de 1972.

Los usuarios finales de los bienes adquiridos por el mencionado convenio pagarán, a la Proveeduría Nacional, la parte proporcional de los costos de transporte, seguro, viáticos que ocasione su internamiento o destino final, así como los gastos de acondicionamiento, cuando éstos sean necesarios.

De los fondos de tesorería, el Ministerio de Hacienda girará, a la Proveeduría Nacional los cien mil colones para el citado fondo.

Una vez finalizado el convenio, si no es prorrogado, los fondos serán devueltos en su totalidad a la Tesorería Nacional. La Contraloría General de la República supervisará las operaciones implícitas en el programa.

15.- Para la operación de la Dirección General de Adaptación Social, se autoriza al Poder Ejecutivo para que constituya, por medio de la Tesorería Nacional, un fondo rotatorio hasta por la suma de un millón de colones, para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de materiales, mercaderías y servicios, indispensables para el funcionamiento de la Dirección. Este fondo se manejará en una cuenta corriente, en un banco del Estado, contra la cual se podrán girar cheques, únicamente con las firmas del Ministro de Justicia o su designado y del Contralor General de ese Ministerio, conjuntamente.

Corresponde a la Auditoría General del Ministerio de Justicia el control del fondo, al cual se refiere esta norma, sin perjuicio de la vigilancia externa que compete a la Contraloría General de la República.

Esta última dependencia dictará las regulaciones que estime pertinentes, para la operación de este fondo. En ningún caso podrá utilizarse esta partida para el pago de servicios personales.

16.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para constituir, en la Proveeduría Nacional, un fondo rotativo hasta por la suma de diez millones de colones, de los cuales dos millones servirán para la operación del Almacén Nacional Escolar, por medio del cual se pagarán las compras de materiales y servicios generales, que constituyen el objeto normal de su funcionamiento, y se reintegrará el producto de la venta de útiles y materiales escolares que se efectúen. El saldo, ocho millones de colones, servirá para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de mobiliario y equipo de oficina, de mercaderías y servicios contractuales de la Administración Pública. La Proveeduría Nacional sólo podrá proporcionar bienes y servicios, adquiridos con los recursos de este fondo rotativo, cuando se le entreguen solicitudes de mercancías, debidamente aprobadas por las oficinas indicadas en la norma primera.

Estos fondos se manejarán en una cuenta corriente especial, en un banco del Estado, contra la cual se podrá girar únicamente con las firmas del Proveedor Nacional y del Ministro de Hacienda, conjuntamente. La Contraloría General de la República efectuará la auditoría del movimiento de estos fondos, en forma periódica y en intervalos no mayores de seis meses.

En ningún caso podrá utilizarse esta partida para el pago de servicios personales.

17.- Los recursos provenientes del GOCR-AID, fondo de dos etapas, que se asignen para el financiamiento de un plan periódico de encuestas de hogares, se depositarán en una cuenta corriente, en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a la orden de la Comisión que tiene bajo su responsabilidad la ejecución de este programa.

18.- Los datos puramente informativos sobre objetivos y metas no constituyen cuerpo de la presente ley.

19.- De las partidas de pasajes al exterior y gastos de viaje, únicamente se cubrirán gastos realizados por personas que tengan un cargo continuo y efectivo dentro del Gobierno, salvo los casos de los asesores técnicos de organismos internacionales.

20.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Administración Financiera de la República, Nº 1279 del 2 de mayo de 1951, todos los ingresos o recursos públicos, detallados en la presente ley, cualesquiera que sean su naturaleza y fuentes de donde proceden, constituyen el fondo con el cual se cubrirán los gastos de la Administración Pública. De acuerdo con ese mismo artículo, automáticamente se transforman en subvenciones todos los productos de rentas, con destino especial, según detalle contenido en la presente ley de Presupuesto Nacional.

21.- Todas las sumas aprobadas para gastos de representación, así como la alimentación de la Casa Presidencial, se girarán como gastos fijos y no se requerirá la presentación de comprobantes. Igual procedimiento se seguirá para la tramitación de los gastos de las oficinas consulares, gastos de oficinas de cancillerías y los los gastos de la Oficina Económica en Washington.

