Costa Rica aprobó un acuerdo con ACNUR que exime de impuestos a sus funcionarios

Qué cambia

La ley 6712 aprueba un acuerdo entre Costa Rica y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (art. 1). El acuerdo regula la oficina regional de ACNUR para el Norte de América Latina, que tiene sede en San José.

El artículo 2 del acuerdo dice que los locales de la oficina y las residencias del Representante Regional, su Adjunto y sus Asistentes son inviolables (art. 2). Las autoridades costarricenses deben cuidar la seguridad de esos locales y del personal. También deben asegurar que la oficina reciba los servicios públicos necesarios en términos equitativos.

El artículo 3 da prerrogativas e inmunidades a los funcionarios de ACNUR que no tengan nacionalidad costarricense y no residan en el país. Quedan exceptuados los remunerados por hora (art. 3).

Esos funcionarios tienen inmunidad de proceso legal por palabras habladas o escritas y por actos realizados en su carácter oficial. La inmunidad sigue aunque dejen de ser funcionarios (art. 3).

También tienen inmunidad de embargo o confiscación de su equipaje oficial y personal, e inmunidad de inspección de equipaje (art. 3).

En materia de impuestos, quedan exentos de impuestos sobre sueldos, emolumentos, indemnizaciones y pensiones que les pague ACNUR (art. 3). Quedan exentos de toda forma de impuestos sobre rentas de fuentes externas a Costa Rica.

El acuerdo les da exención de restricciones de inmigración y registro de extranjeros para ellos, sus cónyuges, familiares dependientes y otros miembros de su establecimiento familiar (art. 3). Tienen inmunidad de todo servicio de carácter nacional.

Sobre el cambio de moneda, tienen las mismas prerrogativas que los funcionarios de rango comparable de misiones diplomáticas (art. 3). Al terminar sus funciones pueden retirar sus fondos del país por los canales autorizados, sin prohibición ni restricción, en la misma moneda.

Tienen la misma protección y facilidades de evacuación que se acuerdan a los enviados diplomáticos en tiempo de crisis internacional, para ellos y sus familias (art. 3).

Pueden importar libre de todo tipo de impuesto su menaje de casa y efectos personales. El menaje puede renovarse después de cada dos años de residencia en el país (art. 3). Pueden importar un vehículo por funcionario, que puede venderse libre de impuesto luego de dos años de inscrito en el Registro Público de Propiedad de Vehículos. También pueden importar artículos para uso y consumo personal de su familia, en cantidades razonables.

El acuerdo puede modificarse solo por mutuo consentimiento de las partes (art. 3). Termina por mutuo consentimiento o si la oficina de ACNUR se retira del territorio de Costa Rica.

El artículo 2 de la ley dice que rige a partir de su publicación (art. 2).

A quién le toca

A los funcionarios de ACNUR que no tienen nacionalidad costarricense y no residen en el país, excepto los remunerados por hora. Ellos reciben las inmunidades y exenciones del artículo 3 (art. 3).

A los cónyuges, familiares dependientes y otros miembros del establecimiento familiar de esos funcionarios. Ellos también reciben exención de restricciones de inmigración y registro de extranjeros (art. 3).

Al Representante Regional de ACNUR, su Adjunto y sus Asistentes. Sus residencias son inviolables según el artículo 2 (art. 2).

A las autoridades costarricenses. El artículo 2 les impone ejercer las debidas diligencias para asegurar la seguridad y protección de los locales de la oficina y de su personal (art. 2). También les impone asegurar que la oficina reciba servicios públicos en términos equitativos.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 6712 está vigente 2. SINALEVI muestra la versión 2 de 2 como la última versión de la norma.

La Procuraduría General de la República anota que la ley es relativa a la Oficina del Representante Regional del Alto Comisionado para el Norte de América Latina 2.

El dossier no muestra un texto aprobado distinto al texto vigente. El texto consolidado de SINALEVI es el que se cita en este artículo (art. 1).

Frente a la Constitución

El artículo 121 de la Constitución dice que corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los convenios internacionales y tratados públicos §Constitución, art. 121. La ley 6712 hizo exactamente eso: aprobó el acuerdo sede suscrito en San José el 9 de junio de 1980 (art. 1).

El artículo 140 de la Constitución incluye entre los deberes del Presidente y su Ministro celebrar convenios y tratados públicos, y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 140. El acuerdo fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rafael Angel Calderón Fournier, y por el Alto Comisionado Poul Harthing (art. 1).

El artículo 10 de la Constitución da a la Sala Constitucional la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las normas y de conocer consultas sobre aprobación de convenios internacionales §Constitución, art. 10.

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la ley 6712 y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Las inmunidades y exenciones que da el acuerdo son materia de un convenio internacional aprobado por la Asamblea, y la Constitución le da esa potestad al Legislativo §Constitución, art. 121.

Queda una duda sobre el alcance de la inmunidad de proceso legal del artículo 3 (art. 3). Esa inmunidad cubre actos realizados en carácter oficial y sigue después de que la persona deja el cargo. La Constitución no tiene en el dossier un artículo que regule directamente ese tipo de inmunidad para funcionarios de organismos internacionales. Por eso el Censo no puede afirmar si hay choque o no.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la oficina de ACNUR o de sus funcionarios viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. El amparo procede contra toda acción, omisión o actuación material de servidores y órganos públicos que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si considera que la ley 6712 o el acuerdo que aprueba chocan con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. También procede cuando en la aprobación de convenios internacionales se haya infringido una norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si detecta un manejo irregular de recursos públicos en la oficina de ACNUR, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos de las instituciones del Estado. Puede denunciar personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le brinda un mal servicio relacionado con este tema, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública puede presentar una queja.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular para proponer una reforma §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar los proyectos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos funcionarios de ACNUR trabajan hoy en la oficina regional de San José.

El dossier no dice cuánto dinero deja de recibir el Estado por las exenciones de impuestos del artículo 3.

El dossier no incluye el texto de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, que el acuerdo menciona (art. 1).

El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.