El Estado es dueño de lo que se desentierre y hay multas si no avisa
La ley 6703 declara patrimonio nacional los objetos indígenas y obliga a avisar al Museo Nacional de hallazgos, deterioros o pérdidas, con multas y cárcel para quien no lo haga.
Título oficial LEY N°. 6703 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1981. (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL CULTURAL).
Alerta: La ley hace del Estado el dueño de objetos arqueológicos que podrían estar en manos privadas, y la Corte Plena ya declaró inaplicables parcialmente los artículos 3, 5, 7, 9 y 17 por posible choque con el artículo 45 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Alguien queda pagando algo que el título no menciona.
A quién le sirve: Quien no avise al Museo Nacional de un deterioro, pérdida o extravío, o quien no dé cuenta de un hallazgo a las autoridades locales
Las multas se calculan en salarios base del puesto "Oficinista 1" de la ley de presupuesto. El monto exacto en colones no está en el texto de la ley.
Quien omita la comunicación, será sancionado con una multa de dos a trece salarios base.
19, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Quien tenga en su casa o finca un objeto arqueológico debe conservarlo y avisar al Museo Nacional si se deteriora, se pierde o se extravía.
- Quien encuentre objetos arqueológicos en un terreno debe avisar de inmediato a las autoridades locales.
- Quien haga una excavación para una obra y encuentre objetos debe suspender los trabajos y ponerlos a disposición del Museo Nacional.
- Los pueblos indígenas deben autorizar, por medio de su gobierno local, las excavaciones en sus territorios.
- Los funcionarios públicos que reciban un aviso de hallazgo y no tomen medidas enfrentan destitución.
A quién beneficia
- Los coleccionistas y tenedores conservan la custodia de las piezas adquiridas antes de la promulgación de la ley.
- Quien done o invierta en protección del patrimonio arqueológico puede deducir ese monto del impuesto sobre la renta, con aprobación del Museo Nacional.
- Los objetos arqueológicos que ingresen al país con permiso de importación y certificado de autenticidad no pagan impuesto ni gravamen.
- Las personas indígenas pueden transmitirse objetos entre sí, de buena fe y sin ánimo de lucro, sin que esa transferencia sea nula.
Qué cambia
- El Estado es dueño de todo objeto arqueológico descubierto a partir de la vigencia de la ley.
- Comerciar o exportar objetos arqueológicos puede llevar a prisión de uno a tres años y al decomiso de las piezas.
- Sacar objetos arqueológicos del país, o intentarlo, se castiga con prisión inconmutable de uno a cuatro años.
- El Museo Nacional recibe cada año una partida no menor a tres millones de colones del presupuesto.
- La Corte Plena declaró inaplicables parcialmente los artículos 3, 5, 7, 9 y 17 en 1983.
La explicación completa
Qué cambia
La ley 6703 declara patrimonio nacional arqueológico los objetos y restos de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas a la llegada de los españoles (art. 1). También incluye los monumentos y objetos culturales que todavía no se han descubierto, estén en el subsuelo o bajo el agua.
El Estado es dueño de todo objeto arqueológico que se descubra a partir de la vigencia de esta ley (art. 3). También son del Estado los objetos que alguien tenga en su poder desde después de la Ley 7 del 6 de octubre de 1938, si no cumplió los requisitos de esa ley.
Si usted tiene un bien que esta ley define como patrimonio arqueológico, usted es responsable de conservarlo (art. 2). Si se deteriora, se pierde o se extravía, debe avisar de inmediato al Museo Nacional. Quien no avise paga una multa de dos a trece salarios base (art. 19).
El "salario base" es el salario mensual del puesto "Oficinista 1" que aparece en la ley de presupuesto ordinario aprobada en noviembre anterior al hecho (art. 19).
Quien no dé cuenta de un hallazgo arqueológico, o no ponga los objetos en poder del Museo Nacional, se expone a prisión inconmutable de tres a cinco años (art. 20).
