Registro Judicial borra condenas tras cumplir la pena
La ley fija cuándo se cancelan los antecedentes penales y quién puede pedir certificaciones de juzgamiento.
Título oficial LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES.
Atención: El artículo 15 prohíbe a los funcionarios del Registro dar información de los asientos a personas físicas o morales, lo que genera una duda frente al acceso a información pública del artículo 30 de la Constitución.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
Se elimina o se ablanda un requisito, una auditoría o una sanción.
A quién le sirve: Personas que piden información al Registro
La ley prohíbe a todo funcionario del Registro dar información de los asientos a personas físicas o morales, sin distinguir entre datos públicos y privados.
Ningún funcionario o empleado del Registro suministrará información ni datos de los asientos de éste a personas físicas o morales.
15, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Personas con condena penal firme: su resumen se inscribe en el Registro y se cancela según el artículo 11.
- Personas que buscan trabajo: pueden pedir certificación de juzgamientos para fines laborales.
- Personas que solicitan licencia de conducir: el MOPT recibe su certificación.
- Aspirantes a cuerpos policiales: el Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública reciben su certificación.
- Abogados y partes de un proceso: pueden examinar expedientes del Archivo Judicial.
A quién beneficia
- Las personas con condenas menores a tres años pueden cancelar el asiento cuando pase el mismo plazo de la pena.
- Las personas en condición de vulnerabilidad con familiares dependientes pueden pedir al juez de ejecución que valore la cancelación al cumplir la pena.
- Los estudiantes de Derecho pueden obtener fotocopias de expedientes para investigación.
Qué cambia
- El Registro solo entrega certificaciones a las instituciones y personas del artículo 13.
- Ningún funcionario del Registro puede dar información de los asientos a personas físicas o morales.
- Los expedientes del Archivo Judicial son privados y solo los ven las personas autorizadas.
- El tribunal debe enviar el resumen de la sentencia dentro de los treinta días siguientes a la firmeza.
La explicación completa
Qué cambia
El Registro Judicial de Delincuentes es una oficina del Poder Judicial. Sus libros y tarjeteros son privados (art. 1). Su función principal es comprobar los antecedentes penales de los habitantes del país (art. 3).
El Registro guarda un resumen de cada sentencia condenatoria por delito doloso o culposo. También guarda las faltas que tengan pena de prisión para la reincidencia (art. 5). Ese resumen lleva el nombre del condenado, alias, apellidos, cédula, domicilio, el delito, la fecha, el ofendido y la pena.
El tribunal debe enviar el resumen al Registro dentro de los treinta días siguientes a la firmeza de la sentencia (art. 9). Si hay retraso, el jefe del Registro lo comunica a la Inspección Judicial.
El Registro cancela los asientos cuando la persona cumple la pena. El plazo depende de la condena (art. 11):
- De inmediato, si la pena es de días multa.
- Cuando pase el mismo plazo de la pena, si es menor a tres años.
- Tres años después, si la pena es entre tres y cinco años o por delitos culposos.
- Cinco años después, si la pena es entre cinco y no mayor a diez años.
- Diez años después, si la pena es igual o mayor a diez años.
El plazo de diez años también aplica a crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública (art. 11).
Si la persona condenada está en condición de vulnerabilidad y tiene familiares dependientes, el juez de ejecución de la pena valora la cancelación al cumplir la condena. Quedan excluidos los delitos de la lista anterior (art. 11).
Para fines laborales, el Registro anota en la certificación los juzgamientos vigentes de los incisos d), e) y f) (art. 11).
El Registro solo da certificaciones de juzgamientos a ciertas instituciones y personas (art. 13). La lista incluye tribunales, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Servicio Civil, Migración, cuerpos policiales, MOPT para licencias, universidades, colegios profesionales, PANI, INS y la Dirección Nacional de Pensiones. También da certificaciones a las personas interesadas para fines laborales.
Ningún funcionario del Registro puede dar información de los asientos a personas físicas o morales (art. 15).
El Archivo Judicial funciona bajo la misma jefatura del Registro (art. 17). Guarda los expedientes fenecidos y abandonados por más de dos años (art. 18). Los expedientes del Archivo son privados. Solo los pueden ver abogados, jefes o secretarios de las oficinas del artículo 13, las partes interesadas y estudiantes de Derecho con fines de investigación (art. 20).
A quién le toca
A las personas con una condena penal firme. El Registro inscribe su resumen y lo cancela según el plazo del artículo 11 (art. 11).