22.- No podrán decretarse ni hacerse efectivos aumentos o modificaciones a los salarios asignados en los puestos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, si no es mediante los procedimientos que establece el sistema de clasificación y valoración de puestos del mismo Régimen, con la previa aprobación de la Dirección General de Servicio Civil.

Igual procedimiento deberá observarse, previo al reconocimiento de incentivos por concepto de prohibición, dedicación exclusiva y cualesquiera otros estímulos salariales, que se acuerden en favor de los servidores públicos, cuyos puestos están asignados a la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, a excepción de lo que establece la norma general número sesenta y tres. La aprobación de la Dirección General de Servicio Civil faculta a los ministerios para que, por medio de Decreto Ejecutivo, realicen las correspondientes transferencias de partidas que darán el respectivo contenido económico.

Se autoriza al Poder Ejecutivo para utilizar el superávit de tesorería correspondiente a ejercicios anteriores, para dar contenido a las resoluciones dictadas por la Dirección General de Servicio Civil, bajo las previsiones del artículo 11 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, así como las dictadas por entes legalmente facultados. Se exceptúan los servidores que no se encuentren pagados por la partida de servicios personales.

De producirse un faltante, en la aplicación del superávit, podrán efectuarse traslados de partidas para cubrirlo, sin recurrir a la partida de servicios personales o a partidas que entorpezcan la realización de programas.

La presente norma regirá hasta tanto no se promulgue la Ley General de Salarios de la Administración Pública. Para los ingenieros, arquitectos y licenciados en Ciencias Económicas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se mantienen las obligaciones y los beneficios garantizados en la norma número ochenta y nueve de mil novecientos ochenta, siempre y cuando ocupen cargos o puestos, cuya naturaleza corresponda a las profesiones que ostenten cada uno de esos profesionales.

Los que reciban incentivos, por concepto de prohibición, quedan absolutamente inhibidos del ejercicio de cualquier otra función remunerada. La violación de esta norma es causal de despido, sin responsabilidad patronal.

23.- La circunstancia de que la relación de puestos del Programa Servicio Nacional de Aduanas no se haya dividido, por departamentos y unidades, y de que un conjunto de puestos de una misma clase se haya agrupado en un solo inciso, no autoriza para que los servidores que ocupan tales puestos, puedan ser trasladados, con perjuicio para ellos, a un lugar o dependencia distinta, sin su consentimiento.

24.- El Poder Ejecutivo no podrá aumentar, mediante decreto, el número de puestos contemplados en las relaciones de puestos de sueldos para cargos fijos y de jornales. Igual limitación regirá en relación con el número de horas lectivas y en relación con los puestos de la relación de puestos de los centros educativos del Ministerio de Educación Pública.

25.- El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia y mediante decretos ejecutivos del Ministerio de Hacienda, hará las modificaciones necesarias al presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relaciones con los cambios y plazas nuevas que sean indispensables para la aplicación del Código de Procedimientos Penales, así como para atender los gastos de las oficinas que sea preciso crear con el mismo objeto. Los recursos presupuestarios se tomarán de la subpartida de sueldos para cargos fijos, parte final, reservada con ese propósito y de las subpartidas modificadas por los decretos que lleguen a dictarse.

26.- Los centros educativos incluidos en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Nacional, y enunciados en la norma número cuarenta y uno del Presupuesto de 1974, mantendrán su "status quo", en lo referente a su gobierno y nombramiento de personal administrativo-docente, administrativo, lo mismo que el personal docente de religión.

En cuanto al nombramiento del nuevo personal docente, este será escogido por las respectivas direcciones de esos colegios, de listas de cinco nombres que, para cada puesto, propondrá el Ministerio de Educación Pública.

El Ministerio de Educación Pública solicitará las respectivas nóminas al Departamento Docente del Servicio Civil, el cual las integrará mediante el concurso público respectivo.

27.- Las sumas que el Ministerio de Educación Pública paga al personal docente, por concepto de horarios alternos, establecidos por el artículo

118 del Código de Educación, así como el incremento de los montos establecidos por el artículo 118 del Código de Educación, y el incremento de los montos establecidos en concepto de recargo de funciones, zonaje u otros sobresueldos, sólo podrán aumentarse por medio de Decreto Ejecutivo, emitido conjuntamente por los Ministerios de Educación Pública y de Hacienda, previo dictamen favorable de la Oficina de Presupuesto Nacional.

