# Ley 6723: Registro Judicial borra condenas tras cumplir la pena

- Página: https://elcenso.com/leyes/6723
- Tipo: Ley de la República de Costa Rica
- Título oficial: LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES.
- Estado: Vigente (SINALEVI: Vigente)
- Fuente oficial: https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1

## En resumen

La ley fija cuándo se cancelan los antecedentes penales y quién puede pedir certificaciones de juzgamiento.

## A quién le toca

- Personas con condena penal firme: su resumen se inscribe en el Registro y se cancela según el artículo 11.
- Personas que buscan trabajo: pueden pedir certificación de juzgamientos para fines laborales.
- Personas que solicitan licencia de conducir: el MOPT recibe su certificación.
- Aspirantes a cuerpos policiales: el Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública reciben su certificación.
- Abogados y partes de un proceso: pueden examinar expedientes del Archivo Judicial.

## A quién beneficia

- Las personas con condenas menores a tres años pueden cancelar el asiento cuando pase el mismo plazo de la pena.
- Las personas en condición de vulnerabilidad con familiares dependientes pueden pedir al juez de ejecución que valore la cancelación al cumplir la pena.
- Los estudiantes de Derecho pueden obtener fotocopias de expedientes para investigación.

## Qué cambia

- El Registro solo entrega certificaciones a las instituciones y personas del artículo 13.
- Ningún funcionario del Registro puede dar información de los asientos a personas físicas o morales.
- Los expedientes del Archivo Judicial son privados y solo los ven las personas autorizadas.
- El tribunal debe enviar el resumen de la sentencia dentro de los treinta días siguientes a la firmeza.

## Cláusulas a revisar

- **Prohibición amplia de dar información** (15): La ley prohíbe a todo funcionario del Registro dar información de los asientos a personas físicas o morales, sin distinguir entre datos públicos y privados. Texto: "Ningún funcionario o empleado del Registro suministrará información ni datos de los asientos de éste a personas físicas o morales."
- **Cancelación valorada solo para un grupo** (11): El juez de ejecución de la pena valora la cancelación de los asientos solo para personas en condición de vulnerabilidad con familiares dependientes, y excluye varios delitos. Texto: "En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos, una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública."

## Explicación

### Qué cambia

El Registro Judicial de Delincuentes es una oficina del Poder Judicial. Sus libros y tarjeteros son privados ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). Su función principal es comprobar los antecedentes penales de los habitantes del país ([art. 3](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

El Registro guarda un resumen de cada sentencia condenatoria por delito doloso o culposo. También guarda las faltas que tengan pena de prisión para la reincidencia ([art. 5](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). Ese resumen lleva el nombre del condenado, alias, apellidos, cédula, domicilio, el delito, la fecha, el ofendido y la pena.

El tribunal debe enviar el resumen al Registro dentro de los treinta días siguientes a la firmeza de la sentencia ([art. 9](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). Si hay retraso, el jefe del Registro lo comunica a la Inspección Judicial.

El Registro cancela los asientos cuando la persona cumple la pena. El plazo depende de la condena ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)):

- De inmediato, si la pena es de días multa.
- Cuando pase el mismo plazo de la pena, si es menor a tres años.
- Tres años después, si la pena es entre tres y cinco años o por delitos culposos.
- Cinco años después, si la pena es entre cinco y no mayor a diez años.
- Diez años después, si la pena es igual o mayor a diez años.

El plazo de diez años también aplica a crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

Si la persona condenada está en condición de vulnerabilidad y tiene familiares dependientes, el juez de ejecución de la pena valora la cancelación al cumplir la condena. Quedan excluidos los delitos de la lista anterior ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

Para fines laborales, el Registro anota en la certificación los juzgamientos vigentes de los incisos d), e) y f) ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

El Registro solo da certificaciones de juzgamientos a ciertas instituciones y personas ([art. 13](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). La lista incluye tribunales, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Servicio Civil, Migración, cuerpos policiales, MOPT para licencias, universidades, colegios profesionales, PANI, INS y la Dirección Nacional de Pensiones. También da certificaciones a las personas interesadas para fines laborales.

