Las juntas de educación reciben plata del impuesto de renta y ahora deben rendir cuentas
La Ley 6746 crea un fondo con el 4% del impuesto sobre la renta para las juntas de educación y administrativas, y la reforma de 2025 les exige informar o las destituyen.
Título oficial LEY Nº 6746 DE 29 DE ABRIL DE 1982 ( SIN TITULO Y CONOCIDA COMO: CREASE UN FONDO PARA FINANCIAR LAS JUNTAS DE EDUCACION Y LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS ESCUELAS Y LICEOS DEL PAÍS )
Atención: La reforma de 2025 permite al concejo municipal destituir miembros de junta por no entregar información financiera, y el MEP debe avisar del incumplimiento.
La letra pequeña
Encontramos 3 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Juntas de educación y administrativas
Si una junta reporta un saldo igual o mayor a tres meses del depósito mensual, no se le transfieren recursos hasta que demuestre la ejecución. El MEP redistribuye esos ahorros entre los incisos b), c) y d) del artículo 6.
aquellas juntas de educación y administrativas que reporten saldo igual o superior a la sumatoria de tres meses del depósito mensual, que les corresponde según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 6, no se les transferirán recursos hasta tanto se demuestre la ejecución, según el mecanismo oficializado por el Ministerio de Educación Púbica.
6 bis, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Juntas de educación y juntas administrativas de escuelas y liceos públicos: reciben el giro y deben rendir cuentas
- Miembros de juntas: pueden ser destituidos por el concejo municipal si no entregan información financiera
- Centros con matrícula inicial menor a cien alumnos: reciben un 5% adicional del fondo
- Centros con insuficiencia de recursos para gastos operativos: reciben otro 5% adicional
- Centros que inician labores o tienen planta física en mal estado: acceden al 5% de reserva
- Ministerio de Educación Pública: reparte el fondo, lo revisa cada cinco años y avisa a los concejos
- Concejos municipales: destituyen a miembros de junta que incumplan
- Tesorería Nacional y Departamento Financiero del MEP: giran la plata a cada junta
A quién beneficia
- Las juntas reciben un giro para gastos administrativos y operativos del centro educativo
- Los centros con matrícula inicial menor a cien alumnos tienen un 5% adicional
- Los centros con insuficiencia de recursos tienen otro 5% adicional
- Los centros que inician labores o tienen planta física en mal estado acceden al 5% de reserva
- Las rentas y subvenciones de las juntas son inembargables
Qué cambia
- El fondo se financia con el 4% del impuesto sobre la renta y un aumento del 0,36% en la tarifa progresiva de la propiedad inmueble
- El MEP debe repartir el fondo a más tardar en setiembre de cada año
- La asignación al fondo no puede bajar del monto del año anterior y sube por inflación acumulada
- Si una junta tiene saldo de tres meses o más, no se le giran más recursos hasta que demuestre ejecución
- El incumplimiento en la información financiera-contable es falta grave y motivo de destitución
- Las juntas deben priorizar servicios públicos, servicios profesionales, materiales didácticos y suministros de limpieza
La explicación completa
Qué cambia
La ley crea un fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas de las escuelas y liceos públicos del país (art. 1). El fondo se arma con el 4% de lo que se recaude cada año por impuesto sobre la renta y con un aumento del 0,36% repartido en la tarifa progresiva de la propiedad inmueble 2.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) debe repartir ese fondo a más tardar en setiembre de cada año (art. 6). El reparto es así: 85% para las juntas, en proporción a la matrícula de cada centro educativo. Un 5% extra para escuelas y colegios con matrícula inicial menor a cien alumnos. Otro 5% para centros que un estudio económico muestre que no alcanzan a cubrir sus gastos operativos. El último 5% queda como reserva para centros que arrancan labores, tienen la planta física en muy mal estado o necesitan un pago urgente o equipo.
La Tesorería Nacional, por medio del Departamento Financiero del MEP, gira la plata a cada junta para gastos administrativos y operativos del centro educativo (art. 5).
Desde la reforma de la Ley 10757, del 6 de octubre de 2025, la asignación al fondo es prioridad en el presupuesto del MEP y no puede bajar del monto del año anterior; como mínimo sube por inflación acumulada (art. 4). El MEP debe revisar el fondo cada cinco años y evaluar el reparto según el tipo de centro: unidocente, direcciones uno, dos, tres, cuatro y cinco.