Cuando se descubran ruinas, inscripciones o cualquier objeto de interés arqueológico, en terreno público o privado, hay que avisar de inmediato a las autoridades locales (art. 11). Esas autoridades deben notificar enseguida a la Dirección del Museo Nacional. Quien omita ese aviso paga una multa de tres a seis salarios base (art. 21). Si es un funcionario público el que no toma las medidas, la falta es grave y puede terminar en destitución sin responsabilidad patronal.
Si en una excavación para una obra pública o privada aparecen objetos arqueológicos, los trabajos se suspenden de inmediato (art. 13). Los objetos quedan a disposición del Museo Nacional, que tiene quince días para definir cómo se organiza el rescate.
Nadie puede comerciar ni exportar objetos arqueológicos, sea particular o institución, pública o privada (art. 8). La única entidad que puede exportarlos, para intercambio o investigación, es el Museo Nacional, con autorización de la Comisión Arqueológica Nacional.
Las excavaciones para descubrir o explorar patrimonio arqueológico solo las hacen científicos e instituciones reconocidas, con autorización de la Comisión Arqueológica Nacional (art. 15). En territorios indígenas, además, hace falta autorización del gobierno local de la comunidad indígena y el visto bueno de esa Comisión.
Quien excave o remueva sin autorización se expone a prisión de uno a tres años y al decomiso de los objetos, que pasan al Estado (art. 24). La transferencia de propiedad de un objeto cultural hecha así es nula.
Sacar objetos arqueológicos del país, o intentarlo, se castiga con prisión inconmutable de uno a cuatro años (art. 27). Dañar o destruir un monumento arqueológico se castiga con prisión inconmutable de dos a cinco años (art. 23).
El Poder Ejecutivo debe incluir cada año en el presupuesto una partida no menor a tres millones de colones (Q3 000 000,00) para el Museo Nacional (art. 18).
A quién le toca
A cualquier persona que tenga en su casa o en su finca un objeto arqueológico: debe conservarlo y avisar al Museo Nacional si se deteriora, se pierde o se extravía (art. 2).
A quien encuentre objetos arqueológicos en un terreno: debe dar cuenta de inmediato a las autoridades locales (art. 11).
A los dueños de terrenos donde se hagan excavaciones para obras: deben suspender los trabajos si aparecen objetos y ponerlos a disposición del Museo Nacional (art. 13).
A los coleccionistas y tenedores de objetos arqueológicos: la ley les concede la custodia de las piezas adquiridas antes de la promulgación de esta ley (art. 5).
A los pueblos indígenas: en sus territorios, las excavaciones arqueológicas necesitan autorización del gobierno local de la comunidad y el visto bueno de la Comisión Arqueológica Nacional (art. 15).
A los funcionarios públicos que reciban un aviso de hallazgo: deben tomar medidas precautorias o enfrentan destitución (art. 21).
A las personas físicas o jurídicas que donen o inviertan en protección del patrimonio arqueológico: pueden deducir esos montos del impuesto sobre la renta, si el Museo Nacional aprueba la donación o inversión (art. 34).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente, en su versión 3 de 3 2.
La Corte Plena, en sesión del 25 de marzo de 1983, declaró inaplicables parcialmente los artículos 3, 5, 7, 9 y 17 2. Lo hizo en un recurso de inconstitucionalidad de Rogelio Alfaro Quesada y Bolívar Cabezas Bermúdez contra varios artículos de la ley, por contrarios a los artículos 34, 40 y 45 de la Constitución.
La Corte aclaró en 1989 que la anulación del artículo 3 se refiere a la parte genérica que abarcaba objetos hallados antes de la Ley 7 de 1938 y que pertenecen legítimamente a particulares 2. Los hallados después de esa ley sí pertenecen al Estado.
