Costa Rica ratificó un acuerdo de regadíos con España en 1981

Qué cambia

La ley 6710 ratifica un acuerdo de cooperación técnica en materia de regadíos entre Costa Rica y España. También ratifica su protocolo 1.

El texto consolidado que publica SINALEVI no muestra ningún artículo. La ficha del sistema dice: "No hay artículos disponibles para mostrar" (art. 1).

Eso significa que el dossier no permite decir qué obligaciones, montos, plazos o multas crea la ley. Tampoco se puede confirmar qué instituciones quedan a cargo.

Lo único que el dossier confirma sobre el contenido es el título oficial. Se trata de una ratificación de un acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de regadíos 1.

La ley es de 11 de enero de 1981 1. SINALEVI la registra como vigente, en su versión 2 de 2, sin observaciones de la Procuraduría 2.

A quién le toca

El dossier no permite identificar grupos concretos a los que la ley imponga algo o les dé un derecho. El texto principal no tiene artículos visibles (art. 1).

Por el título, la materia es un acuerdo de cooperación técnica entre dos gobiernos sobre regadíos 1. El dossier no detalla qué personas, fincas o instituciones costarricenses quedarían cubiertas.

Cómo está hoy según SINALEVI

SINALEVI registra la norma como vigente, en la versión 2 de 2, y no le pone observaciones 2.

El sistema muestra dos versiones de la norma. La que se despliega como última versión no tiene artículos disponibles para mostrar (art. 1).

El dossier no incluye el texto de la versión anterior. Por eso no se puede comparar qué cambió entre una versión y otra.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 121 de la Constitución le da a la Asamblea Legislativa la atribución de "Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos" §Constitución, art. 121. La ley 6710 ratifica un acuerdo con España, así que calza con esa atribución.

El artículo 124 exige dos debates, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley §Constitución, art. 124. El dossier no incluye el expediente legislativo, así que no se puede verificar ese trámite.

El artículo 129 dice que las leyes son obligatorias desde el día que ellas designen o, si no lo designan, diez días después de su publicación en el Diario Oficial §Constitución, art. 129. El dossier no indica la fecha de publicación en La Gaceta.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23.

Si considera que la ley misma infringe la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla general, un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque la inconstitucionalidad §guía, p. 24.

Si el problema es el manejo de fondos públicos en la ejecución de este acuerdo, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado §guía, p. 68.

Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o por los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025 §guía, p. 68.

Si una institución pública le brinda un mal servicio relacionado con este tema, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber qué obliga concretamente la ley 6710, porque el texto consolidado no muestra artículos.

No se sabe qué cambió entre la versión 1 y la versión 2 de la norma.

No se conoce la fecha de publicación en La Gaceta ni el decreto ejecutivo de sanción.

No se sabe qué instituciones costarricenses ejecutan el acuerdo ni con qué presupuesto.

No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.