Se incluyen los conserjes y personal administrativo de las instituciones educativas, en lo establecido en el artículo 118 del Código de Educación.

28.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Viceministro de Educación y mediante decreto de los Ministerios de Hacienda y de Educación Pública, podrá modificar las relaciones de puestos en los programas 505, 506, 507 y 508 con los siguientes fines:

a) Efectuar traslados o cambios de plazas y de horas lectivas, entre los centros educativos del país y entre los programas 505, 506, 507 y 508, siempre y cuando las necesidades se deriven de la matrícula efectiva de los diferentes centros educativos.

b) Crear los centros educativos que estime convenientes, según las necesidades de las distintas comunidades del país; pero solamente mediante traslado de puestos.

c) Efectuar traslados o cambios de plazas de conserjes entre los centros educativos.

Los decretos, que se deriven de la presente norma, sólo podrán crear un número de cargos o de horas lectivas iguales a los que se rebajan.

El traslado o cambio de puestos se efectuará, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los servidores nombrados, con el fin de evitar sobregiros en las subpartidas de gastos. Como consecuencia de la aplicación de esta norma, en los decretos se incluirán los cambios correspondientes a los sueldos básicos, más las remuneraciones complementarias.

Para la correcta aplicación de esta norma, a partir del mes de marzo, el Ministerio de Educación Pública deberá realizar, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los servidores, los reajustes de personal ocasionados por la disminución de matrícula en los diversos ciclos, para lo cual ejecutará, en las instituciones educativas del país, un control presupuestario permanente sobre la relación de puestos incluida en esta ley.

Igualmente, podrán efectuarse traslados a las partidas de gastos variables de los diferentes programas presupuestarios del Ministerio de Educación Pública, de aquellos montos de las plazas docentes que no estén ocupadas con propietarios ni interinos, como producto de la racionalización y redistribución interna del presupuesto de educación.

29.- Cuando, indebidamente, se emitiere uno o varios giros a favor del titular de una plaza docente, administrativo-docente o administrativo, que hubiera sido sustituido interinamente por otro servidor, esta circunstancia no constituirá impedimento para que se emitan los giros correspondientes a este último. El Ministerio de Educación Pública, en coordinación con la Oficina Técnica Mecanizada del Ministerio de Hacienda, tomará las providencias necesarias para lograr el reintegro de las sumas giradas indebidamente.

30.- Sólo podrán girarse, de las partidas de jornales autorizadas en los presupuestos, los salarios de peones, artesanos, obreros, capataces y maestros de obra.

De la subpartida de personal docente no podrá pagarse a los funcionarios de carácter administrativo.

31.- El personal profesional del Servicio Aduanero Nacional, dependencia de la Administración Tributaria, tendrá derecho a los sueldos máximos y a las retribuciones, a que se refiere el Decreto Ejecutivo número 4949-P del 23 de junio de 1975, y a la ley número 5867 del 15 de diciembre de 1975, pero sólo podrán serles reconocidos a los funcionarios que reúnan los requisitos académicos, establecidos por la Dirección General del Servicio Civil, y a aquellos que ingresaron al servicio aduanero nacional antes del 1º de enero de 1979. De producirse alguna vacante, en cualquiera de los cargos, para los nuevos funcionarios será obligatorio el cumplimiento de los requisitos académicos. En todo caso, los servidores que reúnan los requisitos académicos dichos y los funcionarios que ingresaron al servicio antes de la fecha indicada estarán en igualdad de condiciones, para todos los efectos legales.

32.- No obstante lo dispuesto en esta ley, en cuanto al pago de salarios del Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, la Junta Administrativa de ese plantel seguirá con las atribuciones que siempre le han correspondido, inclusive el libre nombramiento y remoción del personal docente-administrativo.

33.- Se autoriza al Ministerio de Gobernación para trasladar el Cuerpo de Guardalíneas Telegráficas a la Guardia de Asistencia Rural, nombrando a sus miembros como auxiliares de ésta, en las jurisdicciones en que presta sus servicios, sin abandono de las funciones que han venido desempeñando, a las cuales darán prioridad.