El artículo 5, que da custodia a los coleccionistas, fue declarado parcialmente inaplicable en cuanto incluye bienes de propiedad particular (art. 5). El artículo 7, sobre transferencia a herederos por treinta años, también fue declarado parcialmente inaplicable en cuanto incluye bienes de propiedad privada (art. 7). El artículo 9, sobre préstamo de piezas al Museo Nacional, fue declarado parcialmente inaplicable por la misma razón (art. 9). El artículo 17, sobre inscripción en el Registro, fue declarado parcialmente inaplicable en cuanto trata como simples depositarios a dueños de bienes de propiedad particular (art. 17).
La Procuraduría General de la República dispuso que esas anulaciones valen "únicamente en tanto comprendían bienes arqueológicos precolombinos reducidos a dominio privado en el momento de sancionarse la Ley N º 7 de 1938 (y todos los coloniales)" (art. 17). Para las demás situaciones, la ley mantiene validez.
Los artículos 1, 3, 15, 18, 19, 21 y 24 fueron reformados por la Ley 10568 del 28 de octubre de 2024, llamada Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos (art. 1).
Frente a la Constitución
El artículo 45 de la Constitución dice que la propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley Constitución, art. 45. La Corte Plena ya declaró inaplicables partes de los artículos 3, 5, 7, 9 y 17 justamente por incluir bienes de propiedad particular sin indemnización 2. El Censo ve ahí un posible choque si se aplicara la ley sin tomar en cuenta esa sentencia.
El artículo 89 de la Constitución pone entre los fines culturales de la República proteger las bellezas naturales y conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación Constitución, art. 89. La ley 6703 desarrolla ese mandato al declarar de interés público la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico (art. 36).
El artículo 33 de la Constitución dice que toda persona es igual ante la ley y que no puede practicarse discriminación contraria a la dignidad humana Constitución, art. 33. El artículo 24 de la ley exceptúa de la prohibición de transferencia los objetos que se transmitan entre personas indígenas, de buena fe, sin ánimo de lucro y como parte de la cotidianidad cultural de los pueblos indígenas (art. 24). El Censo no encontró choque en esa excepción, porque reconoce una práctica cultural y no excluye a nadie de un derecho.
El artículo 50 de la Constitución garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Constitución, art. 50. La ley 6703 protege el patrimonio arqueológico, que incluye restos de flora y fauna (art. 1). El Censo no encontró choque entre ambos.
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto de una autoridad pública viola un derecho suyo relacionado con esta ley, puede presentar un recurso de amparo guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.
El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos guía, p. 22. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.
Si considera que la propia ley 6703 infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. Para interponerla se requiere que exista un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso pendiente cuando se trata de la defensa de intereses difusos.
Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, por ejemplo en la partida de tres millones de colones para el Museo Nacional, puede denunciar ante la Contraloría General de la República guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.
Si una institución pública le da un mal servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.
Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuál es el monto exacto en colones del salario base del "Oficinista 1" para calcular las multas.
El dossier no dice si la Ley 10568 del 28 de octubre de 2024 ya fue reglamentada.
El dossier no incluye el texto completo de la Ley 7 del 6 de octubre de 1938, solo referencias a ella.
El dossier no dice cuántas causas penales se han tramitado por esta ley.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 3 de 3Ver en SINALEVI
NORMAS ANULADAS: La Corte Plena, en sesión del 25 de marzo de 1983, se pronunció sobre el Recurso de Inconstitucionalidad planteado por los señores Rogelio Alfaro Quesada y Bolívar Cabezas Bermúdez contra diversos artículos de la presente ley, por ser contrarios a los artículos 34, 40 y 45 de la Constitución Política. Al respecto, se decidió declarar INAPLICABLES PARCIALMENTE los artículos 3, 5, 7, 9 y 17, en los términos y por las razones que la misma sentencia indica, dejando incólume el articulado restante y denegando las demás causas en las que se fundamentaba el Recurso. (Publicada en el Boletín Judicial No.90 del 12 de mayo de 1983, p.2). La Corte Plena en sesión extraordinaria del 28 de abril de 1989, señaló que la segunda regla del artículo 3 comprende dos grupos de bienes: a) los hallados antes de la ley de 1938, que son de propiedad privada, de acuerdo con el artículo 1° de esa ley; b) los hallados después de ella, que si pertenecen al Estado, por no ser inconstitucional la regla que así lo dispone. Ello denota que la calificación de inconstitucionalidad está referida a la última parte o segundo enunciado, en la medida que, por ser genérica, abarca dentro de la propiedad estatal objetos que pertenecen legitimamente a los particulares en tanto fueron hallados antes de la vigencia de la Ley Nº 7 de 6 de octubre de 1938. Además mediante Resolución de la Corte Plena de las trece horas del doce de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, sobre los artículos 3, 5, 7, 9 y 17 de esta Ley y el artículo 1° de la Ley N° 7 del 6 de octubre de 1938, se hace un análisis sobre la propiedad privada o estatal de los bienes arqueológicos.