Ningún funcionario del Registro puede dar información de los asientos a personas físicas o morales ([art. 15](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

El Archivo Judicial funciona bajo la misma jefatura del Registro ([art. 17](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). Guarda los expedientes fenecidos y abandonados por más de dos años ([art. 18](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). Los expedientes del Archivo son privados. Solo los pueden ver abogados, jefes o secretarios de las oficinas del artículo 13, las partes interesadas y estudiantes de Derecho con fines de investigación ([art. 20](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

### A quién le toca

A las personas con una condena penal firme. El Registro inscribe su resumen y lo cancela según el plazo del artículo 11 ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

A quienes buscan trabajo. Pueden pedir certificación de juzgamientos para fines laborales ([art. 13](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

A quienes solicitan licencia de conducir. El MOPT recibe la certificación del Registro ([art. 13](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

A quienes quieren ser policías o agentes de investigación. El Ministerio de Gobernación y Policía y el Ministerio de Seguridad Pública reciben la certificación ([art. 13](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

A los abogados y a las partes de un proceso. Pueden examinar los expedientes del Archivo Judicial ([art. 20](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

A los estudiantes de Derecho. Pueden obtener fotocopias de expedientes para investigación ([art. 21](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

### Lo que se dijo en la Asamblea

La Asamblea Legislativa publicó un video el 1 de julio de 2026 sobre una reforma a esta ley ([video, 00:00:00](https://www.youtube.com/watch?v=0ZbBYd_RZ8M&t=0s)). El video dice que la reforma busca un sistema permanente de antecedentes penales para frenar la impunidad ([video, 00:00:02](https://www.youtube.com/watch?v=0ZbBYd_RZ8M&t=2s)).

Según el video, la reforma propone conservar los antecedentes por 15 años después de cumplida la condena para efectos laborales ([video, 00:00:13](https://www.youtube.com/watch?v=0ZbBYd_RZ8M&t=13s)). Para efectos policiales e investigativos, esos registros no se eliminarían nunca ([video, 00:00:21](https://www.youtube.com/watch?v=0ZbBYd_RZ8M&t=21s)).

El video también dice que el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales tendrían acceso exclusivo y permanente a una base de datos histórica ([video, 00:00:29](https://www.youtube.com/watch?v=0ZbBYd_RZ8M&t=29s)).

Esa reforma no aparece en el texto vigente que revisó El Censo. El texto vigente mantiene los plazos del artículo 11 ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

En un video del 5 de marzo de 2014, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos dictaminó un expediente que modificaba esta ley ([video, 00:00:11](https://www.youtube.com/watch?v=7Kk4aauSHuU&t=11s)). El video explica que el artículo 11 establecía la inscripción de condenas por 10 años ([video, 00:00:22](https://www.youtube.com/watch?v=7Kk4aauSHuU&t=22s)).

El legislador José Roberto Rodríguez Quesada dijo en ese video que la medida era retrógrada y correspondía a una forma de pensar de una sociedad que ya había madurado ([video, 00:00:53](https://www.youtube.com/watch?v=7Kk4aauSHuU&t=53s)).

### Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra la versión 7 de 7 y no registra observaciones de la Procuraduría [\[4\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1).

El artículo 5 fue reformado por la Ley 8250, que rige seis meses después de su publicación [\[5\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=48416&param2=51578&param3=1).

Los artículos 13, 16, 17, 18, 22 y 23 fueron reformados por la Ley 9055 del 23 de julio de 2012 [\[6\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=73109&param2=89552&param3=1).

El artículo 11 fue reformado por la Ley para Fortalecer el Registro Judicial, N° 10453 del 4 de marzo de 2024 ([art. 11](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

### Frente a la Constitución

El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y dice que los documentos privados son inviolables ([Constitución, art. 24](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). La ley declara privados los libros del Registro y los expedientes del Archivo ([art. 1](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)) ([art. 20](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 30 garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público ([Constitución, art. 30](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). El artículo 15 prohíbe a los funcionarios del Registro dar información de los asientos a personas físicas o morales ([art. 15](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). Hay una duda sobre si esa prohibición amplia choca con el acceso a información pública. La ley misma exceptúa las certificaciones del artículo 13 ([art. 13](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)).

El artículo 27 garantiza la libertad de petición y el derecho a obtener pronta resolución ([Constitución, art. 27](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). El artículo 14 exige que toda certificación se solicite por escrito ([art. 14](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). No hay choque evidente: la ley regula la forma de pedir, no niega el derecho.

El artículo 35 dice que nadie puede ser juzgado por comisión ni por tribunal nombrado para el caso ([Constitución, art. 35](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1)). El Registro solo anota lo que ordena el tribunal sentenciador ([art. 10](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1)). El Censo no encontró choque.

### Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del Registro viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)). Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos ([guía, p. 22](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)).