34.- Cualquier suspensión, movimiento o destitución de empleados de la Administración Pública, deberá ser reportado de inmediato a la Tesorería Nacional, con copia a Pagaduría Nacional y a la jefatura de personal correspondiente. La Pagaduría Nacional retendrá los giros respectivos hasta tanto la oficina de personal o ministerio y la Tesorería efectúen la liquidación del caso. El funcionario o empleado que realice la destitución, suspensión o movimiento, está en la obligación ineludible de comunicar tal hecho, a más tardar veinticuatro horas después de haberse acordado.

Igual principio prevalecerá para funcionarios y empleados del Departamento de Defunciones del Registro Civil, en cuanto a deceso y cambio de estado civil de los pensionados del Estado y sus instituciones.

Si la comunicación no se efectúa, los giros o sumas que, por tal motivo pague en exceso el Estado, deberán ser asumidos y pagados por el empleado o funcionario responsable de la omisión, cualquiera que sea su nivel jerárquico. Cualquier dependencia, oficina o empleado, que tenga conocimiento de incumplimiento de las anteriores disposiciones, deberá comunicarlo de inmediato a la Contraloría General de la República a fin de fijar las responsabilidades del caso.

35.- En los programas en que se contempla el renglón de dietas, excepto el de la Asamblea Legislativa, los miembros integrantes de las juntas directivas no podrán devengar más de cuatro dietas ordinarias y dos extraordinarias por mes.

Para estos efectos, el Tribunal de Servicio Civil se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. La limitación que establece la presente norma no le será aplicada al Congreso Nacional de Salarios, durante la época del año en que deba abocarse a una fijación de remuneraciones.

36.- Los sueldos del personal pagado por medio de las subpartidas de servicios especiales de los ministerios, en ningún caso podrán ser superiores a los devengados por el personal incorporado al Régimen de Servicio Civil, en el desempeño de funciones similares. Además, el personal pagado por servicios especiales deberá llenar los requisitos exigidos por este régimen y los nombramientos deben limitarse a lo indicado en la relación de puestos de cada ministerio. En los casos en que no se adicionen estos detalles deberán emitirse por Decreto Ejecutivo.

Igualmente se procederá con los nombramientos que se hagan, con cargo a las subpartidas de jornales de los ministerios.

Estos detalles de servicios especiales y jornales podrán ser modificados por medio de Decreto Ejecutivo del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Servicio Civil será responsable de la clasificación de los cargos que figuren en la relación de puestos de servicios especiales.

Se exceptúan de lo anterior, los contratos de trabajo del personal del programa 509 - Desarrollo de la Educación Técnica (Convenio MEP-BID) del Ministerio de Educación Pública- hasta el vencimiento de los mismos.

Los nuevos contratos, así como las prórrogas de los existentes, deberán sujetarse a lo dispuesto en el párrafo primero de esta norma.

37.- El personal nombrado para la vigilancia y mantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente, las funciones propias de su cargo.

La Contraloría General de la República fiscalizará el exacto cumplimiento de esta norma.

38.- Las personas que hayan sustituido o que sustituyan en forma interina, a los embajadores, ministros, consejeros o encargados de negocios, tendrán derecho a que se les gire la suma que, en cada caso, está destinada a gastos de representación, la cual podrá ser reducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, previa aprobación de la Contraloría General de la República, siempre que el funcionario se encuentre en el país respectivo y los gastos se ocasionen en él.

39.- La Oficina Técnica Mecanizada, en colaboración con la Dirección General de Servicio Civil, presentará, a más tardar el primero de abril de cada año, a la Oficina de Presupuesto Nacional, con copias para los ministerios, los otros dos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones, las relaciones de puestos del Gobierno Central. Estas relaciones comprenderán la clasificación y valoración a esa fecha, así como las proyecciones para el año inmediato siguiente, las cuales solicite la Oficina de Presupuesto Nacional, siempre que los programas de computación, en uso, lo permitan.

La Oficina de Presupuesto Nacional entregará, a la Oficina Técnica Mecanizada, el "listín de puestos" para el año inmediato siguiente, a más tardar el 18 de diciembre de cada año.