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
La ley desarrolla el mandato del artículo 89 de proteger el patrimonio histórico y artístico. Pero partes de los artículos 3, 5, 7, 9 y 17 ya fueron declaradas inaplicables por la Corte Plena por posible choque con el artículo 45 sobre la propiedad privada.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 3"Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos, que sean descubiertos en cualquier forma, encontrados a partir de la vigencia de esta ley, así como los poseídos por particulares después de la vigencia de la Ley 7, del 6 de octubre de 1938, cuando estos no hayan cumplido con los requisitos exigidos por esa ley"
Hay dudas La ley hace del Estado el dueño de objetos que podrían estar en manos privadas. La Corte Plena ya limitó esa regla para no afectar bienes adquiridos antes de la Ley 7 de 1938.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 17"Los objetos arqueológicos que no sean presentados al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, pasarán a manos del Museo Nacional."
Hay dudas La ley hace pasar al Museo Nacional objetos no registrados. La Corte Plena declaró esa regla parcialmente inaplicable cuando se trata de bienes de propiedad particular, porque no puede haber traslado sin indemnización previa.
Constitución, art. 89"Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico."
Esta ley, art. 36"Se declara de interés público la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico de Costa Rica."
Sin choque aparente La ley cumple el mandato constitucional de conservar el patrimonio histórico y artístico. Aquí no hay choque.
Constitución, art. 33"Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana."
Esta ley, art. 24"Quedará exceptuada de la presente norma la trasmisión de objetos que se realice entre personas indígenas, siempre y cuando sea de buena fe, sin ánimo de lucro y como parte de la cotidianidad cultural de los pueblos indígenas."
Sin choque aparente La excepción reconoce una práctica cultural indígena y no excluye a nadie de un derecho. El Censo no encontró choque.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6703: LEY N°. 6703 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1981. (SIN TÍTULO Y CONOCIDA COMO: LEY DE DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL CULTURAL).
- Ley 6703 en SINALEVI: Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico (Vigente, Versión de la norma: 3 de 3)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
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Ley 6703
Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico
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N° 6703
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY SOBRE PATRIMONIO NACIONAL ARQUEOLOGICO
Artículo 1º.- Constituyen patrimonio nacional arqueológico, los muebles o inmuebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas.
También constituyen patrimonio nacional arqueológico los monumentos y objetos culturales no descubiertos de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, ya sea que se encuentren en el subsuelo o en zonas subacuáticas.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Artículo 2º.- Toda persona que tenga un bien, de los que esta ley define como patrimonio nacional arqueológico, será responsable de su conservación. En caso de deterioro, extravío o pérdida de éste, deberá comunicarse inmediatamente el caso al Museo Nacional, para que se tomen las medidas necesarias, relativas a su conservación, restauración o recuperación.
Artículo 3º.- Artículo 3- Propiedad del Estado. Son propiedad del Estado todos los objetos arqueológicos, que sean descubiertos en cualquier forma, encontrados a partir de la vigencia de esta ley, así como los poseídos por particulares después de la vigencia de la Ley 7, del 6 de octubre de 1938, cuando estos no hayan cumplido con los requisitos exigidos por esa ley, así como los objetos culturales no descubiertos, siempre y cuando no exista ningún derecho de propiedad válido anterior.