Hay un control nuevo: si una junta reporta un saldo igual o mayor a tres meses del depósito mensual que le toca, no se le giran más recursos hasta que demuestre que ejecutó la plata (art. 6 bis). El MEP debe redistribuir esos ahorros entre los destinos de los incisos b), c) y d) del artículo 6.
Las juntas están obligadas a entregar información financiera-contable cuando el MEP o el Ministerio de Hacienda se la pidan (art. 6 bis). Si no la presentan sin una justificación avalada por el MEP, eso es falta grave y el concejo municipal correspondiente destituye a los miembros de la junta. El MEP tiene que avisarle al concejo para que proceda.
Las juntas deben armar sus presupuestos y someterlos a aprobación del MEP, sin perjuicio de la fiscalización de la Contraloría General de la República (art. 7). Primero deben pagar servicios públicos, servicios profesionales, materiales didácticos y suministros de higiene, aseo y limpieza; después los demás gastos (art. 8).
Las rentas y subvenciones que reciben las juntas son inembargables y no se pueden redirigir a financiar áreas ajenas a los centros educativos (art. 10).
El funcionario público que oculte información o dé datos falsos o incompletos sobre esta ley se sanciona según el reglamento (art. 12).
A quién le toca
A las juntas de educación y a las juntas administrativas de las escuelas y liceos públicos: reciben el giro, deben presupuestar y rendir cuentas, y sus miembros pueden ser destituidos por el concejo municipal si no entregan la información financiera (art. 6 bis).
A los centros educativos con matrícula inicial menor a cien alumnos: tienen un 5% adicional del fondo (art. 6).
A los centros que un estudio económico muestre con insuficiencia de recursos para gastos operativos: tienen otro 5% adicional (art. 6).
A los centros que inician labores o tienen planta física en muy mal estado: acceden al 5% de reserva (art. 6).
Al Ministerio de Educación Pública: le toca repartir el fondo a más tardar en setiembre, revisarlo cada cinco años, reglamentar la redistribución de ahorros y avisar a los concejos municipales cuando una junta incumpla (art. 6) (art. 6 bis).
A los concejos municipales: les toca destituir a los miembros de junta que no presenten la información financiera-contable (art. 6 bis).
A la Tesorería Nacional y al Departamento Financiero del MEP: les toca girar la suma que corresponda a cada junta (art. 5).
Cómo está hoy según SINALEVI
La ley está vigente y SINALEVI muestra la versión 4 de 4 2. El artículo 2 fue derogado por el artículo 31 aparte b) del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018 (art. 2). Los artículos 3 y 9 fueron derogados por el artículo 8° de la Ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025 (art. 3) (art. 9).
Los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 10 fueron reformados por la Ley 10757, del 6 de octubre de 2025 (art. 4) (art. 5) (art. 6) (art. 7) (art. 8) (art. 10). El artículo 6 bis y los transitorios I, II y III se adicionaron con esa misma ley (art. 6 bis) (art. transitorio I) (art. transitorio II) (art. transitorio III).
La Procuraduría General de la República resume el fondo así: se financia con el 4% del impuesto sobre la renta y con un aumento del 0,36% distribuido entre los porcentajes de la tarifa progresiva de la propiedad inmueble del artículo 24 de la Ley del Impuesto Territorial 2.
Frente a la Constitución
El artículo 78 de la Constitución dice que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación Constitución, art. 78. El fondo de la Ley 6746 financia gastos operativos de los centros educativos públicos, así que calza con ese mandato (art. 1).
El artículo 184 de la Constitución le da a la Contraloría la potestad de fiscalizar la ejecución de los presupuestos y examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas Constitución, art. 184. El artículo 7 de la ley mantiene esa fiscalización y solo agrega la aprobación del MEP (art. 7). No hay choque ahí.
El artículo 11 de la Constitución dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella Constitución, art. 11. El artículo 6 bis faculta al concejo municipal a destituir miembros de junta por incumplimiento en la información financiera, a solicitud del MEP (art. 6 bis). El Censo no encontró en el dossier una norma constitucional que regule directamente la destitución de miembros de juntas de educación, así que no puede afirmar que exista choque. Queda como duda sobre el alcance de esa potestad sancionatoria.