En el escrito debe expresar el hecho u omisión, el derecho violado, el nombre del servidor público y las pruebas ([guía, p. 23](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=23)). No necesita citar la norma constitucional infringida.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)). Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere un asunto pendiente ante los tribunales, salvo cuando se defiendan intereses difusos ([guía, p. 24](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)).

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes ([guía, p. 71](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)). Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe pasar por el TSE y luego por la Asamblea Legislativa ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

### Lo que no sabemos

El dossier no dice si la reforma del video del 1 de julio de 2026 fue aprobada o sigue en trámite.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley 10453 del 4 de marzo de 2024.

El dossier no dice cuántas personas tienen asientos vigentes en el Registro.

El dossier no incluye el reglamento de la ley.

## Frente a la Constitución

El Censo encontró una duda sobre el artículo 15 frente al acceso a información pública del artículo 30. En los demás puntos revisados no vio choque.

## Qué puede hacer usted

- Recurso de amparo: Presente un escrito con el hecho u omisión, el derecho violado, el nombre del servidor público y las pruebas. No necesita citar la norma constitucional. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=22)
- Acción de inconstitucionalidad: Presente la acción contra la ley o disposición general que infrinja una norma o principio constitucional. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=24)
- Queja ante la Defensoría de los Habitantes: Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=71)
- Iniciativa popular: El proyecto pasa por el TSE y luego por la Asamblea Legislativa. La Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactarlo. (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)

## Fuentes

1. Ley 6723: LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES.. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx
2. Historial judicial será permanente e imborrable para jueces y cuerpos policiales. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2026-07-01. https://www.youtube.com/watch?v=0ZbBYd_RZ8M
3. Defensa pública aboga por desinscripción de condenas. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2014-03-05. https://www.youtube.com/watch?v=7Kk4aauSHuU
4. Ley 6723 en SINALEVI: Ley del Registro y Archivos Judiciales (Vigente, Versión de la norma: 7 de 7). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 10/03/1982. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=34614&param2=139997&param3=1
5. Ley 8250: Modificación del Código Penal, Ley N° 4573, y sus reformas (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 02/05/2002. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=48416&param2=51578&param3=1
6. Ley 9055: Reforma Ley del Registro y Archivos Judiciales (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 23/07/2012. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=73109&param2=89552&param3=1
7. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871&param2=147492&param3=1
8. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf

## Texto oficial completo

Ley 6723

Ley del Registro y Archivos Judiciales

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Artículo 1º.- El Registro Judicial de Delincuentes es una

dependencia del Poder Judicial y se regirá por la presente ley y sus

reglamentos. Sus libros y tarjeteros son de carácter privado.



Artículo 2º.- El jefe del Registro deberá ser costarricense, mayor

de treinta años y abogado, de preferencia con conocimientos de archivo.



Artículo 3º.- El Registro tendrá como función esencial la de

comprobar los antecedentes penales de los habitantes de la República, y

deberá prestar colaboración a los organismos y oficinas públicas que esta

ley y otras normas legales determinen.



Artículo 4º.- El Registro se dividirá en tantas secciones como

provincias haya y tendrá un índice general para facilitar su examen.



Artículo 5.- En cada sección, se coleccionarán los resúmenes de las
sentencias condenatorias pronunciadas en los juicios tramitados en la provincia
respectiva por delitos dolosos o culposos, así como por las faltas o
contravenciones, que tengan establecida la pena de prisión para la
reincidencia. Cada resumen constituirá un asiento sucesivo y numerado que
expresará:
(Así reformado por el artículo 5° de la Ley N° 8250 de
2 de mayo de 2002).
a) El nombre del convicto, sobrenombre o alias, apellidos paterno y
materno, nombre del cónyuge, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, sexo, estado civil, profesión y oficio y
el número comprobado de la cédula de identidad o, en su caso, de la cédula de residencia o del pasaporte, si fuere extranjero, o
de los datos que consten en el proceso, si se tratare de un mayor de diecisiete y menor de dieciocho años. Si no portare cédula de
identidad, el Tribunal sentenciador, una vez firme la sentencia, ordenará al Registro Civil la remisión de su fotografía, el
número de la cédula, y a falta de ésta, la certificación de
nacimiento.

b) La calificación del hecho punible, fecha y lugar de su perpetración.

c) Los nombres, apellidos y calidades del ofendido.

ch) La naturaleza y duración o cuantía de la pena, con expresión de
si le fue o no suspendida y las medidas de seguridad impuestas.

d) Las anomalías, estados de degeneración, enfermedades orgánicas,
estudios del medio social del convicto y cualquier otro dato de interés en relación con el delito cometido, si tales datosconstan en el proceso.

e) Los tribunales que hayan dictado la sentencia, con indicación de
su fecha y de si se han tomado en cuenta las condenas anteriores para los efectos de reincidencia del convicto, o si se ha
aplicado una medida de seguridad con motivo de ser éste habitual o profesional.