El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para proteger los objetos culturales no descubiertos y preservarlos para las generaciones presentes y futuras.
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Artículo 4º.- Créase la Comisión Arqueológica Nacional, formada por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Museo Nacional, Universidad de Costa Rica, Departamento de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y Ministro de Educación Pública, cuya función principal será velar por el cumplimiento de esta ley.
Artículo 5º.- Se concede, a los actuales coleccionistas y tenedores particulares de objetos arqueológicos, la custodia de las piezas arqueológicas que hayan adquirido antes de la promulgación de esta ley.
( La Corte Suprema de Justicia mediante resolución de las 10:00 horas del 14 de abril de 1983 (expediente N° 0047-82, promovido por Rogelio Alfaro Quesada) declaró parcialmente inaplicable este artículo, en cuanto -al ser de carácter general y conceder a los actuales coleccionistas y tenedores particulares de objetos arqueológicos la simple custodia de las piezas que hayan adquirido antes de la promulgación de esta ley”- está incluyendo bienes arqueológicos de propiedad particular, sin que, su dominio pueda convertirse en custodia. )
(Ver también resolución de la Corte Plena , sesión extraordinaria N° 34 de las 14:00 horas del 28 de abril de 1989).
Artículo 6º.- Se concede, a los coleccionistas y tenedores de objetos arqueológicos, un plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta ley, a fin de que presenten un inventario de sus colecciones al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, con el propósito exclusivo de su identificación. Este inventario se hará bajo la fe de juramento y de acuerdo con el artículo 17 de esta ley.
Artículo 7º.- La custodia de los bienes arqueológicos podrá ser transferida a herederos, por un período de treinta años, siempre que estos garanticen la óptima conservación e integridad de los objetos puestos bajo su responsabilidad. Esta transferencia deberá notificarse al Registro Público de Patrimonio Nacional Arqueológico. Si no se llenaran los anteriores requisitos, los bienes pasarán a manos del Museo Nacional.
( La Corte Suprema de Justicia mediante resolución de las 10:00 horas del 14 de abril de 1983 (expediente N° 0047-82, promovido por Rogelio Alfaro Quesada) declaró parcialmente inaplicable este artículo, en cuanto incluye -en la custodia que se transfiere por herencia- bienes arqueológicos de propiedad privada. )
( Ver también, resolución de la Corte Plena , sesión extraordinaria N° 34 de las 14:00 horas del 28 de abril de 1989. )
Artículo 8º.- Se prohíbe el comercio y la exportación de objetos arqueológicos, por parte de particulares e instituciones privadas o estatales. La única entidad facultada para exportar objetos arqueológicos, con fines de intercambio o de investigación, será el Museo Nacional, previa autorización de la Comisión Arqueológica Nacional.
Artículo 9º.- En aras de difundir la cultura de los diferentes grupos étnicos que habitaron nuestro país en el pasado, el Museo Nacional podrá solicitar, a los depositarios de bienes arqueológicos debidamente registrados, que estos le sean prestados, a efecto de exhibirlos. Si el depositario se negara, perderá ese carácter, pasando los objetos arqueológicos a manos del Museo Nacional. En todo caso, esta institución deberá tomar todas las medidas necesarias, para garantizar la seguridad e integridad material de tales bienes.
( La Corte Suprema de Justicia mediante resolución de las 10:00 horas del 14 de abril de 1983 (expediente N° 0047-82, promovido por Rogelio Alfaro Quesada) declaró parcialmente inaplicable este artículo, en cuanto, al ser de carácter general, incluye bienes arqueológicos de propiedad particular. )
(Ver también, resolución de la Corte Plena , sesión extraordinaria N° 34 de las 14:00 horas del 28 de abril de 1989.)