El artículo 176 de la Constitución ordena que la gestión pública se conduzca de forma sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual Constitución, art. 176. La revisión quinquenal del fondo y la obligación de rendir cuentas apuntan en esa dirección (art. 4) (art. 6 bis).
El Censo no encontró un choque claro entre el texto y los artículos constitucionales del dossier.
Qué puede hacer usted
Si usted es miembro de una junta de educación o administrativa y el MEP o Hacienda le piden información financiera-contable, entréguela en el plazo y la forma que le indiquen. Si no puede, pida al MEP que avale la justificación por escrito, porque sin ese aval la falta se considera grave y el concejo municipal puede destituirlo (art. 6 bis).
Si usted es padre, madre o vecino de un centro educativo y sospecha que la plata del fondo no se está usando como dice la ley, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. Se hace de forma escrita o verbal, en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr, por apartado postal 1179-1000 San José o por fax al 2501-8100 guía, p. 68.
Si una institución pública le está dando un mal servicio relacionado con este fondo, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios guía, p. 71.
Si un acto concreto del MEP o de una junta le viola un derecho fundamental, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio guía, p. 22. Se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades guía, p. 23.
Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y la Asamblea debe votarlo en un plazo máximo de dos años guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.
Lo que no sabemos
El dossier no dice cuánta plata recauda el fondo cada año ni cuánto le toca a cada centro educativo.
El dossier no incluye el texto del reglamento que debe desarrollar la redistribución de ahorros del artículo 6 bis.
El dossier no dice si el MEP ya hizo la revisión quinquenal del fondo que ordena el artículo 4.
El dossier no incluye el texto de la Ley del Impuesto Territorial que menciona la Procuraduría para explicar el 0,36%.
Estado en SINALEVI
VigenteVersión de la norma: 4 de 4Ver en SINALEVI
Crea un FONDO para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas de instituciones de enseñanza oficial, dependientes del Ministerio de Educación (artículo 1), el cual estará constituido por el 4% del total que se recaude cada año por concepto de IMPUESTO SOBRE LA RENTA y por un aumento del 0.36%, distribuido entre los porcentajes de la tarifa progresiva de la propiedad inmueble, establecida en el artículo 24 de la LEY DEL IMPUESTO TERRITORIAL, conforme a la escala que inserta.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El Censo no encontró un choque claro entre la Ley 6746 y los artículos constitucionales del dossier. Queda una duda sobre el alcance de la potestad del concejo municipal para destituir miembros de junta.
Constitución, art. 78"La educación preescolar , general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público , gratuitas y costeadas por la Nación ."
Esta ley, art. 1"Créase un fondo para financiar las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones de enseñanza oficial del país, dependientes del Ministerio de Educación Pública, y declárase de interés público todo lo relacionado con este fondo."
Sin choque aparente La Constitución ordena que la educación pública sea gratuita y costeada por la Nación. El fondo de la ley financia gastos operativos de los centros educativos públicos, así que va en la misma dirección.
Constitución, art. 184"Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República;"
Esta ley, art. 7"las juntas deberán elaborar sus presupuestos y someterlos a la aprobación del Ministerio de Educación Pública, en las fechas establecidas, sin perjuicio de la fiscalización que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la República."
Sin choque aparente La ley mantiene la fiscalización de la Contraloría y solo agrega la aprobación del MEP. No le quita a la Contraloría la potestad que le da la Constitución.
Constitución, art. 11"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella."
Esta ley, art. 6 bis"El incumplimiento en la presentación de la información financiera-contable, sin una justificación avalada por el Ministerio de Educación Pública, será considerado falta grave y motivo de destitución de los miembros de junta, por parte del concejo municipal correspondiente."
Hay dudas La ley le da al concejo municipal la potestad de destituir miembros de junta por incumplimiento. El Censo no encontró en el dossier una norma constitucional que regule directamente esa destitución, así que no puede afirmar que exista choque. Queda como duda sobre el alcance de esa potestad.