Artículo 6º.- Al margen de los resúmenes, el Registro anotará,

mediante razones firmadas por su jefe, las resoluciones del propio

Registro o de los tribunales, o del Ministerio de Justicia y Gracia, o de

cualquier otro organismo, que afecten los asientos.



Artículo 7º.- El tribunal de las causa, haya suspendido o no la

condena, una vez firme la sentencia, remitirá un resumen de ésta al

Registro Judicial, el cual comprenderá todos los datos indicados en el

artículo 5º.



Artículo 8º.- El Registro devolverá al tribunal de origen los

resúmenes que no contengan los datos fundamentales que indica el artículo

5º, para la identificación del convicto.



Artículo 9º.- El resumen deberá enviarse dentro de los treinta días

siguientes a la firmeza de la sentencia. La omisión o retardo en el envío

de este resumen implicará, para el jefe del Registro, la obligación de

poner el hecho en conocimiento de la Inspección Judicial, para los fines

consiguientes.



Artículo 10.- El jefe del Registro sólo podrá rectificar el

contenido de los resúmenes en virtud de una orden del tribunal que los

expidió.



Artículo 11- El
Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas
luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros:

a) Inmediatamente
después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de
días multa.

b) Cuando la pena sea
inferior a tres años, la cancelación de los asientos se
efectuará cuando transcurra el mismo plazo de la pena señalada en
la sentencia condenatoria.

c) Tres años
después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y
cinco años y en delitos culposos.

d) Cinco años
después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco
y no mayor a diez años.

e) Diez años
después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea igual o
mayor a diez años. Igual plazo deberá transcurrir cuando sea por
delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado,
terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado,
feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.

f) En los casos de
delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con
familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena
valorará la cancelación de los asientos, una vez cumplida la pena
impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la
tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, terrorismo,
delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y
delitos contra los deberes de la función pública.

Si la solicitud de
certificación de juzgamiento se hace para fines laborales, de
conformidad con los incisos e) y ñ) del artículo 13 de esta ley,
el Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial consignará, en
dicha certificación, las existencias de los juzgamientos vigentes
referidos en los incisos d), e) y f) del presente artículo.

(Así
reformado por el artículo único de la Ley para Fortalecer el
Registro Judicial, N° 10453 del 4 de marzo de 2024)



Artículo 12.- Los asientos del Registro serán anulados o modificados

únicamente en los siguientes casos:

1. Por orden emanada del tribunal sentenciador.

2. Cuando así lo ordene la sentencia recaída en un recurso de

revisión.

3. De acuerdo con resolución pronunciada por el tribunal

sentenciador o, en su caso, por el Juzgado de Ejecución de la

Pena, en la que se modifique, se haga cesar una medida de

seguridad, o bien se cambie por otra.



Artículo
13.- El
Registro expedirá certificaciones de juzgamientos solamente en los siguientes
casos y para los fines propios de cada institución que las solicite:

a)
A los tribunales de justicia.

b)
A los funcionarios del Ministerio Público.

c)
Al Organismo de Investigación Judicial.

d)
A
la Dirección General
de Adaptación Social e Instituto Nacional de Criminología.

e)
A
la Dirección General
de Servicio Civil.

f)
A
la Dirección General
de Migración y Extranjería.

g)
Al Departamento de Personal del Ministerio de Gobernación y Policía y
Ministerio de Seguridad Pública, en relación con las personas interesadas en
desempeñar cargos en los diferentes cuerpos policiales, de agentes de
investigación, o de cualquier otro puesto investido de autoridad que requiera
el uso de armas.

h)
A
la Oficina
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que extienda las licencias para
conducir automotores, tanto privados como de servicio público.

i)
A
la Oficina
de Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil.

j)
A las universidades y a los colegios profesionales, para personas que
soliciten su examen de grado e incorporación, respectivamente.

k)
Al Patronato Nacional de
la Infancia.

l)
Al Instituto Nacional de Seguros, para el otorgamiento de pólizas a
conductores de servicio público.

m)
A
la Dirección Nacional
de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

n)
A los nacionales y extranjeros que residen o residieron en Costa Rica y que
se encuentran en el extranjero, por medio de los consulados o embajadas de
nuestro país o a través de las embajadas y consulados de otros países
establecidos en territorio nacional, para ser utilizadas en los países
solicitantes.