La Oficina de Presupuesto Nacional incorporará, en el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente, aquellos cambios en la clasificación y valoración de los puestos que le hayan sido comunicados, oficialmente, por la Dirección General de Servicio Civil, antes del primero de julio del año en curso, en el caso de los empleados cubiertos por dicho Régimen.

40.- Las sumas que aparecen detalladas en la relación de puestos se entenderán como sueldos máximos y, por consiguiente, podrá acordarse una retribución menor, si así se considerare necesario, lo cual no dará derecho a reclamo alguno contra el Estado.

Para los servidores protegidos por el Estatuto de Servicio Civil, se entenderá como sueldo base, para cada puesto, el que señale la Dirección General de Servicio Civil, después de hacer el estudio de clasificación y valoración de cargos, conforme lo ordenan el citado Estatuto y la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La Dirección General de Servicio Civil no aprobará nombramientos, en plazas vacantes que no se encuentren debidamente clasificadas y asignadas a la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La Oficina Técnica Mecanizada no emitirá los giros, por pagos de salarios, si no se hubieran cumplido las anteriores formalidades.

41.- El Ministerio de Hacienda, mediante decreto del Poder Ejecutivo, podrá:

a) Efectuar transferencias entre partidas para el servicio de deuda pública, creando las subpartidas que fueren necesarias.

b) A partir de mayo, modificar la relación de puestos del programa 081 - Servicio Exterior, con el propósito de adecuarla a las necesidades de las diferentes situaciones políticas y económicas que así lo demanden, sin aumentar el número de puestos, siempre y cuando su costo no exceda la cuota mensual, autorizada con ese fin en la Ley de Presupuesto Nacional. De igual forma, podrá modificar los detalles referentes a las subpartidas de gastos de representación, gastos de oficinas consulares, gastos de oficinas económicas y gastos de oficinas de cancillerías, del programa citado.

c) Trasladar sobrantes de sueldos para cargos fijos al servicio de la deuda pública, y a las partidas para el pago de pensiones a cargo del Gobierno Central, con el propósito de cubrir faltantes.

ch) Efectuar traslados entre partidas de gastos no comprometidos del presupuesto del Ministerio de Obras Pública y transportes, a partir del segundo semestre del año, excepto servicios profesionales, con el propósito de complementar la financiación de las obras que, conforme a los planes generales, realiza ese Ministerio.

42.- En el segundo semestre del año, y mediante Decreto Ejecutivo, previa aprobación de la Contraloría General de la República, podrán ordenarse traspasosentre los gastos autorizados en la Ley de Presupuesto Nacional, excepto en lo relativo a servicios personales y a programas de transferencias.

Podrán ordenarse traspasos, creando un nuevo tipo de gasto, sin que con ello se modifique el monto de recursos asignados al programa, cuando para su mejor ejecución resultare indispensable.

No podrán aumentar, mediante Decreto Ejecutivo, las sumas que la Ley de Presupuesto Nacional autoriza para gastos confidenciales, gastos de representación, amortización de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, consultorías, equipo de transporte, transporte y gastos al exterior; tampoco podrán efectuarse traspasos de gastos autorizados con diferentes fuentes de financiación.

En los presupuestos financiados con recursos provenientes del crédito externo, sí se permitirán los traspasos de servicios personales a gastos variables o viceversa por Decreto Ejecutivo, previa autorización de la Contraloría General de la República.

Las solicitudes de traspaso, entre partidas de un mismo programa, deberán ser presentadas por escrito y debidamente justificadas por los jefes de los programas presupuestarios, autorizados por el superior jerárquico respectivo. Además, el oficial presupuestal correspondiente certificará el saldo disponible de las subpartidas que se rebajen.

Los citados traspasos o transferencias podrán efectuarse en cualquier momento, para atender situaciones de emergencia o de calamidad pública, previamente declarada por acuerdo del Poder Ejecutivo.

No podrán rebajarse las siguientes subpartidas de los ministerios: alquileres, telecomunicaciones, energía eléctrica, gasolina, diesel y medicinas. Tampoco podrán rebajarse las destinadas al pago de cuentas pendientes de ejercicios anteriores, en programas de gastos directos de los ministerios, ni las de productos alimenticios de los Ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía.