Constitución, art. 176"La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta."
Esta ley, art. 4"el Ministerio de Educación Pública deberá realizar una revisión quinquenal de dicho fondo, donde se evalúe la asignación de estos recursos de acuerdo con la clasificación de los centros educativos"
Sin choque aparente La revisión quinquenal y la obligación de rendir cuentas apuntan a una gestión más transparente y responsable, que es lo que pide la Constitución.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Ley 6746: LEY Nº 6746 DE 29 DE ABRIL DE 1982 ( SIN TITULO Y CONOCIDA COMO: CREASE UN FONDO PARA FINANCIAR LAS JUNTAS DE EDUCACION Y LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE LAS ESCUELAS Y LICEOS DEL PAÍS )
- Ley 6746 en SINALEVI: Crea Fondo Juntas Educación y Administrativas Oficiales (Vigente, Versión de la norma: 4 de 4)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
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Ley 6746
Crea Fondo Juntas Educación y Administrativas Oficiales
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ARTICULO 1º.- Créase un fondo para financiar las juntas de educación y
las juntas administrativas de las instituciones de enseñanza oficial del
país, dependientes del Ministerio de Educación Pública, y declárase de
interés público todo lo relacionado con este fondo.
ARTICULO 2º.- (Derogado por el artículo 31 aparte b) del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre de 2018)
ARTICULO 3º.- (Derogado 8° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 4- La asignación de recursos al fondo deberá constituirse en una prioridad dentro del presupuesto del Ministerio de Educación Pública.
En adelante, la asignación de recursos al fondo no podrá ser menor al monto presupuestado en el año anterior y, como mínimo, deberá aumentarse por inflación acumulada. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública deberá realizar una revisión quinquenal de dicho fondo, donde se evalúe la asignación de estos recursos de acuerdo con la clasificación de los centros educativos, ya sea unidocentes, direcciones uno, dos, tres, cuatro y cinco, y asegurando que las necesidades de las juntas se cubren plenamente. Esta distribución podrá reasignarse dentro del presupuesto de este Ministerio, de acuerdo con sus necesidades.
Los recursos de las juntas de educación no podrán ser inferiores al monto presupuestado en el año anterior y, como mínimo, deberá aumentarse por inflación acumulada. De esta forma, la distribución establecida en el artículo 6 de la Ley 6746 se alcanzará progresivamente, mediante la asignación de nuevos recursos para las juntas administrativas.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 5- La Tesorería Nacional, a través del Departamento Financiero del Ministerio de Educación Pública, girará a las juntas de educación y a las juntas administrativas la suma que corresponda a cada una de ellas, para la atención de los gastos administrativos y operativos del centro educativo.
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 6- El Ministerio de Educación Pública distribuirá, a más tardar a setiembre, el fondo a que se refiere el artículo 1 de esta ley, acatando las siguientes disposiciones y escalas:
a) El ochenta y cinco por ciento (85%) a favor de las juntas de educación y juntas administrativas, en forma proporcional a la matrícula de la respectiva institución de enseñanza.
b) Un cinco por ciento (5%) será para subvencionar, adicionalmente, a los centros educativos de primaria y secundaria, cuya matrícula inicial sea inferior a cien alumnos, en forma proporcional a la matrícula de la respectiva institución de enseñanza que entren en ese rango.
c) Un cinco por ciento (5%) será para subvencionar, adicionalmente, a los centros educativos que, con base en el estudio económico, evidencie insuficiencia de recursos para cubrir gastos operativos del centro educativo (bienes y servicios requeridos para el funcionamiento ordinario de la institución).
d) El cinco por ciento (5%) restante será para reserva y se utilizará para subvencionar también, adicionalmente, a las instituciones de enseñanza contempladas en esta ley, que inician sus labores educativas o aquellas cuyas plantas físicas estén en muy mal estado o necesiten alguna instalación, pago urgente o equipo complementario.
El Ministerio de Educación Pública podrá redistribuir, en función de los puntos anteriores, los recursos que no hayan sido transferidos a centros educativos por contar con saldos ociosos.
