Ley 6707 fija impuesto del 10% a exportaciones tradicionales

Qué cambia

La ley fija un impuesto del diez por ciento (10%) sobre la diferencia cambiaria de las exportaciones tradicionales (art. 1). Ese impuesto rige por un año desde la vigencia de la ley 6696 del 3 de diciembre de 1981.

La diferencia cambiaria es la plata en colones que resulta de comparar dos cálculos (art. 1). Uno usa el tipo de cambio al que se liquidan las divisas de cada exportación. El otro calcula esas mismas divisas a veinte colones por dólar de los Estados Unidos de América.

El exportador paga el gravamen cuando liquida las divisas (art. 1). El Poder Ejecutivo reglamenta cómo se hace, en un plazo no mayor de treinta días desde la publicación de la ley.

El texto define exportaciones tradicionales: café, banano en fruta, tabaco en rama, cuero de ganado vacuno y porcino sin curtir, carne de ganado vacuno, camarón crudo, madera en troza y madera aserrada, productos minerales sin procesar, ganado porcino, vacuno y caballar en pie (art. 1). También entran los artículos producidos por empresas con contratos-ley con el Estado, ya sea que exporten esas empresas o terceras personas. Las demás exportaciones son no tradicionales.

Para las exportaciones no tradicionales al Mercado Común Centroamericano y Panamá, el impuesto es del cinco por ciento (5%) sobre el diferencial cambiario (art. 1).

El artículo 3 de la ley 6696, reformado aquí, dice en qué se gasta la plata (art. 1). El Poder Ejecutivo la usa solo para cinco fines, en este orden de prioridad:

• Aumentar los salarios de los empleados del Gobierno Central, ligado al costo de la vida, desde el 1 de enero de 1982 (art. 1).
• Dar a FERTICA el subsidio para vender fertilizantes e insumos a pequeños y medianos agricultores a los precios del 30 de setiembre de 1981.
• Que el Banco Central dé una subvención de diez colones por dólar a estudiantes costarricenses que estudien fuera del país y hayan empezado antes de esta ley.
• Subvencionar por un año a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Salud en compra de medicinas esenciales y equipo médico.
• Subvencionar por un año a FEDECREDITO, R. L., a las cooperativas de electrificación rural y a las juntas administrativas de servicios eléctricos por la diferencia cambiaria de sus deudas en el exterior.

El artículo 6 reforma el artículo 2 de la Ley de Protección al Consumidor, Nº 5665 del 28 de febrero de 1975 (art. 1). Agrega un inciso c) con la lista de bienes necesarios o de consumo básico.

El artículo 8, incisos 8.3), 8.4) y 8.6), también cambia (art. 1). El 8.3 cubre medicamentos del cuadro básico de la Caja y otros que el Ministerio de Salud considere esenciales. El 8.4 cubre papel y tinta para medios de información, la Editorial Costa Rica, editoriales de centros de enseñanza superior estatales y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. El 8.6 cubre gastos de estudiantes costarricenses que al publicarse la ley 6696 siguieran cursos universitarios o de enseñanza superior en el extranjero.

El artículo 2 de la ley 6707 ordena a la Dirección General de Tributación Directa abrir oficinas cantonales de inspección tributaria (art. 2). Deben estar en todos los cantones con más de diez mil habitantes, en un año desde la vigencia de la ley. El Poder Ejecutivo puede separar hasta un máximo del 1/2% de los recursos del impuesto del artículo 2 de la ley 6696 para eso.

La ley rige desde su publicación (art. 3).

A quién le toca

A los exportadores de productos tradicionales: café, banano en fruta, tabaco en rama, cuero sin curtir, carne de ganado vacuno, camarón crudo, madera en troza y aserrada, productos minerales sin procesar y ganado en pie (art. 1). También a las empresas con contratos-ley con el Estado que exporten esos productos.

A los exportadores no tradicionales que venden al Mercado Común Centroamericano y a Panamá: pagan 5% sobre el diferencial cambiario (art. 1).