A quienes buscan trabajo. Pueden pedir certificación de juzgamientos para fines laborales (art. 13).
A quienes solicitan licencia de conducir. El MOPT recibe la certificación del Registro (art. 13).
A quienes quieren ser policías o agentes de investigación. El Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública reciben la certificación (art. 13).
A los abogados y a las partes de un proceso. Pueden examinar los expedientes del Archivo Judicial (art. 20).
A los estudiantes de Derecho. Pueden obtener fotocopias de expedientes para investigación (art. 21).
Lo que se dijo en la Asamblea
La Asamblea Legislativa publicó un video el 1 de julio de 2026 sobre una reforma a esta ley 00:00:00. El video dice que la reforma busca un sistema permanente de antecedentes penales para frenar la impunidad 00:00:02.
Según el video, la reforma propone conservar los antecedentes por 15 años después de cumplida la condena para efectos laborales 00:00:13. Para efectos policiales e investigativos, esos registros no se eliminarían nunca 00:00:21.
El video también dice que el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales tendrían acceso exclusivo y permanente a una base de datos histórica 00:00:29.
Esa reforma no aparece en el texto vigente que revisó El Censo. El texto vigente mantiene los plazos del artículo 11 (art. 11).
En un video del 5 de marzo de 2014, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó un expediente que modificaba esta ley 00:00:11. El video explica que el artículo 11 establecía la inscripción de condenas por 10 años 00:00:22.
El legislador José Roberto Rodríguez Quesada dijo en ese video que la medida era retrógrada y correspondía a una forma de pensar de una sociedad que ya había madurado 00:00:53.
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 7 de 7 y no registra observaciones de la Procuraduría 4.
El artículo 5 fue reformado por la Ley 8250, que rige seis meses después de su publicación 5.
Los artículos 13, 16, 17, 18, 22 y 23 fueron reformados por la Ley 9055 del 23 de julio de 2012 6.
El artículo 11 fue reformado por la Ley para Fortalecer el Registro Judicial, N° 10453 del 4 de marzo de 2024 (art. 11).
Frente a la Constitución
El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y dice que los documentos privados son inviolables Constitución, art. 24. La ley declara privados los libros del Registro y los expedientes del Archivo (art. 1) (art. 20). El Censo no encontró choque en ese punto.
El artículo 30 garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público Constitución, art. 30. El artículo 15 prohíbe a los funcionarios del Registro dar información de los asientos a personas físicas o morales (art. 15). Hay una duda sobre si esa prohibición amplia choca con el acceso a información pública. La ley misma exceptúa las certificaciones del artículo 13 (art. 13).
El artículo 27 garantiza la libertad de petición y el derecho a obtener pronta resolución Constitución, art. 27. El artículo 14 exige que toda certificación se solicite por escrito (art. 14). No hay choque evidente: la ley regula la forma de pedir, no niega el derecho.
El artículo 35 dice que nadie puede ser juzgado por comisión ni por tribunal nombrado para el caso Constitución, art. 35. El Registro solo anota lo que ordena el tribunal sentenciador (art. 10). El Censo no encontró choque.
Qué puede hacer usted
Si un acto concreto del Registro viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.
El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos guía, p. 22.
En el escrito debe expresar el hecho u omisión, el derecho violado, el nombre del servidor público y las pruebas guía, p. 23. No necesita citar la norma constitucional infringida.
Si considera que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional.
La acción de inconstitucionalidad requiere un asunto pendiente ante los tribunales, salvo cuando se defiendan intereses difusos guía, p. 24.
Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.
Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe pasar por el TSE y luego por la Asamblea Legislativa guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.
Lo que no sabemos
El dossier no dice si la reforma del video del 1 de julio de 2026 fue aprobada o sigue en trámite.
El dossier no incluye el texto completo de la Ley 10453 del 4 de marzo de 2024.
El dossier no dice cuántas personas tienen asientos vigentes en el Registro.
El dossier no incluye el reglamento de la ley.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 7 de 7Ver en SINALEVI
La Constitución y esta ley, lado a ladoHay dudas
El Censo encontró una duda sobre el artículo 15 frente al acceso a información pública del artículo 30. En los demás puntos revisados no vio choque.
Constitución, art. 24"Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República."
Esta ley, art. 1"Sus libros y tarjeteros son de carácter privado."