Artículo 10.- El Museo Nacional podrá transferir la custodia de su bienes arqueológicos a otras instituciones del Estado, para la creación de museos regionales y municipales, siempre que estas instituciones garanticen la óptima conservación de los objetos. Si no se cumpliera este requisito o desmejoraran las condiciones de conservación, el Museo ordenará la devolución de los objetos arqueológicos transferidos.
Artículo 11.- Cuando se descubran monumentos, ruinas, inscripciones o cualquier otro objeto de interés arqueológico, en terrenos públicos o particulares, deberá darse cuenta a las autoridades locales de manera inmediata, para que se tomen las medidas precautorias que se estimen convenientes. Estas autoridades deberán notificar el hecho, inmediatamente, a la Dirección del Museo Nacional.
Artículo 12.- La Comisión Arqueológica Nacional podrá autorizar excavaciones con autorización del propietario del terreno, y con la obligación de supervisar la excavación en forma directa y adecuada, y de adoptar las medidas correspondientes para evitar daños a la propiedad de que se trate.
Artículo 13.- Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo Nacional. El Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se organizarán las labores de rescate arqueológico.
Artículo 14.- Los monumentos arqueológicos muebles podrán ser trasladados dentro del país, siempre que se notifique de previo al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, el que comunicará inmediatamente el caso a la Comisión Arqueológica Nacional.
Artículo 15.- Toda clase de trabajos de excavación para descubrir o explorar patrimonio arqueológico, será realizada únicamente por científicos e instituciones de reconocida competencia en la materia, previa autorización de la Comisión Arqueológica Nacional, la cual señalará los términos y condiciones a que deban sujetarse los trabajos, así como las obligaciones de quienes los realicen.
El Museo Nacional queda obligado a supervisar los trabajos de excavación a que se refiere este artículo. En aquellos sitios ubicados dentro de territorios indígenas, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 1 1 de la Ley 7316, Convenio N. 0 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, del 3 de noviembre de 1992, y la Ley 6172, Ley Indígena, del 29 de noviembre de 1977, las excavaciones arqueológicas solo podrán realizarse con autorización del gobierno local de la comunidad indígena correspondiente y con el visto bueno de la Comisión Arqueológica Nacional.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Artículo 16.- Créase el Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, dependiente del Museo Nacional y supervisado por la Comisión Arqueológica Nacional, el cual contará con el asesoramiento de cualquier otra institución pública que se considere del caso.
Artículo 17.- Todos los poseedores de objetos arqueológicos están obligados a presentarlos al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, para su inscripción, de acuerdo con el plazo que señala el artículo 6º de esta ley, so pena de perder su calidad de depositarios. Es facultad del Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico revisar de oficio los objetos inscritos para su comprobación, por medio propio o por medio de la autoridad que juzgue conveniente.
La inscripción de los objetos, a que se refiere, este artículo, entre otras cosas contendrá:
a) La naturaleza y dimensión de cada uno de los objetos.
b) Su procedencia.
c) El lugar donde se hallan actualmente.
ch ) Fotografías de los objetos.
d) Nombre y domicilio de quien los tiene en custodia.
Todos los gastos que ocasione la inscripción del Registro correrán a cargo de quien presente el bien para que sea debidamente registrado. El Registro está facultado para usar, en la identificación de las piezas, los materiales que sean apropiados para ello. Las marcas de registro que se hagan no podrán ser alteradas. Los objetos arqueológicos que no sean presentados al Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico, pasarán a manos del Museo Nacional.