A los empleados del Gobierno Central, que reciben el aumento salarial financiado con este impuesto desde el 1 de enero de 1982 (art. 1).

A los pequeños y medianos agricultores que compran fertilizantes e insumos por medio de los centros agrícolas cantonales, las cooperativas agroindustriales y los sindicatos (art. 1).

A los estudiantes costarricenses que siguen cursos universitarios o de enseñanza superior fuera del país y que empezaron antes de la ley (art. 1).

A la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Salud, que reciben subvención por un año para medicinas y equipo (art. 1).

A FEDECREDITO, R. L., las cooperativas de electrificación rural y las juntas administrativas de servicios eléctricos, que reciben subvención por un año (art. 1).

A los consumidores: la ley declara bienes necesarios o de consumo básico los alimentos básicos, el vestuario popular, las medicinas del cuadro básico, los útiles y libros de texto, las herramientas agrícolas y artesanales, los materiales de construcción no suntuarios, las semillas, los equipos y maquinaria agrícola con sus repuestos, los lubricantes, abonos, herbicidas y fungicidas (art. 1).

A los cantones con más de diez mil habitantes, que deben tener oficina cantonal de inspección tributaria en un año (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente, en su versión 1 de 1 2.

La Procuraduría General de la República anota una observación: la afectación del artículo 1º al artículo 6º de la Ley 6696 es en realidad al artículo 2º, inciso c), de la Ley de Protección al Consumidor, Nº 5665 2.

El texto de SINALEVI incluye una nota sobre el artículo 6 (art. 1). La Sala Constitucional, mediante resolución N° 2757 del 15 de junio de 1993, interpretó el inciso c) del artículo 2° de la Ley de Protección del Consumidor. Según esa interpretación, solo se penaliza respecto a los repuestos automotores la venta a precios superiores de los regulados como "equipos y maquinaria agrícola y sus repuestos, inclusive vehículos rurales".

La ley 6696, que esta ley reforma, también está vigente 3. Su artículo 2 establecía un impuesto que oscila entre un cinco y un veinte por ciento sobre la diferencia cambiaria de las exportaciones, por dos años. La ley 6707 fija el 10% para las tradicionales y el 5% para las no tradicionales a Centroamérica y Panamá (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la ley 6707 y los artículos de la Constitución en el dossier.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. El impuesto de esta ley es una contribución para gastos públicos, así que calza con ese deber (art. 1).

El artículo 50 dice que el Estado procura "el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" §Constitución, art. 50. El destino de la plata del impuesto (salarios, fertilizantes, medicinas, subvenciones) apunta a ese fin (art. 1).

El artículo 78 dice que el Estado facilitará "la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios" §Constitución, art. 78. La subvención de diez colones por dólar a estudiantes en el exterior va en esa línea (art. 1).

El artículo 177 regula la preparación del presupuesto ordinario por el Poder Ejecutivo §Constitución, art. 177. El artículo 3 de la ley 6696, reformado aquí, ordena al Poder Ejecutivo preparar un proyecto de ley de presupuesto con apego al artículo 180 de la Constitución (art. 1). El dossier no incluye el texto del artículo 180, así que no se puede comparar.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la administración le viola un derecho al aplicar esta ley, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito se expresa el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. El artículo 75 pide que exista un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No hace falta ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos que esta ley genera, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le da mal servicio al aplicar la ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo. La Defensoría protege los derechos e intereses de cada habitante ante actuaciones irregulares de instituciones públicas.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si el impuesto del 10% y el del 5% siguen cobrándose hoy, ni si el plazo de un año ya venció.

El dossier no incluye el texto del artículo 180 de la Constitución, que la ley menciona.

El dossier no dice cuánto dinero ha recaudado el impuesto ni en qué se gastó.

El dossier no dice si las oficinas cantonales de inspección tributaria del artículo 2 se abrieron.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.