Sin choque aparente La ley declara privados los libros del Registro. La Constitución protege la intimidad y los documentos privados. El Censo no encontró choque.
Constitución, art. 30"Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado."
Esta ley, art. 15"Ningún funcionario o empleado del Registro suministrará información ni datos de los asientos de éste a personas físicas o morales."
Hay dudas La Constitución garantiza el acceso a información de interés público. La ley prohíbe a los funcionarios dar información de los asientos a personas físicas o morales. Hay duda sobre si esa prohibición amplia choca con el acceso a información pública, aunque la ley misma exceptúa las certificaciones del artículo 13.
Constitución, art. 27"Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución."
Esta ley, art. 14"Toda certificación deberá solicitarse por escrito y sólo podrá ser hecha por el jefe de la Oficina o por su secretario."
Sin choque aparente La ley exige pedir la certificación por escrito. Regula la forma de pedir, no niega el derecho de petición. El Censo no encontró choque.
Constitución, art. 35"Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución."
Esta ley, art. 10"El jefe del Registro sólo podrá rectificar el contenido de los resúmenes en virtud de una orden del tribunal que los expidió."
Sin choque aparente El Registro solo anota lo que ordena el tribunal sentenciador. No juzga ni crea tribunales especiales. El Censo no encontró choque.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Lo que se dijo, minuto a minuto
- 00:00:02
"Permitir un sistema permanente de antecedentes penales para frenar la impunidad y asegurar que los delincuentes concurrentes no sean tratados como primerizos es lo que busca la reforma a la ley de registro de archivos judiciales presentada por el poder ejecutivo."
- 00:00:13
"Se propone que para efectos laborales el registro judicial conserve los antecedentes por 15 años después de cumplida la condena, pero que para efectos policiales investigativos, para otorgar beneficios carcelarios o fijar nuevas condenas, esos registros no se eliminen nunca."
- 00:00:29
"La iniciativa establece que el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales del Estado tendrán acceso exclusivo y permanente a una base de datos histórica."
- 00:00:53
"el legislador José Roberto Rodríguez Quesada sostuvo que esta medida es retrógrada Y corresponde a la forma de pensar de una sociedad costarricense que ya ha madurado"
Las citas vienen de los subtítulos de YouTube de la Asamblea. Cada hora abre el video en ese segundo.
Fuentes
- Ley 6723: LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES.
- Historial judicial será permanente e imborrable para jueces y cuerpos policiales
- Defensa pública aboga por desinscripción de condenas
- Ley 6723 en SINALEVI: Ley del Registro y Archivos Judiciales (Vigente, Versión de la norma: 7 de 7)
- Ley 8250: Modificación del Código Penal, Ley N° 4573, y sus reformas (Vigente)
- Ley 9055: Reforma Ley del Registro y Archivos Judiciales (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
Ley 6723
Ley del Registro y Archivos Judiciales
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Artículo 1º.- El Registro Judicial de Delincuentes es una
dependencia del Poder Judicial y se regirá por la presente ley y sus
reglamentos. Sus libros y tarjeteros son de carácter privado.
Artículo 2º.- El jefe del Registro deberá ser costarricense, mayor
de treinta años y abogado, de preferencia con conocimientos de archivo.
Artículo 3º.- El Registro tendrá como función esencial la de
comprobar los antecedentes penales de los habitantes de la República, y
deberá prestar colaboración a los organismos y oficinas públicas que esta
ley y otras normas legales determinen.
Artículo 4º.- El Registro se dividirá en tantas secciones como
provincias haya y tendrá un índice general para facilitar su examen.
Artículo 5.- En cada sección, se coleccionarán los resúmenes de las sentencias condenatorias pronunciadas en los juicios tramitados en la provincia respectiva por delitos dolosos o culposos, así como por las faltas o contravenciones, que tengan establecida la pena de prisión para la reincidencia. Cada resumen constituirá un asiento sucesivo y numerado que expresará: (Así reformado por el artículo 5° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002). a) El nombre del convicto, sobrenombre o alias, apellidos paterno y materno, nombre del cónyuge, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, sexo, estado civil, profesión y oficio y el número comprobado de la cédula de identidad o, en su caso, de la cédula de residencia o del pasaporte, si fuere extranjero, o de los datos que consten en el proceso, si se tratare de un mayor de diecisiete y menor de dieciocho años. Si no portare cédula de identidad, el Tribunal sentenciador, una vez firme la sentencia, ordenará al Registro Civil la remisión de su fotografía, el número de la cédula, y a falta de ésta, la certificación de nacimiento.