En cuanto al Tribunal Supremo de Elecciones, los traspasos, a que se refiere el párrafo primero de esta norma, pueden hacerse inclusive en el primer semestre del año.

Al Tribunal Supremo de Elecciones se le girará, de su presupuesto, la suma global de quinientos mil colones y se le autoriza para adquirir, con cargo a ésta y por contratación directa, bienes y servicios de los que contemplen los capítulos de su presupuesto: servicios no personales, materiales y suministros y maquinaria y equipo, y los cuales, a juicio del Tribunal, sean necesarios para el cumplimiento de sus actividades. El Poder Ejecutivo, por medio de decreto y previa certificación de la Contraloría General de laRepública sobre saldos disponibles, hará el traspaso correspondiente del presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones para la obtención de la suma global a que se refiere esta norma.

En lo conducente, téngase por reformada la Ley de la Administración Financiera de la República.

43.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que destine equipo, materiales y servicios a la ejecución de obras o actividades de bien público, que pueda realizar conjuntamente con municipalidades, asociaciones de desarrollo de la comunidad, juntas de protección social, de educación y administrativas de colegios.

El Poder Ejecutivo también podrá entregar esos materiales y servicios a las citadas instituciones, como colaboración para ejecutar las obras, y contratar, directamente con ellas, la construcción, mantenimiento y mejoras de edificios públicos, carreteras, caminos, puentes y toda clase de obras públicas, así como mobiliario para cualquiera de las entidades oficiales citadas, cubriendo los gastos que tales contratos causen, con cargo a las partidas destinadas a obras por administración.

44.- Exonérase del pago de todo clase de impuestos la adquisición, por parte de los cuerpos de bomberos, de todo el equipo necesario para cumplir su labor, el cual no se produzca en el país.

45.- Los impuestos y tasas que gravan la inscripción de los documentos públicos o privados en la Contaduría General de Tránsito, en que conste la venta, cambio, donación o traspaso de un vehículo, serán pagados mediante entero en la Administración Principal de Rentas, de acuerdo con el valor real de cada vehículo; excepto el impuesto del timbre fiscal, cuando se haya satisfecho en el respectivo juicio sucesorio para la adjudicación del vehículo y así conste en la respectiva escritura pública, bajo la fe del notario.

46.- Parte de los recursos por concepto de derechos de exportación de banano, creados por ley Nº 5515 del 19 de abril de 1974, se destinará a constituir un "fondo de fomento bananero" que será administrado por la Asociación Bananera Nacional S. A., para la operación del plan de fomento bananero, el cual busca proveer las condiciones adecuadas para lograr que la actividad bananera alcance y mantenga altos niveles de productividad y con ello procurar un incremento en la producción exportable de banano.

47.- Se autoriza al Poder Ejecutivo para pagar el aguinaldo (decimotercer mes) del año de 1982 con cargo a las correspondientes partidas de gastos del Presupuesto Nacional de 1983.

48.(*)- Adiciónase al artículo 1º de la ley número 313 del 23 de agosto de 1939 y sus reformas, un párrafo final que dirá:

"Tendrán derecho a una pensión igual a la de las viudas de los exPresidentes o ex Vicepresidentes de la República, aquellas personas que hubieran tenido la condición de Primera Dama".

Adiciónase al inciso ch) del artículo 1º de la ley número 148 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, con un segundo párrafo. El texto del inciso dirá lo siguiente:

"Inciso ch): Este beneficio se reajustará en el tanto equivalente al incremento alcanzado o que llegue a alcanzar la remuneración del cargo respectivo.

En el caso del pensionado que hubiera reingresado, eventualmente, al servicio, el reajuste se hará con base en el salario del cargo servido que más le favorezca, incluso aquel en que originalmente obtuvo la pensión".