( La Corte Suprema de Justicia mediante resolución de las 10:00 horas del 14 de abril de 1983 (expediente N° 0047-82) declaró parcialmente inaplicable este artículo, en cuanto, al referirse en forma general a “todos los poseedores de bienes arqueológicos” a quienes atribuye el carácter de simples depositarios, está incluyendo bienes arqueológicos de propiedad particular, respecto de los cuales la propiedad no puede convertirse en custodia ni pasar al Estado sin previa indemnización. En este sentido, indica la Sala Constitucional mediante resoluciones N° 4350-97, considerando sétimo, y 5245-02 del 29 de mayo de 2002, considerando X, que, si bien la Corte Plena en funciones del Tribunal Constitucional declaró inaplicable este artículo, mediante resolución N° 19, del 25 de marzo de 1983 “… esto lo fue ‘tan sólo en cuanto’ vulneraban los derechos adquiridos y reconocidos por la Ley N ° 7 de 6 de octubre, 1938. En otras palabras, porque se interpretaban dándoseles efecto retroactivo…” Así mismo, la Procuraduría General de la República al respecto dispuso que: “…si bien por sentencia constitucional (de Corte Plena N° 19, de las 9 hrs. del 25 de marzo de 1983; Corte Suprema de Justicia, resolución de las 10 hrs. del 14 de abril de 1983) se declararon inaplicables ciertas reglas de la ley 6703, lo fue únicamente en tanto comprendían bienes arqueológicos precolombinos reducidos a dominio privado en el momento de sancionarse la Ley N º 7 de 1938 (y todos los coloniales). Lo cual significa que para las restantes situaciones mantienen validez”.)
(Ver también, resolución de la Corte Plena , sesión extraordinaria N° 34 de las 14:00 horas del 28 de abril de 1989.)
Artículo 18- El Poder Ejecutivo incluirá todos los años, en el presupuesto ordinario, una partida que no será inferior a tres millones de colones (Q3 000 000,00), la cual girará al Museo Nacional, a efectos de que esta institución atienda las obligaciones registrales que se le asignan en la presente ley y procure la conservación y recuperación del patrimonio nacional arqueológico.
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
DE LAS SANCIONES
Artículo 19- Toda persona que tenga un bien, de los que esta ley define como patrimonio nacional arqueológico, será responsable de su conservación. En caso de deterioro, extravío o pérdida de este deberá comunicarse inmediatamente el caso al Museo Nacional, para que se tomen las medidas necesarias relativas a su conservación, restauración o recuperación. Quien omita la comunicación, será sancionado con una multa de dos a trece salarios base.
La denominación "salario base" corresponde al monto equivalente al salario base mensual del "Oficinista 1" que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del ilícito. Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo.
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Artículo 20.- La persona o personas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley, no dieren cuenta de un hallazgo de bienes arqueológicos, o no pusieren éstos en poder del Museo Nacional, serán sancionados con prisión inconmutable de tres a cinco años.
Artículo 21- Quien omita el aviso a las autoridades de policía administrativas, a que se refiere el artículo 11 de la presente ley, será penado con una multa equivalente a de tres a seis salarios base. Si fuera una persona en ejercicio de funciones públicas la que no toma las medidas precautorias pertinentes, la falta constituirá una falta grave sujeta a la sanción de destitución del cargo sin responsabilidad patronal, mediante proceso disciplinario y sin perjuicio de las demás sanciones penales en que pueda incurrir.
La denominación "salario base" corresponde al monto equivalente al salario base mensual del "Oficinista 1" que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del ilícito. Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aun cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaran a existir, en la misma ley de presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo.
(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Artículo 22.- Si se realizara el traslado, a que se refiere el artículo 14 de la presente ley, sin la notificación respectiva, se impondrá prisión inconmutable de uno a tres años al responsable.
Artículo 23.- Al que por cualquier medio dañe o destruya un monumento arqueológico se le impondrá prisión inconmutable de dos a cinco años.
Artículo 24- Excavación, transferencia o conservación ilícita ( *) - A quien realice trabajos materiales o de exploración arqueológica por excavación, remoción o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por la Comisión Arqueológica Nacional, se le impondrá prisión de uno a tres años y se le decomisarán los objetos hallados, que serán propiedad del Estado.