b) La calificación del hecho punible, fecha y lugar de su perpetración.
c) Los nombres, apellidos y calidades del ofendido.
ch) La naturaleza y duración o cuantía de la pena, con expresión de si le fue o no suspendida y las medidas de seguridad impuestas.
d) Las anomalías, estados de degeneración, enfermedades orgánicas, estudios del medio social del convicto y cualquier otro dato de interés en relación con el delito cometido, si tales datosconstan en el proceso.
e) Los tribunales que hayan dictado la sentencia, con indicación de su fecha y de si se han tomado en cuenta las condenas anteriores para los efectos de reincidencia del convicto, o si se ha aplicado una medida de seguridad con motivo de ser éste habitual o profesional.
Artículo 6º.- Al margen de los resúmenes, el Registro anotará,
mediante razones firmadas por su jefe, las resoluciones del propio
Registro o de los tribunales, o del Ministerio de Justicia y Gracia, o de
cualquier otro organismo, que afecten los asientos.
Artículo 7º.- El tribunal de las causa, haya suspendido o no la
condena, una vez firme la sentencia, remitirá un resumen de ésta al
Registro Judicial, el cual comprenderá todos los datos indicados en el
artículo 5º.
Artículo 8º.- El Registro devolverá al tribunal de origen los
resúmenes que no contengan los datos fundamentales que indica el artículo
5º, para la identificación del convicto.
Artículo 9º.- El resumen deberá enviarse dentro de los treinta días
siguientes a la firmeza de la sentencia. La omisión o retardo en el envío
de este resumen implicará, para el jefe del Registro, la obligación de
poner el hecho en conocimiento de la Inspección Judicial, para los fines
consiguientes.
Artículo 10.- El jefe del Registro sólo podrá rectificar el
contenido de los resúmenes en virtud de una orden del tribunal que los
expidió.
Artículo 11- El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros:
a) Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de días multa.
b) Cuando la pena sea inferior a tres años, la cancelación de los asientos se efectuará cuando transcurra el mismo plazo de la pena señalada en la sentencia condenatoria.
c) Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años y en delitos culposos.
d) Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y no mayor a diez años.
e) Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea igual o mayor a diez años. Igual plazo deberá transcurrir cuando sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.
f) En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos, una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.
Si la solicitud de certificación de juzgamiento se hace para fines laborales, de conformidad con los incisos e) y ñ) del artículo 13 de esta ley, el Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial consignará, en dicha certificación, las existencias de los juzgamientos vigentes referidos en los incisos d), e) y f) del presente artículo.
(Así reformado por el artículo único de la Ley para Fortalecer el Registro Judicial, N° 10453 del 4 de marzo de 2024)
Artículo 12.- Los asientos del Registro serán anulados o modificados
únicamente en los siguientes casos:
-
Por orden emanada del tribunal sentenciador.
-
Cuando así lo ordene la sentencia recaída en un recurso de
revisión.
- De acuerdo con resolución pronunciada por el tribunal
sentenciador o, en su caso, por el Juzgado de Ejecución de la
Pena, en la que se modifique, se haga cesar una medida de
seguridad, o bien se cambie por otra.
Artículo 13.- El Registro expedirá certificaciones de juzgamientos solamente en los siguientes casos y para los fines propios de cada institución que las solicite:
a) A los tribunales de justicia.
b) A los funcionarios del Ministerio Público.
c) Al Organismo de Investigación Judicial.
d) A la Dirección General de Adaptación Social e Instituto Nacional de Criminología.
e) A la Dirección General de Servicio Civil.
f) A la Dirección General de Migración y Extranjería.
g) Al Departamento de Personal del Ministerio de Gobernación y Policía y Ministerio de Seguridad Pública, en relación con las personas interesadas en desempeñar cargos en los diferentes cuerpos policiales, de agentes de investigación, o de cualquier otro puesto investido de autoridad que requiera el uso de armas.
h) A la Oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que extienda las licencias para conducir automotores, tanto privados como de servicio público.
i) A la Oficina de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil.
j) A las universidades y a los colegios profesionales, para personas que soliciten su examen de grado e incorporación, respectivamente.
k) Al Patronato Nacional de la Infancia.
l) Al Instituto Nacional de Seguros, para el otorgamiento de pólizas a conductores de servicio público.
m) A la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
n) A los nacionales y extranjeros que residen o residieron en Costa Rica y que se encuentran en el extranjero, por medio de los consulados o embajadas de nuestro país o a través de las embajadas y consulados de otros países establecidos en territorio nacional, para ser utilizadas en los países solicitantes.