ñ)
A
las personas interesadas para fines laborales.

o)
A las entidades autorizadas por leyes especiales.

p)
Cuando así lo disponga el Consejo Superior.

q)
A solicitud de los interesados, el Registro también expedirá
certificaciones del índice de obligados de pensiones alimentarias.”

(Así
reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)



Artículo 14.- Toda certificación deberá solicitarse por escrito y

sólo podrá ser hecha por el jefe de la Oficina o por su secretario.

Deberá contener los datos necesarios, para que se pueda identificar a la

persona y para determinar si aparece o no con juzgamientos. El jefe de

Registro podrá exigir los detalles que estime pertinentes con ese

propósito.



Artículo 15.- Ningún funcionario o empleado del Registro

suministrará información ni datos de los asientos de éste a personas

físicas o morales.



Artículo
16.- Las
certificaciones que expida el Registro serán firmadas por el jefe y por el
secretario, conforme lo regule el Consejo Superior. Cuando se trate de
solicitudes de personas o entidades autorizadas que residan o tengan su sede en
zonas alejadas de San José, el Consejo Superior podrá autorizar al jefe de las
oficinas administrativas, que previamente designe por acuerdo firme, a suscribir
las certificaciones de antecedentes penales y de obligados alimentarios que por
vía electrónica les remita el Registro Judicial.

(Así
reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)



Artículo 17.- El Archivo Judicial funcionará bajo
la misma jefatura del Registro Judicial y constituirá una sola dependencia
junto con este, mientras el Consejo Superior no disponga lo contrario.

(Así
reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)



Artículo 18.- La
Sección de Archivo tendrá las siguientes funciones:

a)
Custodiar
los expedientes fenecidos y abandonados por más de dos años, de todos los
tribunales del Poder Judicial, así como los documentos y libros que determine
el Consejo Superior. Los que tengan valor histórico deberán ser enviados al
Archivo Nacional.

(Así
reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 9055 del 23
de julio del 2012)

2. Ordenar y clasificar técnicamente dicha documentación.

3. Preparar índices, bajo sistemas modernos, para la debida
localización de expedientes y otros documentos, y facilitar su consulta.

4. Suministrar el número de remesa y la papelería para el envío de
expedientes y documentos.

5. Suplir a los tribunales una copia del índice de sus remesas, para
facilitar al público los medios que permitan localizar los expedientes y documentos remitidos.

6. Extender certificaciones y constancias de piezas de expedientes,
o documentos archivados, cuando proceda conforme a las normas de la presente ley.



Artículo 19.- No podrán salir del Archivo Judicial los expedientes,

libros y demás objetos depositados en él, excepto cuando sean pedidos por

los tribunales judiciales. En ningún caso podrán ser retenidos por más de

treinta días, salvo si se tratara de expedientes solicitados para

continuar su tramitación, o para resolver gestiones de las partes.

Si la retención se prolongara por más tiempo, deberá solicitarse la

devolución del expediente, documento u objeto remitido al tribunal, y si

no se atendiera el requerimiento, el jefe del Archivo lo comunicará a la

Inspección Judicial para los fines consiguientes.



Artículo 20.- Los expedientes y documentos del Archivo tendrán

carácter privado. Sólo podrán ser examinados por los abogados, los jefes

o secretarios de las oficinas que se indican en el artículo 13, y por las

partes interesadas en los procesos o diligencias que los hayan motivado,

así como por estudiantes de Derecho y otras personas con fines de

investigación, cuando se acredite debidamente ese propósito.



Artículo 21.- La Sección de Archivo sólo extenderá certificaciones,

constancias, copias o fotocopias de los expedientes o documentos bajo su

custodia, cuando sean solicitadas por las partes interesadas en los

procesos o diligencias correspondientes, o por los abogados, así como por

las autoridades e instituciones que señala el artículo 13 de esta ley.

Los estudiantes de Derecho podrán obtener fotocopias de los expedientes

para efectos de la investigación.



Artículo 22.- Para
satisfacer las necesidades del servicio público, el Consejo Superior podrá
introducir, en cualquier momento, el sistema de microfilmación o el de
computación electrónica. Con ese fin queda autorizado para llevar a cabo la
organización o reorganización que considere necesaria.

(Así
reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)



Artículo 23.- El Consejo Superior dictará las
normas prácticas para la aplicación de esta ley.

(Así
reformado por el artículo único de la ley N° 9055 del 23 de julio del 2012)



Artículo 24.- Rige a partir de su publicación.

Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/6723). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.