Refórmase el párrafo cuarto del artículo 13 de la misma ley, de modo que el texto de los párrafos cuarto y quinto digan:

"Artículo 13.- Los ex miembros de los Supremos Poderes o sus cónyuges sobrevivientes, protegidos por este régimen, tendrán derecho a una pensión no menor de ¢ 8.000,00 (ocho mil colones). Aquellos ex miembros de los Supremos Poderes, incluidos vicepresidentes y sus cónyuges, sobrevivientes en su caso mayores de sesenta años no protegidos por este régimen de pensiones, que hubiesen cumplido o no totalmente el período para el que fueron electos, o de menos de sesenta años tendrán derecho también a una pensión no inferior a dicho monto. Las pensiones, a que se refiere este párrafo, no estarán sujetas a ninguna clase de deducciones, excepto las contempladas en el artículo 10 de esta ley y en la ley número 3808 del 22 de noviembre de 1966, así como las referentes a las cuotas para la Caja Costarricense de Seguro Social y la proporción correspondiente, en caso de pensión alimenticia. Se autoriza al Ministerio de Hacienda a variar las partidas de presupuesto, para cubrir las obligaciones que de esta norma se deriven. El Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá hacer, de oficio en las planillas, los reajustes necesarios para adecuarlas a lo dispuesto en la presente norma".

Agrégase un último párrafo al artículo 13 de la ley Nº 148 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, que dirá: "Esta norma modifica las leyes, artículos e incisos que se lo opongan.".

Refórmase el párrafo 2º del artículo 14 de lay Nº 148 del 23 de agosto de 1943 y sus reformas, para que diga así:

"Igualmente lo estarán los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, nombrados antes del 14 de setiembre de 1969. También estarán comprendidos, en las disposiciones de esta ley, los funcionarios y empleados de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, nombrados en cualquier dependencia del Estado antes de la fecha indicada".

Refórmase el artículo 11 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones de Guerra, Nº 1922 del 5 de agosto de 1955 y sus reformas. Su texto dirá:

"Los derechos de pensión de viudas, huérfanos, inválidos, madres y demás damnificados de guerra, de los años 1948 y 1955, que esta ley otorga, deberán mejorarse de oficio, motivados por el alto costo de la vida, de manera que no sean inferiores a mil quinientos colones, por mes; reconociéndoseles el derecho a decimotercer mes. Se autoriza al Ministerio de Hacienda para hacer modificaciones en el presupuesto, de manera que cubra las obligaciones derivadas de esta norma".

(*) Anulado por resolución de la Sala Constitucional Nº 2136 de las 14:00 hrs . del 23 de octubre de 1991.

49.- La suma que se destina a la administración de las pensiones del Magisterio Nacional se hará con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, afectando en la proporción de uno por mil los giros de los servidores públicos de la docencia nacional, activos y pensionados.

50.- El Consejo Técnico, órgano rector del Centro de Investigaciones y Perfeccionamiento para la Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública, además de la constitución, funciones y atribuciones que le señala el decreto número 6002-E del 6 de mayo de 1976 (reformado por el número 6258-E del 29 de julio del mismo año), ejercerá y ostentará las funciones y atribuciones que el Código de Educación (Título III, artículos 406 al 409) otorga a las juntas administrativas de instituciones educativas de enseñanza media.

51.- Se autoriza a la Junta Administrativa del Muelle de Quepos para que administre, directamente, los ingresos provenientes de la explotación de dicho muelle; todo sujeto a las disposiciones de la Ley de la Administración Financiera, destinando los recursos a la administración, operación, mantenimiento y mejoras de sus instalaciones. La presente norma será aplicable, hasta tanto no entre en vigencia el decreto respectivo, por el cual el Instituto de Puertos del Pacífico asuma el muelle de Quepos.

52.- El Consejo Superior de Educación revisará y fijará los montos por cobrar, por concepto de matrícula y mensualidad en el nivel de enseñanza que corresponda, en todas aquellas instituciones de enseñanza privada que reciban aportes del Gobierno, a través del Presupuesto Nacional, para el pago de profesores.

53.- Cuando en un mismo edificio escolar laboren dos o más instituciones educativas, cada una de ellas tendrá derecho al uso, en sus correspondientes turnos, de la totalidad de las instalaciones físicas, comprendiendo talleres, bibliotecas, laboratorios, etc.

El director y los profesores serán los responsables de su cuido, en la correspondiente jornada de trabajo.