ñ) A las personas interesadas para fines laborales.
o) A las entidades autorizadas por leyes especiales.
p) Cuando así lo disponga el Consejo Superior.
q) A solicitud de los interesados, el Registro también expedirá certificaciones del índice de obligados de pensiones alimentarias.”
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)
Artículo 14.- Toda certificación deberá solicitarse por escrito y
sólo podrá ser hecha por el jefe de la Oficina o por su secretario.
Deberá contener los datos necesarios, para que se pueda identificar a la
persona y para determinar si aparece o no con juzgamientos. El jefe de
Registro podrá exigir los detalles que estime pertinentes con ese
propósito.
Artículo 15.- Ningún funcionario o empleado del Registro
suministrará información ni datos de los asientos de éste a personas
físicas o morales.
Artículo 16.- Las certificaciones que expida el Registro serán firmadas por el jefe y por el secretario, conforme lo regule el Consejo Superior. Cuando se trate de solicitudes de personas o entidades autorizadas que residan o tengan su sede en zonas alejadas de San José, el Consejo Superior podrá autorizar al jefe de las oficinas administrativas, que previamente designe por acuerdo firme, a suscribir las certificaciones de antecedentes penales y de obligados alimentarios que por vía electrónica les remita el Registro Judicial.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)
Artículo 17.- El Archivo Judicial funcionará bajo la misma jefatura del Registro Judicial y constituirá una sola dependencia junto con este, mientras el Consejo Superior no disponga lo contrario.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)
Artículo 18.- La Sección de Archivo tendrá las siguientes funciones:
a) Custodiar los expedientes fenecidos y abandonados por más de dos años, de todos los tribunales del Poder Judicial, así como los documentos y libros que determine el Consejo Superior. Los que tengan valor histórico deberán ser enviados al Archivo Nacional.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)
-
Ordenar y clasificar técnicamente dicha documentación.
-
Preparar índices, bajo sistemas modernos, para la debida localización de expedientes y otros documentos, y facilitar su consulta.
-
Suministrar el número de remesa y la papelería para el envío de expedientes y documentos.
-
Suplir a los tribunales una copia del índice de sus remesas, para facilitar al público los medios que permitan localizar los expedientes y documentos remitidos.
-
Extender certificaciones y constancias de piezas de expedientes, o documentos archivados, cuando proceda conforme a las normas de la presente ley.
Artículo 19.- No podrán salir del Archivo Judicial los expedientes,
libros y demás objetos depositados en él, excepto cuando sean pedidos por
los tribunales judiciales. En ningún caso podrán ser retenidos por más de
treinta días, salvo si se tratara de expedientes solicitados para
continuar su tramitación, o para resolver gestiones de las partes.
Si la retención se prolongara por más tiempo, deberá solicitarse la
devolución del expediente, documento u objeto remitido al tribunal, y si
no se atendiera el requerimiento, el jefe del Archivo lo comunicará a la
Inspección Judicial para los fines consiguientes.
Artículo 20.- Los expedientes y documentos del Archivo tendrán
carácter privado. Sólo podrán ser examinados por los abogados, los jefes
o secretarios de las oficinas que se indican en el artículo 13, y por las
partes interesadas en los procesos o diligencias que los hayan motivado,
así como por estudiantes de Derecho y otras personas con fines de
investigación, cuando se acredite debidamente ese propósito.
Artículo 21.- La Sección de Archivo sólo extenderá certificaciones,
constancias, copias o fotocopias de los expedientes o documentos bajo su
custodia, cuando sean solicitadas por las partes interesadas en los
procesos o diligencias correspondientes, o por los abogados, así como por
las autoridades e instituciones que señala el artículo 13 de esta ley.
Los estudiantes de Derecho podrán obtener fotocopias de los expedientes
para efectos de la investigación.
Artículo 22.- Para satisfacer las necesidades del servicio público, el Consejo Superior podrá introducir, en cualquier momento, el sistema de microfilmación o el de computación electrónica. Con ese fin queda autorizado para llevar a cabo la organización o reorganización que considere necesaria.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)
Artículo 23.- El Consejo Superior dictará las normas prácticas para la aplicación de esta ley.
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)
Artículo 24.- Rige a partir de su publicación.