(Así reformado por el artículo 3° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 6 bis-A aquellas juntas de educación y administrativas que reporten saldo igual o superior a la sumatoria de tres meses del depósito mensual, que les corresponde según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 6, no se les transferirán recursos hasta tanto se demuestre la ejecución, según el mecanismo oficializado por el Ministerio de Educación Púbica.
El Ministerio de Educación Pública, en caso de que se generen excedentes por esta medida de control presupuestario (aplicación de saldos), así como por el cierre de centros o servicios educativos, deberá redistribuir los recursos que se generen como ahorros por la no transferencia, para lo cual los recursos se sumarán mensualmente a cualquiera de los destinos establecidos en el artículo 6, incisos b), c) y d), para cuyos efectos el Ministerio de Educación Pública deberá reglamentar, según criterios técnicos, la redistribución correcta de estos recursos.
Las juntas de educación y juntas administrativas están en la obligación de brindar la información financiera-contable en los plazos y formas que sea solicitada por el Ministerio de Educación Pública o el Ministerio de Hacienda. El incumplimiento en la presentación de la información financiera-contable, sin una justificación avalada por el Ministerio de Educación Pública, será considerado falta grave y motivo de destitución de los miembros de junta, por parte del concejo municipal correspondiente. Será responsabilidad del Ministerio de Educación Pública comunicar, a dicho concejo, el incumplimiento, para que se proceda con la destitución.
(Así adicionado por el artículo 4° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 7- De todas las subvenciones o rentas, o de los ingresos adicionales, que reciban las juntas de educación y las juntas administrativas del país, por disposición de esta ley, del Código de Educación y de otras leyes provenientes del Estado o de rentas propias, las juntas deberán elaborar sus presupuestos y someterlos a la aprobación del Ministerio de Educación Pública, en las fechas establecidas, sin perjuicio de la fiscalización que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la República.
(Así reformado por el artículo 5° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 8- Las juntas de educación o juntas administrativas deberán priorizar la inversión de estos fondos en el pago de los servicios públicos, servicios profesionales, materiales didácticos y suministros de higiene, aseo y limpieza, antes de utilizar los recursos para el pago de los demás gastos administrativos y de operación, o la inversión en la mejora de las condiciones de los centros educativos. Lo anterior deberá ser sistematizado en el reglamento de esta ley y en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
(Así reformado por el artículo 6° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
ARTICULO 9º.- (Derogado 8° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
Artículo 10- Las rentas o subvenciones que, por imperativo de esta ley, perciben actualmente las juntas de educación y las juntas administrativas se mantendrán para el fin que fueron creadas, son inembargables y no podrán redirigirse a financiar instancias o áreas ajenas a los centros educativos.
(Así reformado por el artículo 7° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
ARTICULO 11.- Es deber de los responsables de las dependencias del
Estado, proporcionar informes fidedignos para la ejecución de esta ley,
conforme al reglamento respectivo.
ARTICULO 12.- El funcionario público que oculte información o
proporcione datos falsos o incompletos referentes a esta ley, será sancionado de conformidad con lo que se establezca en el respectivo
reglamento.
ARTICULO 13.- Esta ley es de orden público, forma parte de la
legislación escolar, deroga cualquier disposición que se le oponga y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días después
de su vigencia.
ARTICULO 14.- Rige a partir de su publicación.
TRANSITORIO I- A la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del Ministerio de Educación Pública le corresponderá la distribución del año 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. Para esos efectos, la Dirección Financiera deberá trasladar oportunamente los perfiles de los sistemas oficiales utilizados y procedimiento vigente.
(Así adicionado por el artículo 9° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
TRANSITORIO II- La Dirección de Informática de Gestión del Ministerio de Educación Pública deberá atender con prioridad las modificaciones en los sistemas de información oficiales que deriven de los cambios en la distribución de los recursos del fondo, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley.
(Así adicionado por el artículo 9° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)
TRANSITORIO III- Durante lo que resta del año 2024, los recursos que no sean transferidos a las juntas de educación y administrativas de la distribución de los recursos del fondo de la Ley 6746, realizado desde inicio del año, por la aplicación de saldos disponibles, podrán ser redireccionados por el MEP para atender déficit identificados en los estudios económicos que realiza la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional del MEP.
(Así adicionado por el artículo 9° de la ley N° 10757 del 6 de octubre de 2025)