54.-Autorízase a las municipalidades del país a pagar salarios máximos a los ejecutivos municipales, según la siguiente tabla:

Con presupuesto hasta de ¢ 3.000.000 un salario máximo de ¢ 4.500

De 3.000.001 hasta de 4.000.000 un salario máximo de 5.000

De 4.000.001 hasta de 5.000.000 un salario máximo de 5.500

De 5.000.001 hasta de 7.500.000 un salario máximo de 6.000

De 7.500.001 hasta de 10.000.000 un salario máximo de 6.500

De 10.000.001 hasta de 20.000.000 un salario máximo de 8.500

De 20.000.001 hasta de 40.000.000 un salario máximo de 9.500

De 40.000.001 hasta de 100.000.000 un salario máximo de 12.500

De más de 100.000.000 un salario máximo de 13.500

La Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijarán los salarios de los ejecutivos municipales, basados en el monto de los presupuestos municipales, a que se refiere esta norma.

55.- Autorízase a las municipalidades, cuyo presupuesto anual sea hasta de dos millones de colones, para pagar únicamente seis sesiones por mes a sus regidores.

Las municipalidades con presupuestos desde dos millones un colones hasta tres millones de colones podrán pagar hasta ocho sesiones; las que tengan un presupuesto desde tres millones de colones hasta diez millones de colones podrán pagar hasta diez sesiones, y las que tengan un presupuesto mayor, a la última cifra indicada, podrán pagar hasta quince sesiones.

56.- Toda construcción, ampliación o mejora que se realice en edificios destinados a centros educativos oficiales; sean aulas, comedores, gimnasios, talleres, etc., con fondos provenientes de este presupuesto, de empréstitos internacionales y otros fondos públicos se considerará propiedad del Estado y deberá inscribirse a nombre del Ministerio de Educación Pública. El mismo criterio será aplicable a la compra de fincas destinadas a la educación.

El Ministerio de Educación Pública tendrá potestad para autorizar el uso de todas las instalaciones educativas oficiales, tomando en consideración los intereses generales de la educación y la cultura y los intereses particulares de la comunidad.

57.- Las dependencias del Gobierno Central deben presentar a la Oficina de Presupuesto Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal, un informe detallado sobre el avance físico, realizaciones o metas alcanzadas en la ejecución de cada programa y proyecto. Los ministerios, en colaboración con la Oficina de Presupuesto Nacional y de acuerdo con los recursos asignados para cada año, definirán y cuantificarán los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

58.- Autorízase a los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Agricultura y Ganadería para atender las obligaciones derivadas de los contratos ya suscritos, y hasta el vencimientos de los mismos, por concepto de servicios de vehículos de propiedad de sus funcionarios, utilizando para el pago las sumas incluidas en el renglón presupuestario correspondiente, conforme al reglamento elaborado por la Contraloría General de la República.

59.- Las Municipalidades, las instituciones autónomas y las semiautónomas deben presentar sus presupuestos a la Contraloría General de la República, con una copia para la Oficina de Presupuesto Nacional, según las recomendaciones de aquélla, en lo que respecta a definiciones presupuestarias (ingresos y egresos) y a la presentación formal del presupuesto. Las anteriores instituciones deben presupuestar todos los ingresos y egresos (incluidos los gastos de capital) cualquiera que sea su propósito.

60.- Se amplía la vigencia del transitorio I de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, Nº 6050 del 14 de marzo de 1977, con el efecto de que cubra el período comprendido entre el 1º de agosto de 1981 y el 31 de diciembre de 1982.

61.- Déjese en suspenso la aplicación de los estudios de clasificación y valoración de puestos, realizados por la Dirección General de Servicio Civil, de acuerdo con la norma 37 del Presupuesto Ordinario de 1978, y mantiénense excluidos estos puestos, así como los creados en los presupuestos de 1979, 1980 y 1981, del Régimen de Servicio Civil, hasta tanto no sea aprobada la nueva Ley Orgánica de la Dirección General de Adaptación Social, actualmente en estudio -con dictamen de mayoría de la Comisión de Gobierno y Administración-. Una vez aprobada la Ley Orgánica, el Servicio Civil hará un estudio integral, para asignar o reasignar todos los puestos que conformarán la nueva estructura de la Dirección General de Adaptación Social.

62.- Modifícase el artículo 1º de la ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975, cuyo texto será el siguiente:

" Establécese la siguiente compensación económica, sobre el salario base de la escala de sueldos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, para el personal de la Administración Tributaria que se encuentre sujeto, en razón de sus carg