(*) (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
También considerarán objetos de tenencia ilícita, para efectos del presente artículo, los objetos culturales encontrados en excavaciones ilícitas o encontrados en excavaciones lícitas, pero que son conservados de modo ilícito.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
A efectos de garantizar el retorno o la restitución al Estado de los objetos culturales descubiertos en excavaciones ilícitas o descubiertos en excavaciones lícitas, pero que han sido conservados de modo ilícito, dichos objetos serán considerados objetos de tenencia ilícita. La transferencia de propiedad entre sujetos privados de un objeto cultural con arreglo al presente artículo será nula y sin efecto.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Quedará exceptuada de la presente norma la trasmisión de objetos que se realice entre personas indígenas, siempre y cuando sea de buena fe, sin ánimo de lucro y como parte de la cotidianidad cultural de los pueblos indígenas.
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 1° de la Ley para la tutela efectiva de los objetos culturales no descubiertos y actualización de las sanciones por omisión de aviso a las autoridades por extravíos y hallazgos arqueológicos, N° 10568 del 28 de octubre de 2024)
Artículo 25.- Al que valiéndose de la autorización de la Comisión Arqueológica Nacional para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para si, o para otro, de objetos arqueológicos, se le impondrá prisión inconmutable de dos a tres años.
Artículo 26.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un objeto arqueológico, no contemplando por esta ley, o al que comercie con objetos arqueológicos, se le impondrá prisión de uno a tres años y se le decomisarán los objetos, que pasarán a ser propiedad del Estado.
Artículo 27.- Al que, por cualquier medio, saque del país, o pretenda sacar, objetos arqueológicos, se le impondrá prisión inconmutable de uno a cuatro años.
Artículo 28.- Al que se apoderare de un objeto arqueológico, sin consentimiento de quien pueda tenerlo en depósito, de acuerdo con esta ley, se le impondrá prisión inconmutable de uno a seis años, sin perjuicio de las responsabilidades civiles.
Artículo 29.- La gradación de las sanciones, a que se refiere esta ley, se hará teniendo en cuenta la educación, las costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo impulsaron a delinquir.
Artículo 30.- Si los delitos previstos por esta ley fueran cometidos por funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones correspondientes les serán aplicadas, independientemente de las otras que les correspondan en su calidad de funcionarios del Estado.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 31.- Las autoridades aduanales, administrativas y de policía, quedan facultadas para revisar las pertenencias de nacionales y extranjeros que salen del país, con el objeto de comprobar e impedir la exportación o salida de objetos arqueológicos
De comprobarse que se pretende sacar del país objetos arqueológicos, éstos serán decomisados a favor del Museo Nacional, y el autor o los autores del hecho serán sancionados con prisión inconmutable de uno a tres años.
Artículo 32.- Los objetos arqueológicos que ingresen al país con permiso de importación, certificado de autenticidad y demás documentos en regla, no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.
Artículo 33.- Las colecciones arqueológicas que ingresen al país, con carácter temporal, para fines de exhibición o de estudio, no se inscribirán en el citado Registro y estarán exentas de todo impuesto, siempre que así lo recomiende el Museo Nacional.
Artículo 34.- Las personas físicas o jurídicas podrán deducir de sus impuestos sobre la renta, de conformidad con las disposiciones de las leyes tributarias, los montos de sus donaciones o inversiones, destinados a la protección del patrimonio nacional arqueológico, siempre que esas donaciones o inversiones cuenten con la aprobación del Museo Nacional.
Artículo 35.- Todas las representaciones diplomáticas o consulares de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Turismo, deberán hacer del conocimiento de los viajeros, las disposiciones de esta ley.
Artículo 36.- Se declara de interés público la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico de Costa Rica.
Artículo 37.- La recuperación del patrimonio nacional arqueológico que se encuentre fuera de Costa Rica, se llevará a cabo por los medios diplomáticos del caso.
Artículo 38.- El Poder Ejecutivo, con la colaboración de representantes del Museo Nacional, el Departamento de Arqueología de la Universidad de Costa Rica y el Departamento de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la vigencia de las misma.
Artículo 39.- Esta ley es de orden público, deroga todas las disposiciones que se le opongan y rige a partir de su publicación.